Desde el pasado 16 de mayo, México supera esta cifra en su registro oficial de personas desaparecidas en el país, lo cual da una idea de la auténtica «crisis humanitaria» que supone esta tragedia, tal y como la calificó el gobierno el año pasado.

Aunque el conteo oficial inició en 1964, las desapariciones aumentaron vertiginosamente desde que en 2006 se inició la llamada «guerra contra el narco» del entonces presidente Felipe Calderón.

Durante su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas denunció que el crimen organizado es el perpetrador central de estos hechos, aunque también señaló como responsables a funcionarios públicos.

Por ello, instó a tomar acciones para acabar con la impunidad que campa a sus anchas -casi un 95% de los delitos en México quedan sin resolver- y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir y erradicar las desapariciones.

«Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora (…) y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico» durante la que «murieron muchos y los desaparecieron»,

declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras conocerse el reciente y triste récord de desaparecidos en el país.

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En los últimos meses, el estado norteño de Nuevo León ha estado bajo el foco por el aumento de desaparición de mujeres -especialmente jóvenes, con algunos casos tan mediáticos como el de Debanhi Escobar- y por las irregularidades cometidas y reconocidas por la Fiscalía estatal durante la investigación.

Pero miles de otras desapariciones no atraen la misma atención y son los familiares de las víctimas quienes luchan a diario para impedir que, con el paso del tiempo, sus casos caigan en el olvido de las autoridades y de la sociedad.

Porque la cifra de 100.000 desaparecidos recién alcanzada es mucho más que un número: esconde historias de búsquedas en terreno con las propias manos de las familias que, en ocasiones, acaban prácticamente destrozadas de por vida a causa de la tragedia.

El de la joven Frida Flores, desaparecida el año pasado también en Nuevo León, es uno de ellos. Su madre, Erika Navarro, compartió entre llantos su historia con BBC Mundo y aseguró que ni todo el dolor del mundo le hará desistir de buscar hasta encontrar a su hija.

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Personas desaparecidas en México

• 100.017desaparecidas y no localizadas.

• Hombresson el 74,7%.

• 20-39 añoses el rango de edad de la mayoría de desaparecidos.

• Estadoscon más desaparecidos: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México (1964 – 16 de mayo de 2022)

Mi hija Frida Yoatsi desapareció el 29 de agosto de 2021 en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El 7 de septiembre ella cumplía 19 años.

Me dijo que iba a comer con unos amigos y me dijo que estuviera tranquila, que no se iba a tardar.

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La última vez que hablé con ella por teléfono fue a las 5:00 de la tarde, cuando me dijo que ya en un rato volvía. Pero pasaron las horas y no llegaba, así que empecé a preocuparme mucho.

Volví a llamarla y ya no respondía. Pasadas las 9:00 de la noche, su teléfono estaba ya apagado.

Me la pasé toda la noche sentada, esperando y esperando, hasta que en la mañana siguiente fui a poner la denuncia. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Quién se la llevó?

Lo que pasó fue que al salir de un restaurante con una amiga, las abordó una camioneta. Las subieron a las dos. La amiga dice que no vio a la persona que las subió, solamente que era una mujer.

A la amiga la bajaron cerca de su casa, pero a mi hija se la llevaron. Ahí se pierde el contacto y ya no se sabe nada. Desde entonces, no se sabe nada. Es como que a Frida se la hubiera tragado la tierra.

Nueve meses de angustia

Como Sabinas es un foco rojo donde hay muchas desapariciones, en aquellas primeras horas sí pensé que quizá no la iba a volver a ver, o que la iba a ver… no sé cómo.

La Fiscalía me dice que están en la búsqueda y trabajando en ello. Y de alguna manera les comprendo, porque son miles de casos, pero en lo personal me duele mucho que hasta ahorita no tengo respuesta de nadie. Dicen que han hecho su trabajo, pero no me han resuelto nada.

15 días antes de su desaparición, en la zona se habían llevado a otras muchachas. A Frida le dije muchas veces que no fuera a Sabinas, que estaba peligroso… Pero ella tenía amistades allá, porque aunque ahora vivimos en Apodaca, se criaron en Villaldama, un pueblo junto a Sabinas.

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Siempre le he intentado dar buenos consejos a Frida porque soy muy nerviosa hacia la inseguridad aquí en Nuevo León, donde uno ve diario que ya hace años que se roban muchachitas, que las violan, las matan, las secuestran… y jamás veo que encuentren al responsable. Hay muchísima impunidad.

Estos casi nueve meses son meses de angustia, de sufrimiento. Pero yo voy a seguir alzando la voz y buscando a mi hija hasta encontrarla.

Me duele tanto y estoy pasando una situación tan difícil, que a nadie se la deseo. Aún así, yo no busco culpables, solo quiero el regreso de Frida y que se acabe esta pesadilla.

He sufrido mucho este tiempo. Me he enfermado, me atacan los nervios, me entra mucho pánico y no duermo por la noche. El psicólogo me tiene medicada, pero no descanso al 100%.

He perdido mi trabajo como enfermera. Voy nada más si me sale una guardia específica. Al no dormir, no aguanto mi cabeza y me duele todo el cuerpo. No puedo buscar un trabajo estable porque no me concentro.

Eso también me repercute para sobrevivir, claro. Mi hija mayor me ayuda mucho, mis hermanas y mi prima… Yo voy vendiendo cosas que no necesito, porque ¿para qué quiero nada ahora?

Una familia destrozada

Desde que enviudé hace un año, me quedé al frente de mis tres hijas. Yo voy a cumplir 42 años. Mi hija mayor de 21 ha estado al pie del cañón, ha sufrido y sufre a la par conmigo.

Tengo otra niña de 16 años, que está con su abuelita. Por el momento no está conmigo porque yo me la he pasado saliendo a buscar a Frida, alzando la voz. A la niña también la ha trastornado todo esto y acude al psicólogo.

Estamos todas muy mal, física y emocionalmente. Pero sé que tengo que estar bien para seguir buscando a Frida.

Frida es una estudiante de la facultad, estudia para contador público. Ella no tiene problemas con nadie ni debe nada, se dedica a su estudio.

Es muy inteligente y aplicada. Estudiar es su sueño y ella me decía: «Yo le prometí a mi papá que yo me iba a graduar y trabajar después para ayudarles mucho a la familia». Esos eran sus planes.

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Ella vivía conmigo mientras estudiaba. Siempre estábamos juntas, era muy apegada a mi. Íbamos al centro, a comer, a visitar a mis hermanas… Ella siempre ha sido la alegría de la casa, muy bailadora, muy risueña y alegre.

Este Día de las Madres (10 de mayo) fue un día muy triste, lleno de dolor. Me puse muy mal, tuve que ir al doctor porque me dolía mucho mi cabeza.

Aunque la verdad es que todos los días para mí han sido grises desde que Frida no está con nosotros. Porque es muy triste y duro pasar esta situación y no tener hasta la fecha respuesta alguna. No se sabe nada.

Inseguridad diaria

En la tele dicen que casi diario aquí en Nuevo León pasan muchos crímenes, secuestros, levantones… así que ni la veo porque me pongo muy mal.

Me siento insegura en la calle, es una inseguridad muy grande, yo veo como foco rojo todo el estado. No ando a gusto en la calle, siento miedo pese a que somos personas de trabajo y no debemos nada ni tenemos problemas con nadie.

Ya uno al salir a la calle carga su gas pimienta. Sales a lo que vas y regresas, como más tardar a las 5:00 de la tarde. Porque si en el día es peligroso, no se diga salir en las noches.

A mis hijas les digo: «Ustedes creen que están bien, seguras y que jamás te va a pasar esto». Igual que yo no imaginé nunca pasar por esta situación tan difícil. Nos ha afectado mucho porque jamás pensamos que nos sucedería esto en la familia, esta gran pesadilla. Todos estamos consternados.

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No sé a qué se deba, pero yo me cansé de tocar puertas a los medios de comunicación para hacer ruido por Frida, para que saliera en las televisoras. Créame que nadie vino a hacerme una entrevista hasta ahora que han pasado muchas cosas del caso de Debanhi (Escobar) para acá. Ahí es que han venido algunas personas a interesarse.

A algunos casos como el de Debanhi y otras jovencitas se les ha hecho mucho ruido. Pero a mi, nueve meses después, no me hacían caso. Apenas que pasaron esas desgracias tan grandes han mirado para mí.

Me dicen que confíe en la autoridad, que me van a ayudar, que van a agilizar todas las investigaciones y van a mandar elementos a Sabinas. Yo creo y confío en ellos, pero ojalá que no solo me lo platiquen, sino que lo hagan.

A la autoridad le pedí que me acompañaran a buscar a Frida, porque si no son ellos, ¿quién le respalda a una? Pero nunca he ido a campo porque no se ha dado la oportunidad de que yo vaya. Y sola no me atrevería por la inseguridad.

«Mi hija está viva»

Yo tengo la fe y la certeza de que mi hija está viva. Mi corazón de madre me dice que lo está.

Anoche me dormí como a las 6:00 horas, porque solo duermo como dos o tres horas al día. Cuando me quedé dormida, soñé que Frida había llegado. Y ella, que es muy gritona, me decía: «Ya llegué, mami, estoy bien, ya estoy contigo». Y me abrazaba. Me abrazaba con tantas ganas…

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Así como tengo mi de fe de que va a volver, también quiero que termine esta pesadilla, como Dios la mande.

Aquí está lleno de casos de desapariciones que llevan años y años. Yo no quiero ser una más y vivir toda la vida con eso de que no la veo, buscando y buscando, que no llega y no te resuelven nada. Pero tengo tanta fe de que ella va a volver, tanta certeza de que mi hija va a regresar bien, solita…

Lo que quiero es que el caso de Frida no se quede impune, que no termine como otros que tienen 10 o 15 años y sus carpetas de investigación se quedan olvidadas.

Pediría al señor gobernador que pida refuerzos. Que entre la Marina a Nuevo León para que se compongan las cosas, que entren elementos especializados para que nos protejan de tanta cosa que se está viviendo.

En definitiva, quiero que me escuchen. Yo no busco culpables. Y si la persona que tiene a Frida me escucha, que se toque el corazón y sepa que su madre está sufriendo mucho por ella, igual que sus hermanitas. Que Dios toque su corazón para que ella pueda regresar a casa.

Fuente: BBC.

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La violencia contra las mujeres en México, que cobra la vida de más de 10 de ellas al día, fue reconocida como un problema de Estado, pero para seguir avanzando, faltan muchas otras cosas, entre ellas recursos económicos, señaló este martes la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.

Entre otros pendientes está la cobertura de los servicios que brinda el Estado, que no es suficiente, así como tampoco la capacidad que tienen los servidores y servidoras públicas, ni los recursos, añadió.

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En un evento virtual de cooperación, Ferreto y Merike Blofield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA en inglés) participaron en la mesa “Violencia contra las mujeres en América Latina”.

Para el caso de México, Ferreto dijo que “sí hay cambios positivos” y señaló que el país “se ha dotado de todo un andamiaje jurídico e institucional que reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de Estado, como una responsabilidad del Estado”.

Puso como ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de leyes en las 32 estados que integran México, y señaló como “grandes avances la construcción de tipos penales y una serie de instituciones como institutos, centros de justicia y fiscalías especializadas para las mujeres”.

Dijo que todo ese andamiaje jurídico e institucional “es un gran avance y hay que reconocerlo como un esfuerzo del Estado”, pero recordó que ello “deriva de las exigencias de las organizaciones y de las víctimas”.

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Relató que en los últimos años las mujeres en México, como las de otros países latinoamericanos, se han organizado cada vez más para luchar contra la violencia de género y, para ello, hacen públicas las agresiones, exigen medidas de protección del Estado y buscan formas de ayudarse entre sí.

Recordó que en México fueron las propias madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hace algunos lustros, “quienes encabezaron la protesta y la indignación y las que dieron a conocer al mundo lo que ahí estaba sucediendo”.

La representante de AI dijo que una cosa importante “es que la cobertura de los servicios no es suficiente y la capacidad que tienes los servidores y servidoras públicas tampoco es suficiente”.

Señaló que diversas organizaciones internacionales y comités han señalado al Estado mexicano que “no basta con sensibilizar al personal de los servicios de atención, yo digo que la sensibilidad está muy bien pero que hay deberes y uno de ellos es investigar con perspectiva de género, si son sensibles o no ya es ganancia, pero hay que recordar que entre esos deberes está asignar a las fiscalías especializadas recursos suficientes”, apuntó.

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México afronta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.

El Gobierno mexicano registró mil 4 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2.66 por ciento más que en 2020.

Según organizaciones, el Estado comparte la responsabilidad de la violencia contra las mujeres debido a las inadecuadas medidas de protección y falta de investigación. Los agresores rara vez son perseguidos.

Fuente: El Financiero.

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Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

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La última vez que la madre de Lourdes Mañon vio a su hija de 13 años, la chica vestía un pantalón de mezclilla, una camiseta rosa con animales y unos tenis blancos. Desaparecida desde el 30 de enero, el cuerpo de Lulú, como le decía su familia, fue encontrado en un terreno baldío con signos de violencia física y sexual una semana después.

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La joven vivía con su familia en el municipio de Zumpango, Estado de México, la entidad con más feminicidios del país en 2021, con 110 homicidios. Lourdes Mañon desapareció a la salida del Fraccionamiento Paseos de San Juan. Su madre no dudó ni un momento en buscar a su hija y acudió a las autoridades ese mismo día para poder dar con ella.

En el Centro de Justicia, la familia de la adolescente de 13 años ha declarado a la prensa que las autoridades fueron omisas y que se negaron a abrir una carpeta de investigación hasta el 3 de febrero, cuando su madre pudo interponer la denuncia.

El viernes 4, después de encontrar el cadáver de la joven de 13 años, las autoridades detuvieron a Luis ‘N’, como presunto feminicida. De acuerdo a un video de una cámara de vigilancia, se encontraron pruebas para detener al sospechoso. Los grupos feministas que acompañan el caso señalan que en las imágenes se ve como presuntamente el hombre sube a la niña en una camioneta. Según las autoridades del municipio, en el celular del detenido se ha encontrado un video que lo incrimina en los hechos.

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Pese a la indignación, la familia y los grupos de la sociedad civil que han dado seguimiento al caso temen que el detenido pueda quedar en libertad por ser hijo de un policía local.

En 2021 Estado de México además de estar a la cabeza en violencia feminicida, también encabezó los primeros lugares del país en otros delitos contra las mujeres, como secuestro, extorsión, violencia familiar y violación. Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados del país. Solo el Estado de México tiene declaradas no una, sino dos alertas por violencia machista. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que no sirve para poner remedio a casos tan espantosos como el feminicidio de Lourdes Mañon.

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La violencia generalizada, la pandemia y los recortes presupuestarios han provocado el alza de las agresiones machistas en el país. El año pasado fue el más violento para las mujeres mexicanas, con más de 3.000 asesinadas, mientras que el delito de feminicidio se incrementó un 4% durante el Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: El País.

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Andrés Manuel López Obrador terminó 2021 y ha comenzado este año sumido en una guerra con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tensiones con el organismo no son nuevas y han acompañado la primera mitad del sexenio, pero la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato prevista para abril ha convertido el pulso en un enfrentamiento abierto.

A esta convulsión, sin precedentes en la historia de la autoridad electoral, se suma la presión política ejercida sobre el Banco de México (Banxico). La nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, acaba de asumir el cargo tras un relevo precipitado por el presidente a finales de noviembre. La antigua subsecretaria de Egresos de Hacienda, la primera mujer a la cabeza de la institución, se ocupará de la estabilidad de los precios, pese a su escasa experiencia en la materia, porque así lo quiso el mandatario. Tanto la relación con el INE como con el banco central son especialmente significativas no solo por tratarse de órganos constitucionales autónomos, que operan al margen de los tres poderes del Estado, sino porque marcarán un año clave para el Gobierno.

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Las citas electorales y la economía son determinantes para López Obrador porque de todo ello depende la consolidación de su proyecto, la llamada Cuarta Transformación. Además del referéndum revocatorio, que este miércoles ha reivindicado como un instrumento para “afianzar la democracia”, millones de mexicanos están convocados a las urnas en junio para elegir a los gobernadores de seis Estados y decenas de municipios. Aunque esos comicios no tienen las dimensiones de las elecciones intermedias de 2021 sí son importantes para medir las fuerzas del partido oficialista, Morena, antes de las presidenciales de 2024. Y en todos esos procesos es crucial el trabajo del INE.

El origen del conflicto con el Instituto Electoral ha sido en esta ocasión su negativa a organizar la consulta tras los recortes de presupuesto aprobados por el Parlamento. Finalmente la justicia le ordenó reanudar la coordinación del proceso con el apoyo financiero de Hacienda, aunque en medio han quedado denuncias penales contra varios consejeros del organismos y su presidente, Lorenzo Córdova, y una ruptura de la confianza alimentada por los ataques de Morena y las presiones del Gobierno.

Otro de los organismos que tendrá un papel preponderante este año es Banxico. La economía es uno de los grandes desafíos del Gobierno y, si bien el banco no define las políticas de crecimiento, es el encargado de mantener a raya la inflación, que desde noviembre superó la barrera del 7%.

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El nombramiento de Rodríguez Ceja. que desplazó sorpresivamente a la primera propuesta del presidente, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, sembró las dudas sobre los planes de López Obrador para ese organismo. El mandatario reiteró a finales de año, coincidiendo con la toma de posesión de la gobernadora, que respetará su autonomía, pero no es un secreto que según se criterio la institución debería ocuparse también de las líneas maestras de los paquetes económicos.

La idea de fondo es que así el Gobierno federal pueda obtener préstamos para poner en marcha, por ejemplo, programas sociales. Incidió de nuevo en ello el pasado jueves:

“Una función del banco es control de inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento. Control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero, si no hay crecimiento, tampoco se avanza”.

Herrera su oponía frontalmente a esa opción al considerar que los objetivos de esas funciones chocan entre sí. “Si se quiere que la economía crezca, se puede dar una serie de estímulos que a lo mejor crean cuellos de botella que se traducen en inflación”, explicó a EL PAÍS justo antes de dejar el cargo.

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Esta semana el presidente ha vuelto a cuestionar a los entes públicos a cuenta de una reflexión sobre los ahorros y la “burocracia dorada”, dijo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Es una vergüenza que dinero del presupuesto nada más llegaba al Conacyt y de ahí se transfería a grandes empresas; el Gobierno subsidiaba en lo que llamaban innovación tecnológica a las grandes empresas. ¿Saben cuánto ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90.000 millones de pesos. Por eso podemos aumentar la pensión a los adultos mayores y aumentar las becas. Si no, no podríamos. Entonces, es exactamente lo mismo. No se deja de atender a la gente, pero ya no hay dos, tres, cuatro, cinco organismos haciendo lo mismo”,

afirmó durante una conferencia de prensa matutina antes de volver a meter al Instituto Nacional Electoral (INE) en la ecuación.

“Ahora está lo del INE, por ejemplo, con lo de la consulta. Va a ser muy interesante, y vuelvo a hacer el llamado a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos, cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos? ¿Cuánto ganan los de arriba, cuánto ganan los de abajo, sueldo más bonos, más otras prestaciones? Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos”,

continuó López Obrador.

En México hay nueve organismos autónomos de distinta índole que no dependen ni del Ejecutivo ni de los poderes legislativo y judicial. Las presiones políticas se dan con intensidad variable. Entre esas instituciones se encuentra, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Alejandro Gertz, un hombre en el que el mandatario ha reiterado públicamente su confianza en varias ocasiones.

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Pero también figuran otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que recientemente protagonizó un pulso con el Gobierno por un decreto que blinda los proyectos estratégicos de infraestructuras como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles como asunto de seguridad nacional. El INAI presentó una impugnación para que la transparencia de esas obras no se viera afectada y la Suprema Corte acabó por darle la razón, tumbando parte del acuerdo.

Otro de esos órganos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fundamental para el conocimiento de los datos de interés y la elaboración de políticas públicas, acaba de cambiar su dirección. El pasado 1 de enero asumió las riendas del instituto Graciela Márquez, secretaria de Economía entre 2018 y 2020. Su nombramiento generó malestar en algunos sectores por sus vínculos con el Ejecutivo y el responsable saliente, Julio Santaella, pidió que se aclararan las circunstancias de la decisión. Sin embargo, López Obrador quiso zanjar la polémica sin muchas explicaciones. “Ya está, es Graciela Márquez”, afirmó.

Fuente: El País.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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México llega al Día Internacional contra la Violencia de Género sumido en una crisis de seguridad provocada por la violencia machista. Desde 1990, pero de manera más acelerada en los últimos cinco años, el asesinato de mujeres en el país ha aumentado cada año sin freno hasta llegar a un máximo de 3.957 homicidios en 2020.

Cualquier cifra en torno a la violencia machista en el país da pavor: once mujeres son asesinadas al día, la tasa de impunidad supera el 95%, solo un 2% de los casos termina en sentencia y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. Como respuesta, el movimiento feminista expresa su repulsa a esta realidad con ira, hartazgo y desesperación en las calles. Las feministas critican la postura del presidente López Obrador que ha llegado a insinuar que el movimiento de mujeres se ha convertido en un movimiento opositor a su Administración.

El presidente ha reiterado su compromiso de “proteger y no dejar en el desamparo” a las mujeres. Tan solo entre 2018 y el año pasado, 11.602 mujeres han sido asesinadas en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a proteger a los desposeídos, los humildes, a las mujeres, a las viudas, los huérfanos”, ha agregado el mandatario en conferencia de prensa desde el Estado de Zacatecas. “Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Por convicción, no por moda. Porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas”, ha asegurado.

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El mensaje del Gobierno se ha centrado en demostrar un avance en el combate a los delitos contra las mujeres e insiste en la vocación feminista del presidente. “Es un hombre profundamente feminista. Si no, la mitad de su Gabinete no serían mujeres”, aseguraba en una entrevista con EL PAÍS Semanal la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “El feminicidio bajó 14,8% en octubre respecto al mismo mes del 2020, y es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno. Seguiremos reforzando las acciones”, señalaba Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad federal. Rodríguez hacía la misma referencia un mes antes: “Es el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno”.

Las cifras que citan las autoridades hacen referencia a reducciones puntuales en delitos como el feminicidio y las violaciones. En contraste, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con las víctimas señalan que en un contexto más amplio la violencia feminicida en el país está lejos de acabarse y lejos de mejorar. El retrato que dan es el de unas autoridades rebasadas por el horror.

“Cada vez se asesina a mujeres más jóvenes y con mayor ensañamiento”, señala la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada y agrega otro dato: “Los feminicidios de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se han incrementado año con año desde 2015 hasta los 542 en septiembre de 2021″,

citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El aumento generalizado de la violencia en México tiene consecuencias directas en el aumento de la violencia contra las mujeres, sin embargo, los últimos descensos en las cifras de delitos no han tenido efecto en la bajada de la violencia machista. Al contrario, esta ha seguido subiendo. “De las más de 3.000 mujeres asesinadas, el 50% tiene características de feminicidios”, afirma Estrada. Sin embargo, no todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio. Esta definición creada en 2012, está recogida en el Código Penal Federal, aunque en la práctica depende de los códigos penales de cada Estado.

Estrada explica que existe “mucha resistencia” de las fiscalías estatales en clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios. En 2020 el 58,2% de asesinatos de mujeres fue por arma de fuego, de acuerdo al Inegi, motivo para clasificar el caso como un homicidio. “Hay mucha presión del poder político y las autoridades para que no suban los feminicidio en los Estados”, denuncia la directora. La especialista pone al Estado de Tamaulipas, uno de los más violentos del país, como ejemplo. Allí solo se han contabilizado tres feminicidios en lo que va de año de un total de 1.053 homicidios, de acuerdo con datos oficiales. “Todos los estados tienen tipificado el delito de feminicidio, pero no quieren comités que evalúen los resultados. Aquí se cruzan presiones desde la delincuencia, la política, el Ejército, la policía y los casos quedan en la impunidad”, apunta Estrada.

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En lo que va de año, de acuerdo a cifras del Gobierno se han abierto en el país 809 carpetas de investigación por feminicidio, comparado con las 344 que se abrieron en el mismo periodo de 2015, un 135% más. En los pasados cinco años la violencia feminicida ha ido en ascenso. Mientras que en 2015 se registraron 412 feminicidios, para 2018 los casos eran el doble, 895. En 2019 el número de investigaciones totales rondaba casi las 950, una cifra similar a las nuevas víctimas registradas en 2020.

La falta de acceso a la justicia

Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados de México. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que ha acabado extendiéndose por todo el país. “El Estado mexicano está haciendo acciones puntuales frente a situaciones que son muy urgentes, pero son aisladas y descoordinadas”, opina la abogada Andrea Medina. “Hay falta de voluntad por parte de las autoridades porque lineamientos sobran: tenemos una legislación muy completa, pronunciamientos de la Suprema Corte sobre violencia de género, tenemos sentencias de la Corte Interamericana, México ha firmado tratados internacionales, pero no sirve de nada si los operadores del sistema no los aplican, no sé si por ignorancia o por dolo”, dice Mariel Albarrán, víctima de violencia.

Es ahí, en el acceso a la justicia donde la mayoría de víctimas se quejan de maltrato y revictimización que reciben de las autoridades. Y las autoridades, desbordadas, avanzan lentamente en la resolución de los casos con trabas, falta de personal, falta de formación y recortes presupuestarios. Araceli Osorio recuerda que antes de ver al asesino de su hija tras las rejas, tuvo que pelear dos largos años para que un tribunal reclasificara el asesinato de Lesvy Berlín Rivera como feminicidio.

La Fiscalía de Ciudad de México había intentado cerrar el caso al asegurar que la chica se había suicidado con el cable de una cabina telefónica. Después, un tribunal reconoció que la joven de 22 años fue estrangulada por el que era su pareja en los jardines de la Universidad Nacional Autónoma. “Después del juicio ha habido cambios de mentalidad, de percepción, de repensar las prácticas de los funcionarios, aunque se siguen cometiendo muchos errores”, decía Osorio en entrevista con este periódico.

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En medio de este panorama, la violencia machista en México se ha agravado con la pandemia y el confinamiento. Las llamadas de auxilio al 911 crecieron un 32% y aumentaron las estancias en los refugios para mujeres víctimas de maltrato. Sin embargo, otro de los problemas que enfrentarán las organizaciones y programas de apoyo a las víctimas serán recortes o un presupuesto muy reducido para el próximo año.

Las organizaciones exhortan al Gobierno a que no las condene al ostracismo. “La violencia contra las mujeres en nuestro país era ya una pandemia antes de la pandemia provocada por la covid. Los feminicidios deberían de estar en el centro y los recursos reflejar el interés que tiene el Gobierno por solucionar una problemática de esta dimensión”, afirma Marilú Rasso, directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en Ciudad de México.

A tres años de que termine el sexenio del presidente López Obrador, el Gobierno todavía no ha publicado el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La estrategia maestra para atender el problema se ha quedado en un limbo administrativo.

La Secretaría de Gobernación asegura que Hacienda no ha refrendado el documento y que aún esperan la firma del presidente para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. “Los gobiernos han simulado invertir en los programas y políticas a favor de las mujeres, pero en realidad no ha sido así. Volvemos a tener esa política de simulación que tanto daño nos ha hecho a las mexicanas”, sentencia la periodista y socióloga Lucía Lagunes.

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Cientos de mujeres tomarán este jueves otra vez las calles para exigir justicia y un alto a los asesinatos, las violaciones, las desapariciones, el acoso y la impunidad. Marcharán por sus hijas, por sus madres, por sus amigas. Por las que vienen y por las que ya no están.

Fuente: El País.

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