Entre enero y noviembre del presente año, han sido asesinadas 3 mil 450 mujeres en el país, de los cuales 858 casos se clasificaron como feminicidio y 2 mil 592 como homicidios dolosos.

Entre enero y noviembre del presente año, han sido asesinadas 3 mil 450 mujeres en el país, de los cuales 858 casos se clasificaron como feminicidio y 2 mil 592 como homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte Información sobre violencia contra las mujeres.

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El documento, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), establece que un total de 112 mil 300 mujeres han sido víctimas de diferentes ilícitos, por lo que la cifra que fueron asesinadas representa el 3 por ciento del total de las afectadas por un delito.

¿Cuántas mujeres han sido asesinadas por meses en el 2022?

En materia de feminicidios, en junio pasado se cometió la cantidad mayor de casos, con 92 mujeres asesinadas en esas condiciones; para caer a 58 casos al mes siguiente, la menor cantidad reportada mensualmente en el presente año.

El 2022 comenzó con 80 femicidios en enero, seguido de 83 casos al mes siguiente, 73 en marzo, 83 en abril y 84 en mayo, de acuerdo con el informe de las autoridades.

Luego de caer a 58 casos en julio pasado, este delito registró un repunte en agosto, con 70 casos; en septiembre fueron 79, 84 en octubre y 72 el mes pasado.

¿Cuántos feminicidios han ocurrido en el Estado de México?

Por entidades, el Estado de México se ubicó en el primer lugar con 131 feminicidios, seguido de Nuevo León con 85, la Ciudad de México con 70, Veracruz con 63 y Chiapas con 42, en los primeros cinco lugares.

Por cada 100 mil mujeres como habitantes, Colima es la entidad más peligrosa para las mujeres, con 4.19 feminicidios por esa cantidad de población, seguida de Nuevo León con 2.95 casos, Morelos con 2.8, Campeche con 1.91 y Oaxaca con 1.84 casos por cada 100 mil mujeres.

El informe del SESNSP estableció que el municipio de Juárez, en Nuevo León, reportó 17 feminicidios entre enero y noviembre del presente año, como la localidad con más casos registrados.

Le sigue Juárez, pero en Chihuahua, con 15 femicidios en lo que va del año; Morelia, Michoacán, con 13; Guadalupe, Nuevo León, con 11; Iztapalapa, Ciudad de México, y Manzanillo, Colima, con 10 feminicidios cada uno.

Asesinatos

En materia de homicidios dolosos, el reporte de la autoridad establece que 2022 comenzó con 215 casos enero, para descender a 207 en febrero y llegar a 203 en marzo, la cifra más baja, por mes, en el presente año.

Al mes siguiente, este delito registró un repunte a 222 casos, que siguió en mayo con 262 homicidios dolosos, y llegó a la cantidad más alta en el presente año, con 281 casos en junio pasado.

En julio fueron 239 casos, en agosto 260 asesinatos de mujeres, en septiembre 250 casos, en octubre 238 y el mes pasado se cometieron 215 homicidios dolosos con víctimas mujeres.

Guanajuato es la entidad con más casos de mujeres asesinadas, con un total de 382 entre enero y noviembre del presente año, seguido de Baja California con 252, el Estado de México con 241, Michoacán con 228 y Chihuahua con 181.

Por cada 100 mil mujeres como habitantes, Colima también es la entidad más peligrosa para este sector de la población, con 19.46 casos por esa cantidad de población; le sigue Zacatecas con 13.73 casos, Baja California con 13.44, Guanajuato con 11.78 y Chihuahua con 9.27 homicidios por cada 100 mil mujeres.

Fuente: Sé uno Noticias https://seunonoticias.mx/2022/12/27/en-2022-mas-de-3-mil-450-mujeres-asesinadas-en-mexico/.

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La sexta ola de COVID-19 en México sumó 25 mil 445 casos y 106 muertes en una semana, de acuerdo con el Informe Técnico Semanal de la Secretaría de Salud federal.

Además, actualmente, se reportan 28 mil 547 casos activos de COVID-19 en México, es decir, se trata de personas que mostraron signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.

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El reporte de la Secretaría de Salud más reciente establece que la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa posiciona en los primeros 10 lugares a:

1. Ciudad de México
2. Tabasco
3. Quintana Roo
4. Yucatán
5. Nuevo León
6. Colima
7. Aguascalientes
8. Baja California
9. Baja California Sur, y
10. Sonora.

Incluso, la gráfica destaca a la CDMX y Tabasco en un tono naranja, mientras que Quintana Roo aparece en color amarillo y Yucatán en verde oscuro. El resto de entidades se muestran en verde claro.

¿Quiénes están en mayor riesgo por la sexta ola COVID en México 2022?

Entre el 6 y el 19 de diciembre, la tasa de incidencia es de 21.9 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el repunte de casos COVID-19 en México no ha afectado por igual a la población.

Las cifras de la Secretaría de Salud federal establecen que las personas de tres grupos de edad son las más afectadas.

La distribución de los casos estimados de COVID-19 en México por grupos de edad muestra que, “en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de”:

• 18 a 29 años
• 30 a 39 años, y
• De 40 a 49 años.

“La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (53.3%). La mediana de edad en general es de 38 años”,

agrega el Informe Técnico Semanal de casos de COVID-19 en México.

¿Hay crecimiento en los decesos por COVID-19?

Al hacer referencia a las defunciones ocasionadas por COVID-19, los datos muestran que seis de cada 10 fallecimientos (62 por ciento) han sido de hombres. Además, el promedio de edad de las personas fallecidas es de 64 años.

Desde el inicio de la pandemia en México, se han registrado 330 mil 805 defunciones totales de COVID-19 y 14 mil defunciones sospechosas de COVID-19, según cifras oficiales.

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud federal, señaló que el segundo pico de la pandemia fue el más letal; sin embargo, la letalidad bajó a partir del tercero y ahora, en la sexta ola de COVID-19 en México “la mortalidad es francamente baja, afortunadamente”.

López-Gatell detalló que sí se prevé un aumento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en las próximas semanas; no obstante, dijo, no tendrán la misma gravedad y mortalidad que en picos anteriores.

Fuente: El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/12/22/sexta-ola-de-covid-19-en-mexico-2022-quienes-corren-mas-riesgo-de-un-contagio/

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El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

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Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

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Este lunes 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló que hay más de 100 mil personas en México en esta situación. La cifra debería ameritar por sí misma toda la atención pública. También obliga a que el gobierno aclare lo que no nos dicen sus cifras: exactamente, ¿cuántas personas no se cuentan en estos registros?

Los datos disponibles nos permiten dimensionar el tamaño de una tragedia sin comparación en el mundo. Tan sólo entre 2006 y 2022, 83,761 personas han entrado al eufemismo de las estadísticas oficiales de ser consideradas personas desaparecidas o no localizadas. Desde 2006 en México todos los días desaparecen 14 personas para no volver a ser vistas.

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No hay excusa que alcance para justificar la irresponsabilidad de los gobiernos en México frente al aumento en el número de personas desaparecidas en los últimos tres sexenios. Aunque la ausencia de mujeres y hombres de todas las edades ha trastocado la vida de miles de familias y amigos, no ha habido gobierno que las localice y que tome acciones para prevenir que más personas desaparezcan. Tampoco ha resuelto las marcadas diferencias de género: el grupo de edad que menos regresa a casa son las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años. 

El Estado Mexicano nos ha fallado a todas y todos por su incapacidad para resolver qué sucedió con el paradero de estas personas, encontrar a los responsables y reparar el daño de cientos de miles de familias. Sin acciones coordinadas para que los diferentes gobiernos se hagan cargo de su responsabilidad, en México seguirá prevaleciendo la impunidad.

Miles de familias mexicanas exigen hoy una justicia que no llega. Cuando el gobierno les niega además un espacio público para conmemorar a las personas que les faltan, las revictimiza. Les niega la justicia y les impide la memoria.

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No habrá justicia en este país hasta que no sepamos qué pasó con cada una de las personas que los registros oficiales consideran como desaparecidas y no localizadas. No hay compromiso que no sea más que promesas vacías hasta que el Estado pueda garantizar búsquedas profesionales por los desaparecidos y no relegue su responsabilidad a las familias de las víctimas. No tendremos certezas sobre la dimensión del problema hasta que no conozcamos el número de personas que no se cuentan en estos registros. Ninguna autoridad en el gobierno puede estar tranquila hasta que a todas las familias se les garantice el derecho de saber qué pasó con los suyos. 

¡Hasta encontrarles no habrá justicia!

Fuente: .

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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México ha superado la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde 1964, según el contador oficial donde el Gobierno va registrado una de las listas más ignominiosas que enfrenta el país. Un conteo que experimentó un incremento a partir de las políticas de militarización de Felipe Calderón en 2006. La cifra, sin embargo no ha tenido más eco que el del silencio en la conferencia matutina del presidente, donde se han tratado temas de seguridad nacional. Los organismos internacionales, sin embargo, han recordado este martes la necesidad de que México “redoble los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición”. Así se ha expresado en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”,

dice la declaración que llega de la ONU.

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En dicho comunicado se reconocen los “pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones y la creación de comisiones de búsqueda en todos los Estados”, que México viene dando en los últimos tiempos. Pero también es cierto que los cientos de activistas y familiares que luchan cada día por sacar a la luz a estos desaparecidos, vivos o muertos, tienen que comprarse en ocasiones sus propias palas para poder escarbar en la tierra en busca de huesos. Por no hablar de la inseguridad en la que desempeñan esta labor.

Bachelet ha rendido homenaje en su comunicado a todas estas buscadoras “que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias”.

En México se han creado comisiones para revisar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Pero nada parece suficiente ante un goteo que se incrementa cada día. Agentes públicos de las tres administraciones siguen siendo responsables directos de las desapariciones forzadas, pero también la delincuencia organizada, que cuentan con la “aquiescencia, participación u omisión de los servidores públicos”. Difícil desenvolver una madeja en la que los perseguidos por el delito se confunden con los perseguidores del delito.

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Es reconocido que en esta Administración se ha ganado en transparencia respecto a estos casos. Entre 2020 y 2021 el país ha tomado algunas decisiones relevantes, como reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar estos asuntos. El pasado noviembre, México “se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 Estados y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, según detalla el comunicado de Bachelet.

La Alta comisionada sigue de cerca este enorme problema que enfrenta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “una tragedia humana de enormes proporciones”, ha dicho.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”,

señala en su comunicado.

Por eso, desde la ONU se recomienda apoyar con todos los recursos necesarios a estas familias que remueven la tierra en busca de sus desaparecidos, una tragedia, que a decir de ellos mismos tiene efectos más perniciosos que la asunción de una muerte. Las Naciones Unidas hacen un llamamiento “a mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas”.

Fuente: El País.

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Los altos niveles de inflación, en conjunto con un menor crecimiento al esperado, ponen a México en un periodo de estanflación, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que si bien la interpretación de lo que se vive actualmente puede cambiar al criterio de cada institución, para ellos es claro que México está pasando por una estanflación.

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Muestra de ello son las perspectivas que se tienen para este año. El IMEF modificó al alza su proyección para la inflación al cierre de este año de 5.9 a 6.8%, a la vez que su perspectiva para el PIB continúa siendo revisada a la baja, ahora de 1.8 a 1.7 por ciento.

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el instituto calificó como muy optimista esperar que en un mes se observe un impacto, y consideró que este paquete de medidas tendrá un impacto muy limitado.

En este sentido, Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, mencionó que el impacto del PACIC sobre la Inflación será limitado, de apenas 1%, lo cual no es suficiente para los altos niveles que se han observado en los últimos meses.

«No es un fracaso. Qué bueno que se estén haciendo programas, que se esté haciendo algo (…) El programa es limitado, el tiempo de seis meses no creemos que provoque un impacto importante».

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A inicios de mayo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el PACIC, el cual contiene 16 medidas, con una duración de seis meses, para enfrentar los altos niveles de inflación que, en los últimos meses, han prendido las alarmas a nivel mundial.

En México, la inflación ha tocado niveles que no se han visto en dos décadas, y ante los cuales el Banco de México (Banxico) ya tenido que aumentar su tasa de interés y tomar una postura monetaria más restrictiva.

En este sentido, el IMEF espera que Banxico continúe aumentando su tasa de intereses, para dejarla en 8.5% al cierre del año.

Fuente: El Economista.

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El 25 de mayo se cumplirá el primer año desde que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos redujo la categoría de aviación de México, al encontrar deficiencias como capacitación al personal y mejora en las tareas de vigilancia de operadores aéreos.

Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, calculó que en un año las aerolíneas mexicanas han perdido ingresos aproximados a 5 mil millones de pesos (casi 242 millones de dólares), recursos que pudieron ser captados si las empresas hubieran podido colocar mayor capacidad de asientos hacia o desde Estados Unidos.

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A su vez, René Armas Maes, vicepresidente comercial y consultor aeronáutico de Jet Link International LLC, calculó que las aerolíneas nacionales perdieron cerca de 200 millones de dólares (poco más de 4 mil millones de pesos) con motivo de la degradación.

Refirió que, en el primer trimestre de este año, uno de cada cuatro pasajeros entre EU y México fueron transportados por las firmas de aviación mexicanas, mientras que antes de la degradación se movilizaban así uno de cada tres viajeros.

“Si las aerolíneas mexicanas hubiesen mantenido la razón de uno a tres durante el primer trimestre del 2022, hubiesen recibido ingresos adicionales de 700 mil pasajeros. Asumiendo una tarifa promedio de 275 dólares, es decir, cerca de 200 millones de dólares de ingresos perdidos”,

estimó.

En entrevista con El Financiero, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, afirmó que la recuperación de la categoría 1 a la 2 de la seguridad aérea de México se solventará entre septiembre y noviembre de este año.

“Creo que eso (la recuperación) nos va a llevar a septiembre o a finales de noviembre va a ser que se dé la resolución final, soy optimista que se llevará a finales de septiembre y los pesimistas dicen que se va a noviembre”,

detalló.

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Desde la degradación hasta el primer trimestre de este año, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) calcula que las líneas mexicanas han perdido el 14 por ciento de los pasajeros viajando hacia y desde Estados Unidos, mientras que ese mismo porcentaje ha sido aprovechado por las empresas estadounidenses.

Esta no es la primera vez que México cae a categoría 2: hace poco más de una década, la autoridad también fue degradada, aunque sólo durante cuatro meses. En ese momento, la industria aérea del país tuvo un impacto cuantificado en 3 mil 210 millones de dólares, según el libro blanco IASA-FAA.

La extensión del periodo para recuperar la categoría afectaría los planes de Volaris y Viva Aerobus, quienes esperan volver al primer nivel de seguridad para ampliar sus rutas hacia Estados Unidos. Volaris anunció su intención de tener una ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Los Ángeles, California. El vuelo podría estrenarse en diciembre.

En tanto, Viva Aerobus tiene un proceso de alianza con la empresa Allegiant, el cual estaría listo en el primer trimestre del 2023. No obstante, la aerolínea dirigida por Juan Carlos Zuazua tiene planes de impulsar rutas hacia Estados Unidos desde el AIFA, pero la categoría es un obstáculo. “Como estamos en categoría 2, las aerolíneas no podemos iniciar rutas al extranjero, Estados Unidos es importante para nosotros, cuando estemos en categoría 1, que esperemos sea pronto, vamos a explorar rutas desde Santa Lucía a Estados Unidos, también podemos explorar rutas al extranjero hacia sudamérica”, comentó Zuazua a El Financiero.

Sumarán hasta 18 meses

En 2021, el gobierno aseguró que en cuatro meses se recuperaría la categoría, posteriormente el canciller Marcelo Ebrard afirmó que tomaría seis meses. Sin embargo, a un año de la degradación, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas denunciaron situaciones preocupantes en el espacio aéreo, por lo que la recuperación que se daría en 18 meses, luce más lejos hoy, que hace un año.

Antes de una nueva auditoría, México tiene una evaluación intermedia llamada ‘Technical Review’, donde inspectores estadounidenses analizarán los avances en las áreas deficientes de la autoridad aeronáutica.

Jiménez Pons confirmó que la visita comenzará durante la tercera semana de mayo, y será crucial para que se agende una nueva auditoría al Programa de evaluación de la seguridad operacional de la aviación internacional (IASA).

Fuente: El Financiero.

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Los alimentos son el grupo de genéricos que más se ha encarecido en los meses recientes, golpeando particularmente el poder adquisitivo y la seguridad alimentaria de los hogares más pobres de México. 

En el cuarto mes del 2022, la inflación general anualizada se ubicó en 7.68%, un nivel ligeramente por debajo de lo que esperan los analistas y los mercados. Pese a la positiva sorpresa, el nivel de inflación está significativamente por encima de lo que el Banco de México se ha propuesto como meta (3% +/- un punto porcentual).

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Y justamente son los productos agropecuarios y los alimentos procesados, bebidas y comidas fuera del hogar los rubros en los que el índice de precios ya crece a doble dígito, de acuerdo con los registros del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

De modo que el costo monetario de estas cestas de alimentos básicos en la dieta de la población mexicana se ha disparado de manera importante.

Durante abril del 2022, la canasta alimentaria en las regiones urbanas registró un incremento de precio de 12.4%, de acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). En las viviendas ubicadas en regiones rurales, la cesta de alimentos básica se encareció 13.3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Estos niveles de incremento interanual en el costo monetario de la canasta alimentaria son ligeramente más bajos que los presentados el mes previo, sin embargo, todavía se encuentran por encima de la inflación general.

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En términos absolutos, sólo para pagar la comida de una sola persona en zonas urbanas se necesitan 1,979 pesos cada mes y para zonas rurales son necesarios 1,522 pesos mensuales, de acuerdo con las estimaciones del Coneval.

Para contener el impacto del incremento generalizado en los precios, la administración de Andrés Manuel López Obrador presentó el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), que con la participación de la iniciativa privada y acciones de producción y reducción de costos busca garantizar un precio «justo» en 24 productos. 

En México y el mundo la inflación se ha convertido en una de las preocupaciones principales en términos económicos y sociales. La escasez de materias primas, la turbulencia en cadenas globales de suministro, las alteraciones en los mercados laborales y la lenta recuperación pospandémica han llevado a los precios de los alimentos en el mundo a alcanzar sus niveles máximos históricos.

Fuente: El Economista.

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Con el objetivo de atender asuntos relacionados con las alertas de viaje a México, el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno mexicano, Miguel Torruco, se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rena Bitter.

En un comunicado, Torruco calificó el encuentro, llevado a cabo en Washington, “como una oportunidad para sugerir que las alertas de viaje” emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos “detallen las zonas que pudieran representar problemas y no generalicen”.

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Ya que, dijo, “algunos casos aislados de inseguridad se encuentran a varios kilómetros de los destinos turísticos”.

El funcionario mexicano señaló que la reunión fue cordial y “encontró apertura y disposición para atender la sugerencia”, esto gracias al apoyo de la Embajada de México en Estados Unidos, a cargo de Esteban Moctezuma.

Por su parte, Bitte recordó que México, por varios motivos, es el principal destino de los estadounidenses, y recibió con amistad y cordialidad la sugerencia de Torruco.

Desde que la violencia y seguridad comenzaron a aumentar en México en los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido en distintas oportunidades alertas de viaje para los estadounidenses que deseen viajar a regiones de México que, según sus evaluaciones, son un foco rojo por los niveles de violencia e inseguridad.

Por otra parte, el secretario de Turismo de México habló del incremento en el número de turistas estadounidenses que visitan México.

Precisó que, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante el primer trimestre del año, la llegada de estadounidenses vía aérea alcanzó 3.18 millones de turistas, lo que significó 101.2 por ciento más respecto al mismo periodo de 2021.

La cifra también superó en 14.1 por ciento las llegadas de estadounidenses captadas en el primer trimestre de 2019, cuando llegaron 2.79 millones de turistas estadounidenses por vía aérea.

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En la reunión, Torruco entregó un documento en que se detallan las acciones implementadas por las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad de los turistas en el estado de Quintana Roo, Caribe mexicano.

El funcionario salió así al paso de la reciente alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que señala que los homicidios, secuestros y robos son “comunes” en gran parte de México.

La pasada semana dos personas fallecieron y al menos siete resultaron heridas en un par de ataques armados en una zona de bares en Cancún, uno de los principales polos turísticos, ubicado en el suroriental estado mexicano de Quintana Roo.

Fuente: El Financiero.

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