Guatemala y Honduras serían los países con mayor cantidad de vuelos de repatriación, con 48 y 31 vuelos, respectivamente. Países como El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana y Nicaragua se marcan con menos de 10 vuelos y también se incluye a Rumania e India en la lista.

«Quienes lleguen de manera irregular a nuestra frontera compartida tendrán que enfrentar las consecuencias», advirtió Salazar.

La declaración del embajador surge tras dos reuniones bilaterales entre Estados Unidos y México, una en diciembre y otra en enero, para discutir soluciones a la crisis migratoria y luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibiera a congresistas de Texas este martes para tratar el mismo tema.

De acuerdo con Salazar, la gestión del flujo migratorio «sin precedentes» es prioritaria y se seguirán realizando vuelos de repatriación como medida para «desalentar a las organizaciones criminales que se aprovechan de las personas migrantes para que tomen el peligroso y doloroso camino de la migración irregular».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sostenido que está abierto a cambios radicales en las políticas relacionadas con la inmigración.

A medida que la crisis de los migrantes continúa, también la tensión entre funcionarios federales ha ido escalando, y aunque la Corte Suprema de Estados Unidos votó a favor de permitir que agentes de la Patrulla Fronteriza retiren el alambrado de púas que sirve como barrera en una sección de la frontera, el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le dijo a CNN en una entrevista exclusiva que actualmente no había un cronograma para retirar la cerca.

Salazar reiteró que habrá una tercera reunión bilateral en febrero para «seguir implementando acciones que nos permitan abordar este reto común» y que seguirán colaborando con México y la región para aumentar los controles migratorios.

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Tras acampar durante varios días en la localidad sureña de Huixtla, unos 3.000 migrantes se movilizaron hacia el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (Caift) donde bloquearon los cuatro canales de la autopista federal afectando a cientos de camiones, autobuses y automóviles que buscaban llegar a la frontera con Guatemala o internarse en el territorio mexicano.

La aduana permanece custodiada por una veintena de agentes de la Guardia Nacional con equipos antimotines que no hicieron ningún intento de desalojar al grupo.

El activista Irineo Mújica, de la organización no gubernamental Pueblo Sin Fronteras, que convocó la caravana, lamentó que el Instituto Nacional de Migración (INM) no facilite a los extranjeros los permisos de tránsito para avanzar sin riesgos por México.

“Sabemos que estamos incomodando al pueblo mexicano y le pedimos una disculpa, pero también el crimen organizado nos está secuestrando, nos está matando”, dijo Mújica al justificar el bloqueo de la aduana.

“No tenemos respuesta y (dicen que) no van a dar papeles. La idea es llegar a Estados Unidos porque allá nos espera un mejor futuro para los niños, la verdad es que lo hacemos por ellos”, dijo entre sollozos el hondureño Herson Fernández, quien viaja con su esposa y tres hijos, al admitir que ya no cuenta con dinero y está desesperado por avanzar hacia la frontera norte.

La caravana, integrada en su mayoría por centroamericanos, venezolanos y cubanos, salió a inicios de la semana pasada de la ciudad fronteriza de Tapachula con unas 5.000 personas, pero debido a la falta de respuesta de las autoridades para la entrega de los permisos de tránsito unos 2.000 extranjeros han optado por abandonar el grupo y seguir el recorrido por cuenta propia.

Durante tres días el grupo recorrió 45 kilómetros y a mediados de la semana pasada se detuvo en Huixtla, donde una decena de migrantes protestó cosiéndose los labios y quemando piñatas con el rostro del titular del INM, Francisco Garduño, para exigir atención. Hasta el momento no han tenido respuesta.

En los últimos meses se ha registrado en la frontera sur de México una creciente ola migratoria. Para octubre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró 127.000 solicitantes, una cifra casi similar al récord que se alcanzó en 2021 cuando en medio de la pandemia del coronavirus hubo 129.000 peticiones en todo el año.

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Antes de la reapertura, cientos de automóviles formaron filas de kilómetros en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, mientras que las colas en los cruces peatonales crecían de manera constante.

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Aún así, las diferentes reglas sobre las vacunas contra el covid-19 amenazan con retrasar las reuniones familiares, mientras que la perspectiva de que se alivien algunas restricciones también ha alentado a los migrantes a probar suerte en busca de asilo en Estados Unidos, lo que plantea una nueva prueba para la administración Biden.

María Luisa González, una residente de California que visitó Tijuana el viernes para llevar a su cachorro al veterinario y ver a sus familiares, estaba perdiendo la paciencia el domingo mientras esperaba para conducir de regreso a través de San Diego en el puerto de entrada de San Ysidro.

«Los operativos para agilizar no están funcionando», dijo González, visiblemente frustrada. «El camino me desvió dos veces, las señales que colocaron son muy confusas», agregó.

Anticipándose a un uso intensivo de las carreteras después de la reapertura, el ayuntamiento de Tijuana dijo esta semana que había redirigido el tráfico en algunas calles, pero algunos residentes no tenían claro a dónde ir.

La frontera de Tijuana con San Diego es una de las más transitadas del mundo y miles de personas cruzan diariamente para trabajar, estudiar o comprar.

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Pero algunos mexicanos vacunados no podrán ingresar a Estados Unidos de inmediato si recibieron vacunas en México que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la china CanSino o la rusa Sputnik V.

«Nunca imaginé que por vacunarme con CanSino no iba a poder cruzar», se lamentó Donato Suárez, un conductor de una universidad privada en Tijuana que esperaba visitar a familiares en Estados Unidos, a quienes no ve desde hace casi dos años.

«Hasta teníamos planes de hacer algo cuando se re abriera la frontera», agregó, y señaló que alrededor de 300 personas donde trabaja se encuentran en la misma situación. «Vamos a tener que esperar».

Fuente: CNN.

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La administración del presidente Donald Trump discutió en la primavera de 2020 con un alto mando militar y en el Departamento de Seguridad Nacional enviar 250,000 soldados a la frontera con México, según una investigación del New York Times

Eso hubiera significado mandar a más de la mitad de los soldados activos y una sexta parte de las fuerzas armadas estadounidenses, lo que significa el mayor uso del Ejército dentro de Estados Unidos desde la Guerra Civil.

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Stephen Miller, el encargado de llevar la agenda de inmigración de Trump, fue el responsable de insistir al Departamento de Seguridad Nacional en el desarrollo de un plan para analizar la cantidad de tropas que se necesitan para cerrar la frontera sur del país.

Aunque esta idea no se presentó formalmente ante el presidente Trump, sí se llegó a discutir en la Casa Blanca. No fue hasta que el secretario de Defensa, Mark T. Esper, mostró su indignación ante la idea que se le puso fin al plan de Miller.

Durante años Trump insistió en que era necesario enviar más tropas a la frontera sur, sin embargo, los comandantes del Ejército desviaron varias veces su insistencia con el argumento de que las fuerzas armadas estaban al límite.

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También se dio a conocer que después de la muerte de los LeBarón, Trump presionó a sus principales asesores para que enviarán tropas a México para cazar cárteles de la droga. El mandatario buscaba que se realizará un plan similar a los que se hacen en lugares como Afganistán o Pakistán, donde han rastreado y asesinado a terroristas.

Sin embargo, sus asesores le señalaron que para la mayor parte del mundo podría parecer que Estados Unidos cometía un acto de guerra contra su aliado más cercano.

Al final, la administración de Trump optó por una medida que sigue vigente: negar el asilo y cerrar la entrada a Estados Unidos desde México.

Fuente: El Financiero.

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Estados Unidos reabrirá su frontera terrestre a viajes no esenciales el próximo mes, poniéndole fin a un cierre de 19 meses por la pandemia de COVID-19, mientras el país toma medidas para requerir que todos los visitantes internacionales estén vacunados contra el coronavirus.

Los viajes en automóvil, tren o ferry entre Estados Unidos y sus vecinos, México y Canadá, se han restringido a traslados esenciales, como actividades comerciales, desde los primeros días de la pandemia.

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Las nuevas reglas, que se anunciarán el miércoles, permitirán que aquellos extranjeros con esquema completo de vacunación ingresen a Estados Unidos sin importar el motivo del viaje a partir de principios de noviembre, cuando se implemente una medida similar a las llegadas vía aérea al país.

Para mediados de enero, incluso los viajantes en actividades esenciales, como camioneros, que pretendan ingresar a Estados Unidos, tendrán que estar vacunados en su totalidad.

Altos funcionarios del gobierno dieron un adelanto de la nueva medida el martes bajo condición de anonimato a fin de discutir el tema antes del anuncio formal.

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Tanto México como Canadá han presionado durante meses a Estados Unidos a aligerar las restricciones de traslado que han separado a familias y limitado los viajes de placer desde los comienzos de la pandemia.

La más reciente medida se produce semanas después del anuncio de que Estados Unidos pondrá fin a las restricciones de traslado aéreo desde algunos países, y en su lugar requerirá prueba de vacunación para los extranjeros que intenten llegar en avión.

Fuente: El Financiero.

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La Administración Biden eleva el pulso con México por la crisis migratoria. Estados Unidos ha pedido al Gobierno de López Obrador que despeje los campamentos que albergan a miles de migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas debido a que suponen un riesgo para la seguridad porque atraen a bandas de narcotraficantes que desean captar a los inmigrantes a sus filas, dijeron funcionarios allegados a la petición a la agencia Reuters

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Frente a las críticas internas por un alza en los cruces ilegales a través de la frontera común, el Gobierno estadounidense está presionando a México para que frene el flujo de migrantes y ayudar a aliviar así tensiones en una frontera de casi 3.200 kilómetros. De acuerdo con funcionarios del Gobierno de EE UU, los campamentos mexicanos de migrantes se han convertido en un caldo de cultivo para que los miembros del narcotráfico intentan extorsionar a las personas que buscan llegar a territorio estadounidense.

Dos de los campamentos más grandes que han surgido en el norte de México se encuentran en la ciudad de Reynosa, Tamulipas, al otro lado de la frontera con McAllen, Texas, y en Tijuana, frente a San Diego, California. Los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos argumentan que el campamento de Reynosa es el hogar de al menos 2.500 personas, es insalubre y ha atraído a miembros del crimen organizado. El campamento de Tijuana alberga a una cifra similar de migrantes. La agencia Reuters precisa que tanto el Departamento de Estado de EE UU como la Cancillería de México declinaron a hacer comentarios sobre esta información.

La petición para despejar los campamentos fronterizos abona a la tensión que existe entre ambos países ante un flujo migratorio que no da tregua. En julio, los cruces fronterizos rompieron un nuevo récord, con más de 212.000 encuentros informados por las autoridades estadounidenses. Es la cifra más alta en 20 años.

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Además, esta semana la Suprema Corte de Estados Unidos asestó un duro revés al Gobierno de Biden. El Tribunal decidió reinstaurar el polémico programa Quédate en México ideado por Donald Trump, con el que decenas de miles de solicitantes de asilo a Estados Unidos debían aguardar sus procesos al sur del río Bravo. Tras conocer el fallo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México respondió que la decisión judicial no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana.

“En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”

informó por escrito la dependencia federal.

Fuente: El País.

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La Corte Suprema de EU rechazó la apelación presentada por el gobierno de Joe Biden contra la decisión de un juez de Texas que obliga a reanudar el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Se abren muchas incógnitas sobre cómo se gestionará el proceso de solicitud de asilo a partir de ahora.

Por el momento, Acnur suspendió las inscripciones en su programa para permitir que personas que pidieron protección durante la presidencia de Donald Trump puedan ingresar a EU y fuentes de la OIM confirmaron que hoy, miércoles 25, no habrá cruces. Todavía hay mucha incertidumbre y falta por conocer el posicionamiento del gobierno mexicano.

¿Qué es el MPP o “Quédate en México”?

Se trata de una iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump y acordada con Andrés Manuel López Obrador por la que los solicitantes de asilo en EU debían esperar en México su cita con un juez. Estuvo en vigor entre 2019 y 2021 y afectó a unas 72 mil personas.

Muchas de ellas fueron víctimas de violencia al ser devueltas a ciudades peligrosas como Nuevo Laredo, Tijuana o Matamoros. Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones fue poner fin al protocolo. Esa decisión es la que está impugnada ante un juez de Texas.

¿Qué es lo que los jueces decidieron exactamente?

Un juez de Texas atendió la demanda presentada por el Fiscal General de este estado, de mayoría republicana, y emitió una sentencia en la que obliga al gobierno de Biden a reanudar el “Quédate en México”. La demanda se presentó contra la fórmula administrativa empleada por la Casa Blanca para poner fin al plan de Trump, sin entrar en el fondo del asunto. Hay otras demandas presentadas por organizaciones de la sociedad civil que todavía se están litigando y que cuestionan la legalidad de expulsar a los solicitantes de asilo a México.

Tras la decisión del juez, la Casa Blanca apeló para suspender su aplicación mientras no exista un fallo definitivo. Ahora, la Corte Suprema ha descartado esa posibilidad, por lo que “Quédate en México” debe ser reimplantado al menos hasta que los jueces tengan una decisión concluyente.

Por eso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que lamentaba la sentencia, que “había apelado la orden del tribunal de distrito (de Texas) y que continuará impugnándola enérgicamente” pero que “a medida que continúe el proceso de apelación, cumplirá con la orden de buena fe”.

¿Qué va a ocurrir en la frontera?

Cuando Biden ordenó poner fin a “Quédate en México” también puso en marcha un plan para recibir a aquellas personas que quedaron expulsadas durante los dos años de programa. Con el apoyo de Acnur y OIM, desde el 19 de febrero cerca de 13 mil personas cruzaron la frontera para seguir su caso de asilo al interior de EU.

En un inicio se consideró que habría unas 26 mil personas con su caso abierto. Tras varios meses recibiendo a quienes esperaban su cita con el juez, en junio se inició una segunda fase en la que se ingresaba, tras un proceso con DHS, a personas que no acudieron a su audiencia por estar en México. Esta medida permitió poner fin a situación dramáticas como el campamento de Matamoros, a la orilla del Río Bravo, en el que se hacinaban cientos de solicitantes de asilo.

La primera consecuencia práctica es que este operativo queda en suspenso. Fuentes de la OIM señalaron que hoy, miércoles 25, la institución “no hará pruebas COVID ni acompañará a personas con casos bajo el programa de MPP” ya que están evaluando la situación en coordinación con los gobiernos de México y EU. Desde la noche del martes la página de Conecta, gestionada por Acnur, mantiene en suspenso la posibilidad de nuevas inscripciones.

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Ahora hay que ver, y eso todavía no está claro, si los guardias fronterizos de EU comienzan a devolver a personas que cruzan irregularmente la frontera y solicitan asilo. Esto es complejo y tiene una aplicación limitada: actualmente, los mexicanos y centroamericanos que son detenidos como irregulares son inmediatamente devueltos en aplicación del Título 42, que es otra disposición de Trump que permite las expulsiones exprés bajo la excusa de la COVID-19.

Hay otras nacionalidades que no entran teóricamente en este programa y que estaban teniendo menos dificultades para entrar a EU y pedir asilo. Es el caso, por ejemplo, de los venezolanos, que en los últimos meses han cruzado a cientos atravesando Río Bravo por Ciudad Acuña, Coahuila. Estos, en teoría, podrían ahora ser devueltos en aplicación del MPP. Pero no sabemos qué es esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Para su implementación, además, queda pendiente el visto bueno de México y que la Casa Blanca publique una orden explicando cómo se reactiva el programa.

¿México tiene algo que decir?

Ante el riesgo de que la Corte Suprema tomase esta decisión, organizaciones de la sociedad civil de EU y México pidieron al gobierno de López Obrador que no colabore con la reinstalación de MPP. Por su parte, el DHS dijo, tras conocer la noticia, que “junto con socios interinstitucionales, el DHS ha comenzado a participar con el Gobierno de México en discusiones diplomáticas” en torno a la reactivación del programa. Ambas posiciones dan a entender que México tiene capacidad de decisión. Sin embargo, el jefe de la diplomacia mexicana para América del Norte, Roberto Velasco, dijo en dos tuits que habían recibido la comunicación de Washington pero que el país “no es parte del proceso judicial, el cual trata sobre una medida unilateral estadounidense”.

“En el transcurso del día de mañana intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos”, dijo.

Se trata de una posición calculadamente ambigua. Desde que Trump implementó el MPP, el gobierno de López Obrador ha manejado dos discursos en apariencia contradictorios: por un lado, que nada pueden hacer por ser expulsiones impuestas por Washington y, por otro, que México ha adoptado esta política migratoria con total soberanía. Si en el pasado no se rebeló, resulta difícil pensar que vaya a hacerlo ahora, así que las discusiones más estarían encaminadas al modo en el que se aplica de nuevo el programa.

Entonces, ¿ya no se puede pedir asilo en EU?

Actualmente la gran herramienta para desalentar las solicitudes de asilo no es el MPP sino el Título 42, que permite las devoluciones exprés bajo la excusa de la COVID-19. Este mecanismo lo inauguró Trump en marzo de 2020 y, hasta el momento, ha servido para llevar a cabo más de un millón de expulsiones sin dar opción a pedir refugio.

Esto no implica que se expulsara a un millón de personas, ya que al ser un sistema inmediato y sin consecuencias penales hay personas que tratan de cruzar en múltiples ocasiones. Como en la frontera se estaba generando una bolsa de personas que lo intentaban una y otra vez, EU inauguró en agosto el sistema de expulsiones en avión a ciudades del sur de México. Ahí, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano termina el trabajo y devuelve a los migrantes a Guatemala. La aplicación del Título 42 y el cierre de la frontera para las peticiones de asilo, salvo en contadas excepciones, ha provocado que se levanten dos campamentos con familiares vulnerables que esperan cruzar: uno en Tijuana, Baja California, y otro en Reynosa, Tamaulipas.

“De conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los CDC, el DHS continúa expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentran en la frontera suroeste”,

recordó el departamento de seguridad de EU. Ahora lo que podemos encontrar es una combinación entre MPP y Título 42 que nos lleve directamente a los peores tiempos de Trump.

Pero si Biden estaba en contra del MPP, ¿no puede frenar esta decisión?

El juez de Texas lo que anula es la forma en la que se suprimió MPP, sin entrar al fondo. Así que parecería lógico pensar que Biden podría rehacer su orden adecuándose a lo dispuesto por la corte. Sin embargo, no lo tiene fácil el presidente de EU. Desde que asumió el poder se dispararon las llegadas a la frontera. Aunque este es un fenómeno multifactorial (crisis post confinamiento, consecuencias de huracanes Eta y Iota, pobreza y violencia agravadas), desde el Partido Republicano y sus medios se impuso el discurso de que era culpa del nuevo presidente. Y este ha sido incapaz de armar una retórica alternativa.

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Este año fiscal fueron arrestadas 845 mil personas en frontera, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés). Se trata de una cifra levemente superior a las casi 800 mil que se interceptó en 2019 en el mismo período. A ellos habría que sumarle aproximadamente un 25% de personas que intentan cruzar en varias ocasiones.

Habrá que ver si Biden quiere dar la batalla o, por el contrario, opta por apoyarse en la decisión de los jueces para permitir la reinstalación de MPP . También hay que ver de qué manera lo reanuda y qué quiere decir esa “buena fe” de la que habla DHS en su comunicado. Quedan muchas incógnitas y lo que ocurra en las fronteras se definirá estos días en una frenética agenda de contactos.

Fuente: Animal Político.

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