De acuerdo con la AMIS, a dos semanas del golpe en Acapulco del meteoro, los primeros cálculos del daño alcanzan los 11 mil 424 millones de pesos, que al tipo de cambio actual alcanzarían los 661 millones de dólares.

El organismo subrayó que dicha cifra tendrá ajustes en función de algunas valuaciones que aún están en curso en la zona del impacto.

Los datos históricos de la AMIS muestran que el huracán Otis se colocaría ya en el octavo lugar entre los siniestros más caros en el país, por debajo de los sismos del 7 de septiembre de 2017.

Así, la lista de los siniestros más caros en el país se conformaría hasta el momento de la siguiente manera:

– Pandemia Covid-19: 3.472 mdd

– Huracán Wilma: 2.675 mdd

– Sismos 19 sep 2017: 1. 449 mdd

– Huracán Odile: 1.439 mdd

– Huracán Gilberto: 1.299 mdd

– Sismos 1985: 1.099 mdd

– Sismo 7 sep 2017: 699 mdd

– Huracán Otis: 661 mdd

– Huracán Isidore: 474 mdd

– Lluvias Tabasco: 471 mdd

“Pauline cubrió alrededor de mil 766 millones de pesos, en bienes asegurados, cuando azotó las costas de Guerrero, en 2007. Otis estará muy probablemente en el listado de los 10 eventos más catastróficos en el sector”, previó hace unas semanas la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas.

De acuerdo con la AMIS, hasta el momento se han registrado 12 mil 35 siniestros reportados en Guerrero por el paso del huracán Otis, de los cuales 49% corresponden a pólizas del seguro de daños, con 5 mil 862 siniestros en bienes asegurados y 51% de seguro de autos con 6 mil 173 unidades que contaban con seguro.

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El partido concluyó así con su proceso para elegir a los candidatos que pelearán por las gobernaciones de Yucatán, Tabasco, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Morelos y la capital mexicana, donde 7 hombres se impusieron en las encuestas pero tres fueron reemplazados por mujeres.

Morena cumplió así con los criterios de paridad de género emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los que pedía a los partidos postular a cinco mujeres y cuatro hombres en total para las elecciones del próximo año.

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En octubre del 2022, la Diputada de Morena, Susana Prieto presentó una propuesta que pretende mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras mexicanas: reducir la jornada laboral de 40 horas. Esta iniciativa fue aprobada por el Senado; sin embargo, aún no se ha pasado al Pleno, por lo que está «en pausa» para definir cuándo entraría en vigor y en caso de sí aprobarse, cómo sería el reajuste.

Esta iniciativa que pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, específicamente el Artículo 61, el cual establece lo siguiente: «La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta» y el Artículo 74que habla sobre los días de descanso, pues se espera que aumente a dos días. 

Actualmente en México se laboral bajo el esquema de 48 horas semanales, mientras que otros países de Latinoamérica como Ecuador y Chile ya implementaron la jornada laboral de 40 horas, por lo que México se convertiría en el tercer latinoamericano en aplicarlo.

Cabe señalar que, de acuerdo con la diputada de Morena, esta iniciativa ya se había tocado hace setenta años; sin embargo, aún hay quien sostiene que no es el momento para hacer el cambio. Debido a que el sector empresarial está fuertemente en contra de que se apruebe la reforma laboral, se ha convocado a un Parlamento Abierto para discutir los impactos que tendría. Durante todas las mesas de diálogo se ha abordado el por qué no debería de aprobarse. Ante esto, la Diputada Susana Prieto, expresó que no se trata de si se aprobará o no; pues la iniciativa ya está aprobada, sino que se trata de decidir cuándo y cómo pasará al Pleno del Senado:

«No estamos ante una iniciativa y todos los ponentes han venido ha tratar esto como si fuera una iniciativa y es un dictamen. Ya pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya todas las facciones parlamentarias a excepción del PAN que votó en abstención, votaron a favor. Por eso es un dictamen, porque ya pasó por nuestra opinión.»

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En la víspera, se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) de México, la segunda mayor economía de Latinoamérica, creció un 3.3% en el tercer trimestre a tasa interanual. En los últimos meses, analistas han ido ajustando al alza sus previsiones de expansión del PIB mexicano.

“La economía mexicana se encuentra en medio de una fase de expansión generalizada”, dijo el FMI en un comunicado.

“Se prevé que la actividad económica se desacelere a 2.1% en 2024. Aunque se espera que la política fiscal se relaje el próximo año, su impacto sobre el crecimiento se verá atenuado por las limitaciones de capacidad instalada, la continuación de una política monetaria restrictiva y la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos”, agregó.

El FMI dijo que estima que México cumpla con sus objetivos fiscales para 2023 y que el gasto de capital más restringido compensará los menores ingresos tributarios, colocando al déficit fiscal en 3.9% del PIB.

Además, la entidad agregó que la tasa de referencia del Banco de México, Banxico, se mantendrá en un 11.25% por un “período extendido”. Sin embargo, los directores del FMI recomendaron a las autoridades mexicanas cautela al reducirla antes de que los precios estén en una trayectoria descendente hacia la meta oficial del 3%.

Por otro lado, los directores del FMI enfatizaron a México la necesidad de abordar las “brechas pendientes” en políticas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y la necesidad de aumentar los ingresos no petroleros, que siguen estando por debajo de sus pares latinoamericanos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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En ese sentido, la justicia israelí analiza su posible extradición a México, pues desde 2021 se busca su comparecencia ante las autoridades del país azteca.

La detención de Roemer se realizó luego de que el departamento internacional de la Fiscalía de Israel presentara una petición para su extradición ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, indicó el Ministerio de Justicia israelí en un comunicado, según reportes de la agencia EFE.

Estos hechos fueron confirmados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia matutina de este 2 de octubre. Al hablar sobre Tomás Zerón (involucrado en la creación de la llamada Verdad Histórica del caso Ayotzinapa), dio a conocer la detención de Roemer en Israel.

“Hay esa información. Se detuvo a esta persona (Roemer) en Israel y se va a extraditar. Va informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición de Tomás Zerón”, expresó el mandatario federal desde Palacio Nacional.

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“México es el lugar para invertir. Pero lo que tiene que cambiar, considero, es trabajar en los problemas de seguridad en el país”, dijo Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en reunión con medios en el marco del Día Mundial del Turismo.

Las noticias relacionadas con incidentes de violencia y crimen han generado una imagen negativa de México en el extranjero, lo que potencialmente puede traducirse en la cancelación de reservas, una menor afluencia de turistas y una pérdida significativa de ingresos en la industria turística mexicana, que es un motor clave de la economía del país.

El representante de la OMT aseguró que invertir en infraestructura se traduce en tener más tour operadores, compañías e inversionistas en el sector turístico, un rubro que ha visto cierta necesidad en temas como la conectividad, que consideró “una problemática crucial y un reto”, especialmente en el continente americano y el africano.

En el caso particular de México, un reto importante es la necesidad de implementar estrategias efectivas de seguridad y promoción turística que permitan contrarrestar esta percepción negativa, por ejemplo reforzando la presencia policial y promoviendo una mayor cooperación con las autoridades locales. Además, es esencial desarrollar campañas de marketing y relaciones públicas que resalten los aspectos positivos de México como destino, enfocándose en la diversidad cultural, la hospitalidad de su gente y las experiencias únicas que ofrece.

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En el caso de Presidencia de la República, cada una de las aspirantes podrá gastar 85 millones 926 mil pesos en precampaña, además 660 millones 978 mil pesos en la campaña.

En la misma sesión se aprobaron los topes para las campañas para la disputa de lugares en el congreso federal; en el caso de los diputados federales cada aspirante podrá gastar hasta 2 mil millones 203 mil pesos.

En el caso de aspirantes al Senado podrán gastar más.

Según el acuerdo aprobado, los aspirantes podrán gastar de acuerdo a la proporción de cada entidad.

Los topes más altos se aprobaron para la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, con un máximo de 44 millones 65 mil pesos.

Aquí la tabla completa:

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Y es que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia matutina que la Sedena presentó a las aspirantes del oficialismo y la oposición, la exalcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum y la senadora Xóchitl Gálvez, respectivamente, un planteamiento para ofrecerles protección durante el proceso electoral que se espera que inicie formalmente en los próximos meses.

Además, justificó su decisión de “protegerlas y evitar desgracias” señalando que “los momentos de más efervescencia y divisiones, y hasta violencia, se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios”.

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Dio a conocer detalles del Paquete Económico 2024, el secretario dijo que el gasto programable propuesto es de 6.5 billones de pesos y el gasto no programable es de 2.6 billones de pesos. Resaltó que el costo financiero estimado asciende a 1.3 billones de pesos, es decir, la deuda.

Este secretario de Hacienda estima que al cierre del 2023 la deuda pública alcance un nivel de 46.5% del PIB, que representa un aumento de 2.8% respecto a su nivel de 2018. Este incremento es casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2 puntos porcentuales del PIB observado en las dos administraciones anteriores.

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Encima de la incertidumbre por la variante omicron, inversionistas y empresarios en México viven días de tensión a la expectativa de decisiones clave que determinarán su interés en el país, la segunda economía más grande de América Latina. Un relevo de jueces en la Suprema Corte de Justicia, el voto del Senado en torno a la próxima gubernatura del banco central y un decreto que blinda inversiones públicas en infraestructura de amparos se apilaron en las últimas semanas del año, agudizan el clima de desconfianza.

Una encuesta del Banco de México publicada este miércoles arroja que la gobernanza es el factor que más especialistas en economía del sector privado ven como el mayor obstáculo al crecimiento económico, con 45% de ellos mencionándolo en sus respuestas. Esto se compara con el 25% que lo mencionó en noviembre de 2020. La incertidumbre política se mencionó por encima de la inflación y las condiciones económicas internas del país.

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Esto lo reflejan ya los mercados, después de que arreciara una depreciación del peso mexicano contra el dólar la semana pasada cuando se confirmaron los rumores de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, había retirado la nominación de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, como gobernador del banco central. El mandatario nominó, en cambio, a Victoria Rodríguez, subsecretaria en la misma dependencia con nula experiencia en banca y política monetaria. Los mercados asimilaron la inesperada noticia como una bola curva, tirando la moneda nacional a un nivel récord, aunado a las noticias globales de la nueva variante del coronavirus, ómicron, que, hasta la fecha continúa haciendo estragos.

Muchas empresas han paralizado sus inversiones en México hasta tener conocimiento del rumbo que tomará el país. El miércoles están pendientes de la comparecencia de Rodríguez ante el Senado. Esperan además que se decida en la Corte Suprema si una de las iniciativas enviadas por López Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la empresa del Estado es constitucional — las implicaciones de esto sería la pérdida de millones de dólares en inversión hechas por empresas privadas —. Un relevo de magistrados en la Corte ha colgado este tema de un hilo, ya que la nueva ministra, Loretta Ortiz, es fundadora del partido del presidente y ha admitido ser cercana a López Obrador. De no decidirse antes del 12 de diciembre, es posible que el caso quede en manos de Ortiz.

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Y, también como bola curva lanzada desde Palacio Nacional la semana pasada, está un decreto que declara toda obra de infraestructura del Gobierno como “asunto de seguridad nacional”, efectivamente blindándola de cualquier amparo o desafío en el poder judicial. Esto opacaría, aún más, los procesos de selección de empresas contratadas y la rendición de cuentas del gasto. Una coalición de políticos y congresistas de diversos partidos de oposición presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte, tirando en un limbo administrativo el futuro del decreto y, con él, la certeza necesaria para invertir.

La impredictibilidad de la Administración de López Obrador se ha vuelto uno de sus sellos, y, en el plano económico, ha tenido un costo. El peso mexicano se depreció antes de que tomara el poder, en octubre de 2018, cuando anunció la cancelación de la megaobra de infraestructura que era un aeropuerto nuevo para la Ciudad de México. Se ha depreciado gradualmente también a partir de los obstáculos que reguladores han puesto a privados en el sector energético. Se depreció de nuevo, aunque brevemente, cuando envió una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución y deshacer el actual marco regulatorio energético (y días después de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, asegurara en un foro que ya no habrían más reformas constitucionales).

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También está en la tenencia de bonos mexicanos en manos de extranjeros, cuyo monto es el más bajo en ocho años, de acuerdo con datos publicados en la balanza de pagos del banco central. Si bien esto tiene que ver también con la pandemia, la salida de este capital inició desde el verano de 2018, cuando López Obrador ganó las elecciones presidenciales y continuó en 2019, antes de que azotara el coronavirus. “Prueba de que los factores domésticos han estado presente en las decisiones de los inversores es que muchos países emergentes han visto el regreso de capitales, y en México no”, apunta Luis Gonzali, estratega de deuda y macroeconomía de la firma Franklin Templeton en Ciudad de México.

Entrando a la segunda mitad del sexenio de López Obrador “la clave, en temas de inversión, es ver qué tanto de este ruido político este se convierte en riesgo”, añade Gonzali. A partir de las elecciones legislativas el verano pasado, el partido del presidente perdió fuerza en el Congreso, subraya el especialista, por lo que limita sus posibilidades de materializar su agenda. “Nosotros creemos que la mayoría se va a quedar en el ruido político y muy poco se va a convertir en riesgo, porque no tiene el músculo político para hacer estas cosas que quiere hacer. Creemos que el ruido va a continuar en los próximos tres años, pero poco de eso se va a concretar”, dice Gonzali.

Fuente: El País.

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