Los barcos pesqueros mexicanos tienen desde este lunes prohibida la entrada a los puertos de Estados Unidos en el golfo de México. La sanción responde a la decisión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de darle al país latinoamericano una “certificación negativa” tras registrar un aumento de la pesca ilegal en aguas estadounidenses. La agencia consideró que no tenía “suficiente evidencia” de que México hubiese tomado acciones apropiadas para abordar el problema.

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México está en el punto de mira de EE UU desde 2019. Ese año las autoridades mexicanas fueron informadas por la NOAA de que México había sido identificado como uno de los países con pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva estadounidense. Desde entonces se han sucedido las reuniones entre los Gobiernos para reforzar las acciones contra esta actividad. En un informe al Congreso de EE UU, entregado en agosto de 2021, la NOAA valora “algunos avances” de parte de México, pero considera que no han sido suficientes para terminar con esta práctica.

Los reportes de pesca ilegal por parte de lanchas mexicanas llegaron en 2020 a 138, el doble que en 2019. Además, desde octubre de 2019 a septiembre de 2020, EE UU detuvo a 107 personas que reincidieron en esta actividad, frente a las 63 de un año antes. En tan solo seis meses, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se detuvo a otros 84 reincidentes. En el informe, se menciona la posibilidad de que se esté importando mercancía pescada ilegalmente en aguas de EE UU. México es señalado junto a otros seis países, entre ellos, Rusia, Taiwan, China, Costa Rica, Guyana y Senegal. El país latinoamericano también ha sido incluido en una segunda lista de una treintena de naciones por capturas incidentales de especies protegidas como las tortugas bobas.

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Como resultado de este informe, EE UU impuso a mediados de enero a México la prohibición de entrada a sus puertos pesqueros, efectiva a partir de este lunes. Para que se levante la sanción, la NOAA afirma que se requiere un descenso en el número de incursiones de lanchas mexicanas y en el número de detenidos reincidentes.

“EE UU está comprometido a trabajar con el Gobierno de México para apoyar sus acciones (…) y está listo para restablecer los privilegios en puertos de EE UU una vez se tomen acciones”,

informó la NOAA en enero.

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, ha afirmado este lunes en entrevista con Carmen Aristegui que se celebrarán reuniones para intentar levantar la prohibición, aunque no ha dado un calendario. “En unos días más tendremos una reunión con organizaciones ambientalistas para ver cómo le vamos a hacer”, ha dicho. El sector pesquero mexicano es el sustento de 300.000 familias y representa ingresos anuales por un valor de aproximadamente 38.000 millones de pesos, según cifras de 2017 citadas por Oceana, una ONG dedicada a la conservación marítima.

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El impacto de la prohibición de EE UU es múltiple, según Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana. “El más inmediato es el caso de las embarcaciones que van a puertos estadounidenses a comprar gasolina o a vender pescado. Por otro lado, esto pone a temblar a los pescadores que exportan. EE UU es el mayor socio comercial, quien más compra producto del mar”. Esta es la segunda vez en menos de un año que su Gobierno sanciona al vecino del sur. En abril del año pasado, EE UU prohibió las importaciones de camarón mexicano porque detectó que las embarcaciones no usaban correctamente un dispositivo para prevenir la captura incidental de tortugas marinas. La sanción fue levantada en octubre, seis meses después.

Oceana ha llamado al Gobierno mexicano a impulsar una nueva norma de trazabilidad que permita saber el origen de los productos. El proyecto está detenido en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) desde marzo de 2021, según la ONG.

“Si activan la norma, se podría dar certeza a EE UU de que nos estamos tomando en serio el problema”,

dice Terrazas.

“La pesca en México parece una actividad del siglo XIX. Necesita estar a la altura de mercados internacionales, de los consumidores que buscan productos cada vez más sustentables”.

Fuente: El País.

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En un comunicado, la Fiscalía del céntrico estado de Puebla dijo que tras las investigaciones que ha desarrollado, la institución solicitó, obtuvo y “cumplió órdenes de aprehensión en contra de personal del Centro de Reinserción Social (Cereso, penitenciaría) de San Miguel -en la ciudad de Puebla capital-, incluyendo niveles directivos”.

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Además, la institución precisó que los delitos por los que se investiga a las 19 personas son abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y encubrimiento.

La Fiscalía indicó que continuará con la investigación hasta esclarecer en su totalidad los hechos por los que inició diligencias el pasado 10 de enero.

El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre de 2021, estremece a México desde hace dos semanas, cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable.

El bebé, que había sido enterrado en un cementerio de la zona de Iztapalapa, en el suroriente de la Ciudad de México, presentaba una herida en el abdomen por lo que una de las hipótesis iniciales era que su cuerpo se había utilizado para transportar droga.

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Después se aclaró que la herida correspondía a una operación que se le practicó al menor de edad, quien murió el 5 de enero por problemas intestinales en la Ciudad de México.

Sus padres se enteraron del hecho por los reportes de la prensa, que señalaron que el bebé portaba un brazalete en su muñeca izquierda con sus apellidos.

El caso ha despertado un escrutinio contra el Gobierno federal porque los gobernantes de Puebla, Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa pertenecen todos al oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por la prensa sobre el asunto, respondió que el caso es un “fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente”, en referencia a los “gobiernos neoliberales”.

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El hecho también ha levantado polémica porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a investigar el caso, mientras que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, advirtió a periodistas y activistas de que “tengan cuidado” al indagar la historia.

Fuente: Los Angeles Times.

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