La proliferación de actividades económicas ilícitas en México es el mayor de los riesgos que podría presentarse en un lapso de uno a cinco años, de acuerdo con el panel expertos del más alto nivel consultados por el Foro Económico Global (WEF, por su sigla en inglés).

Se refieren en específico a la proliferación de actividades informales o ilegales que socavan el avance y crecimiento económico, como son falsificación, flujos financieros ilícitos, comercio ilícito, evasión de impuestos, trata de personas y crimen organizado.

Acompañan a México en este riesgo, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Malawi, Malta, Moldavia, Sudáfrica, Túnez y Venezuela. En el caso de México y Perú, este riesgo fue seleccionado con más frecuencia por la mayoría de los expertos consultados por el WEF.

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Al interior del “Global Risk Report 2022”, divulgado por el Foro Económico desde Ginebra, Suiza, incorporaron un radar de Percepciones de riesgo nacional para cada uno de los 124 países revisados.

En el caso de México, identificaron dos riesgos de tipo económico: proliferación de actividades económicas ilícitas y el estancamiento económico prolongado; uno de orden geopolítico: el colapso del Estado; uno más de tipo social (crisis de empleo y medios de subsistencia) y uno de índole tecnológico: la desigualdad digital.

Ordenados en función de la frecuencia con que fueron mencionados por los 12,000 expertos consultados por el WEF, identificaron como el segundo mayor riesgo para México el estancamiento económico prolongado.

Detallaron que este riesgo supone un crecimiento del PIB cercano a cero, o un avance muy lento en la economía durante muchos años.

Identificaron en este factor de riesgo a países como Angola, Argentina, Armenia, Bahrein, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina; Botswana, Brasil, Brunei Darussalam; Camboya,  Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Grecia, Honduras, Hong Kong, Kenya, Latvia, Líbano, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nigeria y Macedonia del Norte.

Colapso del Estado y la institucionalidad

El tercer mayor riesgo para México, ubicado en ese sitio por la frecuencia de menciones de los expertos consultados, es el colapso del Estado.

Se refieren en específico a un deterioro del Estado resultado de un conflicto interno, ruptura del respeto a la legalidad, erosión de instituciones, golpe militar o bien inestabilidad regional.

En este riesgo acompañan a México países como Angola, Argentina, Azerbaiyán, Barbados, Bolivia, Botswana, Camboya, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, El Congo, Costa Rica, República Checa, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Islandia, Laos, Líbano, Mongolia, Panamá, Paraguay, Perú, Eslovaquia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania.

Desempleo y medios de subsistencia

El cuarto mayor riesgo que identificaron los expertos para México es la crisis de empleo y medios de subsistencia.

Tal como lo plantea el WEF, este riesgo responde al deterioro estructural de las perspectivas y/o estándares laborales para la población en edad de trabajar: desempleo, subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles así como la erosión de los derechos de los trabajadores.

Tal como en el caso de México, este es un factor de riesgo para países como Angola, Argentina, Bahrain, Barbados, Bangladesh, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Georgia, Ghana, Honduras, Indonesia e Irán, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Malawi, Malasia, Mauricio, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Serbia y Sierra Leona.

Desigualdad digital

El quinto y último mayor riesgo de México que encontraron los expertos consultados por el WEF es la desigualdad digital.

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Este factor de riesgo es generalizado entre las economías de América Latina y de África Subsahariana.

La desigualdad digital corresponde a la desconexión de las personas. Se refiere al acceso fracturado y/o desigual a las redes y tecnologías digitales críticas, entre países, al interior de ellos. Refleja la capacidad desigual de inversión, falta de habilidades para su desarrollo y aprovechamiento en el capital humano, poder adquisitivo insuficiente, restricciones gubernamentales y diferencias culturales.

Fuente: El Economista.

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Cada lunes, cientos de cigarros ilegales de contrabando entran a México desde Belice por la aduana de Chetumal, Quintana Roo. Es el único día de la semana que los agentes aduanales son menos «estrictos» en las revisiones de los vehículos que ingresan a nuestro país.

Así inicia la ruta del tráfico de tabaco en México. En la zona libre de Belice, a lo largo de dos kilómetros de tiendas que venden prendas de vestir «piratas», hay al menos cuatro negocios que comercializan tabaco.

Las cajetillas se exhiben por cientos en anaqueles, porque en el país centroamericano su venta es legal.

En la zona libre se oferta la cajetilla entre 4 y 6 pesos por pieza, el precio varía según la marca; la mayoría de los empaques contienen 20 cigarrillos.

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Ingresar a México con tres cajas con diez cajetillas es legal, pero si alguien desea introducir más de dicha cantidad, tiene que contratar los servicios de un pasador, que por 250 pesos, cada lunes, de contrabando, lleva el cargamento a Chetumal o a cualquier parte del país.

«Es un acuerdo que tenemos todos los pasadores, de que sólo una vez a la semana podemos cruzar todo lo que vayamos a cruzar, y lo cruzamos todos juntos solamente, pero, a veces hay el fin de semana, pero tiene que juntarse la cantidad de las camionetas», narró un pasador que fue grabado con cámara oculta por MILENIO.

«Si quiere se lo puedo mandar el lunes en paquetería, yo tengo paqueterías que me apoyan con eso, usted dígame», comentó el pasador.

La mercancía llega a México en cuatro camionetas tipo van: tres vehículos portan placas de Tabasco y uno más de Belice; todos atraviesan la frontera con la complacencia de las autoridades aduanales.

Conseguir un pasador es tarea sencilla, los comerciantes de cigarrillos trabajan en contubernio con ellos, pero también los hay afuera de las tiendas de venta de tabaco, disfrazados de vendedores ambulantes.

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«Yo tengo quién pase las cajas, márcale y ustedes se arreglan en el precio» comentó un comerciante hindú.

Una vez en México, el precio de los cigarrillos se incrementa de 4 a 6 pesos a 15 y 20 pesos.

Las marcas de cigarrillos de contrabando más comunes son: Win, Marble, Brass, Marshal, Fastar, Silver Elephant, Double Diamond y Golden Deer.

Dichas marcas provienen de China, India, Viertnam, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades federales, en Chetumal, los mayores distribuidores de cigarros ilegales son: «Abarrotes el yoyo», ubicada a menos de un kilómetro del cruce fronterizo; «Los tres hermanos»; «Abby»; «Rossy y Abarrotes Yuli».

Pero no sólo la frontera sur con Belice es punto de ingreso de cigarrillos ilegales, también llegan a nuestro país por los puertos de Manzanillo y Veracruz, vía Panamá y por la frontera norte, de acuerdo con autoridades.

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Luego de ingresar a México por Belice, las cajetillas viajan alrededor de mil 317 kilómetros hasta llegar a Tepito, el corazón del contrabando, donde de forma ilegal, se comercializan en puestos que venden exclusivamente tabacos.

Uno de los negocios se ubica en la calle González Ortega, entre Eje 1 Norte y Díaz de León, los otros puestos están sobre las calles Caridad Tepito y Manuel Doblado.

Un estudio publicado por la firma Oxford Económica reveló que la venta de cigarros ilegales que no pagan impuestos dejó un boquete en las finanzas públicas, en 2020, de 13 mil 500 millones de pesos.

Las cajetillas que se venden legalmente en México se ofertan entre 28 y 60 pesos, debido a que el 70 por ciento de su costo es producto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.

La Cofepris advirtió que existen 260 marcas de cigarros ilegales que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores, debido a que se desconoce la calidad de los materiales empleados para su elaboración.

Fuente: Milenio.

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