De acuerdo con información del reportero Israel Aldave, las conferencias de Gálvez se centrarán en debatir los datos aportados por el Gobierno Federal, además de combatirá las fake news generadas en redes sociales.

Por ello, se prevé que sus coordinadores serán los encargados de dar las conferencias diarias, las cuales se transmitirán desde la casa de campaña de la panista, ubicada en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Aunque en un inicio se esperaba que este ejercicio iniciara a las 10:00 horas a partir de hoy lunes, este día se informó que sus conferencias arrancarán a las 11:45 am. Se estima que este programa concluya hasta el próximo 29 de febrero, cuando termina el periodo inter campañas.

¿AMLO ‘ve con buenos ojos’ las mañaneras de Xóchitl Gálvez?

El pasado viernes 26 de enero, el presidente López Obrador reaccionó con humor a la nueva estrategia de comunicación que implementará el equipo de Xóchitl Gálvez y aprovechó para lanzar una broma:

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener ‘mañanera’.Me da mucho gusto, es a las 10 de la mañana, no le hace, no crean que los fifís se levantan tan temprano. Pero lo celebro”, dijo en su conferencia matutina.

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La sexta ola de COVID-19 en México sumó 25 mil 445 casos y 106 muertes en una semana, de acuerdo con el Informe Técnico Semanal de la Secretaría de Salud federal.

Además, actualmente, se reportan 28 mil 547 casos activos de COVID-19 en México, es decir, se trata de personas que mostraron signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.

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El reporte de la Secretaría de Salud más reciente establece que la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa posiciona en los primeros 10 lugares a:

1. Ciudad de México
2. Tabasco
3. Quintana Roo
4. Yucatán
5. Nuevo León
6. Colima
7. Aguascalientes
8. Baja California
9. Baja California Sur, y
10. Sonora.

Incluso, la gráfica destaca a la CDMX y Tabasco en un tono naranja, mientras que Quintana Roo aparece en color amarillo y Yucatán en verde oscuro. El resto de entidades se muestran en verde claro.

¿Quiénes están en mayor riesgo por la sexta ola COVID en México 2022?

Entre el 6 y el 19 de diciembre, la tasa de incidencia es de 21.9 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el repunte de casos COVID-19 en México no ha afectado por igual a la población.

Las cifras de la Secretaría de Salud federal establecen que las personas de tres grupos de edad son las más afectadas.

La distribución de los casos estimados de COVID-19 en México por grupos de edad muestra que, “en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de”:

• 18 a 29 años
• 30 a 39 años, y
• De 40 a 49 años.

“La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (53.3%). La mediana de edad en general es de 38 años”,

agrega el Informe Técnico Semanal de casos de COVID-19 en México.

¿Hay crecimiento en los decesos por COVID-19?

Al hacer referencia a las defunciones ocasionadas por COVID-19, los datos muestran que seis de cada 10 fallecimientos (62 por ciento) han sido de hombres. Además, el promedio de edad de las personas fallecidas es de 64 años.

Desde el inicio de la pandemia en México, se han registrado 330 mil 805 defunciones totales de COVID-19 y 14 mil defunciones sospechosas de COVID-19, según cifras oficiales.

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud federal, señaló que el segundo pico de la pandemia fue el más letal; sin embargo, la letalidad bajó a partir del tercero y ahora, en la sexta ola de COVID-19 en México “la mortalidad es francamente baja, afortunadamente”.

López-Gatell detalló que sí se prevé un aumento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en las próximas semanas; no obstante, dijo, no tendrán la misma gravedad y mortalidad que en picos anteriores.

Fuente: El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/12/22/sexta-ola-de-covid-19-en-mexico-2022-quienes-corren-mas-riesgo-de-un-contagio/

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México prohibirá la importación de maíz amarillo transgénico que se utilice como insumo para otros bienes intermedios o productos finales de consumo humano en su mercado interno, no solo para tortillas, sino para producir fructosa, por ejemplo, destacó Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

Paralelamente, un grupo de legisladores estadunidenses, tanto republicanos como demócratas, pidió el viernes a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), que la Administración del presidente Joe Biden inicie un proceso de solución de controversias sobre la prohibición mexicana de importar maíz genéticamente modificado y el herbicida glifosato en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Buenrostro aclaró que México está restringiendo únicamente los transgénicos en el uso de maíz para consumo humano, no así para el maíz de uso pecuario o para otros usos industriales.

Nosotros estamos hablando primero del maíz. Todo los demás, no tiene tema. El decreto lo que prohibió de tajo es para el consumo humano, que es nuestra producción nacional”, dijo.

Luego Buenrostro agregó: “Quedó abierto el forraje, las importaciones para forraje y para industrial; pero sí tiene unas condiciones de transición que dicen: después que todo lo que sea de consumo alimenticio, por ejemplo aquella que no es una tortilla (sic), pero puede ser la fructuosa, que se pueda venir el contenido en algún lado, también vamos a irlos sacando de manera gradual, y para sacarlo de manera gradual vamos a tomar acciones y políticas públicas que lleven a este fortalecimiento”.

México registró un consumo de 1 millón 291,000 toneladas de jarabe de maíz de alta fructosa en el ciclo 2020-2021 (oct-sep), a la vez que en la temporada 2021-2022 el monto bajó a 1 millón 291,000 toneladas, según proyecciones el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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La solicitud de los legisladores estadounidenses fue realizada en una carta firmada por 24 miembros del Congreso y encabezada por el representante republicano Adrian Smith y el demócrata Daniel Kildee, del Comité de Medios y Arbitrios, ambos delegados de estados productores de maíz.

Según los congresistas, el gobierno mexicano no ha mantenido un sistema regulatorio biotecnológico basado en la ciencia durante los últimos cuatro años y está avanzando con la implementación de un decreto presidencial para eliminar gradualmente la importación de maíz transgénico para enero de 2024.

“Estas políticas no se basan en la ciencia y puede disminuir el suministro de maíz en las cadenas de suministro agrícola de América del Norte. Estas acciones, además de ir en contra de los términos del T-MEC, podrían aumentar los precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria causada por la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania”,

expresaron.

Las nuevas barreras a la innovación agrícola también amenazan la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro clave, argumentaron.

México propuso recientemente a Estados Unidos ampliar el plazo, de 2024 a 2025, para comenzar a prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, así como modificar un decreto para aclarar ciertas regulaciones relacionadas.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-en-EU-activar-controversia-contra-Mexico-por-escollos-a-maiz-amarillo-20221212-0009.html

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El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

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Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

La entrada El país de los 100,000 desaparecidos se publicó primero en México 24 siete.

México ha superado la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde 1964, según el contador oficial donde el Gobierno va registrado una de las listas más ignominiosas que enfrenta el país. Un conteo que experimentó un incremento a partir de las políticas de militarización de Felipe Calderón en 2006. La cifra, sin embargo no ha tenido más eco que el del silencio en la conferencia matutina del presidente, donde se han tratado temas de seguridad nacional. Los organismos internacionales, sin embargo, han recordado este martes la necesidad de que México “redoble los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición”. Así se ha expresado en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”,

dice la declaración que llega de la ONU.

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En dicho comunicado se reconocen los “pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones y la creación de comisiones de búsqueda en todos los Estados”, que México viene dando en los últimos tiempos. Pero también es cierto que los cientos de activistas y familiares que luchan cada día por sacar a la luz a estos desaparecidos, vivos o muertos, tienen que comprarse en ocasiones sus propias palas para poder escarbar en la tierra en busca de huesos. Por no hablar de la inseguridad en la que desempeñan esta labor.

Bachelet ha rendido homenaje en su comunicado a todas estas buscadoras “que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias”.

En México se han creado comisiones para revisar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Pero nada parece suficiente ante un goteo que se incrementa cada día. Agentes públicos de las tres administraciones siguen siendo responsables directos de las desapariciones forzadas, pero también la delincuencia organizada, que cuentan con la “aquiescencia, participación u omisión de los servidores públicos”. Difícil desenvolver una madeja en la que los perseguidos por el delito se confunden con los perseguidores del delito.

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Es reconocido que en esta Administración se ha ganado en transparencia respecto a estos casos. Entre 2020 y 2021 el país ha tomado algunas decisiones relevantes, como reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar estos asuntos. El pasado noviembre, México “se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 Estados y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, según detalla el comunicado de Bachelet.

La Alta comisionada sigue de cerca este enorme problema que enfrenta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “una tragedia humana de enormes proporciones”, ha dicho.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”,

señala en su comunicado.

Por eso, desde la ONU se recomienda apoyar con todos los recursos necesarios a estas familias que remueven la tierra en busca de sus desaparecidos, una tragedia, que a decir de ellos mismos tiene efectos más perniciosos que la asunción de una muerte. Las Naciones Unidas hacen un llamamiento “a mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas”.

Fuente: El País.

La entrada La ONU llama a México a reforzar la búsqueda de personas desaparecidas a la fuerza se publicó primero en México 24 siete.

Los altos niveles de inflación, en conjunto con un menor crecimiento al esperado, ponen a México en un periodo de estanflación, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que si bien la interpretación de lo que se vive actualmente puede cambiar al criterio de cada institución, para ellos es claro que México está pasando por una estanflación.

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Muestra de ello son las perspectivas que se tienen para este año. El IMEF modificó al alza su proyección para la inflación al cierre de este año de 5.9 a 6.8%, a la vez que su perspectiva para el PIB continúa siendo revisada a la baja, ahora de 1.8 a 1.7 por ciento.

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el instituto calificó como muy optimista esperar que en un mes se observe un impacto, y consideró que este paquete de medidas tendrá un impacto muy limitado.

En este sentido, Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, mencionó que el impacto del PACIC sobre la Inflación será limitado, de apenas 1%, lo cual no es suficiente para los altos niveles que se han observado en los últimos meses.

«No es un fracaso. Qué bueno que se estén haciendo programas, que se esté haciendo algo (…) El programa es limitado, el tiempo de seis meses no creemos que provoque un impacto importante».

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A inicios de mayo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el PACIC, el cual contiene 16 medidas, con una duración de seis meses, para enfrentar los altos niveles de inflación que, en los últimos meses, han prendido las alarmas a nivel mundial.

En México, la inflación ha tocado niveles que no se han visto en dos décadas, y ante los cuales el Banco de México (Banxico) ya tenido que aumentar su tasa de interés y tomar una postura monetaria más restrictiva.

En este sentido, el IMEF espera que Banxico continúe aumentando su tasa de intereses, para dejarla en 8.5% al cierre del año.

Fuente: El Economista.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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La construcción del Tren Maya, el medio de transporte de pasajeros y de carga que recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no solo traerá grandes beneficios para los ciudadanos de dichas entidades, según el Gobierno de México; lo que algunos pensarían que es una oportunidad de detonar la economía en el sureste del país, para otros se trata de una “paulatina pérdida de la identidad cultural”.

Una de las comunidades más afectadas por la construcción de esta obra, serían los artesanos de la selva lacandona de la región de Palenque, en el estado de Chiapas. De acuerdo con el diario El Universal, los trabajadores serán removidos de sus centros de trabajo para reubicarlos en un Centro de Atención a Visitantes, donde “prevalecerá lo económico pero no lo cultural”, refiere el medio. Dichos centros serán plazas comerciales turísticas donde no solo se ofertarán artesanías, también se venderá comida típica de la región e, incluso, postales o recuerdos de la zona. “No queremos reubicación, queremos la remodelación de nuestro espacio”, exigen los chiapanecos.

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Algunos de los trabajadores expresaron su descontento antes las acciones del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y exigen una consulta de ciudadanos indígenas para que su voz sea escuchada y “no se deje fuera a los originarios de esa región”. La demanda de los lacandones es que su cultura “no se siga perdiendo” con la urbanización y conectividad de la selva con otras ciudades.

Los ingenieros civiles del Tren Maya –la mayoría pertenecientes al Ejército Mexicano– planificaron que, los artesanos chiapanecos sean removidos de sus centros de trabajo y reubicados a unos cuatro kilómetros de ahí, en un espacio destinado exclusivamente para ellos, como parte del proyecto maestro. Los pobladores aseguraron que, sus abuelos y sus padres vivieron y trabajaron en esas tierras durante décadas “como para que, de la noche a la mañana, gente en el poder las quiere ocupar”.

Hasta el momento, AMLO ni otro integrante de su círculo cercano han hecho o fijado un posicionamiento o postura a este respecto.

Al inicio de su administración, AMLO dijo que el Tren Maya iba a significar “una inversión de 150.000 millones de pesos –cerca de 7.500 millones de dólares– y, por haber tomado la decisión de construir el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y cancelar el NAICM (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), en Texcoco, ahorramos 125.000 millones de pesos –cerca de 6.250 millones de dólares–, es decir, con este ahorro se está financiando el Tren Maya”.

Algunos analistas aseguran que, los montos previstos por AMLO para la construcción del Tren Maya, hoy distan de ser los números finales. De acuerdo con expertos, las modificaciones que ha tenido el proyecto han elevado su costo a casi 230.000 millones de pesos (más de 11.246 millones de dólares). Uno de los cambios más costosos fue electrificar casi 700 kilómetros de la ruta que comprende el tramo de Mérida a Chetumal, con el objetivo de disminuir el impacto en el medioambiente; cabe mencionar que, algunas de estas, son vías dobles. Asimismo, el Gobierno de México gastó una suma importante en la reubicación de 20.000 árboles e, incluso, en la deforestación de otros 1.000 ejemplares.

AMLO y la lucha por el control de la información

Hace unas semanas, en el marco del Día Mundial del Agua, celebridades del país azteca dieron a conocer siete videos en los que explicaron los riesgos del Tren Maya que comprende una longitud de más de 1.500 kilómetros, y en al menos un tramo de 50 kilómetros, su construcción ocasionaría daños irreversibles al medio ambiente. Entre las luminarias más destacadas se encuentran Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas Allende, Kate del Castillo, Regina Blandón, Rubén Albarrán, Marisol Rueda, Bárbara Mori, Miguel Rodarte, Rebecca Jones y Omar Chaparro.

Luego de que la campaña “#SélvameDelTren” adquiriera fuerza y notoriedad en México y varias partes del mundo, AMLO envió un contundente mensaje a algunos de los involucrados en los vídeos, asegurando que son “pseudoambientalistas”. En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano expresó: “Convencen o contratan a  artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados  por la defensa del medio ambiente, lo que hace una campaña en contra del Tren Maya”.

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La polémica se acrecentó cuando Eugenio Derbez, en una entrevista con periodistas mexicanos, contestó: “A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento o cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van y partidos vienen, y el país no cambia”. Derbez argumenta que, uno de sus principales enojos, es que por la premura de terminar la obra, el Gobierno de México cambió la ruta original de construcción y está afectando tramos importantes de selva virgen en ciudades como Tulum o Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Fuente: Independent.

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El suceso en este municipio, bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dista mucho de ser una amenaza puntual.

En unas tres semanas, el Ejército mexicano desactivó al menos 250 explosivos caseros en esta zona conocida como Tierra Caliente, revelado como un auténtico campo minado para mayor terror de la población local.

Las minas antipersona, que recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados, se suman así al arsenal de los carteles mexicanos que han aumentado su poder y diversificado sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares y ejércitos en guerra.

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«Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas de lo que hay sobre tu cabeza», 

resume la situación para BBC Mundo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, donde en febrero se desplegaron efectivos del Ejército para tratar de recuperar su control.

En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.

De contar con viejas armas soviéticas en el pasado, los carteles pasaron a utilizar desde fusiles característicos de ejércitos en guerra hasta los drones con explosivos de tecnología más sofisticada, pasando por la fabricación de sus propios vehículos blindados o incluso submarinos. Y ahora, también minas improvisadas.

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Para Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores de dos libros sobre los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja «una escalada de violencia potencialmente indiscriminada».

«Representan amenazas potenciales significativas a las que el Ejército mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país»,

dice Bunker, entrevistado por BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó comentarios sobre este tema de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que desplegó efectivos para desactivar las minas en Michoacán, pero no obtuvo respuesta.

Según autoridades militares citadas por el diario El Universal, en el rastreo en la zona se encontraron minas fabricadas de modo casero, colocadas a unos 150 metros una de otra, y escondidas no solo a las afueras de las comunidades sino también en su interior.

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En un comunicado del 9 de febrero, la Sedena aseguró que «se logró restablecer la transitabilidad y la paz social» en Aguililla tras el ingreso de soldados al municipio «con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región», pero no hubo mención al hallazgo de las minas.

Sin embargo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado menos de un mes después.

«Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales (…) y se está avanzando, ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de Bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones», 

dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo logran estas armas?

Los expertos consultados sitúan el inicio de esta evolución y militarización de las armas del crimen organizado en México en el momento en que el Cartel del Golfo desplegó hace años por primera vez a exsoldados profesionales como parte de los Zetas, su antiguo brazo armado.

Aquello fue el detonante para que cuando un cartel intentaba sobrevivir y competir contra grupos rivales, optara por reforzar sus unidades utilizando armamento de grado militar, opinan los fundadores del sitio web de análisis de conflictos y grupos criminales en América Latina Small Wars Journal-El Centro.

En opinión de Bunker, «esto resultó en una ‘revolución militar de carteles’ que aún continúa».

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El origen de dichas armas pueden ser tres. En el pasado, los carteles mexicanos obtuvieron armas de arsenales de gobiernos centroamericanos como rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras, armas antitanque y granadas.

De un mercado ilegal más lejano llegaban armas de grado militar fabricadas en países como China, Rusia, Corea del Sur o Sudáfrica. Estas líneas de tráfico, sin embargo, no son hoy tan sólidas como cuando los cárteles estaban presentes en algunos puertos de México, apunta Bunker.

Por el contrario, un segundo e importante origen actual de estas armas continúa siendo Estados Unidos.

Del país con el que México comparte la frontera terrestre más transitada del mundo proceden miles de los rifles Barret calibre 50 o los fusiles semiautomáticos utilizados por los carteles, y que son compradas por intermediarios en aquel país para luego ser introducidas en México escondidas en vehículos.

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Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

Por ello, el Ejecutivo interpuso el año pasado una demanda contra un grupo de empresas estadounidenses de armas que sigue su curso.

«Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada», aseguró entonces el presidente López Obrador.

Esta procedencia de las armas fue visible en multitud de sucesos.

Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

Pero un tercer origen de estas armas es, sin embargo, el propio México.

Según Bunker, «los carteles han obtenido armas de funcionarios policiales, militares y gubernamentales corruptos. Incluso cuando las autoridades se incautan de armas de grado militar de los carteles, no siempre se destruyen y pueden volver a ellos por un precio acordado».

Fabricación propia

En los últimos años, los carteles han aumentado además sus conocimientos y capacidades para fabricar sus propias armas como las recientes minas terrestres improvisadas o drones armados. Una de sus principales fuentes de aprendizaje es la interacción con otros grupos criminales.

«A veces, eso se aprende en prisión. Tales habilidades tácticas de armamento se han transmitido de grupos como las FARC de Colombia al CJNG, por ejemplo, cuando los grupos cooperan y forman alianzas», destaca Sullivan.

De hecho, si hay algo que para los expertos representa esta militarización de las armas de los carteles y que es su mejor ejemplo de fabricación casera son los conocidos como «monstruos» o «narcotanques».

«Estos vehículos blindados han evolucionado desde solo tener puertos de armas desde los cuales pegar cañones de armas a monturas de armas fijas (para ametralladoras y rifles Barret calibre .50) a torretas blindadas giratorias que contienen estas armas», dice Bunker.

Otra muestra de este poderío son el uso de drones, que ha pasado de un uso como artefacto explosivo improvisado de detonación puntual a un elemento con capacidades de bombardeo aéreo.

El pasado enero, un video grabado desde un dron del CJNG permitió ver el momento en que el artefacto lanzaba varias bombas sobre un campamento en Michoacán, del que las personas huían despavoridas.

Poderío del CJNG

De hecho, el grupo liderado por el Mencho es, hoy por hoy, el cartel considerado más avanzado operativamente en su carrera armamentística.

Así se encargan de mostrarlo en videos en los que exhiben sin pudor, a plena luz del día e incluso a cara descubierta, parte de su equipamiento como cuando desfilaron en tanques caseros por Aguililla el año pasado entre gritos de «¡Pura gente del Mencho!» y «Ahora paseamos los de las 4 (letras, en referencia al CJNG)»:

«Estas ‘demostraciones de fuerza’ son una muestra de poder para impresionar a la población y a sus rivales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real», analiza Sullivan.

De cara al futuro, los expertos consideran que la especialización en armas vista actualmente en la región en disputa de Tierra Caliente podría extenderse a otras zonas de México donde los grupos criminales vean la necesidad de lograr una ventaja táctica.

«Una vez que allí haya un cartel definitivamente en control, la violencia e innovación serán menos pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica», pronostica Sullivan.

Además, recuerda que grupos colombianos que usaron minas terrestres como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales como el Clan del Golfo han interactuado en diversos grados con los carteles mexicanos. «Se puede esperar que las minas continúen proliferando», concluye el analista.

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Bunker remarca sin embargo que el Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros.

Uno de sus puntos débiles, sin embargo, es que «los carteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones del gobierno mexicano. Las unidades de la Secretaría de Defensa en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción si se despliegan en un área por periodos prolongados», alerta.

Fuente: BBC.

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