La sexta ola de COVID-19 en México sumó 25 mil 445 casos y 106 muertes en una semana, de acuerdo con el Informe Técnico Semanal de la Secretaría de Salud federal.

Además, actualmente, se reportan 28 mil 547 casos activos de COVID-19 en México, es decir, se trata de personas que mostraron signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.

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El reporte de la Secretaría de Salud más reciente establece que la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa posiciona en los primeros 10 lugares a:

1. Ciudad de México
2. Tabasco
3. Quintana Roo
4. Yucatán
5. Nuevo León
6. Colima
7. Aguascalientes
8. Baja California
9. Baja California Sur, y
10. Sonora.

Incluso, la gráfica destaca a la CDMX y Tabasco en un tono naranja, mientras que Quintana Roo aparece en color amarillo y Yucatán en verde oscuro. El resto de entidades se muestran en verde claro.

¿Quiénes están en mayor riesgo por la sexta ola COVID en México 2022?

Entre el 6 y el 19 de diciembre, la tasa de incidencia es de 21.9 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el repunte de casos COVID-19 en México no ha afectado por igual a la población.

Las cifras de la Secretaría de Salud federal establecen que las personas de tres grupos de edad son las más afectadas.

La distribución de los casos estimados de COVID-19 en México por grupos de edad muestra que, “en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de”:

• 18 a 29 años
• 30 a 39 años, y
• De 40 a 49 años.

“La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (53.3%). La mediana de edad en general es de 38 años”,

agrega el Informe Técnico Semanal de casos de COVID-19 en México.

¿Hay crecimiento en los decesos por COVID-19?

Al hacer referencia a las defunciones ocasionadas por COVID-19, los datos muestran que seis de cada 10 fallecimientos (62 por ciento) han sido de hombres. Además, el promedio de edad de las personas fallecidas es de 64 años.

Desde el inicio de la pandemia en México, se han registrado 330 mil 805 defunciones totales de COVID-19 y 14 mil defunciones sospechosas de COVID-19, según cifras oficiales.

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud federal, señaló que el segundo pico de la pandemia fue el más letal; sin embargo, la letalidad bajó a partir del tercero y ahora, en la sexta ola de COVID-19 en México “la mortalidad es francamente baja, afortunadamente”.

López-Gatell detalló que sí se prevé un aumento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en las próximas semanas; no obstante, dijo, no tendrán la misma gravedad y mortalidad que en picos anteriores.

Fuente: El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/12/22/sexta-ola-de-covid-19-en-mexico-2022-quienes-corren-mas-riesgo-de-un-contagio/

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México prohibirá la importación de maíz amarillo transgénico que se utilice como insumo para otros bienes intermedios o productos finales de consumo humano en su mercado interno, no solo para tortillas, sino para producir fructosa, por ejemplo, destacó Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

Paralelamente, un grupo de legisladores estadunidenses, tanto republicanos como demócratas, pidió el viernes a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), que la Administración del presidente Joe Biden inicie un proceso de solución de controversias sobre la prohibición mexicana de importar maíz genéticamente modificado y el herbicida glifosato en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Buenrostro aclaró que México está restringiendo únicamente los transgénicos en el uso de maíz para consumo humano, no así para el maíz de uso pecuario o para otros usos industriales.

Nosotros estamos hablando primero del maíz. Todo los demás, no tiene tema. El decreto lo que prohibió de tajo es para el consumo humano, que es nuestra producción nacional”, dijo.

Luego Buenrostro agregó: “Quedó abierto el forraje, las importaciones para forraje y para industrial; pero sí tiene unas condiciones de transición que dicen: después que todo lo que sea de consumo alimenticio, por ejemplo aquella que no es una tortilla (sic), pero puede ser la fructuosa, que se pueda venir el contenido en algún lado, también vamos a irlos sacando de manera gradual, y para sacarlo de manera gradual vamos a tomar acciones y políticas públicas que lleven a este fortalecimiento”.

México registró un consumo de 1 millón 291,000 toneladas de jarabe de maíz de alta fructosa en el ciclo 2020-2021 (oct-sep), a la vez que en la temporada 2021-2022 el monto bajó a 1 millón 291,000 toneladas, según proyecciones el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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La solicitud de los legisladores estadounidenses fue realizada en una carta firmada por 24 miembros del Congreso y encabezada por el representante republicano Adrian Smith y el demócrata Daniel Kildee, del Comité de Medios y Arbitrios, ambos delegados de estados productores de maíz.

Según los congresistas, el gobierno mexicano no ha mantenido un sistema regulatorio biotecnológico basado en la ciencia durante los últimos cuatro años y está avanzando con la implementación de un decreto presidencial para eliminar gradualmente la importación de maíz transgénico para enero de 2024.

“Estas políticas no se basan en la ciencia y puede disminuir el suministro de maíz en las cadenas de suministro agrícola de América del Norte. Estas acciones, además de ir en contra de los términos del T-MEC, podrían aumentar los precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria causada por la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania”,

expresaron.

Las nuevas barreras a la innovación agrícola también amenazan la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro clave, argumentaron.

México propuso recientemente a Estados Unidos ampliar el plazo, de 2024 a 2025, para comenzar a prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, así como modificar un decreto para aclarar ciertas regulaciones relacionadas.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-en-EU-activar-controversia-contra-Mexico-por-escollos-a-maiz-amarillo-20221212-0009.html

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En el marco de la celebración del Día Mundial sin Tabaco el gobierno mexicano endureció sus políticas contra los cigarrillos electrónicos, cuya importación y exportación estaba prohibida desde octubre pero que según las autoridades algunas empresas han evadido a través del comercio electrónico.

“La mayoría de las madres y los padres no saben el daño que ocasiona”, dijo López Obrador al mostrar un cigarrillo electrónico durante su conferencia matutina en la que firmó el decreto.

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A las críticas se sumó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien afirmó que es una “gran mentira” que los dispositivos electrónicos son menos dañinos o una alternativa al cigarro. “Presentan una propaganda en la que dicen que lo que hace daño es quemar el tabaco y producir humo, pero eso es falso. También los vapores son dañinos para la salud”, agregó.

El decreto se da a menos de dos semanas de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México declaró una alerta sanitara máxima por el riesgo a la salud que representa el uso de los llamados “vapeadores” en todas sus modalidades al contener sustancias tóxicas y carcinógenas.

La Comisión dijo en un comunicado que el acetato de vitamina E, utilizado como aditivo en la fabricación de cartuchos de los cigarrillos electrónicos, al calentarse “tiene el potencial de ser un irritante pulmonar, dependiendo de la concentración utilizada puede interferir en el funcionamiento normal del sistema respiratorio adhiriéndose al tejido pulmonar ocasionando la formación de trombos por la inhalación de esta sustancia”.

Al menos cinco millones de mexicanos, con edades comprendidas entre los 12 y 65 años, han utilizado alguna vez un cigarrillo electrónico, según cifras del gobierno.

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Durante sus más de tres años de mandato López Obrador ha promovido al menos dos decretos para limitar el uso de los cigarrillos electrónicos. En octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de una ley de control del tabaco que prohibía los cigarrillos electrónicos alegando que la regulación vulneraba la libertad de comercio, pero no ordenó regularizar su comercialización.

Con esta nueva normativa México se suma a otros países de la región, como Brasil, donde las autoridades sanitarias han impuesto limitaciones a la importación, comercialización y publicidad de los cigarrillos electrónicos.

En Panamá, a mediados del año pasado la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso y comercialización de los cigarrillos electrónicos, pero fue vetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo.

El Senado chileno aprobó en marzo del año pasado un proyecto de ley para modificar la Ley de Tabaco y regular la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos, en la que se prohíbe su venta a menores de edad, que está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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Los altos niveles de inflación, en conjunto con un menor crecimiento al esperado, ponen a México en un periodo de estanflación, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que si bien la interpretación de lo que se vive actualmente puede cambiar al criterio de cada institución, para ellos es claro que México está pasando por una estanflación.

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Muestra de ello son las perspectivas que se tienen para este año. El IMEF modificó al alza su proyección para la inflación al cierre de este año de 5.9 a 6.8%, a la vez que su perspectiva para el PIB continúa siendo revisada a la baja, ahora de 1.8 a 1.7 por ciento.

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el instituto calificó como muy optimista esperar que en un mes se observe un impacto, y consideró que este paquete de medidas tendrá un impacto muy limitado.

En este sentido, Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, mencionó que el impacto del PACIC sobre la Inflación será limitado, de apenas 1%, lo cual no es suficiente para los altos niveles que se han observado en los últimos meses.

«No es un fracaso. Qué bueno que se estén haciendo programas, que se esté haciendo algo (…) El programa es limitado, el tiempo de seis meses no creemos que provoque un impacto importante».

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A inicios de mayo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el PACIC, el cual contiene 16 medidas, con una duración de seis meses, para enfrentar los altos niveles de inflación que, en los últimos meses, han prendido las alarmas a nivel mundial.

En México, la inflación ha tocado niveles que no se han visto en dos décadas, y ante los cuales el Banco de México (Banxico) ya tenido que aumentar su tasa de interés y tomar una postura monetaria más restrictiva.

En este sentido, el IMEF espera que Banxico continúe aumentando su tasa de intereses, para dejarla en 8.5% al cierre del año.

Fuente: El Economista.

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La Administración de López Obrador exentará durante un año el pago de aranceles sobre la importación de distintos alimentos básicos para intentar contener la escalada de precios. El decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación establece que quedarán libres del pago de aranceles 66 productos básicos que forman parte de la casta básica, entre los que figuran el maíz, el frijol, la papa, el arroz, atún, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de res, la cebolla, el chile jalapeño, la harina de maíz, la harina de trigo, el huevo, entre otros. La inflación en México alcanzó en abril un 7,68%, su mayor nivel en las últimas dos décadas.

El Ejecutivo también exime del cobro de aranceles a las importaciones del jabón de tocador, el jitomate, la leche, el limón, la manzana, la naranja, el pan de caja, la pasta para sopa, la sardina, el sorgo, la zanahoria, por mencionar algunos. El decreto también explica que la medida busca contrarrestar los efectos que la tendencia inflacionaria tiene sobre los precios de diversas mercancías.

“Resulta necesario y urgente exentar temporalmente el pago de arancel a la importación a los productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica e insumos”,

indica el decreto que entrará en vigor a partir de este martes, tendrá vigencia por un año y podrá prorrogarse por un periodo igual.

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El decreto también exenta temporalmente el pago de aranceles sobre la importación de productos clasificados en seis fracciones arancelarias que forman parte del consumo de las familias mexicanas: animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas.

“Las medidas previstas en el presente decreto no relevan a los importadores de la obligación de cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias de las mercancías”

especifica el Gobierno.

Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), señala que esta media no tendrá efectos inmediatos para detener la inflación en el país, en virtud de que los precios de las mercancías a nivel global siguen cotizando al alza.

“En el caso del trigo ya estamos abiertos a Estados Unidos y Canadá por el Tratado de Libre Comercio, el tema es que los precios siguen estando altos, no por anunciar la apertura de cupos sin aranceles, pues ya se va a hacer de inmediato que caigan los precios, no está en manos de nosotros”,

precisa.

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El analista de mercados agrícolas prevé que los primeros efectos de la exención de aranceles en México se comenzarán a observar en cuatro o seis meses. Anaya añade que, aunado a estas medidas del Gobierno federal, se requiere de una campaña de apoyo a todos los productos de granos en el país y así depender menos de las importaciones del exterior.

“Lo que debiéramos promover es un aumento en la oferta, porque es la única manera de que los precios puedan bajar, ya que México, al ser el segundo importador a nivel global, al estar importando tanto maíz, estamos elevando los precios”,

zanja.

La exención de aranceles decretada este lunes forma parte de la estrategia del Ejecutivo para intentar atajar la inflación. A inicios de este mes, el presidente presentó un Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), una batería de 16 medidas en acuerdo con la iniciativa privada, entre las que se contemplan también una mayor producción en granos, exención de aranceles en fertilizantes y la promesa de que se mantendrán los precios en los 24 productos que integran la canasta básica. Sin embargo, analistas coinciden en que la estrategia del Gobierno federal está atada a la voluntad de las empresas, pondrá una mayor presión a las finanzas públicas, ya de por sí ajustadas por el subsidio a las gasolinas y tendrá un impacto moderado en la escalada de precios.

La semana pasada, el Banco de México elevó por octava ocasión consecutiva la tasa de interés para llegar al 7%, tras evaluar las mayores presiones inflacionarias derivadas del impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se sumaron a los choques traídos por la pandemia del coronavirus.

Fuente: El País.

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El 25 de mayo se cumplirá el primer año desde que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos redujo la categoría de aviación de México, al encontrar deficiencias como capacitación al personal y mejora en las tareas de vigilancia de operadores aéreos.

Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, calculó que en un año las aerolíneas mexicanas han perdido ingresos aproximados a 5 mil millones de pesos (casi 242 millones de dólares), recursos que pudieron ser captados si las empresas hubieran podido colocar mayor capacidad de asientos hacia o desde Estados Unidos.

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A su vez, René Armas Maes, vicepresidente comercial y consultor aeronáutico de Jet Link International LLC, calculó que las aerolíneas nacionales perdieron cerca de 200 millones de dólares (poco más de 4 mil millones de pesos) con motivo de la degradación.

Refirió que, en el primer trimestre de este año, uno de cada cuatro pasajeros entre EU y México fueron transportados por las firmas de aviación mexicanas, mientras que antes de la degradación se movilizaban así uno de cada tres viajeros.

“Si las aerolíneas mexicanas hubiesen mantenido la razón de uno a tres durante el primer trimestre del 2022, hubiesen recibido ingresos adicionales de 700 mil pasajeros. Asumiendo una tarifa promedio de 275 dólares, es decir, cerca de 200 millones de dólares de ingresos perdidos”,

estimó.

En entrevista con El Financiero, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, afirmó que la recuperación de la categoría 1 a la 2 de la seguridad aérea de México se solventará entre septiembre y noviembre de este año.

“Creo que eso (la recuperación) nos va a llevar a septiembre o a finales de noviembre va a ser que se dé la resolución final, soy optimista que se llevará a finales de septiembre y los pesimistas dicen que se va a noviembre”,

detalló.

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Desde la degradación hasta el primer trimestre de este año, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) calcula que las líneas mexicanas han perdido el 14 por ciento de los pasajeros viajando hacia y desde Estados Unidos, mientras que ese mismo porcentaje ha sido aprovechado por las empresas estadounidenses.

Esta no es la primera vez que México cae a categoría 2: hace poco más de una década, la autoridad también fue degradada, aunque sólo durante cuatro meses. En ese momento, la industria aérea del país tuvo un impacto cuantificado en 3 mil 210 millones de dólares, según el libro blanco IASA-FAA.

La extensión del periodo para recuperar la categoría afectaría los planes de Volaris y Viva Aerobus, quienes esperan volver al primer nivel de seguridad para ampliar sus rutas hacia Estados Unidos. Volaris anunció su intención de tener una ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Los Ángeles, California. El vuelo podría estrenarse en diciembre.

En tanto, Viva Aerobus tiene un proceso de alianza con la empresa Allegiant, el cual estaría listo en el primer trimestre del 2023. No obstante, la aerolínea dirigida por Juan Carlos Zuazua tiene planes de impulsar rutas hacia Estados Unidos desde el AIFA, pero la categoría es un obstáculo. “Como estamos en categoría 2, las aerolíneas no podemos iniciar rutas al extranjero, Estados Unidos es importante para nosotros, cuando estemos en categoría 1, que esperemos sea pronto, vamos a explorar rutas desde Santa Lucía a Estados Unidos, también podemos explorar rutas al extranjero hacia sudamérica”, comentó Zuazua a El Financiero.

Sumarán hasta 18 meses

En 2021, el gobierno aseguró que en cuatro meses se recuperaría la categoría, posteriormente el canciller Marcelo Ebrard afirmó que tomaría seis meses. Sin embargo, a un año de la degradación, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas denunciaron situaciones preocupantes en el espacio aéreo, por lo que la recuperación que se daría en 18 meses, luce más lejos hoy, que hace un año.

Antes de una nueva auditoría, México tiene una evaluación intermedia llamada ‘Technical Review’, donde inspectores estadounidenses analizarán los avances en las áreas deficientes de la autoridad aeronáutica.

Jiménez Pons confirmó que la visita comenzará durante la tercera semana de mayo, y será crucial para que se agende una nueva auditoría al Programa de evaluación de la seguridad operacional de la aviación internacional (IASA).

Fuente: El Financiero.

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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no da tregua en su combate por estatizar los recursos del país. Apenas dos días después de su fracasado intento de dar marcha atrás a la apertura del sector eléctrico, logró que el Parlamento aprobara en tiempo récord su reforma minera.

El corazón de la nueva legislación publicada el miércoles (20.04.2022), gira alrededor del litio. La exploración y la explotación de ese mineral fueron decretadas de «utilidad pública» y se creará un organismo público para su gestión. Con este modelo estatal, inspirado en el ejemplo boliviano, México entra a la batalla por la movilidad de futuro; pero tarde y con ciertos riesgos, advierten expertos consultados por DW.

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Durante el debate en el Congreso, se oyeron voces muy entusiastas, despertando expectativas sobre un nuevo boom de la minería. Los legisladores del gobernante movimiento Morena dijeron que los recursos generados por el litio podrían pagar cuatro veces la deuda externa. El comentarista Alejo Sánchez Cano calificó esa estimación como «cuentas alegres» en el diario El Financiero. «Olvidaron considerar el costo de extracción y todos los gastos directos e indirectos que implica entregarlo al consumidor final», escribe en su columna ‘El mito del litio mexicano’.

«Lo bueno es que finalmente tenemos una ley sobre el litio», dijo Juan Pablo Aguirre, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado y autor de un estudio sobre el tema. El investigador comenta en entrevista con DW que hace apenas cinco años empezó la discusión sobre el litio en México, mientras que en Chile tienen más de tres décadas explotando dicho mineral.

Aguirre observa varias lagunas en el texto: «Hay silencio sobre los impactos y peligros ambientales», advierte. En México, el litio no es fácilmente accesible en salares como en el altiplano de Chile o Bolivia, sino que se encuentra en rocas arcillosas que habrá que fracturar, para luego separar con procesos químicos el litio.

«El mayor yacimiento de México está en (la región desértica de) Sonora, donde, lamentablemente, se han tenido muy malas experiencias con contaminación de agua»,

comenta el investigador a la DW.

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«Ni siquiera sabemos cuánto litio hay en México», remata Octavio Aguilar, consultor y exgerente de administración de la estatal empresa petrolera Pemex. «Y tampoco tenemos tecnología para explotarlo», dijo a DW el experto en energía, e hizo un paralelo con la empresa estatal petrolera: «Algo parecido nos pasó en Pemex con el petróleo en aguas profundas. No teníamos la tecnología, y por eso había que hacerlo de la mano de socios extranjeros.»

En el mundo energético y minero, los caminos son esencialmente tres: O uno invierte en el largo proceso del desarrollo de una tecnología propia, o contrata una empresa que tenga la tecnología y le paga -en general son costos altísimos- o uno se asocia con una empresa experta en el sector y luego se reparten las ganancias.

Bolivia optó en 2008 por el primer camino. Pero hasta hoy, la producción de carbonato de litio por la empresa estatal no supera las 400 toneladas al año, y apenas despegó cuando el país se asoció con una empresa china. Un consorcio australiano-argentino-japonés en la vecina Argentina, que comenzó en la misma época, hoy produce unas 12 mil toneladas.

El presidente López Obrador anunció que las ocho concesiones de exploración de litio, otorgadas por su predecesor, serán revisadas. «Vamos a ir desarrollando la tecnología (para explotarlo), o se adquiere, pero el litio es nuestro», subrayó el presidente.

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Todavía no queda muy claro si las licencias podrían ser revocadas. Pero este procedimiento no mejora la ya dañada reputación de México en el mundo empresarial nacional e internacional.

Los ataques del gobernante a las empresas españolas, a las que tildó de «explotadores y colonialistas», y su intento de dar marcha atrás a la apertura del sector eléctrico, -donde había más de 40 mil millones de dólares de inversión extranjera en energías renovables- dejaron la imagen de un país hostil para las empresas extranjeras.

Sin embargo, las empresas estatales mexicanas tienen reputación de ser ineficientes, altamente endeudadas y con serios problemas de corrupción.

La explotación del litio será entonces cuesta arriba, vaticinan los expertos. «México llega tarde a la carrera del litio», dijo Aguirre. «El reto es mayor y se va a requerir conocimiento, capital humano y, sobre todo, ser competitivo.»

Para el investigador «el tiempo corre» ya que otros minerales como el níquel o el cadmio podrían en el futuro sustituir al litio como ingrediente principal en las baterías de los autos eléctricos. «Podemos terminar como en el caso del uranio», dijo Aguirre. Ese mineral, esencial para la industria nuclear, fue nacionalizado en 1950, pero a pesar de tener una central nuclear mexicana, por falta de inversiones y transferencia tecnológica, nunca se desarrolló una industria.

Fuente: DW.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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México es el «quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar«, dijo este miércoles (06.04.2022) el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Small Arms Survey calcula que «hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país a pesar de que las leyes mexicanas de posesión de armas son estrictas y solo existe una oficina administrada por el Ministerio de Defensa (…) para que los civiles puedan solicitar permiso y comprar armas de fuego», afirmó Celorio durante su intervención.

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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador calcula que «cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia nuestro país», añadió el experto con motivo de la conmemoración en la OEA del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.

Según cifras oficiales, entre el 70 y 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México «se rastrean a su origen» en Estados Unidos, lo cual -según Celorio- es un problema no sólo por la cantidad sino por sus características, puesto que muchas están diseñadas para uso militar. Esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, cuya consecuencia son «masacres que dejan decenas de muertos en un par de minutos».

Celorio declaró que México ha trabajado con Estados Unidos para combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas provenientes de territorio estadounidense, con éxito a nivel de aduanas en la frontera y en perseguir a los delincuentes, pero quedaba pendiente otro componente: las empresas que las manufacturan y distribuyen.

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En agosto de 2021, México puso una demanda civil por daños contra estas empresas por estimar que «sus actividades negligentes e ilícitas facilitan el tráfico de su producto cogenerando esta espiral de violencia», explicó Celorio, poniendo énfasis en que no es contra el Gobierno de Estados Unidos, la población estadounidense ni su sistema jurídico.

No obstante, «los Gobiernos tenemos la oportunidad de animar a nuestro sector privado para que se conduzcan con la debida diligencia, el debido cuidado, prevengan que sus productos causen un daño y que en el caso de armas y más de las armas de diseño para uso militar caigan en manos de criminales», agregó.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, aseguró que su país «reconoce su responsabilidad para cumplir con su parte en prevenir la exportación ilegal de armas de fuego a nuestros vecinos, y se compromete a trabajar con México, el Caribe, América Central y otros países de la región para detener el movimiento ilegal de armas de fuego a través de las fronteras».

Fuente: DW.

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