La justicia federal otorgó a la Fiscalía General de la República la facultad de atracción tras advertir irregularidades graves en un expediente impulsado desde el gobierno estatal.

Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.

• La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
• El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.

El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:

• En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
• Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
• La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
• La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
• La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
• Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
• Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
• Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
• Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.

Con información de «zonafree.mx»

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Diversos testimonios e información recabada en distintos centros laborales señalan que ciertos dirigentes habrían incurrido en prácticas que se asemejan a un esquema de extorsión, aprovechando su posición de representación para exigir pagos económicos o la firma de documentos a trabajadores.

De acuerdo con estos señalamientos, las exigencias se habrían presentado bajo el argumento de brindar “protección” sindical o de evitar conflictos laborales que, en algunos casos, parecían ser advertidos o anticipados por los propios dirigentes. Esta dinámica colocaba a los trabajadores en una situación de presión constante, en la que la negativa podía traducirse en problemas dentro del centro de trabajo.

En distintos casos, los trabajadores habrían sido requeridos para entregar dinero en efectivo o para firmar documentos sin que se les proporcionara información suficiente sobre su alcance o consecuencias legales. La ausencia de claridad y de mecanismos de consentimiento informado vulnera principios básicos de legalidad, transparencia y libertad sindical.

Especialistas en materia laboral advierten que este tipo de prácticas no solo afecta directamente a quienes las padecen, sino que también distorsiona la función legítima de la representación laboral, cuyo propósito central debe ser la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y no su utilización como instrumento de presión o beneficio personal.

La posible normalización de estos esquemas genera un clima de desconfianza e indefensión, debilitando las relaciones laborales y erosionando la credibilidad de las organizaciones que deberían actuar como garantes de estabilidad y justicia en el ámbito del trabajo.

La entrada Presuntas prácticas de extorsión bajo la figura de representación laboral se publicó primero en México 24 siete.

Para algunos trabajadores, la presión para aceptar un sindicato no se ha limitado a discursos o argumentos, sino que ha escalado hacia prácticas que describen como intimidatorias. De acuerdo con diversas denuncias, se habría recurrido a personas ajenas al centro de trabajo para generar temor y forzar la aceptación sindical.

Los trabajadores relatan que estas personas actuaban como mensajeros del miedo: presencia intimidante, advertencias veladas y actitudes que buscaban dejar claro que negarse no era una opción segura. La presunta vinculación de estos terceros con actividades delictivas incrementó la sensación de riesgo y vulnerabilidad entre la base trabajadora.

Este tipo de prácticas, de confirmarse, representa una de las formas más graves de distorsión de la representación sindical. La afiliación, que debería ser un acto libre y voluntario, se convierte en una imposición sostenida por el temor, anulando la voluntad individual y colectiva de los trabajadores.

Lejos de fortalecer la organización laboral, la intimidación rompe la confianza y degrada el entorno de trabajo. Un sindicato que necesita recurrir al miedo para obtener respaldo pierde toda legitimidad y se aleja de su función esencial de defensa y acompañamiento de la base trabajadora.

Hacer visibles estas denuncias es un paso indispensable para frenar prácticas que vulneran derechos fundamentales. La libertad sindical no puede construirse bajo amenazas ni presiones externas, sino a partir del respeto, la legalidad y la participación genuina de los trabajadores.

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En un país donde la lucha por los derechos laborales y la democratización de los sindicatos ha cobrado fuerza en los últimos años, la CROC se enfrenta a un crítico cuestionamiento sobre su capacidad para adaptarse a estas nuevas realidades. Especialistas en derecho laboral y sindicalismo han expresado su preocupación ante la aparente desconexión de la CROC con las tendencias emergentes que buscan fortalecer la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones dentro de sus organizaciones.

Las reformas laborales recientes en México han promovido un modelo de democracia sindical que prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y el empoderamiento de los trabajadores. Sin embargo, la resistencia de la CROC a incorporar estas nuevas dinámicas ha suscitado críticas y ha llevado a muchos a cuestionar su papel como representante legítimo de los intereses de la clase trabajadora. La organización parece haber quedado atrapada en estructuras obsoletas que no reflejan las aspiraciones de una nueva generación de trabajadores que demanda más participación y voz en sus sindicatos.

Los especialistas advierten que esta distancia de la CROC en relación con la democracia sindical puede tener serias consecuencias. Al no adaptarse a las nuevas exigencias de transparencia y participación, la organización podría estar alejándose de sus afiliados, quienes buscan un sindicato que no solo defienda sus derechos, sino que también les permita ser parte activa de las decisiones que les afectan. Esta desconexión podría resultar en una pérdida de afiliación y en el descontento generalizado entre los trabajadores, quienes cada vez más buscan alternativas que se alineen con sus necesidades y expectativas.

Las críticas hacia la CROC son un reflejo de un problema más amplio que enfrenta el sindicalismo en el país. Muchos trabajadores sienten que las estructuras tradicionales no están a la altura de los desafíos actuales y que requieren de un cambio radical para poder responder efectivamente a las demandas del mundo laboral contemporáneo. La falta de innovación y apertura hacia nuevas formas de organización puede ser un factor determinante en la relevancia futura de la CROC.

Los líderes de la CROC deben tomar en cuenta estas advertencias y considerar la necesidad de reformar su enfoque hacia la democracia sindical. La construcción de un sindicato más inclusivo y participativo no solo beneficiaría a sus afiliados, sino que también contribuiría a revitalizar la imagen de la CROC como un actor clave en la defensa de los derechos laborales en México.

La CROC se encuentra ante un desafío crucial: adaptarse a las nuevas dinámicas de democracia sindical o arriesgar su relevancia en un panorama laboral en constante cambio. Los especialistas han hablado claro, y es momento de que la organización escuche. La esencia del sindicalismo debe centrarse en el empoderamiento de los trabajadores y en garantizar su participación activa en la defensa de sus derechos. Si la CROC desea ser un verdadero referente en la lucha por la justicia laboral, debe abrazar el cambio y trabajar hacia una estructura más democrática y participativa. La historia del sindicalismo en México está en juego, y la CROC tiene la oportunidad de ser parte de una transformación que beneficie a todos los trabajadores, pero para ello, debe dar un paso adelante y alinearse con las nuevas exigencias de la era laboral actual.

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Los trabajadores afirman que, desde la llegada del sindicato, no se han llevado a cabo actividades que fortalezcan la comunicación entre representantes y la base. Indican que no existen reuniones periódicas, informes de gestión o mecanismos que permitan conocer las acciones emprendidas por la dirigencia en favor de los empleados.

Algunos señalan que la afiliación ocurrió sin una consulta clara y que nunca recibieron información sobre el proceso que legitimó al sindicato en sus lugares de trabajo. Esta falta de transparencia ha derivado en la percepción de que COREMEX funciona únicamente de manera administrativa, sin participar en la solución de conflictos o mejoras laborales.

Los testimonios también indican que los representantes del sindicato tienen presencia esporádica y que, cuando acuden a la empresa, no presentan avances, propuestas o resultados concretos. Esto ha provocado que los trabajadores cuestionen si el sindicato cumple realmente su función de defensa y representación.

La ausencia de participación activa refuerza la idea de que COREMEX opera sin una base sólida que lo respalde. Los empleados mencionan que el desconocimiento generalizado sobre sus dirigentes y actividades impide considerarlo un organismo con legitimidad.

Ante estas percepciones, trabajadores de distintos sectores han solicitado que se evalúe la validez del proceso mediante el cual COREMEX obtuvo su representación. La demanda se centra en garantizar que los sindicatos operen con auténtica participación y respaldo de la clase trabajadora.

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El Poder judicial en Chihuahua no ha sido reformado ni renovado: permanece secuestrado por una red de corrupción que responde a Filiberto Terrazas y sus cómplices, quienes han convertido la justicia en un botín político y económico al servicio de intereses privados.

• Esa red opera en paralelo a la red duartista que ha controlado el Tribunal Superior de Justicia desde 2014.
• El nombre de Filiberto Terrazas Padilla, ex magistrado de la Segunda Sala Civil de Ciudad Juárez y ex consejero del Consejo de la Judicatura, continúa al frente de una estructura que ha convertido a los tribunales en espacios controlados por acuerdos y favores.
• Documentos y testimonios señalan que Terrazas actúa como operador clave en la manipulación de nombramientos, resoluciones y beneficios para grupos políticos y empresariales con gran poder económico.
• Durante su más reciente informe, Terrazas descalificó la llegada de nuevos jueces y magistrados, afirmando que “los cambios no siempre resultan positivos”.
• La declaración no fue casual: reflejó su resistencia a perder el control de una red que, lejos de disolverse, sigue activa en distintos niveles del Poder Judicial.

Sus operadores consolidan un bloque de poder que intercambia favores y mantiene la corrupción como práctica normalizada dentro del Tribunal.

• Dentro de esta red figura Emmanuel Chávez Chávez, magistrado Civil y uno de sus hombres de confianza, implicado en decisiones que favorecieron a sectores estratégicos.
• El círculo se completa con operadores de menor rango: Servando López Jaime y Carlos Alberto Muela, secretarios de sala civil, señalados de manipular resoluciones; Jonathan Gasca, juez penal; y las juezas familiares Tania Hernández y Haydee Vázquez, quienes aseguran control en áreas clave del aparato judicial.
• La permanencia de esta estructura ha erosionado de manera sistemática la confianza ciudadana en la justicia. Su funcionamiento ha permitido el beneficio de intereses privados y la protección de actores políticos y económicos, en perjuicio de la transparencia y el Estado de derecho.
• La operación de esta red, con Filiberto Terrazas al frente y sus aliados como ejecutores, confirma un escenario alarmante: en Chihuahua, la justicia no depende de la ley, sino de las complicidades que han capturado al Poder Judicial.

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La comparecencia del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos durante las negociaciones para destrabar la huelga podría marcar un antes y un después en la historia reciente del sindicalismo dentro de esa Institución.

Aunque su papel formal es el de tercero interesado, sin facultades para intervenir en la negociación del conflicto, su sola presencia tiene un peso simbólico contundente. Es la prueba viva de que la base trabajadora ya no confía ciegamente en una dirigencia que ha perdido el rumbo y la legitimidad.

El Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, encabezado por Arturo Zayún, insiste en mantener una huelga que, lejos de defender los derechos laborales, parece servir únicamente para prolongar una pugna política que ya no representa a nadie.

El desgaste entre los trabajadores es evidente. Muchos recuerdan que los acuerdos firmados en 2024 fueron avalados por la mayoría, votados libremente y respaldados por la autoridad laboral. Sin embargo, la dirigencia optó por desconocerlos, arrastrando nuevamente a la institución y a sus propios agremiados a un escenario de incertidumbre que afecta tanto a empleados como a usuarios.

Lo que ocurre ahora no es una simple disputa interna, sino un cambio en el escenario con la aparición del Sindicato Independiente introduciendo una bocanada de aire fresco en un sistema que llevaba años cerrado sobre sí mismo, dominado por prácticas de opacidad, control y desinformación.

Su participación en las audiencias, aunque limitada a la observación, ha reavivado la esperanza de una representación más auténtica, donde la voz de los trabajadores deje de ser manipulada y empiece a escucharse de verdad.

La huelga promovida por la dirigencia tradicional ya no tiene la fuerza moral ni el respaldo colectivo que presume y cada día que pasa, se revela más como una estrategia de resistencia personal que como una defensa del trabajo digno. En contraste, la postura del Sindicato Independiente representa la posibilidad de transmitir el sentir de los trabajadores que se oponen a la huelga del Monte.

El proceso apenas comienza para el SITNMP pero el mensaje está claro. En el Monte de Piedad, los trabajadores empiezan a levantar la voz para recuperar lo que les pertenece, su derecho a ser representados por quienes verdaderamente los escuche. Y si algo simboliza la presencia del Sindicato Independiente en este momento, es el fin de un monopolio sindical que durante años se creyó intocable.

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La falsa independencia de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua

Las palabras de Abelardo Valenzuela confirmaron lo que se decía en pasillos políticos: la fiscalía anticorrupción no es autónoma. Con su propia voz, el fiscal aceptó que la institución está sometida al control político y carece de libertad para actuar. Esta confesión desnuda la fragilidad de una figura que debería ser garante de justicia, pero que en la práctica solo opera bajo consigna.

Un fiscal sometido al poder político

Lejos de representar una postura de valentía, la declaración de Abelardo Valenzuela lo exhibe como un funcionario rendido ante el poder. Reconocer la falta de autonomía no es un acto de transparencia, sino de complicidad. Su gestión queda reducida a ser un engranaje más en la maquinaria política que utiliza la “anticorrupción” como herramienta de persecución selectiva.

El fracaso de la lucha anticorrupción en Chihuahua

Con Valenzuela al frente, la Fiscalía Anticorrupción se convierte en un monumento a la simulación. Admitir que no existe autonomía equivale a reconocer que todas las investigaciones están contaminadas desde el origen. Para la ciudadanía, esto significa que los grandes casos de corrupción en Chihuahua no tendrán justicia real, solo expedientes manipulados al servicio de quienes controlan el poder.

El cinismo de mantenerse en el cargo

En cualquier estado con instituciones sólidas, un fiscal que reconoce su impotencia debería renunciar de inmediato. En Chihuahua ocurre lo contrario: Abelardo Valenzuela continúa en funciones, enviando un mensaje devastador. No se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una fiscalía domesticada que admite su debilidad y se aferra a la nómina.

El mensaje devastador para los ciudadanos

Las declaraciones del fiscal anticorrupción de Chihuahua son demoledoras. Lo que la sociedad esperaba era un funcionario con independencia y firmeza, pero lo que obtuvo es un fiscal que reconoce públicamente su sometimiento. La consecuencia es clara: con Abelardo Valenzuela, no habrá combate a la corrupción, solo un teatro político que mantiene intacta la impunidad.

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En conferencia de prensa, la mandataria recordó episodios de violencia estudiantil en los años setenta y ochenta para ilustrar lo que denominó la persistencia de prácticas “porriles” en la política mexicana.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado golpeando en el piso a un trabajador del Senado, me vino a la memoria aquella escena muy autoritaria”, expresó.

Sheinbaum Pardo reprochó que la oposición acuse de autoritario a su gobierno mientras recurre a la violencia para dirimir diferencias en espacios parlamentarios.

“Ellos hablan de autoritarismo, cuando lo que promovemos son libertades, democracia y participación libre. Lo que vimos ayer muestra lo que son: un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que debería dialogarse”, subrayó.

Al preguntarle sobre las condiciones para que se desarrollen las sesiones legislativas, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que existen garantías para el funcionamiento del Congreso, aunque pidió a los partidos de oposición “tranquilizarse”.

“En lugar de estar con estas actitudes, deberían presentar un proyecto de nación. No hay una sola propuesta, solo golpeteo”, apuntó.

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El caso emprendido por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas es un ejemplo preocupante de cómo las instituciones pueden utilizarse con fines políticos. Las acusaciones de peculado no se sostienen jurídicamente, ya que la firma fue contratada por un banco y no por el Gobierno estatal.

Pese a que el proceso de refinanciamiento de la deuda de Chihuahua en 2019 fue avalado por la Auditoría Superior de la Federación y agencias internacionales, el fiscal Abelardo Valenzuela insiste en acusar sin pruebas sólidas, omitiendo deliberadamente información que desmiente su versión.

La Fiscalía ha incurrido en graves irregularidades, como solicitar fichas rojas a Interpol antes de iniciar un juicio penal, ignorar las pruebas de descargo y filtrar información reservada. Estos actos constituyen violaciones claras al derecho de audiencia y al principio de legalidad.

Con estas prácticas, Valenzuela Holguín expone a la institución a un severo desgaste público, pues en lugar de combatir la corrupción, fabrica culpables y alimenta un clima de linchamiento político disfrazado de justicia.

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