La presidenta de Reinserta, Saskia Niño de Rivera en entrevista con Manuel López San Martín habló sobre los alcances e impacto de la violencia en México.

Al respecto, recordó que ante los violentos hechos ocurridos en el estadio de futbol ‘La Corregidora’ en Querétaro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no tuvo nada que decir.

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Del mismo modo señaló que la gente suele olvidarse de los hechos violentos ocurridos en el país, incluso cuestionó si se está haciendo justicia.

“¿A qué nos afrontamos cuándo pasan estas cosas? La gente se olvida, ya hay detenidos por lo de Querétaro, pero ¿quiénes son? ¿Se está haciendo justicia por las víctimas?”,

sentenció.

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Asimismo, lamentó que la violencia en México se esté normalizando debido a la ausencia de derecho de un gobierno conforme a la ley.

Escucha la entrevista completa aquí.

Fuente: MVS Noticias.

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La política fiscal en México ha sido guiada los últimos 3 años por la “austeridad republicana” y como muestra fue la respuesta a la pandemia, menos de 1% (0.7%) del Producto Interno Bruto (PIB) fue destinado a ayudar a las personas durante lo más severo de la emergencia sanitaria.

La cantidad destinada contrastó con naciones más desarrolladas, como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, quienes destinaron el equivalente a 17.7, 15.2 y 10.5% de su PIB, respectivamente, de acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su sigla en inglés).

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El Fondo Monetario Internacional reveló a inicios de este año que la pobreza en México empeoró como consecuencia de la falta de acceso a los servicios de salud y el modesto apoyo fiscal otorgado por el gobierno en la pandemia de COVID-19.

Según expertos del organismo, con base en datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en situación de pobreza aumentó de 51.9 millones que había en el 2018 a 55.7 millones en el 2020.

Aunque, por su parte, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, reconoció que sin los programas sociales, como las pensiones a adultos mayores, el crecimiento de la pobreza hubiera sido mayor, pues, hubiera crecido a 45.9% de la población, un incremento de 6.3 millones en situación de pobreza.

A pesar de que los programas sociales ayudaron a sectores de la sociedad, también es cierto que ejercen presión en el gasto federal y el problema no está en dar el recurso, sino de dónde saldrá. 

Por ejemplo, el programa gubernamental de la pensión del bienestar requerirá un presupuesto equivalente a 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para que en el 2024 pueda atender a los 12 millones de adultos mayores de 65 años en el país, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La oportunidad para este gobierno era presentar una gran reforma tributaria, sin embargo sólo quedó en una Miscelánea Fiscal con la que la Hacienda Pública estima generar ingresos de hasta 1% del PIB.

SAT apretó la tuerca en 2020

Asimismo, como parte de una nueva política fiscal alejada del no pago de impuestos, durante el 2020, los ingresos tributarios en México crecieron 0.8% real en comparación con lo registrado en el 2019 con lo cual fue uno de dos países en donde la recaudación tributaria no cayó y pudo paliar los estragos del COVID-19.

Esto llamó la atención de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la calificadora Fitch y del Fondo Monetario Internacional.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, puso en práctica una serie de acciones en el 2020 que generaron recursos adicionales por más de 496,200 millones de pesos, el equivalente a 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las acciones que más llamaron la atención fue que el cobro de adeudos que algunos Grandes Contribuyentes tenían con el SAT, como los fueron BBVA, Walmart, IBM, Femsa y Grupo Modelo, este cobro, de alguna manera sirvió para mitigar los estragos que la pandemia causó en las finanzas públicas. En total, en el 2020, los Grandes Contribuyentes dejaron al erario más 216,000 millones de pesos.

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Sumado a que el combate a la evasión y elusión fiscal recuperó más de 385,800 millones de pesos a través de los programas de fiscalización y más de 169,800 millones de pesos por fiscalización sin judicialización durante el 2020.

“Se estima que dichos ingresos (tributarios) representan 14.5% como proporción del PIB, el más alto de los últimos 10 años respecto del PIB y 1.3 puntos porcentuales adicionales respecto de 2019 sin pandemia”, informó el SAT en aquella ocasión».

Fuente: El Economista.

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El Gobierno de Estados Unidos dio un manotazo en la mesa y hablará con autoridades mexicanas sobre su descuido de la totoaba y la vaquita marina.

La Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR por sus siglas en inglés) anunció este jueves que solicitará una consulta bajo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), alegando que el Gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones medioambientales.

“El USTR está comprometido con la protección del medio ambiente y está solicitando esta consulta para asegurar que México cumpla con sus compromisos medioambientales en el T-MEC”,

declaró la representante comercial de EU, Katherine Tai, en un comunicado.

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La vaquita marina -oriunda del Golfo de California- es el mamífero acuático en mayor peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) la califica como una especie en “peligro crítico” y con población a la baja. La IUCN estima que hay alrededor de 18 ejemplares vivos, aunque otros cálculos apuntan a menos de 10.

La mayor amenaza para la vaquita marina es la pesca ilegal de totoaba, un pez cuyo alto valor -sobre todo en el mercado chino- le ganó el mote de ‘la cocaína del mar’. El despliegue de redes para capturar a la totoaba suele atrapar vaquitas marinas, matándolas.

Las autoridades estadounidenses consideran que las medidas implementadas por el Gobierno de México para proteger a la vaquita y frenar la pesca ilegal de totoaba no han bastado. Por lo tanto, México no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones dentro del Capítulo 24 del tratado, que abarca todos los temas medioambientales en la relación comercial trilateral.

Diversos organismos no gubernamentales llevan años ejerciendo presión para que la administración mexicana proteja más a la vaquita. En agosto del año pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y otros grupos ambientalistas enviaron una carta al USTR pidiendo que abriera un proceso de consulta bajo el T-MEC por el tema.

“La pesca ilegal está fuera de control en aguas mexicanas, y la vaquita está pagando el precio más alto posible. Nos alegra que el Gobierno de EU esté presionando a México por desacatar sus obligaciones medioambientales y por arriesgar la existencia de la vaquita”,

declaró Sarah Uhlemann, directora del programa internacional del centro, en un comunicado.

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Esta es la primera consulta solicitada por EU con México. El USTR y el Congreso guardan una larga lista de temas que podrían ameritar una controversia comercial. El abandono de la vaquita marina es un tema con la historia, los datos y el peso mediático suficientes para justificar una consulta, comentó Jorge Molina, catedrático del Tecnológico de Monterrey y experto en temas de comercio exterior.

“Es un tema ambiental, que es muy popular con la opinión pública, y puede permitirle al USTR ‘medirle el agua a los camotes’ y sentar una serie de precedentes para otros casos”,

apuntó en entrevista.

‘Enterados’, responde Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía avisó el mismo jueves que recibió la solicitud de consulta, asegurando que impulsará la protección de las especies marinas del país.

“La Secretaría de Economía coordinará los trabajos entre las diferentes autoridades mexicanas y de Estados Unidos con el objetivo de presentar oportunamente los esfuerzos y medidas adoptadas para proteger a las especies marinas en las aguas nacionales”,

declaró la dependencia en un comunicado.

Una consulta bajo el T-MEC es un mecanismo diseñado para resolver un problema sin entrar en un proceso más prolongado y severo, como un panel de solución de controversias. Ambas partes tendrán 30 días después de la solicitud para iniciar consultas formalmente.

De no resolverse el tema en las consultas iniciales, EU podrá solicitar otra consulta con representantes de alto nivel. Si esta no resuelve el asunto tampoco, podrá abrirse un proceso de consultas ministeriales. Si la controversia no se resuelve con ninguno de los mecanismos, EU podrá solicitar un panel.

En caso de que el panel resuelva que México no cumple con sus obligaciones en el tratado, EU podrá aplicar aranceles, suspender beneficios o echar mano de otro tipo de sanciones comerciales.

Aguas mexicanas, en el ‘abandono’

Las autoridades mexicanas ya suman varias llamadas de atención desde EU por descuidos en sus regulaciones pesqueras.

A mediados de 2021, se erigió un bloqueo a las exportaciones de camarón hacia el mercado estadounidense por el uso de redes potencialmente dañinas para la vaquita marina en barcos camaroneros. Ese mismo año, en una reunión con las secretarías de Economía y de Agricultura, la embajadora Tai planteó sus preocupaciones por la pesca ilegal de totoaba y el daño a la vaquita.

Esta semana, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (conocida en inglés como NOAA) cerró los puertos del país a embarcaciones mexicanas alegando que México “no ha hecho lo suficiente para evitar que sus barcos pesquen ilegalmente en aguas estadounidenses”.

“Es una gigantesca área de omisión en el gobierno de México […] Es el resultado de estas omisiones que se han dado durante muchos años en materia pesquera a nivel nacional”,

apuntó Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Fuente: El Financiero.

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