Desde el pasado 16 de mayo, México supera esta cifra en su registro oficial de personas desaparecidas en el país, lo cual da una idea de la auténtica «crisis humanitaria» que supone esta tragedia, tal y como la calificó el gobierno el año pasado.

Aunque el conteo oficial inició en 1964, las desapariciones aumentaron vertiginosamente desde que en 2006 se inició la llamada «guerra contra el narco» del entonces presidente Felipe Calderón.

Durante su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas denunció que el crimen organizado es el perpetrador central de estos hechos, aunque también señaló como responsables a funcionarios públicos.

Por ello, instó a tomar acciones para acabar con la impunidad que campa a sus anchas -casi un 95% de los delitos en México quedan sin resolver- y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir y erradicar las desapariciones.

«Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora (…) y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico» durante la que «murieron muchos y los desaparecieron»,

declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras conocerse el reciente y triste récord de desaparecidos en el país.

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En los últimos meses, el estado norteño de Nuevo León ha estado bajo el foco por el aumento de desaparición de mujeres -especialmente jóvenes, con algunos casos tan mediáticos como el de Debanhi Escobar- y por las irregularidades cometidas y reconocidas por la Fiscalía estatal durante la investigación.

Pero miles de otras desapariciones no atraen la misma atención y son los familiares de las víctimas quienes luchan a diario para impedir que, con el paso del tiempo, sus casos caigan en el olvido de las autoridades y de la sociedad.

Porque la cifra de 100.000 desaparecidos recién alcanzada es mucho más que un número: esconde historias de búsquedas en terreno con las propias manos de las familias que, en ocasiones, acaban prácticamente destrozadas de por vida a causa de la tragedia.

El de la joven Frida Flores, desaparecida el año pasado también en Nuevo León, es uno de ellos. Su madre, Erika Navarro, compartió entre llantos su historia con BBC Mundo y aseguró que ni todo el dolor del mundo le hará desistir de buscar hasta encontrar a su hija.

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Personas desaparecidas en México

• 100.017desaparecidas y no localizadas.

• Hombresson el 74,7%.

• 20-39 añoses el rango de edad de la mayoría de desaparecidos.

• Estadoscon más desaparecidos: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México (1964 – 16 de mayo de 2022)

Mi hija Frida Yoatsi desapareció el 29 de agosto de 2021 en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El 7 de septiembre ella cumplía 19 años.

Me dijo que iba a comer con unos amigos y me dijo que estuviera tranquila, que no se iba a tardar.

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La última vez que hablé con ella por teléfono fue a las 5:00 de la tarde, cuando me dijo que ya en un rato volvía. Pero pasaron las horas y no llegaba, así que empecé a preocuparme mucho.

Volví a llamarla y ya no respondía. Pasadas las 9:00 de la noche, su teléfono estaba ya apagado.

Me la pasé toda la noche sentada, esperando y esperando, hasta que en la mañana siguiente fui a poner la denuncia. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Quién se la llevó?

Lo que pasó fue que al salir de un restaurante con una amiga, las abordó una camioneta. Las subieron a las dos. La amiga dice que no vio a la persona que las subió, solamente que era una mujer.

A la amiga la bajaron cerca de su casa, pero a mi hija se la llevaron. Ahí se pierde el contacto y ya no se sabe nada. Desde entonces, no se sabe nada. Es como que a Frida se la hubiera tragado la tierra.

Nueve meses de angustia

Como Sabinas es un foco rojo donde hay muchas desapariciones, en aquellas primeras horas sí pensé que quizá no la iba a volver a ver, o que la iba a ver… no sé cómo.

La Fiscalía me dice que están en la búsqueda y trabajando en ello. Y de alguna manera les comprendo, porque son miles de casos, pero en lo personal me duele mucho que hasta ahorita no tengo respuesta de nadie. Dicen que han hecho su trabajo, pero no me han resuelto nada.

15 días antes de su desaparición, en la zona se habían llevado a otras muchachas. A Frida le dije muchas veces que no fuera a Sabinas, que estaba peligroso… Pero ella tenía amistades allá, porque aunque ahora vivimos en Apodaca, se criaron en Villaldama, un pueblo junto a Sabinas.

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Siempre le he intentado dar buenos consejos a Frida porque soy muy nerviosa hacia la inseguridad aquí en Nuevo León, donde uno ve diario que ya hace años que se roban muchachitas, que las violan, las matan, las secuestran… y jamás veo que encuentren al responsable. Hay muchísima impunidad.

Estos casi nueve meses son meses de angustia, de sufrimiento. Pero yo voy a seguir alzando la voz y buscando a mi hija hasta encontrarla.

Me duele tanto y estoy pasando una situación tan difícil, que a nadie se la deseo. Aún así, yo no busco culpables, solo quiero el regreso de Frida y que se acabe esta pesadilla.

He sufrido mucho este tiempo. Me he enfermado, me atacan los nervios, me entra mucho pánico y no duermo por la noche. El psicólogo me tiene medicada, pero no descanso al 100%.

He perdido mi trabajo como enfermera. Voy nada más si me sale una guardia específica. Al no dormir, no aguanto mi cabeza y me duele todo el cuerpo. No puedo buscar un trabajo estable porque no me concentro.

Eso también me repercute para sobrevivir, claro. Mi hija mayor me ayuda mucho, mis hermanas y mi prima… Yo voy vendiendo cosas que no necesito, porque ¿para qué quiero nada ahora?

Una familia destrozada

Desde que enviudé hace un año, me quedé al frente de mis tres hijas. Yo voy a cumplir 42 años. Mi hija mayor de 21 ha estado al pie del cañón, ha sufrido y sufre a la par conmigo.

Tengo otra niña de 16 años, que está con su abuelita. Por el momento no está conmigo porque yo me la he pasado saliendo a buscar a Frida, alzando la voz. A la niña también la ha trastornado todo esto y acude al psicólogo.

Estamos todas muy mal, física y emocionalmente. Pero sé que tengo que estar bien para seguir buscando a Frida.

Frida es una estudiante de la facultad, estudia para contador público. Ella no tiene problemas con nadie ni debe nada, se dedica a su estudio.

Es muy inteligente y aplicada. Estudiar es su sueño y ella me decía: «Yo le prometí a mi papá que yo me iba a graduar y trabajar después para ayudarles mucho a la familia». Esos eran sus planes.

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Ella vivía conmigo mientras estudiaba. Siempre estábamos juntas, era muy apegada a mi. Íbamos al centro, a comer, a visitar a mis hermanas… Ella siempre ha sido la alegría de la casa, muy bailadora, muy risueña y alegre.

Este Día de las Madres (10 de mayo) fue un día muy triste, lleno de dolor. Me puse muy mal, tuve que ir al doctor porque me dolía mucho mi cabeza.

Aunque la verdad es que todos los días para mí han sido grises desde que Frida no está con nosotros. Porque es muy triste y duro pasar esta situación y no tener hasta la fecha respuesta alguna. No se sabe nada.

Inseguridad diaria

En la tele dicen que casi diario aquí en Nuevo León pasan muchos crímenes, secuestros, levantones… así que ni la veo porque me pongo muy mal.

Me siento insegura en la calle, es una inseguridad muy grande, yo veo como foco rojo todo el estado. No ando a gusto en la calle, siento miedo pese a que somos personas de trabajo y no debemos nada ni tenemos problemas con nadie.

Ya uno al salir a la calle carga su gas pimienta. Sales a lo que vas y regresas, como más tardar a las 5:00 de la tarde. Porque si en el día es peligroso, no se diga salir en las noches.

A mis hijas les digo: «Ustedes creen que están bien, seguras y que jamás te va a pasar esto». Igual que yo no imaginé nunca pasar por esta situación tan difícil. Nos ha afectado mucho porque jamás pensamos que nos sucedería esto en la familia, esta gran pesadilla. Todos estamos consternados.

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No sé a qué se deba, pero yo me cansé de tocar puertas a los medios de comunicación para hacer ruido por Frida, para que saliera en las televisoras. Créame que nadie vino a hacerme una entrevista hasta ahora que han pasado muchas cosas del caso de Debanhi (Escobar) para acá. Ahí es que han venido algunas personas a interesarse.

A algunos casos como el de Debanhi y otras jovencitas se les ha hecho mucho ruido. Pero a mi, nueve meses después, no me hacían caso. Apenas que pasaron esas desgracias tan grandes han mirado para mí.

Me dicen que confíe en la autoridad, que me van a ayudar, que van a agilizar todas las investigaciones y van a mandar elementos a Sabinas. Yo creo y confío en ellos, pero ojalá que no solo me lo platiquen, sino que lo hagan.

A la autoridad le pedí que me acompañaran a buscar a Frida, porque si no son ellos, ¿quién le respalda a una? Pero nunca he ido a campo porque no se ha dado la oportunidad de que yo vaya. Y sola no me atrevería por la inseguridad.

«Mi hija está viva»

Yo tengo la fe y la certeza de que mi hija está viva. Mi corazón de madre me dice que lo está.

Anoche me dormí como a las 6:00 horas, porque solo duermo como dos o tres horas al día. Cuando me quedé dormida, soñé que Frida había llegado. Y ella, que es muy gritona, me decía: «Ya llegué, mami, estoy bien, ya estoy contigo». Y me abrazaba. Me abrazaba con tantas ganas…

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Así como tengo mi de fe de que va a volver, también quiero que termine esta pesadilla, como Dios la mande.

Aquí está lleno de casos de desapariciones que llevan años y años. Yo no quiero ser una más y vivir toda la vida con eso de que no la veo, buscando y buscando, que no llega y no te resuelven nada. Pero tengo tanta fe de que ella va a volver, tanta certeza de que mi hija va a regresar bien, solita…

Lo que quiero es que el caso de Frida no se quede impune, que no termine como otros que tienen 10 o 15 años y sus carpetas de investigación se quedan olvidadas.

Pediría al señor gobernador que pida refuerzos. Que entre la Marina a Nuevo León para que se compongan las cosas, que entren elementos especializados para que nos protejan de tanta cosa que se está viviendo.

En definitiva, quiero que me escuchen. Yo no busco culpables. Y si la persona que tiene a Frida me escucha, que se toque el corazón y sepa que su madre está sufriendo mucho por ella, igual que sus hermanitas. Que Dios toque su corazón para que ella pueda regresar a casa.

Fuente: BBC.

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La violencia contra las mujeres en México, que cobra la vida de más de 10 de ellas al día, fue reconocida como un problema de Estado, pero para seguir avanzando, faltan muchas otras cosas, entre ellas recursos económicos, señaló este martes la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.

Entre otros pendientes está la cobertura de los servicios que brinda el Estado, que no es suficiente, así como tampoco la capacidad que tienen los servidores y servidoras públicas, ni los recursos, añadió.

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En un evento virtual de cooperación, Ferreto y Merike Blofield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA en inglés) participaron en la mesa “Violencia contra las mujeres en América Latina”.

Para el caso de México, Ferreto dijo que “sí hay cambios positivos” y señaló que el país “se ha dotado de todo un andamiaje jurídico e institucional que reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de Estado, como una responsabilidad del Estado”.

Puso como ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de leyes en las 32 estados que integran México, y señaló como “grandes avances la construcción de tipos penales y una serie de instituciones como institutos, centros de justicia y fiscalías especializadas para las mujeres”.

Dijo que todo ese andamiaje jurídico e institucional “es un gran avance y hay que reconocerlo como un esfuerzo del Estado”, pero recordó que ello “deriva de las exigencias de las organizaciones y de las víctimas”.

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Relató que en los últimos años las mujeres en México, como las de otros países latinoamericanos, se han organizado cada vez más para luchar contra la violencia de género y, para ello, hacen públicas las agresiones, exigen medidas de protección del Estado y buscan formas de ayudarse entre sí.

Recordó que en México fueron las propias madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hace algunos lustros, “quienes encabezaron la protesta y la indignación y las que dieron a conocer al mundo lo que ahí estaba sucediendo”.

La representante de AI dijo que una cosa importante “es que la cobertura de los servicios no es suficiente y la capacidad que tienes los servidores y servidoras públicas tampoco es suficiente”.

Señaló que diversas organizaciones internacionales y comités han señalado al Estado mexicano que “no basta con sensibilizar al personal de los servicios de atención, yo digo que la sensibilidad está muy bien pero que hay deberes y uno de ellos es investigar con perspectiva de género, si son sensibles o no ya es ganancia, pero hay que recordar que entre esos deberes está asignar a las fiscalías especializadas recursos suficientes”, apuntó.

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México afronta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.

El Gobierno mexicano registró mil 4 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2.66 por ciento más que en 2020.

Según organizaciones, el Estado comparte la responsabilidad de la violencia contra las mujeres debido a las inadecuadas medidas de protección y falta de investigación. Los agresores rara vez son perseguidos.

Fuente: El Financiero.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

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La última vez que la madre de Lourdes Mañon vio a su hija de 13 años, la chica vestía un pantalón de mezclilla, una camiseta rosa con animales y unos tenis blancos. Desaparecida desde el 30 de enero, el cuerpo de Lulú, como le decía su familia, fue encontrado en un terreno baldío con signos de violencia física y sexual una semana después.

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La joven vivía con su familia en el municipio de Zumpango, Estado de México, la entidad con más feminicidios del país en 2021, con 110 homicidios. Lourdes Mañon desapareció a la salida del Fraccionamiento Paseos de San Juan. Su madre no dudó ni un momento en buscar a su hija y acudió a las autoridades ese mismo día para poder dar con ella.

En el Centro de Justicia, la familia de la adolescente de 13 años ha declarado a la prensa que las autoridades fueron omisas y que se negaron a abrir una carpeta de investigación hasta el 3 de febrero, cuando su madre pudo interponer la denuncia.

El viernes 4, después de encontrar el cadáver de la joven de 13 años, las autoridades detuvieron a Luis ‘N’, como presunto feminicida. De acuerdo a un video de una cámara de vigilancia, se encontraron pruebas para detener al sospechoso. Los grupos feministas que acompañan el caso señalan que en las imágenes se ve como presuntamente el hombre sube a la niña en una camioneta. Según las autoridades del municipio, en el celular del detenido se ha encontrado un video que lo incrimina en los hechos.

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Pese a la indignación, la familia y los grupos de la sociedad civil que han dado seguimiento al caso temen que el detenido pueda quedar en libertad por ser hijo de un policía local.

En 2021 Estado de México además de estar a la cabeza en violencia feminicida, también encabezó los primeros lugares del país en otros delitos contra las mujeres, como secuestro, extorsión, violencia familiar y violación. Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados del país. Solo el Estado de México tiene declaradas no una, sino dos alertas por violencia machista. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que no sirve para poner remedio a casos tan espantosos como el feminicidio de Lourdes Mañon.

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La violencia generalizada, la pandemia y los recortes presupuestarios han provocado el alza de las agresiones machistas en el país. El año pasado fue el más violento para las mujeres mexicanas, con más de 3.000 asesinadas, mientras que el delito de feminicidio se incrementó un 4% durante el Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: El País.

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Andrés Manuel López Obrador terminó 2021 y ha comenzado este año sumido en una guerra con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tensiones con el organismo no son nuevas y han acompañado la primera mitad del sexenio, pero la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato prevista para abril ha convertido el pulso en un enfrentamiento abierto.

A esta convulsión, sin precedentes en la historia de la autoridad electoral, se suma la presión política ejercida sobre el Banco de México (Banxico). La nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, acaba de asumir el cargo tras un relevo precipitado por el presidente a finales de noviembre. La antigua subsecretaria de Egresos de Hacienda, la primera mujer a la cabeza de la institución, se ocupará de la estabilidad de los precios, pese a su escasa experiencia en la materia, porque así lo quiso el mandatario. Tanto la relación con el INE como con el banco central son especialmente significativas no solo por tratarse de órganos constitucionales autónomos, que operan al margen de los tres poderes del Estado, sino porque marcarán un año clave para el Gobierno.

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Las citas electorales y la economía son determinantes para López Obrador porque de todo ello depende la consolidación de su proyecto, la llamada Cuarta Transformación. Además del referéndum revocatorio, que este miércoles ha reivindicado como un instrumento para “afianzar la democracia”, millones de mexicanos están convocados a las urnas en junio para elegir a los gobernadores de seis Estados y decenas de municipios. Aunque esos comicios no tienen las dimensiones de las elecciones intermedias de 2021 sí son importantes para medir las fuerzas del partido oficialista, Morena, antes de las presidenciales de 2024. Y en todos esos procesos es crucial el trabajo del INE.

El origen del conflicto con el Instituto Electoral ha sido en esta ocasión su negativa a organizar la consulta tras los recortes de presupuesto aprobados por el Parlamento. Finalmente la justicia le ordenó reanudar la coordinación del proceso con el apoyo financiero de Hacienda, aunque en medio han quedado denuncias penales contra varios consejeros del organismos y su presidente, Lorenzo Córdova, y una ruptura de la confianza alimentada por los ataques de Morena y las presiones del Gobierno.

Otro de los organismos que tendrá un papel preponderante este año es Banxico. La economía es uno de los grandes desafíos del Gobierno y, si bien el banco no define las políticas de crecimiento, es el encargado de mantener a raya la inflación, que desde noviembre superó la barrera del 7%.

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El nombramiento de Rodríguez Ceja. que desplazó sorpresivamente a la primera propuesta del presidente, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, sembró las dudas sobre los planes de López Obrador para ese organismo. El mandatario reiteró a finales de año, coincidiendo con la toma de posesión de la gobernadora, que respetará su autonomía, pero no es un secreto que según se criterio la institución debería ocuparse también de las líneas maestras de los paquetes económicos.

La idea de fondo es que así el Gobierno federal pueda obtener préstamos para poner en marcha, por ejemplo, programas sociales. Incidió de nuevo en ello el pasado jueves:

“Una función del banco es control de inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento. Control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero, si no hay crecimiento, tampoco se avanza”.

Herrera su oponía frontalmente a esa opción al considerar que los objetivos de esas funciones chocan entre sí. “Si se quiere que la economía crezca, se puede dar una serie de estímulos que a lo mejor crean cuellos de botella que se traducen en inflación”, explicó a EL PAÍS justo antes de dejar el cargo.

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Esta semana el presidente ha vuelto a cuestionar a los entes públicos a cuenta de una reflexión sobre los ahorros y la “burocracia dorada”, dijo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Es una vergüenza que dinero del presupuesto nada más llegaba al Conacyt y de ahí se transfería a grandes empresas; el Gobierno subsidiaba en lo que llamaban innovación tecnológica a las grandes empresas. ¿Saben cuánto ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90.000 millones de pesos. Por eso podemos aumentar la pensión a los adultos mayores y aumentar las becas. Si no, no podríamos. Entonces, es exactamente lo mismo. No se deja de atender a la gente, pero ya no hay dos, tres, cuatro, cinco organismos haciendo lo mismo”,

afirmó durante una conferencia de prensa matutina antes de volver a meter al Instituto Nacional Electoral (INE) en la ecuación.

“Ahora está lo del INE, por ejemplo, con lo de la consulta. Va a ser muy interesante, y vuelvo a hacer el llamado a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos, cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos? ¿Cuánto ganan los de arriba, cuánto ganan los de abajo, sueldo más bonos, más otras prestaciones? Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos”,

continuó López Obrador.

En México hay nueve organismos autónomos de distinta índole que no dependen ni del Ejecutivo ni de los poderes legislativo y judicial. Las presiones políticas se dan con intensidad variable. Entre esas instituciones se encuentra, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Alejandro Gertz, un hombre en el que el mandatario ha reiterado públicamente su confianza en varias ocasiones.

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Pero también figuran otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que recientemente protagonizó un pulso con el Gobierno por un decreto que blinda los proyectos estratégicos de infraestructuras como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles como asunto de seguridad nacional. El INAI presentó una impugnación para que la transparencia de esas obras no se viera afectada y la Suprema Corte acabó por darle la razón, tumbando parte del acuerdo.

Otro de esos órganos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fundamental para el conocimiento de los datos de interés y la elaboración de políticas públicas, acaba de cambiar su dirección. El pasado 1 de enero asumió las riendas del instituto Graciela Márquez, secretaria de Economía entre 2018 y 2020. Su nombramiento generó malestar en algunos sectores por sus vínculos con el Ejecutivo y el responsable saliente, Julio Santaella, pidió que se aclararan las circunstancias de la decisión. Sin embargo, López Obrador quiso zanjar la polémica sin muchas explicaciones. “Ya está, es Graciela Márquez”, afirmó.

Fuente: El País.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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La inflación anual de México se desaceleró más de lo esperado a principios de diciembre, mientras una nueva gobernadora del banco central se prepara para asumir el cargo en medio de cuestionamientos sobre la independencia de la institución.

Los precios al consumidor subieron 7,45% a principios de diciembre frente al año anterior, menos que la estimación media de 7,7% de los economistas encuestados por Bloomberg. Hace apenas dos semanas, la inflación anual llegó a 7,7%, el mayor ritmo desde principios de 2001. Frente al mes anterior, los precios subieron 0,1%, también por debajo de las previsiones.

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En una señal menos prometedora, la inflación subyacente se aceleró a 5,87%, desde 5,67% dos semanas antes. La cifra, que excluye elementos volátiles como el combustible, es seguida de cerca en México.

El banco central, conocido como Banxico, aceleró el ritmo del restricción monetaria la semana pasada para frenar las expectativas de inflación, con un aumento de medio punto que llevó la tasa de interés al 5,5%. El gobernador saliente, Alejandro Díaz de León, dijo que Banxico no está comprometido con más alzas de medio punto en el futuro, y que espera que la inflación alcance su punto máximo en el último trimestre de este año.

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A la incertidumbre sobre las futuras decisiones de política monetaria se suma la nueva gobernadora del banco central elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se retractara de su anterior nominado. Victoria Rodríguez Ceja, que reemplazará a Díaz de León a principios de 2022, tiene una larga trayectoria en el servicio público, pero poca experiencia en política monetaria.

Fuente: Bloomberg Línea.

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La activista indígena me’phaa tiene 44 años y a partir de 2021 ya no recorre ese trayecto sólo para hacer compras o trámites en Ayutla; ahora lo hace para llegar a un refugio que ella misma ayudó a construir: La “Casa de los Saberes” (Gúwa Kúma, en lengua me’phaa), un lugar que se inauguró a finales de septiembre para atender a mujeres víctimas de violencia, incluida sexual, como la que sufrió Inés.

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El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos de efectivos del Ejército mexicano. Al denunciar, asegura, se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. El tiempo pasó y al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés buscó otras alternativas, lo mismo que se ven obligadas a hacer muchas otras mexicanas, cuyas denuncias por violencia sexual no derivan en una sentencia contra su agresor. Algunas llevan su caso a instancias internacionales o denuncian públicamente, otras se acompañan entre sí durante el proceso de denuncia y algunas más simplemente intentan resignificar lo que vivieron. En la “Casa de los Saberes”, éstas y más opciones están al alcance de quien las necesite.

“Este centro representa una parte de la justicia que he estado esperando por casi 20 años. He tenido que recorrer un camino muy difícil para llegar aquí. En estos años de lucha, viví amenazas y hostigamientos, mi esposo fue amenazado y perdí a mi hermano Lorenzo, lo mataron porque yo exigí justicia”, dice Inés.

Esta historia fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

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De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, organismo que ha dado seguimiento al caso de Inés, al acudir al Ministerio Público municipal, un día después de la violación que refiere Inés, las autoridades se negaron a tomar su declaración e iniciar su denuncia. Argumentaron que estaba mintiendo y tuvo que solicitar acompañamiento a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para poder acudir a la fiscalía estatal. Sin embargo, añade el CDHM, en algún punto del proceso esa comisión perdió las pruebas ginecológicas que se realizan obligatoriamente en este tipo de casos para probar los hechos.

Eventualmente las autoridades civiles transfirieron el caso al fuero militar de la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero. El ejército dice que investigó, pero concluyó que no se había cometido ningún delito y que los nueve militares acusados eran inocentes. El caso fue cerrado.

En 2005, cuando se agotaron los recursos internos en México tras haber apelado en diversas instancias, Inés llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con apoyo del CDHM. De ahí pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el 30 de agosto de 2010 emitió una sentencia en la que declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra.

La CoIDH ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas, que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, es decir, que sean juzgados como cualquier otra persona y no en un tribunal militar. A raíz de esto, el gobierno restableció el proceso y en 2013 se arrestó a dos de los presuntos agresores de Inés. Años más tarde, según informaron las autoridades, uno de ellos falleció en la prisión del Campo Militar, en las afueras de Ciudad de México, y otro permanece ahí mismo sin ser sentenciado.

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El proceso continúa abierto e Inés sigue esperando a que el Estado castigue a quienes hace 19 años la agredieron. “Lo que estoy viviendo hoy es sólo una parte de la justicia que busco. Yo quiero que esta persona pague y sigo esperando a que el gobierno se haga cargo”, dice Inés.

Otra de las medidas de reparación que estableció la CoIDH en su resolución fue la construcción de un centro comunitario para promover los derechos humanos y los de la mujer. Once años después de la sentencia y casi veinte después de la agresión, el Estado concretó la reparación del daño a Inés y así nació la “Casa de los Saberes”.

“La creación de este centro es un poco de la justicia que he buscado para mí y para quienes viven situaciones de violencia en nuestras comunidades para que no vivan lo que yo viví, que no tuve un espacio en el que fuera escuchada y en el que encontrara justicia”, expresa Inés. “Esta parte de justicia la encontré yo con la sentencia de la Corte Interamericana porque no se dio por voluntad del gobierno mexicano sino que (el Estado) fue sentenciado a reparar los daños que me ocasionó”.

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LOS IMPACTOS DE LA DENUNCIA EN LAS VÍCTIMAS

La CoIDH ayudó a visibilizar internacionalmente la violencia que Inés sufrió por parte de los militares y de las autoridades mexicanas, pero también evidenció la impunidad que se vive en el fuero civil al momento de denunciar violencia sexual. Testimonios de víctimas de ese tipo de agresiones recopilados por The Associated Press de marzo a octubre de 2021 muestran que la justicia penal en estos casos es revictimizante, es decir, que cuando las mujeres acuden a las dependencias a denunciar, son tratadas como si hubieran provocado el abuso en su contra y las autoridades no actúan para atender adecuadamente sus reclamos.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de todas las causas para no denunciar, el 61% lo atribuye a la autoridad. Y del total de este porcentaje, un 34% lo considera una pérdida de tiempo, 14% desconfía de la autoridad, 7% cree que los trámites son largos y difíciles, 4% no lo hace por la actitud hostil de los funcionarios y un 1% teme ser extorsionado.

En México, las denuncias que se hacen por violencia sexual son muy pocas. De acuerdo con datos publicados por el INEGI a finales de 2020, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

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Según los datos de los censos nacionales de procuración e impartición de justicia realizados por el INEGI de 2014 a 2018, casi 145.000 víctimas de presuntas violaciones y abusos sexuales presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. No obstante, sólo cinco de cada 100 de esos casos derivaron en una sentencia. Del resto, una gran parte se quedó en las agencias del MP como indagatorias que “siguen en curso” o fueron archivadas por distintas causas.

Ana Katiria Suárez, penalista defensora de género que en 2013 representó a una joven acusada de homicidio calificado por matar a su violador en defensa propia, considera que lo anterior responde a los estándares de misoginia en los que se basan las investigaciones y a la falta de estructura que existe en México para atender este tipo de casos.

En México las denuncias por violencia sexual se presentan en la agencia del Ministerio Público más cercana al lugar de los hechos o al domicilio de la persona denunciante y de ahí se le remite a la oficina de la Fiscalía del estado que corresponda. Alrededor del 90% de éstas cuentan con un área especializada en Delitos Sexuales.

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Ya sea ahí o en la oficina general, la víctima relata lo sucedido y luego acude con un médico legista para que se le realice una revisión ginecológica. Después un perito debe realizarle una entrevista y pruebas psicológicas, y la persona afectada se entrevista con un miembro de la policía de investigación para que se recopilen datos sobre el tiempo y espacio en el que ocurrió el hecho y sobre el presunto agresor que cometió el delito. Con esa información se integra una carpeta de investigación que la víctima podrá consultar aproximadamente 15 días después. Entonces se le designará a un MP que dará seguimiento a su caso.

Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece.

“En este país, el primer obstáculo de las víctimas de delitos sexuales es que se enfrentan a la criminalización por parte de quien tendría que brindarles protección. La idiosincrasia de las autoridades gira en torno a cómo la víctima provocó lo que sucedió y a cómo lo pudo haber evitado, cuando en realidad nada justifica la conducta del agresor”, explica Ana Katiria Suárez, que también se especializa en derechos humanos.

La litigante detalla que las personas que vivieron este tipo de violencia muchas veces no denuncian o no concluyen el proceso porque creen que tienen que protegerse incluso de las autoridades ante las que denuncian. “El proceso es muy lascivo. La mayoría de las veces, desde que llegan a la barandilla, ya hay prejuicios culturales en su contra y por lo general se encuentran con la minimización de estas conductas (abusos sexuales)”, destaca la abogada. “‘No fue tan grave’. ‘Hay asuntos más delicados’. ‘Toma tu turno y regresa en seis horas’. ‘No tenemos médico legista’. Es entonces cuando volteamos a ver al aparato organizacional y operativo de las autoridades y nos damos cuenta de que no se tiene la infraestructura para atenderlas”.

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Por otro lado, el impacto psicoemocional que provoca en las personas reconocerse como víctimas de violencia sexual es devastador y el presentar una denuncia, en ocasiones, llega a intensificarlo. “En cuanto una persona abre temas como éstos, inmediatamente vienen las preguntas y cuestionamientos hacía la víctima y no necesariamente de personas distantes o de publicaciones de las redes sociales. A veces de parte de personas cercanas”, expresa Valeria Moscoso, psicóloga especialista en atención y trabajo psicosocial.

“Son como distintas rupturas de corazón una tras otra, distintos duelos uno tras otro. Se dan cuenta de que no hay una capacidad de conectar con las personas en las que confiaban y de que entiendan lo que implica un hecho de violencia sexual”, comenta la experta. “Si eso es difícil, imagínate estar siendo cuestionada constantemente por distintas autoridades y revisitar la situación violenta una y otra vez. Implica un desgaste emocional muy fuerte”.

La especialista explica que estas experiencias llegan a provocar ansiedad, problemas psicosomáticos, depresión, desconexión y momentos de despersonalización que afectan en sus relaciones interpersonales y laborales. “Por eso hay quienes deciden parar o bien compaginar su proceso con otras alternativas que les permitan acceder a la justicia que el estado de cierta forma les niega”, añade la psicóloga.

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MÁS ALLÁ DE LA JUSTICIA PENAL

Han pasado más de 15 años desde que Claudia Hernández, licenciada en Ciencias Políticas de 39 años, fue arrestada durante una manifestación en el centro de México mientras, como parte de su tesis profesional, documentaba la protesta.

El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien sería presidente del país entre 2012 y 2018, se realizó un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, que rodea la capital del país. El objetivo era acabar con una protesta enarbolada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), movimiento que se oponía a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. El saldo del operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales del país fue de dos muertos, más de 200 detenidos y decenas de denuncias por detenciones arbitrarias, abusos, tortura y tortura sexual.

Tras su detención, al igual que a otras 50 mujeres, Claudia relata que se le trasladó a un penal para procesarla por los delitos de ataques a las vías de comunicación, terrorismo y asociación delictuosa. Los cargos por los últimos dos delitos se retiraron, pero el primero se mantuvo y aunque se le permitió salir un mes después del arresto, se le sometió a un proceso penal que duró cinco años. En 2011 se determinó que era inocente. La entonces estudiante cuenta que, mientras se defendía de dichas acusaciones, ella y otras 21 mujeres denunciaron formalmente que en su traslado al penal sufrieron abusos y violaciones sexuales por parte de la policía cuando fueron trasladadas.

Al igual que Inés, al agotar todas las instancias judiciales en el país, en 2008 Claudia y otras diez mujeres llevaron su caso a la CIDH. En 2018, la CoIDH condenó a México por no investigar, juzgar ni sancionar a todos los responsables del operativo policial tanto a nivel material como intelectual. Es decir, no sólo a los policías, sino también a la cadena de mando y a los funcionarios públicos que participaron en la planeación del operativo. Sin embargo, a tres años de esa determinación de la CoIDH, la investigación continúa estancada. Se han procesado a decenas de policías y médicos legistas, pero ningún funcionario público ha sido vinculado a proceso y hasta la fecha no hay sentencias condenatorias.

Melissa Zamora es co-coordinadora del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organismo que representa a Claudia y a sus compañeras. Ella explica que elevar las denuncias de las mujeres a instancias internacionales o de derechos humanos porque el Estado no les responde es un tipo de justicia que se deriva del agotamiento de recursos. “Se busca cuando ya no hubo ninguna otra alternativa o cuando si bien seguían encaminados o seguían abiertos ciertos procesos ya se habían vencido los plazos razonables para que determinada investigación se llevara a cabo”, asegura la abogada.

Sobre la sentencia que emitió la CoIDH por su caso, Claudia asegura haberse sentido liberada aunque al paso del tiempo se dio cuenta de que la condena seguiría pendiente. “Dije: ‘Ya acabó, vamos a obtener justicia. Lo logramos, avanzamos, pero no. Es increíble ver la falta de coordinación administrativa e interinstitucional (del gobierno), la falta de compromiso por cumplir sus competencias y sus atribuciones”, expresa. “Ha sido difícil, pero tenemos la sentencia de la Corte que nos avala y aunque va a ser una lucha muy larga, no vamos a dejar de insistir hasta que se cumpla”.

En paralelo al proceso penal, en 2014 las mujeres de Atenco lanzaron una campaña llamada “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” que busca visibilizar esta práctica, promover la denuncia y generar solidaridad con otras sobrevivientes. Desde el punto de vista de Claudia, crear lazos como éste con otras sobrevivientes ayuda a los procesos de sanación de cada una y muchas veces el apoyo y acompañamiento que se gesta es clave para poder acceder a la justicia.

“Cuando a mí me pasó, tuve que enfrentar a mi familia y explicarles que había sido violada y que no había sido mi culpa. Te tienes que enfrentar a ellos, al Estado y demostrar que fuiste víctima de violación”, explica. “Quien me empujó a salir adelante fueron en un principio mis amigas y después ahí estuvieron los colectivos y las organizaciones, esperándonos con los brazos abiertos. Tener la compañía de esa gente que te hace entender que tú no eres culpable de nada te permite seguir luchando”.

Edith Escareño, psicóloga especializada en violencia de género y violaciones a derechos humanos, opina que este tipo acompañamientos se han convertido en otra alternativa a la justicia penal para las víctimas de violencia sexual. “El sistema, así como está, a las mujeres no nos están sirviendo. Por eso se crean estas otras formas de justicia que buscan resignificar sus experiencias con quien sí escucha y entiende y acompañar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Es apabullante porque cuando el sistema falla y no se castiga la violencia como tal, hay un contrapunteo de resistencia”, explica la experta. “La colectividad les ayuda a no vivir el proceso solas y a tomar fuerza para exigir que se respeten sus derechos”.

Para las 11 mujeres de Atenco, la justicia se alcanzará cuando el Estado sancione a todos los implicados en el operativo de 2006, cuando se concrete la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de la entonces Policía Federal (PF) —hoy Guardia Nacional— y cuando se garantice la no repetición de este tipo de crímenes. “No queremos que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras pasamos porque te rompe la vida definitivamente y ninguna mujer tiene que ser violentada a tal extremo”, recalca Claudia.

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JUSTICIA INSTITUCIONAL Y DENUNCIA PÚBLICA

Amy Lira, de 29 años, lo tiene claro: “Ninguna mujer que haya sido víctima de violencia sexual tendría que vivir un proceso de denuncia tan revictimizante como el que se vive en México”. Y lo dice por experiencia propia.

En junio de 2016, la actriz y activista decidió denunciar penalmente por abuso sexual a un director de teatro y profesor mexicano que laboraba en distintas universidades del país. Amy relata que nunca imaginó que además de asimilar la agresión que vivió tendría que enfrentar la “ineptitud” y “la nula perspectiva de género” del sistema de justicia mexicano.

“Desde el momento en el que llegas (al Ministerio Público) te enfrentas a los juicios de todos los funcionarios que te atienden. Desde el MP, hasta los médicos legistas, los auxiliares, los peritos y hasta de los propios abogados”, relata Amy. “Las evaluaciones médicas son terribles y para realizarlas llegas a esperar horas. Redactan las denuncias como quieren, entonces además de estar reviviendo tu experiencia a cada momento, tienes que cerciorarte de que en realidad están escribiendo lo que tú estás diciendo”.

Amy se enfrentó a ese sistema durante tres años. Se presentaba en el MP constantemente para revisar la carpeta de su investigación, pero nada cambiaba. A veces le llegaban a su casa citatorios para acudir al MP aunque ya habían vencido y acudía ante las autoridades a reportar la situación, pero meses más tarde volvía a suceder. Eventualmente optó por no darle continuidad a la denuncia. “Decidí no seguir después de la última queja de inconformidad que metí en junio del 2019 por la revictimización que viví”, afirma.

No obstante, dejar de lado la vía penal no evitó que Amy continuara buscando justicia. Desde finales de 2017, comenzó a colaborar con Casa Mandarina, organización no gubernamental creada hace 21 años para erradicar la violencia sexual y con su ayuda realizó denuncias públicas e institucionales contra el profesor agresor, quien además acumulaba denuncias por parte de otras estudiantes y actrices. “Abarcamos todos los lugares en donde este señor estaba relacionado institucionalmente. Le habían ofrecido un puesto en Tlalnepantla (Estado de México) con el gobierno de ese entonces. Casa Mandarina presentó un escrito como denuncia institucional informando de la situación y ya no le dieron ese trabajo”, cuenta Amy.

“Lo denunciamos frente a la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Nos pusieron muchísimos peros, pero logramos que no le renovaran el contrato de arrendamiento del Teatro Coyoacán. Y pues enviamos la denuncia a las universidades en las que había trabajado pero ahí sólo nos comunicaron que ya no laboraba ahí”, añade. Paralelamente, la activista realizó una denuncia pública que propició que su agresor ya no hiciera producciones teatrales, pues siempre convocaba a personas jóvenes. “Yo lo que creo es que la denuncia penal ayudó a dar un sustento, absurdo, pero había una denuncia en trámite y eso presionó muchísimo a las instituciones porque siempre preguntaban si ésta existía”, detalla.

Amy también optó por acompañar a otras sobrevivientes de violencia sexual. En 2019 se convirtió en la directora de acompañamiento de Casa Mandarina, pues está convencida de que los procesos de sanación no deben transitarse en soledad y de que la vía penal no es la única opción para obtener justicia. “Nuestra recomendación siempre es denunciar para generar un antecedente (penal) y porque tiene mucho que ver con el recuperar la voz, pero no todas quieren eso y hay que respetarlo”, explica. “Hay alternativas como las denuncias institucionales, académicas o las denuncias públicas o masivas que circulan sobre todo en redes sociales”.

Movimientos como el #MeToo y #Yosítecreo que surgieron en 2017 y 2018 para denunciar agresiones y acosos sexuales son para Amy ejemplos de que la denuncia pública funciona. “Lo que pudimos observar es que hay muchísimas sobrevivientes que quieren denunciar a sus agresores y lo hacen buscando justicia social, pero también para generar una advertencia y un antecedente, pues en muchas ocasiones a través del sistema judicial eso no sucede y es importante prevenir a la sociedad de un delito que puede repetirse”, asegura.

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UN PANORAMA DIFUSO EN MÉXICO

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a julio de 2021, en México se han denunciado 151.264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual.

La AP buscó en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Delitos Sexuales y a la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) solicitando su opinión sobre la alta incidencia de estos delitos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el gobierno ha admitido anteriormente que en denuncias de violencia sexual predomina la impunidad.

En su diagnóstico sobre la atención por violencia sexual de 2016, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) señala que “existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas (…) la desconfianza de las víctimas hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los(as) operadores(as) del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco jurídico local —con frecuencia carente de enfoques psicosocial, de género, diferencial y especializado, así como de derechos humanos—”.

La ENVIPE de 2020 realizada por INEGI reveló que en 2019, la cifra de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación ascendió a 92.4% a nivel nacional. Considerando que, según la ENVIPE, en promedio sólo el 2% de los casos de violencia sexual se denuncian, es difícil saber exactamente cuántas mujeres han experimentado este tipo de agresiones, cuántas requieren apoyo y cuántas siguen en búsqueda de justicia, aunque ésta no sea penal.

Inés es firme: para todas las mujeres que viven situaciones de violencia sexual denunciar y no quedarse calladas es primordial. “Se necesita de mucha fuerza para exigir justicia pero hay que hacerlo, de la manera que sea. (Las sobrevivientes de violencia sexual) vivimos situaciones muy difíciles todos los días, por eso la justicia que busco no es sólo para mí, es para ellas, es para todas”.

Claudia, por su parte, cree que el proceso de cada sobreviviente es distinto y que las formas de sanar y obtener justicia también lo son. “Algunas están en procesos de sanación, otras de lucha y otras no quieren salir del cascarón y las entiendo. No están solas. Hablar de lo que pasó ayuda mucho porque demuestras que esto existe y que el Estado mexicano no está haciendo nada para solucionarlo”. Tras una breve pausa, Claudia respira y sonríe: “Nunca vuelves a ser la misma, pero te reconstruyes a partir de lo que tienes”.

Fuente: Los Angeles Times.

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México llega al Día Internacional contra la Violencia de Género sumido en una crisis de seguridad provocada por la violencia machista. Desde 1990, pero de manera más acelerada en los últimos cinco años, el asesinato de mujeres en el país ha aumentado cada año sin freno hasta llegar a un máximo de 3.957 homicidios en 2020.

Cualquier cifra en torno a la violencia machista en el país da pavor: once mujeres son asesinadas al día, la tasa de impunidad supera el 95%, solo un 2% de los casos termina en sentencia y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. Como respuesta, el movimiento feminista expresa su repulsa a esta realidad con ira, hartazgo y desesperación en las calles. Las feministas critican la postura del presidente López Obrador que ha llegado a insinuar que el movimiento de mujeres se ha convertido en un movimiento opositor a su Administración.

El presidente ha reiterado su compromiso de “proteger y no dejar en el desamparo” a las mujeres. Tan solo entre 2018 y el año pasado, 11.602 mujeres han sido asesinadas en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a proteger a los desposeídos, los humildes, a las mujeres, a las viudas, los huérfanos”, ha agregado el mandatario en conferencia de prensa desde el Estado de Zacatecas. “Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Por convicción, no por moda. Porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas”, ha asegurado.

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El mensaje del Gobierno se ha centrado en demostrar un avance en el combate a los delitos contra las mujeres e insiste en la vocación feminista del presidente. “Es un hombre profundamente feminista. Si no, la mitad de su Gabinete no serían mujeres”, aseguraba en una entrevista con EL PAÍS Semanal la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “El feminicidio bajó 14,8% en octubre respecto al mismo mes del 2020, y es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno. Seguiremos reforzando las acciones”, señalaba Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad federal. Rodríguez hacía la misma referencia un mes antes: “Es el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno”.

Las cifras que citan las autoridades hacen referencia a reducciones puntuales en delitos como el feminicidio y las violaciones. En contraste, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con las víctimas señalan que en un contexto más amplio la violencia feminicida en el país está lejos de acabarse y lejos de mejorar. El retrato que dan es el de unas autoridades rebasadas por el horror.

“Cada vez se asesina a mujeres más jóvenes y con mayor ensañamiento”, señala la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada y agrega otro dato: “Los feminicidios de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se han incrementado año con año desde 2015 hasta los 542 en septiembre de 2021″,

citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El aumento generalizado de la violencia en México tiene consecuencias directas en el aumento de la violencia contra las mujeres, sin embargo, los últimos descensos en las cifras de delitos no han tenido efecto en la bajada de la violencia machista. Al contrario, esta ha seguido subiendo. “De las más de 3.000 mujeres asesinadas, el 50% tiene características de feminicidios”, afirma Estrada. Sin embargo, no todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio. Esta definición creada en 2012, está recogida en el Código Penal Federal, aunque en la práctica depende de los códigos penales de cada Estado.

Estrada explica que existe “mucha resistencia” de las fiscalías estatales en clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios. En 2020 el 58,2% de asesinatos de mujeres fue por arma de fuego, de acuerdo al Inegi, motivo para clasificar el caso como un homicidio. “Hay mucha presión del poder político y las autoridades para que no suban los feminicidio en los Estados”, denuncia la directora. La especialista pone al Estado de Tamaulipas, uno de los más violentos del país, como ejemplo. Allí solo se han contabilizado tres feminicidios en lo que va de año de un total de 1.053 homicidios, de acuerdo con datos oficiales. “Todos los estados tienen tipificado el delito de feminicidio, pero no quieren comités que evalúen los resultados. Aquí se cruzan presiones desde la delincuencia, la política, el Ejército, la policía y los casos quedan en la impunidad”, apunta Estrada.

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En lo que va de año, de acuerdo a cifras del Gobierno se han abierto en el país 809 carpetas de investigación por feminicidio, comparado con las 344 que se abrieron en el mismo periodo de 2015, un 135% más. En los pasados cinco años la violencia feminicida ha ido en ascenso. Mientras que en 2015 se registraron 412 feminicidios, para 2018 los casos eran el doble, 895. En 2019 el número de investigaciones totales rondaba casi las 950, una cifra similar a las nuevas víctimas registradas en 2020.

La falta de acceso a la justicia

Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados de México. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que ha acabado extendiéndose por todo el país. “El Estado mexicano está haciendo acciones puntuales frente a situaciones que son muy urgentes, pero son aisladas y descoordinadas”, opina la abogada Andrea Medina. “Hay falta de voluntad por parte de las autoridades porque lineamientos sobran: tenemos una legislación muy completa, pronunciamientos de la Suprema Corte sobre violencia de género, tenemos sentencias de la Corte Interamericana, México ha firmado tratados internacionales, pero no sirve de nada si los operadores del sistema no los aplican, no sé si por ignorancia o por dolo”, dice Mariel Albarrán, víctima de violencia.

Es ahí, en el acceso a la justicia donde la mayoría de víctimas se quejan de maltrato y revictimización que reciben de las autoridades. Y las autoridades, desbordadas, avanzan lentamente en la resolución de los casos con trabas, falta de personal, falta de formación y recortes presupuestarios. Araceli Osorio recuerda que antes de ver al asesino de su hija tras las rejas, tuvo que pelear dos largos años para que un tribunal reclasificara el asesinato de Lesvy Berlín Rivera como feminicidio.

La Fiscalía de Ciudad de México había intentado cerrar el caso al asegurar que la chica se había suicidado con el cable de una cabina telefónica. Después, un tribunal reconoció que la joven de 22 años fue estrangulada por el que era su pareja en los jardines de la Universidad Nacional Autónoma. “Después del juicio ha habido cambios de mentalidad, de percepción, de repensar las prácticas de los funcionarios, aunque se siguen cometiendo muchos errores”, decía Osorio en entrevista con este periódico.

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En medio de este panorama, la violencia machista en México se ha agravado con la pandemia y el confinamiento. Las llamadas de auxilio al 911 crecieron un 32% y aumentaron las estancias en los refugios para mujeres víctimas de maltrato. Sin embargo, otro de los problemas que enfrentarán las organizaciones y programas de apoyo a las víctimas serán recortes o un presupuesto muy reducido para el próximo año.

Las organizaciones exhortan al Gobierno a que no las condene al ostracismo. “La violencia contra las mujeres en nuestro país era ya una pandemia antes de la pandemia provocada por la covid. Los feminicidios deberían de estar en el centro y los recursos reflejar el interés que tiene el Gobierno por solucionar una problemática de esta dimensión”, afirma Marilú Rasso, directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en Ciudad de México.

A tres años de que termine el sexenio del presidente López Obrador, el Gobierno todavía no ha publicado el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La estrategia maestra para atender el problema se ha quedado en un limbo administrativo.

La Secretaría de Gobernación asegura que Hacienda no ha refrendado el documento y que aún esperan la firma del presidente para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. “Los gobiernos han simulado invertir en los programas y políticas a favor de las mujeres, pero en realidad no ha sido así. Volvemos a tener esa política de simulación que tanto daño nos ha hecho a las mexicanas”, sentencia la periodista y socióloga Lucía Lagunes.

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Cientos de mujeres tomarán este jueves otra vez las calles para exigir justicia y un alto a los asesinatos, las violaciones, las desapariciones, el acoso y la impunidad. Marcharán por sus hijas, por sus madres, por sus amigas. Por las que vienen y por las que ya no están.

Fuente: El País.

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