México ya había prohibido el maíz transgénico. En diciembre del 2020 un decreto presidencial estableció que el país dejaría de importar todo maíz transgénico para el 2024. El nuevo decreto presidencial lo sustituye y es más específico: el maíz transgénico se seguirá importando para algunos casos por otro año más, y hasta indefinidamente para uso industrial para producción de artículos.

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El debate por el maíz transgénico y por el glifosato ha sido uno muy, muy largo. No solo es uno de alcances científicos, sino que tiene un entramado muy completo de motivaciones económicas, políticas y empresariales. En el lado científico, no hay evidencia alguna que sugiera que el maíz transgénico es perjudicial para la salud, pero la postura oficialista del Conacyt ha sido en su contra porque, a decir de su titular, María Elena Álvarez Buylla, los transgénicos atentan contra los conocimientos ancestrales de comunidades en México que han desarrollado variedades de maíz que solo existen en nuestro país.

El argumento es uno más cultural que de salud: el uso de transgénicos puede hacer que variedades producidas en México queden desplazadas, según sugieren estudios tempranos. Otras voces desde el Cinvestav y la UNAM han llamado a «no satanizar» a los transgénicos.

La batalla por el glifosato

Por otro lado está el tema, quizás más enrevesado, del glifosato. El pesticida ha sido sujeto de titulares a lo largo de todo el mundo por su posible involucramiento en esquemas de corrupción por parte de su creador, la empresa Monsanto, y sus posibles afecciones a seres humanos. El glifosato sí podría causar cáncer según la lista de agentes posiblemente cancerígenos de la OMS, pero la evidencia hasta ahora no ha permitido establecer una relación causal certera; de ahí que la OMS no tiene al glifosato entre la lista de agentes que sí causan cáncer.

El glifosato pertenece al grupo 2A en la clasificación de la OMS, la lista de agentes probablemente carcinógenos. En la lista también están la carne roja, las frituras y las exposiciones a químicos que tiene quien trabaja en una estética.

El glifosato ha sido visto con malos ojos desde que empezaron a surgir las primeras asociaciones con enfermedades, a pesar de que la evidencia científica no esté completa hasta ahora. En su momento, el divulgador de ciencia Mauricio Schwarz dijo que el uso de glifosato sí puede provocar que se le encuentre en alimentos humanos (como aquel caso célebre de Maseca), pero dijo también que no debería sorprender puesto que las proporciones son muy pequeñas y los mecanismos de detección que científicos utilizan hoy en día son cada vez más finos. La ingesta de glifosato está regulada en algunos países. En Estados Unidos el límite de ingesta permitida es de .5 miligramos.

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El glifosato es un pesticida que suele usarse con maíz transgénico que ha sido modificado genéticamente para ser resistente a sus efectos. La combinación tiene como resultado la producción masiva de maíz en ciertas zonas.

México no tiene regulada la ingesta de glifosato y tampoco tiene la capacidad para hacer muestreos probabilísticos a alimentos que utilizan transgénicos para corroborar los niveles de presencia del pesticida. Bajo ese panorama su veto es la opción más conservadora, pero también la más segura dada la falta de evidencia científica y el estatus del glifosato como posible carcinógeno. El tema del maíz transgénico es distinto porque no hay ninguna evidencia que si quiera sugiera que su uso tiene daños directos a la salud, sino que los argumentos en su contra no provienen de la ciencia.

Lo que sigue

De cualquier forma, la decisión en México está tomada. Los permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado y su uso para alimentación humana ya no serán otorgados y los que fueron dados serán revocados. El maíz genéticamente modificado para uso industrial sí se seguirá permitiendo, pero se han puesto en marcha acciones para sustituirle por completo antes del 31 de enero de 2024.

En este mismo período también se podrá usar maíz genéticamente modificado para alimentación animal, siempre y cuando su uso no genere productos destinados a la alimentación humana. Después del 31 de enero de 2024 el maíz transgénico podrá seguirse usando en la cadena de producción de otros productos, como cosméticos, textiles, calzado, papel y otros.

Fuente: Xataka

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Han transcurrido más de dos años del inicio de la pandemia de COVID-19 y el virus que produce la enfermedad continúa propagándose, como en China y ahora en Corea del Norte, donde se impusieron estrictas medidas de aislamiento.

Además de tener un repunte de casos, Estados Unidos se convirtió oficialmente en el primer país del mundo en reconocer un millón de muertos por coronavirus.

“(…) alcanzamos un trágico hito: un millón de vidas estadounidenses perdidas por el COVID-19″, lamentó el presidente Joe Biden, quien pidió mantenerse ‘vigilantes’ frente a la pandemia y hacer ‘todo lo posible’ para salvar vidas.

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La impactante portada a doble página del domingo en la edición impresa de The New York Times lo dimensionó en su titular: “Un millón. El dolor inconmensurable de una nación”.

De acuerdo con el influyente diario, en dos años “han muerto más estadounidenses de COVID-19 que en dos décadas de accidentes automovilísticos o en campos de batalla en todas las guerras del país combinadas”.

Aun cuando “un millón de muertos es un número impresionante, incluso para un país del tamaño de Estados Unidos, el número real es casi con seguridad mayor debido a la subestimación” de casos, apuntó el NYT.

EU es el país con más víctimas mortales por la pandemia, seguido de Brasil, India, Rusia y México, que a su vez mantiene el poco honroso primer lugar en letalidad.

México tiene el número más alto de muertes (5.6) por cada 100 casos confirmados de covid y es sexto del mundo en defunciones (254) por cada 100 mil habitantes.

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En paralelo a EU, Europa rebasó los dos millones de muertos por coronavirus, según la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud:

“Se ha alcanzado un hito macabro al confirmarse que las muertes por COVID-19 en los (53) países de la región europea han sobrepasado los dos millones”,

informó el organismo de Naciones Unidas en un comunicado.

Un informe reciente de la OMS concluyó que el número de fallecidos por la pandemia fue subestimado y que el total en el mundo se eleva a 14.9 millones, contra los casi 6.3 millones notificados oficialmente.

Los 14.9 millones representan el punto medio entre un mínimo de 13.3 millones y un máximo de 16.6 millones de decesos contabilizados del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

La OMS estimó que en México se registra un exceso de mortalidad por covid de 626 mil personas, cerca del doble de las casi 325 mil defunciones documentadas por las autoridades federales de Salud.

El organismo considera que en nuestro país hubo entre un mínimo de 611 mil y un máximo de 640 mil muertes en exceso por la pandemia.

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Las cifras incluyen personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas de salud e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia, según se desprende del informe sobre exceso de mortalidad global publicado por la OMS hace dos semanas.

Oficialmente, el exceso de mortalidad en México es de 726 mil defunciones desde 2020, de las cuales el 67.9 por ciento (493 mil) se asocia a covid-19.

Parafraseando al NYT, ¿cómo México perdió más de 700 mil personas? Aun ‘controlada’, covid se convirtió en la primera causa de muerte en el país.

A pesar de las mayores tasas de vacunación, la pandemia continúa afectando no sólo la salud de millones de personas, sino también la economía a nivel global.

En semanas recientes, el repunte de contagios en China llevó a su gobierno a adoptar medidas de confinamiento en varias provincias y ciudades importantes, como parte de la severa política de ‘cero COVID’.

Los controles en megaciudades como Shanghái, que tiene un potente centro financiero y uno de los puertos más activos del mundo, ya le cobraron factura a la economía china.

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En abril las ventas minoristas en el gigante asiático se desplomaron 11.1 por ciento respecto a igual mes del año anterior, mientras que la producción industrial se contrajo 2.9 por ciento en el mismo periodo comparable.

Ambos indicadores anticipan una desaceleración de la actividad económica en China durante el segundo trimestre del año.

Dada la importancia de China en los suministros y sus vínculos con otras economías grandes, como la estadounidense, ya se advierten impactos sobre la actividad de EU, que de por sí corre el riesgo de entrar en recesión el próximo año.

Fuente: El Financiero.

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El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

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Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

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Aunque México ya avaló sanitariamente el uso de la vacuna Pfizer para menores de entre 5 y 11 años contra la COVID-19 no cuenta con el abasto del biológico para comenzar la inmunización a más de 11 millones de niños en este grupo poblacional. El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, informo este miércoles que México no está en el listado de los países que este año recibirán vacunas pediátricas de Pfizer a través del mecanismo Covax. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha asegurado que se están evaluando todas las alternativas para los menores, desde la compra directa con la farmacéutica hasta la autorización de la vacuna cubana Abdala.

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Para este año, el mecanismo Covax solo ofrece vacunas pediátricas de Pfizer contra la covid-19 a los países a los que proporciona apoyo, que son 10, y México no está entre ellos al ser una nación autofinanciable, informó Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Realizar un nuevo acuerdo comercial entre México y Covax sería la opción ideal para que las vacunas pediátricas de Pfizer contra COVID-19 lleguen en próximos meses y se pueda llevar a cabo una campaña de vacunación para niños”, señaló Barbosa.

“Creo que la intención de México de vacunar también a los adolescentes y niños es importante, porque después que se complete la estrategia de vacunar a los adultos mayores y a todas las personas, se debe empezar a los niños definitivamente. Y es muy importante emplear la posibilidad de más vacunas autorizadas para niñas y niños”,

añadió. El directivo añadió que al país solo le faltan recibir 15 millones de vacunas de AztraZeneca a través del mecanismo Covax. A la fecha, a través de este esquema se han distribuido a México más de 24 millones de dosis contra el virus.

El subsecretario Hugo López-Gatell declaró este martes que consultaron con la farmacéutica Pfizer si podrían abastecerlos de dosis para los menores de 5 a 11 años –debido a que se requieren cantidades específicas del biológico para este grupo de edad—a lo que la compañía ha contestado que es posible tras la celebración de un contrato a partir del segundo semestre de 2022.

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Además, añadió el funcionario, se está explorando la posibilidad de autorizar la vacuna Abdala de origen cubano, tanto en adultos y niños. “Cuba ha alcanzado coberturas arriba del 96% de toda su población, ellos incluyen niños desde los dos años de vida. Nosotros en este momento no estamos considerando dos a cinco años, solamente de 5 a 11, pero la vacuna Abdala podría ser una excelente opción”, zanjó. Respecto al uso de la vacuna Abdala, Barbosa mencionó que aún no cuenta con la autorización de uso de emergencia por parte de la OMS, pero ya se trabaja en el proceso.

Andreu Comas, doctor y académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advierte de que el biológico Sinovac solo demostró un 38% de efectividad en menores, mientras que la dosis de la vacuna Abdala no fueron en menores. Por lo que respecta a Pfizer, el investigador pronostica que la negociación directa con la farmacéutica implicará, al menos, dos a cuatro meses. “Lo más seguro es que no vaya a haber vacuna Pfizer, entonces, las autoridades van a intentar justificar el empleo de Abdala o Sinovac”, prevé Comas.

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó desde marzo pasado la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para niños a partir de los 5 años, sin embargo, el Gobierno federal no ha incluido a estos menores en su Plan Nacional de Vacunación. Colectivos de padres de familia han hecho hincapié en la necesidad de que se proteja con la vacuna a menores de edad para alcanzar la inmunidad de rebaño y evitar fallecimientos o afectaciones en niños y adolescentes.

Desde el inicio de la pandemia, la vacunación de menores no ha sido una prioridad para el Gobierno federal al considerar que no son una población en riesgo. Al 17 de abril, México acumula 97.177 menores contagiados de coronavirus y 957 defunciones debido a la enfermedad. El 55% de los casos confirmados se registró en niños de 12 a 17 años, un 25% en menores de 6 a 11 años y el resto en menores de 0 a 5 años, de acuerdo con las cifras gubernamentales.

Fuente: El País.

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La nacionalización del litio en Bolivia ocurrió en 2008, dos años después de que Evo Morales se convirtiera en presidente. Aunque su industria debiera estar establecida siete años después, en pleno 2022 Bolivia no es un competidor en el mercado mundial de baterías de litio. En el camino se ha topado con obstáculos de todo tipo, desde falta de recursos, personal poco capacitado, desencuentros políticos e incapacidad tecnológica.

Ahora, el nuevo estimado oficial es que Bolivia por fin tenga una producción industrial de baterías para 2024 o 2025, diez años más tarde de lo inicialmente planeado.

Bolivia, rico en litio

Bolivia pertenece al «triángulo del litio», la zona geográfica compuesta por Argentina, Chile y el mismo Bolivia, en que se estima esté el 85% del litio del planeta. El Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que en Bolivia hay 21 millones de toneladas métricas de litio, lo que le colocaría como el país con más litio del mundo.

A Bolivia le siguen Argentina con estimación de 19 millones de toneladas, Chile con 9, Estados Unidos con 6.8 y Australia con 6.3. A México se le estiman 1.7 millones.El litio es un metal muy ligero y poco denso que tiene usos en industria farmacéutica, aeronáutica y, principalmente, en baterías para dispositivos de tecnología de consumo y autos eléctricos

Dada la enorme cantidad del litio en suelo bolivariano es fácil entender que su explotación se haya convertido en una misión cuya esperanza era sacar de la pobreza al país. El proceso lo detalla la especialista en relaciones internacionales, Agustina Sánchez, en un artículo publicado por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. En él se lee que el proceso de explotación nacionalista de las gigantescas reservas que están en las salmueras del Salar Uyuni, comenzó en 2008 con la Ley Número 3720.

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Ese mismo año se aprobó el Proyecto de Desarrollo Integral de Salmueras del Salar Uyuni y la puesta en marcha de una planta piloto para el procesamiento del litio. Una nueva constitución fue aprobada en 2009 en la que se incluyó que todos los recursos naturales del país serían considerados a partir de ese momento de interés público y carácter estratégico.

En papel el avance fue pronto, en la práctica no lo fue tanto. Cinco años después de la entrada en vigor de la ley, en enero de 2013, fue creada la Planta Piloto de Carbonato de Litio. Tomó otros largos cuatro años que se creara la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB por sus siglas), la responsable de toda la cadena de productiva del litio.

Diez años después de la nacionalización pareciera que Bolivia se dio cuenta de que la tarea era tan titánica que necesitaba de alianzas comerciales, así que Evo Morales anunció que sí permitiría la iniciativa privada en el proyecto del litio, siempre y cuando la administración y explotación corrieran mayoritariamente a cargo del gobierno.

Así, en 2018, Morales terminó por firmar con la empresa alemana ACI Systems, en un acuerdo que incluía que la empresa dotara de tecnología y financiamiento para la primera planta de producción de materiales catódicos. El que parece que sería el plan definitivo tuvo un nuevo contratiempo cuando Evo Morales dejó la presidencia en noviembre de 2019.

La carrera contra el tiempo de Bolivia

Evo Morales acusó que su salida se debía a un «golpe de litio«, por el que empresas extranjeras interesadas en el mineral habrían confabulado para expulsarlo como mandatario. Luego, el propio ex presidente de YLB, Juan Carlos Zuleta, dijo en una entrevista con DW que la producción de la fábrica creada con ACI Systems era limitada principalmente porque el proyecto «se encomendó a personas que no tenían conocimiento ni experiencia«.

En sus palabras «se usó tecnología inapropiada para las condiciones climáticas del Salar de Uyuni«, lugar en donde están los depósitos más grandes de litio de Bolivia, y criticó abiertamente el acuerdo por ser uno «entreguista«, con todo y que Bolivia conservara el 51% de la producción.

Justo antes de su salida el trato con ACI Systems fue paralizado por el propio Morales. Sin embargo, un informe del gobierno de Bolivia detalló que para 2020 en la planta de inversión mixta ya se producían 6,000 baterías al año. El número es uno insuficiente para colocar a Bolivia como vendedor internacional de baterías, pero la apuesta seguirá siendo por el proyecto con inversión extranjera; el actual presidente, Luis Arce, anunció en 2021 que Bolivia retomaría conversaciones con Alemania con miras en que por fin el país pudiera escalar la producción y comercializar baterías.

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Con ese proyecto, que pareciera sería el definitivo de una vez por todas, el plan es que Bolivia produzca baterías a nivel industrial en otros dos o tres años más. Si el plan funciona a la perfección Bolivia será un competidor real en la venta de baterías hasta 2024 o 2025, según su propio viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez.

El caso es que, entre tensiones, indecisiones políticas y señalamientos de personal poco preparado, Bolivia lleva 14 años desde la nacionalización del litio y sigue sin ser un competidor en el mercado de baterías. El problema es que, en tanto pase más tiempo, el futuro de las baterías ion-litio se pronostica más incierto. Bolivia ya produce industrialmente carbonato de litio, cloruro de potasio y sulfato de potasio, pero no baterías de iones-litio, un mercado que se estimó en 7,000 millones de dólares en 2018 y se prevé aumente a 58,000 millones de dólares para 2024, según la Organización de las Naciones Unidas.

Incluso si el pronóstico más halagüeño se cumple, Bolivia definitivamente se habrá perdido de la ventana de crecimiento del mercado de baterías de litio.

Después del 2024 el futuro del mercado de baterías de litio es todavía más difícil de pronosticar, cuanto más si se considera que varios fabricantes dicen tener desarrollos de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos. Entre las ventajas de la nueva tecnología tras baterías está el que son más baratas de producir y por tanto reducirían también los costos de los autos eléctricos.

Mientras el futuro no se ve claro, el pastel de las baterías es de alguien más. El país que más produce litio en el planeta no es Bolivia o ningún otro país sudamericano, sino Australia, el quinto lugar en reservas de litio. Solo en 2019 sus exportaciones fueron de casi 1,600 millones de dólares y la gran mayoría se destina a China. En toneladas, Australia produjo 40,000 toneladas métricas en 2020 mientras que Bolivia no figura en los primeros siete países, según cifras de statista.

YLB en su momento firmó para crear otra planta con China. La planta fue acusada de construirse con sobreprecio y el entonces gerente de YLB se vio obligado a renunciar

México puede aprender del camino de Bolivia

México tiene una serie de ventajas que Bolivia no. Bolivia es un país de 12 millones de habitantes en el que, según dijo a The New York Times Robert Mintak, director ejecutivo de la empresa especializada en litio, Standar Lithium, no hay mano de obra, tiene muchos riesgos políticos y al no contar con salidas al mar se dificultan las tareas de exportación.

México es solvente en varios de esos temas. Esencialmente comparte con Bolivia los problemas de capacidad tecnológica y procesamiento e industrialización del litio. Si México cierra alianzas estratégicas en esos temas podría aventajar los diez años que le tomó a Bolivia cerrar esos acuerdos. El principio no es diferente. México carece de las tecnologías necesarias para el procesamiento del litio y el problema se ve acentuado con un detalle técnico: en México el litio encontrado en la mina de Sonora es uno mezclado con arcilla, lo que vuelve al proceso particularmente complejo.

La propia ex-secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró en octubre del 2020, cuanto todavía ocupaba el cargo, que el proceso para extraer litio en México «no es eficiente«, principalmente porque el litio encontrado en la mina de Sonora está mezclado con arcilla. La declaración coincidió con que el presidente dijera, también en 2020, que en México no se preveía que el gobierno explotara el litio porque sería un proceso muy caro. «Esto tendrá que hacerse con la participación de la iniciativa privada porque requiere de presupuesto«, dijo.

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No queda claro qué ha pasado en el camino para que, dos años después, las decisiones sobre el litio sean totalmente otras. Tampoco queda claro si, tal y como está escrita la ley minera, habría espacio suficiente para cerrar acuerdos de colaboración con empresas extranjeras tal y como ocurrió en Bolivia, siempre que se mantuviese la participación mayoritaria del estado. Si fuera así el caso, cierto es que México todavía enfrentaría el reto de generar alianzas transparentes para no tener cuestionamientos relacionados con incapacidad técnica de las empresas (al estilo de lo que pasó con ACI Systems) o sobreprecios (al estilo de lo que pasó entre Bolivia y China).

De una u otra forma, México tiene una carrera contra reloj que hace palidecer la que tiene Bolivia. El país sudamericano ya tiene convenios con empresas extranjeras y ha reconocido que su capacidad técnica no es suficiente para generar una industria del litio. Tras la nacionalización en México habrá que esperar si ese reconocimiento ocurrirá pronto o si hasta en ello el caso de Bolivia será profeta.

Fuente: Xataka.

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La reforma, que causó mucha preocupación tanto entre empresas como en el gobierno de Estados Unidos, habría anulado gran parte de la apertura del mercado en la generación de energía llevada a cabo por su predecesor en 2013.

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La derrota podría polarizar aún más el ambiente político a dos años y medio del fin de la administración de López Obrador y cuando los actores políticos ya miran a las elecciones locales que se celebrarán en algunos estados este verano y, sobre todo, a las presidenciales de 2024.

En los comicios de mitad de mandato de 2021 el partido oficialista Morena y sus aliados -el Partido del Trabajo y el Partido Verde- perdieron terreno en el Congreso y aunque mantuvieron una mayoría de escaños no conservaron la suficiente para garantizar cambios constitucionales (dos tercios de la cámara).

Por eso algunos analistas temen que se endurezcan los ataques contra opositores pero también contra autoridades electorales y judiciales. El mismo lunes el mandatario arremetió contra quienes consideró “traidores” -un calificativo que también usó el domingo la oposición para referirse a los oficialistas- y dijo que las empresas extranjeras “compraron a los legisladores”.

López Obrador sostiene que cuando se aprobó la reforma que liberalizó el mercado en 2013 hubo sobornos a diputados, acusación que los parlamentarios niegan pero que está actualmente bajo investigación en la fiscalía federal.

La actual “contrarreforma” -como la definieron algunos- buscaba garantizar al Estado la generación de al menos 54% de la electricidad que necesita el mercado, es decir, dar ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural.

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Sus detractores aseguraban que esto violaba la libre competencia y acuerdos internacionales suscritos por México.

Después de más de 12 horas de debate el domingo, la coalición oficialista consiguió 275 votos de los 332 que se necesitaban. Un total de 223 diputados votaron en contra.

“El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo de la nación… se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar”, sostuvo López Obrador. “Y estos diputados los respaldaron, a los saqueadores”.

Ana Vanessa Cárdenas Zanatta, profesora de ciencias políticas en las universidades Tecnológico de Monterrey y Anáhuac, aseguró que la votación marcó el primer revés legislativo que ha sufrido el mandatario desde que asumió el cargo a fines de 2018 y muestra de ello fue que el lunes en su conferencia matutina “no pudo disimular que está muy enojado”.

La derrota política es especialmente simbólica porque era un asunto con el que el mandatario se arriesgó “a poner en entredicho nuestra relación con los Estados Unidos” y enfrentarse a muchos grupos de poder económico, agregó la académica.

López Obrador siempre dijo que la liberalización del mercado abrió las puertas a la privatización de la estatal Comisión Federal de Electricidad y que legalizó contratos, a su juicio, fraudulentos que habían beneficiado en exceso a compañías extranjeras.

La actual Ley de la Industria Eléctrica, modificada en 2021 en la misma línea de la reforma constitucional, está recurrida en los tribunales porque, entre otros puntos, prevé la revisión o anulación de contratos ya firmados. Sin embargo, sigue en vigor y no se descartan más litigios en torno a ella.

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El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, unidos en la coalición opositora “Va por México”, tenían previsto presentar un nuevo texto para intentar llegar a algún consenso, pero el entendimiento se prevé complicado.

Para el analista político José Antonio Crespo el presidente fue víctima de uno de sus principales problemas: preferir la polarización al diálogo.

“Para él sentarse a negociar con la oposición es traición a la causa porque él está acostumbrado a que se hagan las cosas como él dice o no se hacen”, explicó Crespo. “Creo que eso le va perjudicar a esta segunda mitad, porque ya no tienen las mayorías para imponer su voluntad”.

Dado que la reforma constitucional fue bloqueada, el presidente envió el mismo domingo a la Cámara una propuesta de ley ordinaria para garantizar un punto esencial del fallido proyecto: nacionalizar el litio.

De momento sólo hay una mina de este estratégico mineral en México en manos de una empresa china que podría tener cerca el inicio de su producción. Pero si sale adelante la nueva iniciativa -para la que el oficialismo y sus aliados sí tienen votos suficientes- el gobierno podría asumir su explotación.

“Este fin de sexenio va a ser muy, muy duro, muy tirante, muy forzado, muy riesgoso”, agregó Crespo. “Nunca había visto yo este nivel de polarización, sobre todo fomentado desde arriba”.

Fuente: Los Angeles Times.

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Aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó desde marzo pasado la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para niños a partir de los 5 años, la Secretaría de Salud federal todavía no incluye a estos menores en su estrategia nacional de vacunación contra el coronavirus. En el portal de la Cofepris se estipula que para este segmento de la población la dosis y composición del biológico será diferente al aprobado para los mayores de 12 años. Hasta ahora, la vacuna se aplica en adolescentes sin importar su estado de salud a partir de los 15 años y en menores de 12 años con padecimientos preexistentes como afecciones cardiacas, pulmonares, neurológicas, entre otras.

El infectólogo Alejandro Macias explica que pese a que la Cofepris es la instancia encargada de emitir las autorizaciones emergentes o definitivas con base en su comité de moléculas nuevas, sin embargo, está recomendación no es vinculante, es decir, no obliga a que el Gobierno tenga que utilizar el biológico.

“En el caso de México, una vacuna se tiene que analizar por un Consejo Nacional de Vacunación y ellos analizan la pertinencia y se le propone a la instancia correspondiente que establecerá también si el costo y los beneficios son los suficientes. Desde luego que hay una tendencia internacional a que se vacunen jóvenes y niños una vez que se alcanzan la vacunación en adultos y, por otro lado, es evidente que no vamos a alcanzar una buena inmunidad de grupo si no los vacunamos”

comenta.

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Andreu Comas, doctor y académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advierte de que México tiene un rezago de más de siete meses en la inmunización infantil en comparación a otros países.

“México no ha comprado más vacunas, ahorita las vacunas que está aplicando son las que le sobraron del año pasado o las que tiene del mecanismo de Covax, pero hoy por hoy, los amparos que se han ganado para inmunizar menores la respuesta es que no hay vacunas”,

comenta el investigador.

El especialista explica que seguramente fue la farmacéutica, en este caso Pfizer, la encargada de iniciar el trámite ante la Cofepris para obtener el aval como uso de emergencia. “Cofepris tiene que cumplir los tiempos y, al final de cuenta, cómo iba a justificar que no lo autorizaba, no tenía motivos para negar la vacuna”, detalla Comas. Sin embargo, aunque la autorización se concretó y publicó en su portal de internet, la difusión fue omisa por parte de las autoridades sanitarias.

Desde el inicio de la pandemia, la vacunación de menores fue un punto de quiebre en la estrategia del Gobierno de López Obrador ante la crisis sanitaria. Las autoridades federales argumentaban que los menores no eran población de riesgo y por ende, no entraban dentro de las prioridades de vacunación. No obstante, las cifras oficiales dan cuenta de alzas de contagios y defunciones de niños y adolescentes en los picos de la pandemia. A la fecha, México acumula 96.966 menores contagiados y 949 defunciones, de acuerdo con las estadísticas.

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Mientras en México este segmento sigue sin ser incluido en el plan nacional de vacunación, otros países como Chile, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay y Estados Unidos ya se encuentran vacunando a niñas y niños, en algunos de ellos desde los 2 años de edad. En el país, Gobiernos como Nuevo León o Coahuila han optado por hacer viajes transfronterizos para vacunar a los menores de 5 a 15 años con el biológico de Pfizer en Estados Unidos, solo de Coahuila se han vacunado 38.000 niños en estas caravanas de vacunación.

Colectivos de padres de familia han hecho hincapié en la necesidad de que se proteja con la vacuna a menores de edad para alcanzar la inmunidad de rebaño y evitar fallecimientos o afectaciones en niños y adolescentes. La Asociación Mexicana de Pediatría, en conjunto con otros organismos, abogó por escrito este lunes por la inmunización de niños de 5 a 11 años, refiriendo que el coronavirus ya es la principal causa de muerte infantil en el país. “Los eventos supuestamente atribuibles a vacunación graves en población pediátrica son poco frecuentes, teniendo un balance positivo en cuanto al riesgo-beneficio para reducir las muertes y hospitalizaciones por covid”, indica el comunicado.

La abogada Alma Franco, una de las madres de familia que presentó un amparo para lograr la inmunización de su hijo, critica la opacidad con la que se ha manejado la información por parte del Gobierno de López Obrador. Para Franco, la resistencia de la Administración a incluir a este grupo de la población en su estrategia inmunización tiene un trasfondo económico. “No sabemos cómo les va a ir a nuestros niños con este virus. Están minimizando las muertes de menores por covid, no sé que le pasa a nuestro presidente”, comenta.

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Durante la conferencia de este martes en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell no dio seña sobre los menores, pero sí celebró que el país registra 10 semanas consecutivas a la baja de contagios, así como el elevado porcentaje de adultos inmunizados: “La cobertura de vacunación se ha quedado en 90% en promedio nacional y en jóvenes, personas menores de edad, de 14 a 17 años, la cobertura es del 54%”, declaró. Casi 86 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis del biológico.

López-Gatell insistió en invitar al público en general para que participen en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, Patria, que desarrolla el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). “Para la persona que participe en el ensayo clínico hay un beneficio directo en que durante todo un año estará en observación médica, recibiendo una serie de evaluaciones que son de importancia adicional a la evaluación de la inmunidad provocada por las vacunas”, dijo.

Para las autoridades sanitarias México es un país en verde, basta con mostrar el mapa de la República y las cifras de contagios y defunciones a la baja. Sin embargo, para los padres de menores de edad, la inmunización de sus hijos es un asunto todavía en el tintero que solo requiere de la voluntad del Gobierno para ponerse en marcha.

Fuente: El País.

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El bloque opositor Va Por México alista denuncias en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el titular de la Guardia Nacional, el comandante Luis Rodríguez Bucio, por el probable uso de recursos públicos para realizar promoción de la revocación de mandato.

Ambos funcionarios acudieron el fin de semana a Coahuila y a Sonora, en donde participaron en eventos públicos supuestamente sobre la reforma eléctrica, pero en los que se promocionó el proceso de revocación del 10 de abril.

En esos eventos estuvieron otros servidores públicos, como el gobernador de Sonora, Arturo Durazo.

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Pero según fotografías que fueron difundidas en redes sociales tras su participación, los funcionarios se habrían trasladado en una aeronave de la Guardia Nacional, es decir, se movilizaron a actos partidistas con uso de recursos públicos.

Los eventos fueron organizados por Morena, cuyo líder, Mario Delgado, viajó en la aeronave, lo que también sería irregular. Por esos hechos el Partido Acción Nacional (PAN) ya presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE)

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Acompañado por los dirigentes del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió: “el PAN presentó una queja ante el INE y lo que hemos platicado los dirigentes es que en breve presentaremos todas las denuncias correspondientes por este lamentable hecho”.

Los tres cuestionaron no sólo la probable irregularidad de haber destinado recursos públicos sino que, siendo secretario de Gobernación, Adán Augusto López no contribuye a generar condiciones de gobernabilidad.

Es “absolutamente reprobable la actitud del secretario de Gobernación, está rompiendo el orden constitucional y desviando recursos públicos al usar el avión de la Guardia Nacional para hacer proselitismo”, señalaron.

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Pero además, dijo el panista, “se cae en pedazos la narrativa de la austeridad. Por un lado se dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda en vuelo comercial, pero por otro vemos al segundo a bordo, el de Segob y a sus cercanos, en los aviones oficiales del gobierno”.

Zambrano planteó que Morena ya ha hecho regresar el régimen de partido de Estado y lo grave es “la incursión de las fuerzas armadas en política partidizando su participación con la presencia del comandante en situación de retiro militar, y está ahí claramente con traje de militar y esto significa un paso muy peligroso en la militarización creciente”.

El priista Moreno Cárdenas acusó que los servidores públicos no pueden estar “de porristas de Morena para su pretendida revocación”, por lo que serán denunciados.

Fuente: Expansión.

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La venta ilegal de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se concentra en Ciudad de México y Estado de México, revelaron las principales asociaciones de empresas distribuidoras en el país.

El robo del combustible utilizado en 80% de los hogares mexicanos representa una comercialización ilícita de al menos 60.000 toneladas mensuales, de las cuales, 44.000 se venden en ambas entidades de la Zona Metropolitana, comentó el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, Carlos Serrano, durante una reunión virtual con medios de comunicación.

“En la Ciudad de México y Estado de México, precisamente, es donde está el gran mercado de consumo y está cercano a los puntos de tomas clandestinas que facilitan esa logística”,

declaró.

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El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), Luis Landeros, dijo que han discutido el tema con jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobiernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, además de sus equipos de seguridad, incluso con la Guardia Nacional, pero el problema ha crecido y requiere estrategias específicas para su combate.

Con 25 millones de habitante, la Zona metropolitana del Valle de México consume 251.000 toneladas mensuales de Gas LP aproximadamente, dijo el directivo a Bloomberg Línea durante el evento.

El 94% del robo, fenómeno conocido como ‘huachigas’, ocurre principalmente en las entidades de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México mediante ordeñas ilegales a los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

México registró 2.187 tomas clandestinas de GLP durante 2021, un crecimiento de 1.000% comparado con 2018, después de que comenzó la estrategia contra el robo de gasolina y diésel en ductos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual redujo las tomas clandestinas de combustibles vehiculares en 27%.

Serrano Farrera expresó que el robo de Gas LP significa una pérdida aproximada de MXN$1.100 millones mensuales para las arcas públicas que no pagan impuestos, una cifra en línea con lo que ha reportado desde 2018, a pesar del aumento de tomas clandestinas, pero aclaró que la cantidad que sustraen se ha reducido porque el tiempo de respuesta de las autoridades para cortar el flujo de petrolíferos y clausurarlas es más rápido.

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El gobierno y Pemex crearon una Gas Bienestar, una empresa estatal que busca aliviar la demanda en zonas sin competencia en la Zona Metropolitana inicialmente. Serrano solo dijo que su contribución es positiva para el mercado.

El sector gasolinero estimó que existen entre 5.000 y 8,000 pipas distribuidoras circulan todos los días en la Zona Metropolitana sin registro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero no tiene información de cuántas comercializan el combustible robado.

Con el problema focalizado en el principal mercado de consumo del país, las asociaciones distribuidoras pidieron a las autoridades que se verifiquen los equipos de reparto y haya inspecciones también a las plantas donde rellenan el combustible para verificar que el gas no provenga de puntos clandestinos de relleno, mencionó Landeros.

Fuente: Bloomberg en línea.

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México mantendría sus exportaciones de crudo en alrededor de 1 millón de barriles diarios para aprovechar el reciente repunte de los precios, retrasando temporalmente el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducirlas a la mitad como parte de su objetivo de autosuficiencia energética, dijo una persona con conocimiento directo de la situación.

El Gobierno está revisando cómo usar los excedentes de un repunte en los precios internacionales del crudo para subsidiar los crecientes costos de la gasolina en el país, lo que probablemente retrasará su compromiso de reducir drásticamente las exportaciones, según la persona.

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En diciembre, López Obrador dijo que la petrolera estatal Pemex reducirá significativamente sus envíos al extranjero en más de la mitad a 435.000 barriles por día este año para que la compañía pueda refinar suficiente crudo en México de modo que eventualmente pueda eliminar las importaciones de combustible.

Las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos, como se conoce formalmente a la empresa, ya se redujeron a 832.000 barriles por día en enero desde un promedio de 1,02 millones durante 2021.

Sin embargo, el presidente a principios de este mes insinuó algunos inconvenientes en su estrategia, que habría puesto fin a todas las exportaciones de petróleo para el próximo año, diciendo que los precios más altos del crudo resultantes de la invasión rusa a Ucrania se utilizarían para compensar el costo de las crecientes importaciones de combustible para los mexicanos.

Por su parte, la secretaria de Energía Rocío Nahle dijo la semana pasada en una entrevista con Bloomberg Linea que el Gobierno estaba reconsiderando su plan para reducir las exportaciones de petróleo después del reciente aumento del petróleo.

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Los ingresos adicionales del Gobierno por petróleo serían suficientes para subsidiar el mayor costo de los precios de la gasolina en las bombas de Pemex, según la persona. El precio del crudo de México, conocido como Maya, subió casi un 68% desde principios de diciembre a US$99,06 por barril el viernes.

Ni Pemex ni la oficina de la presidencia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda de México gastó 104 mil millones de pesos (alrededor de US$5.000 millones) en subsidios a la gasolina y el diésel, una cantidad que se triplicaría con creces este año si los subsidios se extienden por el resto de 2022, según un informe de la consultoría basada en riesgos EMPRA, ubicada en Ciudad de México.

A un promedio de US$90 el barril para la mezcla exportadora mexicana este año, las finanzas públicas podrían alcanzar un superávit de 170.000 millones de pesos, según la firma.

“Sin embargo, si la Administración de López Obrador continúa disminuyendo sus exportaciones mientras subsidia fuertemente los precios de la gasolina, este excedente desaparecerá rápidamente”,

escribieron los analistas de EMPRA en un informe el martes.

El plan original de López Obrador para detener todas las exportaciones de crudo fue recibido con escepticismo en ese momento, dado el deficiente historial operativo y de seguridad de Pemex. Las refinerías de la compañía han estado operando a una fracción de su capacidad durante media década después de años de inversión insuficiente y falta de mantenimiento.

Fuente: Bloomberg en Línea.

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