Tras el hallazgo de dos cuerpos en la zona donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló boyas flotantes para frenar el paso de migrantes desde México, el gobierno estatal alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas y que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería “hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Abbott de “inhumano” y dijo que “no debería actuar así. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices”.

Ello, luego de que se confirmara el hallazgo de un segundo cadáver de un presunto migrante en Piedras Negras, ciudad fronteriza con Eagle Pass, Texas, donde Abbott ordenó instalar las boyas.

Una de las víctimas es un hondureño de 22 años. El gobierno hondureño ayudará en el proceso de repatriación, según informó Wilson Paz, director general del servicio de protección de migrantes de Honduras.

Sin embargo, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, alegó en un comunicado que “la información preliminar” sugiere que al menos uno de los individuos encontrados entre las boyas se ahogó río arriba y “flotó hacia las boyas”.

En declaraciones citadas por el diario Dallas Morning News, el secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, coincidió. Señaló que “el gobierno de México está equivocado”, e insistió en que la muerte de al menos uno de los ahogamientos ocurrió “lejos de las boyas”.

Recordó que cuatro migrantes se ahogaron en el río a principios de julio, antes de que se instalaran las barreras, y se refirió a un informe de las Naciones Unidas que consideraba la frontera entre Estados Unidos y México como el cruce terrestre más mortífero del mundo en 2021, el primer año de mandato de Joe Baden.

Pero además, Mahaleris dijo que la responsabilidad última de las muertes de migrantes recae en “las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden y del presidente López Obrador….. Si [ellos] realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera”.

Erin Heeter, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, calificó de “desgarrador” el informe de las muertes de los migrantes y dijo que “las circunstancias deben investigarse a fondo. Es fundamental que gestionemos nuestra frontera de una manera segura y humana”.

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Pero el anuncio, que en última instancia supone creación de empleo, tiene un alcance simbólico y político que va incluso más allá. Se produce en plena negociación de un marco migratorio entre los dos países y Canadá y en medio de los reclamos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un mayor desembolso directo de fondos para paliar el fenómeno.

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, convocó a los gobernadores y altos representantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz para escenificar el compromiso de la Administración de Joe Biden con esa región y Centroamérica. En un acto al que se han sumado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, ha quedado claro que Washington ha profundizado su interés por ese territorio y quiere mostrarlo. La zona acoge algunas de las obras estratégicas del Ejecutivo mexicano, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Pero también, especialmente en los focos turísticos de la costa, uno de los destinos favoritos de los estadounidenses, el sureste afronta una nueva crisis de seguridad que preocupa a ambos lados de la frontera.

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“El presidente Biden está comprometido con el éxito económico de América del Norte, incluyendo el sureste de México. El éxito de Mexico es el éxito de Norteamérica”, ha resaltado Salazar. La iniciativa de USAID, una agencia gubernamental, busca “promover el desarrollo e inversión sostenible”. El diplomático ha mostrado sintonía con el Gobierno de López Obrador y con el secretario de Hacienda y les ha agradecido la oportunidad de impulsar un proyecto -bautizado como Sur de México Generando Empleo y Sustentabilidad (Surges)- que cuenta con la participación del sector privado. “Esta actividad invertirá en mercados sostenibles, generando ventas e inversión por más de 250 millones de dólares, comenzando a finales de verano de 2022″, ha informado la Embajada estadounidense.

Este mensaje se enmarca, además, en la próxima celebración de la novena Cumbre de las Américas, convocada del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Al margen de las dudas sobre la participación de López Obrador y de la disposición de Biden a invitar a todos los Gobiernos del continente, la Casa Blanca quiere definir una posición común con México y Canadá, una suerte de frente de América del Norte con coincidencias en materia económica, de seguridad y migración. La importancia de los contactos está reflejada también por la agenda. Salazar se ha ido del acto para sumarse a otro, con su homólogo canadiense y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, un hombre clave para la relación con Washington.

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El llamado Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración presentaba un informe sobre la crisis migratoria que repercute en las fronteras sur y norte de México. El reporte llama al respeto de los derechos humanos y pide atender el fenómeno a partir de un enfoque regional, ya que la inmensa mayoría de los migrantes sale de Centroamérica en busca de oportunidades en Estados Unidos; también concluye que las autoridades deben implicarse en la revitalización de la economía de la región, erradicar la corrupción, cambiar la narrativa negativa sobre los migrantes y que Estados Unidos y Canadá “deben ampliar la disponibilidad de vías legales para que las personas centroamericanas migren”.

El canciller Ebrard ha insistido, en línea con el presidente López Obrador, en la necesidad de aumentar las inversiones. “Mientras se decide el tema de fondo, ¿por qué no organizamos una inversión a mucho mayor escala que nos permita reducir el sufrimiento humano que hoy se está provocando por esta indecisión, por este mantener el paradigma del siglo pasado con una realidad demográfica totalmente diferente?”, ha preguntado. El desembolso de fondos siempre ha sido un motivo de fricción entre México y Estados Unidos porque Washington suele supeditar el envío de ayudas directas al desempeño de los receptores. Por eso también, el gesto de USAID tiene especial relevancia en la coyuntura política.

Fuente: El País.

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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha dejado de estacionar un avión en México para operaciones antinarcóticos por primera vez en décadas, después de que funcionarios mexicanos les quitaran el espacio de estacionamiento, dijeron tres fuentes.

La medida es un nuevo golpe a la cooperación conjunta contra el narcotráfico, que se ha desgastado en los últimos años bajo la presidencia del mexicano Andrés Manuel López Obrador.

La DEA ha tenido su propia aeronave en Toluca, al menos desde principios de la década de 1990 para llevar a cabo misiones contra los cárteles, transportando a agentes estadounidenses y a unidades de élite mexicanas para supervisar operativos que deben realizarse con rapidez en la nación latinoamericana.

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El avión actual, un King Air de doble turbina con capacidad para unas 10 personas, desempeñó un papel clave en la captura de algunos de los capos de la droga más poderosos del mundo y se utilizó en operativos contra el exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. También sirvió para maniobras de la DEA en Centroamérica.

De acuerdo con un funcionario del gobierno estadounidense y dos fuentes de seguridad familiarizadas con el tema, el avión ha sido trasladado a Texas. Los tres pidieron el anonimato por no estar autorizados a hablar del tema.

“Esto hará que las cosas se detengan. No podemos atravesar partes de México, es demasiado peligroso”,

dijo una de las fuentes de seguridad familiarizadas con las operaciones de la DEA.

La DEA declinó hablar sobre el tema. La Fiscalía General de la República (FGR) y la oficina del presidente de México no respondieron a solicitudes de comentarios.

El retiro de la aeronave amenaza con socavar los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México y corre el riesgo de retrasar las extradiciones de capos de alto rango.

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Este es otro ejemplo de las fisuras en la relación entre la DEA y el gobierno de México desde que López Obrador llegó al poder en 2018 y prometió adoptar un enfoque menos hostil para combatir el crimen organizado.

Reuters informó en abril que México disolvió el año pasado una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA para combatir a los cárteles.

A pesar de la fuerte reducción de la cooperación antinarcóticos bajo el gobierno de López Obrador, algunos funcionarios estadounidenses afirman que ha mejorado desde la ruptura casi total que se produjo en octubre del 2020, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al exjefe del ejército mexicano Salvador Cienfuegos por haber recibido presuntamente sobornos de un cártel de la droga.

Tras la protesta de México, un juez estadounidense liberó a Cienfuegos después de que los fiscales lo solicitaran alegando consideraciones “sensibles” de política exterior.

López Obrador ha criticado con frecuencia a la DEA por sus métodos que, según él, atentan contra la soberanía de México.

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Los problemas con el avión comenzaron poco después de que López Obrador asumiera el poder, según la fuente de seguridad familiarizada con las operaciones de la DEA.

Su uso se ralentizó en 2019 después de que la Secretaría de Defensa, que controla el espacio aéreo y a la que pertenece el Ejército, que goza de un papel más relevante bajo el mandato de López Obrador, comenzara a exigir una solicitud por escrito del gobierno de Estados Unidos dos semanas antes de cualquier vuelo.

Esto hizo que muchas misiones fueran inviables debido a la necesidad de flexibilidad y rapidez, dijo la fuente de seguridad, pero las apelaciones de la DEA a la cancillería mexicana fueron en vano y el uso de la aeronave se paralizó.

Entonces, hace aproximadamente un mes, la DEA trasladó el avión después de que la FGR pidiera a la agencia que renunciara a su espacio de estacionamiento en su hangar en el aeropuerto de Toluca, según el funcionario del gobierno estadounidense.

Antiguos y actuales funcionarios estadounidenses afirmaron que la ausencia del avión dificultaría el trabajo de la DEA, recordando el papel fundamental de la aeronave en el transporte de los principales policías mexicanos, las fuerzas especiales de élite de la Marina y su equipo para grandes operativos.

“El avión tenía un valor incalculable para nuestras misiones”, dijo Leonardo Silva, un antiguo agente de la DEA que prestó servicio en México. “Es muy importante para que la DEA pueda funcionar y ser eficaz en México”,

subrayó.

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Con dos pilotos de la DEA en estado de alerta en todo momento, el avión también ha sido fundamental para rescatar a agentes estadounidenses que se enfrentaban a amenazas de muerte, como en 2011, cuando el cártel de los Zetas, en el centro de México, mató a un agente de la U.S. Homeland Security Investigations y persiguió a su colega herido, Víctor Ávila, que tuvo que ser trasladado en avión.

También es probable que las extradiciones de los traficantes estén en peligro porque la DEA a menudo sólo tiene cuestión de horas para llevar a los jefes de los cárteles al extranjero antes de que sus abogados lo dificulten a través de medidas judiciales, dijo un exagente de alto nivel de la DEA que trabajó en México.

Los cárteles de la droga que libran guerras territoriales por las rutas de tráfico han hecho que la tasa de asesinatos en México supere los 30,000 al año. En Estados Unidos, las nuevas drogas hiperpotentes producidas por los cárteles mexicanos han desencadenado un fuerte aumento de las sobredosis que provocó más de 100,000 muertes en Estados Unidos el año pasado.

Fuente: Forbes.

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Con el objetivo de atender asuntos relacionados con las alertas de viaje a México, el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno mexicano, Miguel Torruco, se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rena Bitter.

En un comunicado, Torruco calificó el encuentro, llevado a cabo en Washington, “como una oportunidad para sugerir que las alertas de viaje” emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos “detallen las zonas que pudieran representar problemas y no generalicen”.

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Ya que, dijo, “algunos casos aislados de inseguridad se encuentran a varios kilómetros de los destinos turísticos”.

El funcionario mexicano señaló que la reunión fue cordial y “encontró apertura y disposición para atender la sugerencia”, esto gracias al apoyo de la Embajada de México en Estados Unidos, a cargo de Esteban Moctezuma.

Por su parte, Bitte recordó que México, por varios motivos, es el principal destino de los estadounidenses, y recibió con amistad y cordialidad la sugerencia de Torruco.

Desde que la violencia y seguridad comenzaron a aumentar en México en los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido en distintas oportunidades alertas de viaje para los estadounidenses que deseen viajar a regiones de México que, según sus evaluaciones, son un foco rojo por los niveles de violencia e inseguridad.

Por otra parte, el secretario de Turismo de México habló del incremento en el número de turistas estadounidenses que visitan México.

Precisó que, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante el primer trimestre del año, la llegada de estadounidenses vía aérea alcanzó 3.18 millones de turistas, lo que significó 101.2 por ciento más respecto al mismo periodo de 2021.

La cifra también superó en 14.1 por ciento las llegadas de estadounidenses captadas en el primer trimestre de 2019, cuando llegaron 2.79 millones de turistas estadounidenses por vía aérea.

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En la reunión, Torruco entregó un documento en que se detallan las acciones implementadas por las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad de los turistas en el estado de Quintana Roo, Caribe mexicano.

El funcionario salió así al paso de la reciente alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que señala que los homicidios, secuestros y robos son “comunes” en gran parte de México.

La pasada semana dos personas fallecieron y al menos siete resultaron heridas en un par de ataques armados en una zona de bares en Cancún, uno de los principales polos turísticos, ubicado en el suroriental estado mexicano de Quintana Roo.

Fuente: El Financiero.

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Como en los viejos tiempos, un póster clavado en la pared pone precio a la cabeza de los capos. Se trata de la nueva campaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el cartel de Sinaloa. Una ristra de láminas con la cara de siete de sus jefes, desde históricos como El Mayo Zambada a los hijos del El Chapo Guzmán, ha aparecido esta semana desplegada por la frontera. Un recompensa total de 900 millones de pesos -unos 45 millones de dólares- a cambio de información que dé con su captura.

Ni los carteles de “se busca”, ni los nombres ni el dinero ofrecido es nuevo, la página web de la DEA lleva años con los mismos anuncios. Lo llamativo ha sido el modo de presentarlos, todos juntos, a la vieja usanza y recorriendo los 3.000 kilómetros de la frontera. Un mensaje de firmeza destinado el vecino del sur en un momento en que la relación de México con EE UU, y en particular con la DEA, se ha tensado tras los recientes desencuentros en materia de seguridad.

El cierre de la unidad de élite mexicana de investigación antidrogas, que durante más de 25 años trabajó mano a mano con su homóloga estadounidense, ha sido el último capítulo de una serie de desavenencias con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El carpetazo al grupo de antinarcóticos, que compartía información confidencial con la DEA y que participó en operaciones clave como la detención de El Chapo Guzmán, se conoció a finales de abril por una información de la agencia Reuters pero la decisión fue tomada hace más de un año. El presidente mexicano defendió su decisión acusando al grupo que trabajaba con al DEA de “fabricar delitos”, “estar infiltrado por la delincuencia” y “hacer lo que querían”.

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La supuesta libertad de movimientos en territorio mexicano fue el mismo argumento utilizado por López Obrador hace dos años para poner coto a la actividad dentro del país de los servicios de inteligencia extranjeros. Una medida especialmente centrada en los agentes estadounidenses y que fue uno de los primeros focos de tensión con el vecino del norte en plena transición, entonces, con el Gobierno de Joe Biden. Los desencuentros con la DEA de protagonista han sido solo una de las aristas en la agenda de seguridad dentro de relación bilateral, donde también entra el desafío migratorio, que ha centrado buena parte de las últimas conversaciones.

El perfil bajo con el que se manejó el carpetazo del grupo de élite antinarcóticos por parte de ambos gobiernos da una muestra del comprometido momento que atraviesan las negociaciones, que tienen como prioridad echar a andar el nuevo marco de colaboración. El llamado Entendimiento Bicentenario, anunciado formalmente a finales del año pasado, sucede a la Iniciativa Mérida, vigente durante 14 años. El nuevo plan está más volcado sobre el papel hacia la prevención y con más peso de la agenda mexicana. El combate al tráfico de armas, una de las demandas históricas de México, es una de las cuestiones que ha ganado relevancia, pero que sigue necesitando de progresos diplomáticos para hacerse realidad.

El rastro del fentanilo

En ese contexto se produce la llamativa campaña de la DEA contra el cartel de Sinaloa. “No es inusual la recompensa, pero sí la voluntad de hacerlo tan público. Puede interpretarse como una señal de que la relación con la DEA se ha deteriorado y lanzan un mensaje de que van a por ellos aunque para el Gobierno de México no sean una prioridad”, apunta el analista de seguridad Alejandro Hope. Pese a la consolidación de la militarización impuesta por López Obrador con la creación de la Guardia Nacional y el despliegue masivo del Ejército en las calles, la estrategia del Gobierno está más centrada en la contención que en el ataque hacia las mafias del crimen organizado. Una política encarnada en uno de los lemas preferidos del presidente: “abrazos y no balazos”.

Las cifras de la violencia, sin embargo, apenas dan un respiro. Al cierre del año pasado, al cruzar el ecuador del sexenio obradorista , se registró una interrupción de la tendencia al alza de los asesinatos, una leve caída del 4% desde el techo alcanzado hace dos años. Mientras tanto, al otro lado de la frontera la espiral de muertes provocada por las sobredosis de opiáceas sintéticos continúa desbocada. Solo el año pasado provocó en EE UU más muertes que la suma de fallecidos por armas de fuego y accidentes de coche, según cifras oficiales. Las autoridades estadounidenses mantiene la alerta roja ante la epidemia del fentanilo, un potente opiáceo químico 50 veces más fuerte que la heroína y cuyo rastro pasa cada vez más por México.

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“EE UU percibe un cambio importante a partir de 2019″, añade el experto en seguridad. “China comienza a imponer controles a la exportación de fentanilo en formato acabado. México deja por tanto de ser un país de tránsito para esta droga y empieza a producirla a partir de los precursores asiáticos”. La fabricación de pastillas de otras drogas cortadas con fentanilo está detrás de la crecida de muertes por sobredosis involuntarias y es una de las máximas preocupaciones de la agencia de drogas estadounidense. Y ahí aparece con fuerza la mafia de Sinaloa, con presencia en 14 de los 32 Estados mexicanos según un reciente estudio, y cuyos laboratorios de fentanilo son uno de sus negocios más lucrativos.

Fuente: El País.

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recortó sus expectativas del crecimiento de México a 1.7 por ciento en 2022, desde un estimado de 2.9 por ciento previsto en enero, antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.-

La guerra ha ensombrecido las perspectivas económicas mundiales con un efecto en la región a través de la desaceleración de sus principales socios comerciales, el menor crecimiento interno con alta inflación y el debilitamiento de la creación de nuevo empleo.

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El ajuste en las perspectivas de crecimiento de la CEPAL sobre México se alinean con los estimados del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recortó sus previsiones de crecimiento a 2.0 por ciento en 2022, 0.8 puntos porcentuales menos de lo previsto en enero, mientras que el Banco Mundial (BM) las ajustó a 2.1 por ciento a principios de abril.

Según nuevas estimaciones entregadas este miércoles por la CEPAL mediante este comunicado de prensa, se prevé un crecimiento promedio de 1.8 por ciento para la región, contra el 2.1 por ciento previsto a inicios del 2022. Las economías de América del Sur crecerán 1.5 por ciento; las de América Central, más México, 2.3 por ciento, mientras que las del Caribe, 4.7 por ciento (excluyendo Guyana).

Crecimiento de Estados Unidos, China y la Unión Europea

Los principales socios comerciales de la región, Estados Unidos, China y la Unión Europea, verán tasas de crecimiento menores a las esperadas con anterioridad al conflicto bélico. En el caso de Estados Unidos el crecimiento sería de 2.8 por ciento, 1.2 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado previo al conflicto. Para China se proyecta un crecimiento de 5 por ciento, 0.7 puntos porcentuales menos, y para la Unión Europea se espera un crecimiento del 2.8 por ciento, 1.4 puntos porcentuales menos.

La guerra en Ucrania también provocó un aumento de precios de los productos básicos (commodities), principalmente de los hidrocarburos, algunos metales, alimentos y fertilizantes. Estas alzas han redundado en un impulso de la inflación a nivel mundial, que en algunos países ha alcanzado máximos históricos este 2022. Ante la persistencia y aumento de la inflación se esperan mayores alzas en las tasas de interés de los países desarrollados.

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A marzo de 2022, la CEPAL estimó que la inflación regional fue de 7.5 por ciento y muchos bancos centrales de la región anticipan que esta se mantendrá elevada en lo que resta de año. En respuesta, la política monetaria de los bancos centrales de la región se ha tornado más restrictiva y la mayoría de ellos han subido la tasa de interés de manera significativa, la que en gran parte de los casos ha alcanzado niveles similares a los observados en 2017.

Las nuevas cifras fueron entregadas por el Secretario Ejecutivo Interino del organismo, Mario Cimoli, a los embajadores del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC, por sus siglas en inglés), durante la reunión que sostuvieron este miércoles en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Fuente: El Financiero.

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México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad.

El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.

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Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del poderoso Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

“La estrangularon”, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”.

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El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100,000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.

La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países.

“Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”,

advirtió.

DISPARO EN EL PIE

La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.

Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, el gobernante buscó implementar un estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.

El presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.

En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

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Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.

Las campanas de alarma para el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual se encontraba la SIU, para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.

Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior “sensibles”, pero López Obrador acusó a la DEA de tener “poco profesionalismo” y de fabricar pruebas en el caso.

En diciembre de 2020, el gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior.

“Ese fue el clavo en el ataúd”,

consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU.

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Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga.

Pero con más de 33,000 homicidios registrados en la nación latinoamericana el año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos.

“México se está disparando en el pie”,

sentenció.

Fuente: Forbes.

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México fue en 2021 el primer destino turístico de los estadounidenses, informó este lunes el Secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco.

En un comunicado de la Sectur, con base en información del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Torruco detalló que México ocupó la primera posición en la participación de los viajes realizados por estadounidenses al recibir el 58.6% del total.

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Esto, relata el comunicado, contrasta con el 4.3% de viajes realizados a Canadá y el 37.1% del total de viajes desde Estados Unidos a otras regiones del mundo.

Además, los ciudadanos estadounidenses incrementaron sus llegadas a México por vía aérea en 100.9% respecto a 2020, al pasar de 5.16 millones de viajes en 2020, a 10.77 millones en 2021, lo que implica que falta un 0.3% para llegar a los niveles de 2019.

Asimismo, en 2021 las llegadas por vía aérea de turistas estadounidenses representaron el 72.7% del total de llegadas.

En 2021, los lugares preferidos de los visitantes estadounidenses fueron Cancún, en Quintana Roo, Los Cabos, en Baja California Sur, y la Ciudad de México.

“Esto confirma el pronóstico de que la reactivación de la industria turística se iba a dar con los viajes a corta distancia, como es el caso de los destinos de México que están en promedio a cuatro horas en vuelo desde ciudades de Estados Unidos”,

detalló la instancia en el comunicado.

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Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México recibió en febrero un 65.1% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2021, marcado todavía por la pandemia del coronavirus.

México pasó de recibir 1.59 millones de turistas extranjeros en febrero de 2021 a 2.62 millones en el segundo mes del presente año.

No obstante, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020 se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3%.

Fuente: Forbes.

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A días de que la iniciativa de contrareforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a empresas privadas sea votada en la Cámara de Diputados, la confrontación entre México y Estados Unidos ha subido de tono.

Este miércoles el presidente de México acusó a Estados Unidos y algunas empresas extranjeras de “hacer lobbying” en contra de la iniciativa que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pero éste es solo un capítulo de las diferencias y preocupaciones que hay entre México y su vecino del norte.

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Aquí te contamos algunos desencuentros que la contrareforma eléctrica ha propiciado a partir del día en que el presidente López Obrador la envió a la Cámara de Diputados.

Carta de congresistas al embajador

Apenas habían pasado dos semanas del envío de la contrareforma eléctrica a la Cámara de Diputados, cuando congresistas de Estados Unidos mandaron una carta al embajador en México, Ken Salazar, en la que manifestaban su preocupación por la iniciativa.

“Las reformas constitucionales propuestas por el gobierno, mismas que aumentarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada”,

criticaron.

También consideraron que esta iniciativa representaba una potencial violación al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La implementación adecuada del T-MEC es una prioridad máxima y los Estados Unidos deben participar en todos los niveles de gobierno para garantizar que el pueblo estadounidense pueda cosechar todos los beneficios de este importante acuerdo comercial”,

señala la carta.

Energía cara y sucia

La embajada de Estados Unidos manifestó su preocupación por la iniciativa de reforma presidencial al considerar que promueve energía cara y sucia.

“El gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”, 

informó la embajada en un comunicado.

Esa declaración surgió días después de que el embajador había manifestado su apoyo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar el marco legal en materia eléctrica.

Costos de la electricidad subirán

Un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en inglés) alertó que de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían dispararse las emisiones de carbono de México hasta 65% y además se encarecería la electricidad hasta 54%.

«Estas reformas podrían potencialmente distorsionar el principio de despacho económico al aumentar los costos de producción y amenazar los compromisos de cambio climático del país a corto plazo»,

según un borrador de estudio al que accedió Bloomberg News.

Piden “actuar con fuerza” contra reforma

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos envió una carta al presidente Joe Biden para solicitarle “actuar con fuerza” ante la intención de México de fortalecer a la CFE y excluir a empresas privadas en la generación de energía.

“Informes públicos indican que el presidente López Obrador interpreta el relativo silencio público de la Administración Biden sobre este tema como indiferencia o aprobación tácita de la decisión de su Gobierno de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre las energías renovables”,

plantearon cuatro legisladores al presidente de Estados Unidos.

Envío de funcionarios

Por varias semanas, funcionarios de Estados Unidos han buscado dialogar con el presidente de México en torno a la iniciativa de reforma eléctrica.

John Kerry, enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, es quien ha sostenido el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien el mandatario mexicano le ha explicado el espíritu de su iniciativa.

En tan solo seis meses, Kerry se reunió con López Obrador tres veces. El último encuentro ocurrió la semana pasada en Palacio Nacional, en donde estuvo acompañado por alrededor de 20 empresarios estadounidenses.

Aunque Kerry aseguró que se había acordado la instalación de una mesa de trabajo para darle seguimiento a la reforma eléctrica, el presidente López Obrador lo rechazó.

La reforma se queda como está

A pesar que durante prácticamente cinco horas se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el John Kerry para dialogar sobre la reforma eléctrica, el mandatario mexicano aseguró que no habrá modificaciones, por lo que se quedaría en los términos que la envió.

“La iniciativa de reforma eléctrica se queda como está”,

dijo en su conferencia de prensa matutina.

Acusa de lobbying a EU

El presidente acusó al gobierno de Estados Unidos de hacer lobbying en el Poder Judicial su iniciativa de reforma eléctrica.

“El gobierno de Estados Unidos. Me consta, han venido a eso, incluso a insinuar que se viola el Tratado cuando no es cierto y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, nosotros respetamos a todos nada más que actuamos con independencia y con soberanía”,

acusó.

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Horas después de esta declaración, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, visitó Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador. Ni a su llegada ni salida dio declaraciones.

Fuente: Expansión.

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«La demanda de drogas en los Estados Unidos, así como el contrabando de dinero en efectivo y de armas a México desde los Estados Unidos, han alimentado la violencia relacionada con el narcotráfico en México”.  

El tema de la inseguridad pude provocar que durante el 2022 las relaciones entre México y Estados Unidos se tensen, advierte un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.

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En el reporte denominado “México: antecedentes y relaciones con Estados Unidos”, se refiere que durante más de una década los homicidios en México han ido al alza, impulsados en gran parte por la actuación del crimen organizado al cual se le atribuyen, según datos de Lantia Consultores, que se citan en el reporte, 23,525 homicidios en el 2021.

Para dicho año, cabe mencionar, se registraron de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 33,315 víctimas de homicidio doloso en el país.

“La demanda de drogas en los Estados Unidos, así como el contrabando de dinero en efectivo y de armas a México desde los Estados Unidos, han alimentado la violencia relacionada con el narcotráfico en México durante más de una década. La violencia reciente puede atribuirse a la competencia por la producción (entre cárteles) y el tráfico de opioides sintéticos”,

se precisa.

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En el reporte se acota que si bien el gobierno mexicano ha enfocado esfuerzos en atender a los sectores más vulnerables aún no hay información disponible sobre la efectividad de dicha estrategia.

“La administración (de López Obrador) lanzó un programa que brinda becas a jóvenes para asistir a la universidad o completar pasantías. Nadie ha evaluado los efectos del programa sobre la empleabilidad de los jóvenes o la prevención del delito y los auditores han descubierto irregularidades en la implementación del programa”,

se indica.

A su vez el análisis indica que desde el gobierno mexicano se ha dado la orden a las fuerzas de seguridad de no hacer uso de la fuerza, con el objetivo de que disminuyan las víctimas civiles que resultan de esas operaciones.

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“Los informes sugieren que a medida que disminuyeron las operaciones federales, las organizaciones criminales comenzaron a usar tecnología cada vez más letal, como bombas montadas en drones, para expandir su territorio”,

se indica.

Aunado a esto, las fuerzas policiales estatales y municipales, encargadas de indagar la mayoría de los ilícitos en el país han recibido menos apoyo del gobierno federal durante la administración del presidente López Obrador que durante las administraciones anteriores.

Violencia a comunicadores

Otro factor que provocaría que las relaciones bilaterales se tensen es, por una parte, el reconocimiento del gobierno estadounidense de la crisis de violencia hacia periodistas y, por el otro, las críticas del gobierno mexicano sobre el financiamiento de EU a las organizaciones civiles que indagan corrupción.

“El gobierno sigue recibiendo críticas por no proteger a periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes, y otros.

“Los críticos del presidente (Andrés Manuel) López Obrador lo han acusado de promover un ambiente de intimidación y autocensura mediática al continuar agrediendo verbalmente a los periodistas”,

se indica.

Financiamiento

En el informe se divulgan datos sobre recursos otorgados por el gobierno estadounidense a México para el combate a los narcóticos y la inseguridad, así como apoyos económicos, y los cuales, durante los años fiscales del 2019 al 2022 de Estados Unidos —durante la administración lopezobradorista— ascenderían a más de 500 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte dichos recursos se dividen en Fondo de Apoyo Económico; Control Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley; Financiamiento Militar Extranjero; Educación y entrenamiento militar internacional y el Programa de no proliferación, antiterrorismo, desminado y relacionados.

Fuente: El Economista.

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