El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

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Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

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México ha roto un nuevo récord de muertes por la COVID-19 durante la cuarta ola de contagios. El país ha registrado este jueves 927 defunciones en las últimas 24 horas, la cifra más alta de decesos desde septiembre y la mayor que se ha contabilizado en lo que va de año. El embate de ómicron ha perdido terreno en cuanto al número de casos confirmados, al sumar más de 34.200 en esta jornada, según datos oficiales. Las hospitalizaciones también se han reducido, pero el pico de fallecimientos se mantiene como motivo de preocupación.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió el pasado martes en que hay una tendencia “extremadamente clara” de que la pandemia va “a la baja”. “Lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición”, dijo López-Gatell en el informe semanal sobre el avance del coronavirus.

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Un día después, la Organización Panamericana de la Salud, la representación continental de la OMS, pidió prudencia al comentar la situación del país y la aseveración de una “completa desaparición”.

“Se sigue observando un alto número de casos nuevos en países de la región, como también en México”,

dijo Sylvain Alighieri, gerente de incidentes del organismo internacional.

López-Gatell señaló en su informe que existe un desfase de unos 21 días entre las tendencias de casos y de mortalidad. El subsecretario fue criticado la semana pasada porque el mismo día en que afirmó que la pandemia cedía terreno, el país registró el anterior máximo de fallecimientos del año, con más de 800 muertes.

“Esto es lo que a veces desconcierta a algunas personas, lo vimos en los medios de comunicación la semana pasada, que no entendían por qué, a pesar de que habíamos dicho que la epidemia va a la baja, se apreciaba todavía un incremento en la mortalidad”,

comentó.

El pronóstico del funcionario es que las defunciones se estabilicen antes de que termine esta semana y se reduzcan a partir de la próxima, al cumplirse el citado periodo de 21 días al que hizo referencia. Las autoridades sanitarias han defendido que las muertes contabilizadas han sido menores que durante la ola del verano pasado y la segunda ola de principios de 2021. La vacunación ha ayudado a que ómicron sea menos mortal que otras versiones del virus, y la mayoría de los casos graves y las defunciones son personas con esquemas incompletos o que no estaban vacunadas.

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Las hospitalizaciones en camas generales cayeron hasta llegar a un 35% de ocupación, un punto porcentual menos que el miércoles. La ocupación de camas con ventilador está en un 25%, la misma reducción de un 1% comparado con un día antes. Aunque las autoridades han celebrado las “buenas noticias”, han recordado que la pandemia ha sido impredecible por momentos y piden no caer en un relajamiento que se refleje en un nuevo cambio de tendencia al alza. Un análisis de todas las defunciones que se han registrado en el año muestra que se suelen incrementar a mediados de la semana y se reducen hacia el inicio de la próxima. El reto para los siguientes días es romper el patrón y dejar de ver nuevos incrementos.

El país acumula más de 5,2 millones de contagios y 311.554 muertes desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales. Existe, sin embargo, un subregistro reconocido por las autoridades. El exceso de mortalidad asociado con covid hasta finales de 2021 es de 461.000 personas fallecidas, una diferencia de unas 150.000 muertes que no llegaron al tablero gubernamental, a falta de actualizar los datos.

Fuente: El País.

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Sin embargo, el Índice de Desarrollo Democrático (IDD), elaborado por varias consultoras políticas y centros de investigación en el mundo, establece que la democracia en México tiene niveles bajos de desarrollo y, además, estos niveles van disminuyendo.

¿Por qué está decayendo el desarrollo democrático en México? ¿Qué aspectos democráticos están desarrollados y cuáles no? 

Una definición corta de democracia la explica como un sistema en el que la ciudadanía elige a los gobernantes, aunque también tiene que ver con que ciertas libertades y derechos están garantizados.

Una democracia sin tantas libertades

El IDD evalúa el comportamiento de la democracia en el país y pretende contribuir a la toma de decisiones del Estado mexicano informando cómo están el desarrollo social y organizacional en el país.

Se miden 11 dimensiones agrupadas en tres categorías: la democracia ciudadana, institucional y socioeconómica. 

La democracia ciudadana se refiere al ejercicio de los derechos civiles y de las situaciones a las que se enfrenta la ciudadanía. Por ejemplo, aunque en México hay más participación política, también ha habido más inseguridad y una disminución de los derechos políticos y las libertades civiles.

En cuanto a la democracia institucional, el informe del Índice de Desarrollo Democrático se refiere a la calidad de los organismos gubernamentales y la eficiencia del sistema político. Es decir, tienen que ver con el desempeño de los órganos del Estado.

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¿Hacen que se perciba menos corrupción? ¿Hay libertad de prensa? Los datos del IDD revelan que la calidad de nuestras instituciones han seguido una trayectoria descendente.

La tercera dimensión que mide el IDD es la democracia social y la económica. En otras palabras, también se considera el desarrollo de la sociedad, lo cual incluye aspectos como la satisfacción económica, la desigualdad, la pobreza, entre otros. El único cambio positivo es una ligera mejora en la autonomía financiera.

Hay aspectos que mide el índice que entre más alta calificación tengan, es mejor para el desarrollo, como los derechos políticos o la libertad de prensa; hay otros que es los contrario, entre más, peor, como la desigualdad.

Si se analizan todos los elementos que se tomaron en cuenta para el Índice, ninguno alcanzó un puntaje de desarrollo alto, es decir, un puntaje de entre 7,000 y 10,000. 

¿Qué es lo que detiene a México?

De acuerdo con las personas expertas que elaboraron el informe del IDD, lo que detiene al país de avanzar en el desarrollo democrático es su incapacidad estatal. 

Dicho de otra manera, el Estado no tiene los medios ni la voluntad de controlar los problemas que le aquejan y el descontento de la ciudadanía.

Por una parte, el gobierno debe administrar diversas agendas. Hay una crisis de salubridad, género, pobreza, de inseguridad y de alza de los precios, por mencionar algunas.

Por otra parte, de acuerdo con el informe de Desarrollo Democrático, las autoridades no han hecho su trabajo en identificar a las audiencias, víctimas y expertos con quienes deben abrir un diálogo para resolver tales problemas.

Si bien México es una democracia en el papel, en la práctica no se han podido incluir a todas las personas y tampoco se han podido resolver las principales dificultades que limitan nuestras libertades.

Fuente: Cuestione.

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Andrés Manuel López Obrador terminó 2021 y ha comenzado este año sumido en una guerra con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tensiones con el organismo no son nuevas y han acompañado la primera mitad del sexenio, pero la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato prevista para abril ha convertido el pulso en un enfrentamiento abierto.

A esta convulsión, sin precedentes en la historia de la autoridad electoral, se suma la presión política ejercida sobre el Banco de México (Banxico). La nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, acaba de asumir el cargo tras un relevo precipitado por el presidente a finales de noviembre. La antigua subsecretaria de Egresos de Hacienda, la primera mujer a la cabeza de la institución, se ocupará de la estabilidad de los precios, pese a su escasa experiencia en la materia, porque así lo quiso el mandatario. Tanto la relación con el INE como con el banco central son especialmente significativas no solo por tratarse de órganos constitucionales autónomos, que operan al margen de los tres poderes del Estado, sino porque marcarán un año clave para el Gobierno.

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Las citas electorales y la economía son determinantes para López Obrador porque de todo ello depende la consolidación de su proyecto, la llamada Cuarta Transformación. Además del referéndum revocatorio, que este miércoles ha reivindicado como un instrumento para “afianzar la democracia”, millones de mexicanos están convocados a las urnas en junio para elegir a los gobernadores de seis Estados y decenas de municipios. Aunque esos comicios no tienen las dimensiones de las elecciones intermedias de 2021 sí son importantes para medir las fuerzas del partido oficialista, Morena, antes de las presidenciales de 2024. Y en todos esos procesos es crucial el trabajo del INE.

El origen del conflicto con el Instituto Electoral ha sido en esta ocasión su negativa a organizar la consulta tras los recortes de presupuesto aprobados por el Parlamento. Finalmente la justicia le ordenó reanudar la coordinación del proceso con el apoyo financiero de Hacienda, aunque en medio han quedado denuncias penales contra varios consejeros del organismos y su presidente, Lorenzo Córdova, y una ruptura de la confianza alimentada por los ataques de Morena y las presiones del Gobierno.

Otro de los organismos que tendrá un papel preponderante este año es Banxico. La economía es uno de los grandes desafíos del Gobierno y, si bien el banco no define las políticas de crecimiento, es el encargado de mantener a raya la inflación, que desde noviembre superó la barrera del 7%.

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El nombramiento de Rodríguez Ceja. que desplazó sorpresivamente a la primera propuesta del presidente, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, sembró las dudas sobre los planes de López Obrador para ese organismo. El mandatario reiteró a finales de año, coincidiendo con la toma de posesión de la gobernadora, que respetará su autonomía, pero no es un secreto que según se criterio la institución debería ocuparse también de las líneas maestras de los paquetes económicos.

La idea de fondo es que así el Gobierno federal pueda obtener préstamos para poner en marcha, por ejemplo, programas sociales. Incidió de nuevo en ello el pasado jueves:

“Una función del banco es control de inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento. Control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero, si no hay crecimiento, tampoco se avanza”.

Herrera su oponía frontalmente a esa opción al considerar que los objetivos de esas funciones chocan entre sí. “Si se quiere que la economía crezca, se puede dar una serie de estímulos que a lo mejor crean cuellos de botella que se traducen en inflación”, explicó a EL PAÍS justo antes de dejar el cargo.

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Esta semana el presidente ha vuelto a cuestionar a los entes públicos a cuenta de una reflexión sobre los ahorros y la “burocracia dorada”, dijo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Es una vergüenza que dinero del presupuesto nada más llegaba al Conacyt y de ahí se transfería a grandes empresas; el Gobierno subsidiaba en lo que llamaban innovación tecnológica a las grandes empresas. ¿Saben cuánto ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90.000 millones de pesos. Por eso podemos aumentar la pensión a los adultos mayores y aumentar las becas. Si no, no podríamos. Entonces, es exactamente lo mismo. No se deja de atender a la gente, pero ya no hay dos, tres, cuatro, cinco organismos haciendo lo mismo”,

afirmó durante una conferencia de prensa matutina antes de volver a meter al Instituto Nacional Electoral (INE) en la ecuación.

“Ahora está lo del INE, por ejemplo, con lo de la consulta. Va a ser muy interesante, y vuelvo a hacer el llamado a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos, cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos? ¿Cuánto ganan los de arriba, cuánto ganan los de abajo, sueldo más bonos, más otras prestaciones? Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos”,

continuó López Obrador.

En México hay nueve organismos autónomos de distinta índole que no dependen ni del Ejecutivo ni de los poderes legislativo y judicial. Las presiones políticas se dan con intensidad variable. Entre esas instituciones se encuentra, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Alejandro Gertz, un hombre en el que el mandatario ha reiterado públicamente su confianza en varias ocasiones.

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Pero también figuran otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que recientemente protagonizó un pulso con el Gobierno por un decreto que blinda los proyectos estratégicos de infraestructuras como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles como asunto de seguridad nacional. El INAI presentó una impugnación para que la transparencia de esas obras no se viera afectada y la Suprema Corte acabó por darle la razón, tumbando parte del acuerdo.

Otro de esos órganos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fundamental para el conocimiento de los datos de interés y la elaboración de políticas públicas, acaba de cambiar su dirección. El pasado 1 de enero asumió las riendas del instituto Graciela Márquez, secretaria de Economía entre 2018 y 2020. Su nombramiento generó malestar en algunos sectores por sus vínculos con el Ejecutivo y el responsable saliente, Julio Santaella, pidió que se aclararan las circunstancias de la decisión. Sin embargo, López Obrador quiso zanjar la polémica sin muchas explicaciones. “Ya está, es Graciela Márquez”, afirmó.

Fuente: El País.

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Va de lo sutil a lo evidente. Está en las goteras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los baches de las carreteras federales, en la deserción académica. Está, también, en el miedo que crece dentro de las mujeres en México por ser violentadas, tanto en la calle como en su casa. Está en el empleo, cada vez más precario, y en la dificultad por encontrar medicamentos se evidencia el deterioro de la vida en México.

En los últimos años ha habido un deterioro en la vida de los 127 millones de mexicanos, ocasionado, en parte, por la pandemia de la COVID-19; por ajustes al gasto del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los datos lo respaldan: cifras recabadas por el propio Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y analizadas por organizaciones independientes, muestran que ha habido un deterioro en salud, seguridad, infraestructura, bienestar y empleo.

Salud

El desabastecimiento de medicamentos, incluyendo el tratamiento de quimioterapias para niños con cáncer en el país, ha sido quizás el síntoma más visible del deterioro en el sistema de salud de los mexicanos, pero no es el único. Los hospitales sufren de falta de mantenimiento y de desabastecimiento de fármacos de otros tipos, no solo oncológicos.

Una investigación realizada por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa, para la cual consultaron iniciativas y reformas de ley así como documentos internos muestran que el desabasto de medicinas se dio a partir de que el Gobierno Federal, en una confrontación con empresas distribuidoras, deterioró el sistema de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social sin un plan piloto o estrategia que lo reemplace.

Con la desaparición del Seguro Popular, por decisión del Gobierno Federal, la población que se dijo beneficiaria de alguna institución pública de salud se redujo 14,7 millones de personas — al pasar de 102 millones en 2018 a 87 millones en 2020, de acuerdo con la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Por falta de dinero, por haberse automedicado o porque no era necesario, el número de personas que no buscó atención en salud al enfermar aumentó en 5,4 millones de personas entre 2018 y 2020.

Seguridad

La percepción de seguridad en el país ha mejorado ligeramente en el último año… Entre los hombres. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI el 66,6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. El porcentaje representa una mejoría con respecto del 68% registrado en diciembre de 2020, pero la percepción de inseguridad entre las mujeres ha sido persistentemente alta. En junio, el 71,3% de las mujeres dijeron que se sienten inseguras en su ciudad, comparado con el 60,1% de los hombres.

A principios del año, el Gobierno Federal informó que en 2020 los casos de homicidio doloso cayeron 0,4% en relación con 2019, una tendencia que continúa en lo que va del año. Es decir, de acuerdo a los datos más recientes de la Comisión Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos se han mantenido a niveles similares a 2019, sin mayores incrementos. El problema es que 2019 ha sido el año más violento para el país, si se mide por número de homicidios.

Además, la pandemia empeoró la situación de violencia familiar y de género. Mientras los homicidios en general se han sostenido, en los primeros cinco meses del año los feminicidios han incrementado un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la secretaria de Seguridad Pública en una conferencia de prensa en junio. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Las violaciones también aumentaron, en un 30% en comparación con los mismos meses de 2020. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326,634 casos de violencia de género en un año, entre mayo de 2020 y el mismo mes en 2021.

Infraestructura

Carreteras federales, hospitales y, de manera particularmente evidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muestran ya un enorme deterioro en los últimos tres años por falta de mantenimiento. Miles de escuelas, vacías por la pandemia, han sufrido más de 7.000 robos de material escolar y saqueos de tuberías y cables, entre otros materiales.

Más allá de la pandemia, este deterioro en la infraestructura que forma parte de la vida diaria de los mexicanos, tiene que ver con dos decisiones del presidente López Obrador. La primera es que el mandatario ha asignado al ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción y el mantenimiento de muchas obras Federales, incluyendo bancos, una extensión del aeropuerto en Santa Lucía y canales de riego, entre otras. No solo no es el Ejército una constructora especializada, sino que también está a cargo de tareas como administración de aeropuertos y aduanas, instalación de cajeros en la red del nuevo Banco del Bienestar, la siembra de árboles y detención de migrantes.

La segunda decisión del presidente que contribuye a este deterioro es haber recortado el gasto para priorizar sus obras emblemáticas, como el turístico Tren Maya y una refinería en su natal estado de Tabasco, asignando la mayor parte de su presupuesto en infraestructura a estos. Además, ha dado preferencia a inyectar con recursos a la emproblemada Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo. Esto se ha traducido a una considerable caída en la inversión pública, motor de la economía.

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Mientras la inversión privada se contrajo casi 5% en el primer trimestre del año y en comparación con el mismo trimestre el año anterior, la inversión pública mostró mayor debilidad, con una caída de 6%. De acuerdo con un análisis de datos trimestrales del especialista Eugenio Sánchez, desde que empezó el sexenio de López Obrador no ha crecido ni la inversión pública ni la privada. Es, hasta ahora, el único periodo presidencial en el que ha habido nueve trimestres consecutivos de bajas en la inversión y el que ha tenido las caídas más pronunciadas. De acuerdo con sus estimaciones, durante el primer trimestre del 2021 la inversión pública fue 33% menor que la del último trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto y 61% menor a su máximo histórico, alcanzado en 2010.

“La inversión representa un motor fundamental para la economía, ya que permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos para la población”, apuntó en un reporte el centro de investigación independiente México ¿Cómo Vamos? (MCV).

“En la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 el gobierno no ha utilizado la inversión como medida contracíclica para la recuperación económica. La inversión pública como porcentaje del PIB se encuentra en sus niveles más bajos para un primer trimestre de año desde 2001. En contraste, en crisis como la de 2008-2009 se observa un fuerte impulso por parte de la inversión del gobierno”, agregaron los expertos de la organización.

Bienestar

La medición del bienestar sigue siendo un tema abierto en la academia, pero MCV ofrece una aproximación: el índice de progreso social (IPS). El indicador toma en cuenta factores como el acceso a agua y saneamiento, la nutrición, el acceso a información y la libertad personal y de elección, entre otros. El último reporte para 2020 muestra que entre 2011 y 2020 el índice ha subido, pero este incremento se ha desacelerado en los últimos años. Entre 2015 y 2020, el puntaje aumentó en 1.02 puntos, mientras que, entre 2011 y 2015, el incremento fue casi tres veces mayor, de 2.48 puntos.

“La fuerte caída en la economía mexicana a raíz de la crisis ocasionada por el Covid-19 en 2020 inevitablemente causará estragos en el bienestar de las personas y en el progreso social del país”, aseguran los autores del reporte de MCV, ”lo cual se reflejará en las próximas ediciones del Índice de Progreso Social”.

Si se considera el acceso a la educación como fuente de bienestar, la pandemia ya tuvo un impacto negativo en este rubro. El Inegi reveló en marzo que más de cinco millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia. En el ciclo escolar actual, aseguró el instituto, se inscribieron 32,9 millones estudiante, es decir, el 60,6% de la población de entre 3 a 29 años.

Empleo

Con la publicación de los datos recabados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo salió a la luz un panorama desolador para el empleo en México. De los empleos que se perdieron por los confinamientos obligados de la pandemia, restan 2,3 millones por recuperar. Los vacíos se encuentran, mayoritariamente, en las zonas urbanas. Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo han sido los estados con más deterioro en este aspecto, mientras en el norte y la zona del Bajío, los empleos ligados al comercio exterior ya se recuperaron. Esto ha exacerbado la desigualdad en el país.

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Para todos, sin embargo, el empleo se ha vuelto más duro. La encuesta arroja que 25% de la población económicamente activa trabaja en condiciones inadecuadas, ya sea por que trabaja más de las horas que es recomendable o porque el trabajo ahora está peor pagado que antes de la pandemia. Esto se compara con el promedio histórico que ronda entre el 12% y 13%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Quizás una de las decisiones más ampliamente celebradas del presidente López Obrador ha sido el incremento del salario mínimo, el cual ha hecho por decreto desde que asumió el poder a finales de 2018. Esto sin duda había comenzado a impactar de manera positiva la pobreza laboral, la cual refiere a tener un ingreso que no alcanza para comprar la canasta alimentaria básica. En el 2019 hubo una ligera caída, sin embargo, la pandemia borró la ganancia y empeoró la situación. De acuerdo con un análisis del CEEY, 13 millones de mexicanos cayeron en pobreza laboral por la pandemia, mostrando un mayor deterioro en la calidad de vida de los mexicanos.

Fuente: El País.

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Las amenazas explícitas que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación han lanzado contra la periodista mexicana Azucena Uresti y una serie de medios merecen una condena unánime no solo de la profesión, sino de toda la sociedad mexicana.

El vídeo en el que un narco amenaza a Uresti evidencia hasta qué punto los informadores corren peligro en México, el país más mortífero del mundo para ejercer el periodismo, donde en lo que va de año han muerto ya siete reporteros. Las amenazas también ponen el foco en las autoridades, que llevan años recibiendo críticas por su inacción ante las amenazas y sin poder frenar la descomposición del país a manos del crimen organizado.

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El vídeo, difundido por redes sociales, muestra a un grupo de sicarios hablando en nombre de El Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que avanza sin control por todo el territorio mexicano. Una exaltación de la violencia de quienes se sienten parapetados por un sistema donde prevalece la impunidad y en el que el único lenguaje que pretenden manejar es el de las armas y el terror.

Las imágenes encierran todo lo que un Estado de derecho y el mundo democrático debe condenar y sobre lo que una sociedad debe estar alerta. El ataque contra Uresti y contra grandes medios mexicanos no se puede interpretar como otro más, pues supone un punto de inflexión en un contexto en el que las agresiones y las amenazas contra los periodistas, trabajen donde trabajen, ya son parte de la actualidad del país.

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Es ahora, más que nunca, cuando el Gobierno debe garantizar la seguridad de cuantos se dedican a dar cuenta de lo que ocurre y el pleno derecho a la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que el Estado protegerá a Uresti ante las intolerables amenazas. El problema, no obstante, es mucho más profundo. Está demostrado que los mecanismos de protección a los periodistas son muy débiles, fallidos en gran parte, y que los criminales han conseguido introducirse en todas las capas de las instituciones.

México exige un cambio de paradigma inmediato. Más allá de esa urgencia inaplazable, de poco ayuda que el propio mandatario, desde sus conferencias de prensa matutinas, critique una y otra vez a la prensa con descalificaciones que distan mucho de contribuir a un debate plural y sí a alimentar el rechazo a los informadores. Cualquier cambio al que aspire un Gobierno debe pasar por garantizar una prensa libre. No hay tiempo que perder. México se merece un país en paz y con un periodismo sin amenazas criminales.

Fuente: El País.

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Tras pisar suelo mexicano luego de la dolorosa caída en la Final contra Estados Unidos, el futbolista del PSV Eindhoven fue despojado de sus pertenencias.

“Que hijos… los que asaltaron a Guty ayer. Gracias a Dios él está bien. Son cosas materiales que él trabaja para comprarselas, nada es gratis en esta vida, solo la muerte».

“Fue en DF. Haciendo tráfico aprovechó una moto para quebrarle el vidrio”,

expresó su esposa Jacqueline Osuna, en Instagram.

Ya más tranquila, publicó una fotografía del futbolista durmiendo, luego de la participación en la Copa Oro.

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A pesar de que el Guty tuvo buenos partidos en el torneo, una vez más sufrió con el problema de las lesiones.

Fuente: Los Ángeles Times.

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Alejandro llegó a Ciudad de México como tantos otros inmigrantes, huyendo de una realidad que le asfixiaba. Como tantos otros, a su llegada le recibió la cara más violenta de México. Bastaron cuatro horas en el país para reducir su ilusión de una vida mejor a una mucho menos ambiciosa: conservar la vida. Fue víctima de secuestro en el aeropuerto de la capital por aquellos que le habían prometido, justamente, una posibilidad de futuro.

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En menos de lo que se tarda un turista en salir del edificio, el joven venezolano fue raptado y entregado a una pandilla de sicarios miembros de un cartel de drogas. Como pocos con su suerte, a los seis días fue rescatado por la policía de una casa en la que operaban miembros de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. “No quería morir como suelen matar aquí”, dice en entrevista con EL PAÍS. Alejandro no es su nombre verdadero, ese prefiere resguardarlo por miedo a que el cartel vuelva por él.

De Yaracuy a Ciudad de México

La familia de Alejandro contrató el servicio de un grupo de coyotes de Maracaibo que le habían prometido sacarlo de un pequeño pueblo al norte de Venezuela, llevarlo hasta Colombia y subirlo a un avión rumbo a México. Así ocurrió. Hasta la llegada al Aeropuerto Benito Juárez todo corría según habían dispuesto los coyotes.

Con 22 años y rostro aniñado, el joven puso pie en México el pasado viernes 25 de junio, sobre las cinco de la mañana. Pasó el control migratorio a las 7.26, según un registro al que tuvo acceso este periódico. Pero no la libró tan fácil: tras asentar el ingreso, el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) le retuvo “para una segunda revisión” en una sala durante unas dos horas, asegura. “Me retuvieron como dando chance a que llegara la gente que me iba a buscar”. Sobre esa segunda revisión no existe un registro oficial, según han confirmado desde el INM a EL PAÍS.

Pasadas las nueve de la mañana, casi dos horas después de pasar el control migratorio, le dan luz verde para irse.

“Me sueltan, y en la puerta un federal me dice que tengo que entregarle 100 dólares para que me dejen salir del aeropuerto. Le entrego los 100 dólares y ahí me indica que a la salida me están esperando”.

Hasta ese momento, Alejandro pensaba que todo era parte del servicio que había pagado su familia a los coyotes. En la puerta de la Terminal 2 del aeropuerto le esperaba un coche Ford Fusion de color blanco. Un exagente de la Policía Federal, hoy investigado en la causa judicial, le indicó que subiera. “Uno, como es de provincia, y en parte también por los nervios…”. Hace una pausa y retoma: “Me subo y ahí ya me dicen que estoy secuestrado”. Han pasado cuatro horas desde su llegada a México y su pesadilla recién comienza.

Los dos hombres que le llevan están armados. Le piden el dinero que trae encima, su teléfono y los documentos de identidad. Le dejan en una casa de seguridad que tiene supuestamente un cartel de drogas en las afueras de la capital mexicana.

“Allí todo estaba cerrado, las ventanas pintadas para que nadie pueda ver hacia dentro, el jefe de la organización me esperaba, me sentó en un sillón y me mostró todo el armamento que tienen. Te enseñan unos videos y te dicen: ‘Mira cómo hacemos, cortándole la cabeza a personas, ametrallándolas en el piso’. Eso es lo que te dicen que va a pasar”.

Para ese entonces los del coche ya habrán retomado el camino al aeropuerto, a pescar más migrantes.

Entre 1.000 y 2.000 dólares por cabeza

En los seis días que pasó Alejandro en esa casa, la mayor parte del tiempo estuvo encerrado en una habitación donde solo hay un colchón en el piso y un baño. El lugar, según recuerda, es precario, pero tiene tres pisos, un garage y un montón de habitaciones donde encierran a las nuevas víctimas de cada día. “Tenían su armamento, su droga y a las personas secuestradas. El consumo de cocaína era constante”, cuenta. Nadie llega ahí por azar: fueron vendidos al cartel por diferentes grupos de coyotes.

“En este caso, el grupo de venezolanos se encargaba de contactar ala persona por medio de las redes sociales y luego entregarla [en México]. Recibían entre 1.000 y 2.000 dólares por cada uno que entregaban”.

El lado mexicano del negocio era el encargado del “rapto y la negociación”. El joven venezolano llegó a contar ocho mexicanos que participaron en su secuestro.

Tampoco dejaban lugar a equivocaciones. Todos los intermediarios en la línea de acontecimientos que llevaron a Alejandro a aquella casa conocían su rostro, su nombre. Todos tenían su fotografía, sabían cómo iba vestido. “Está completamente arreglado, sabían de dónde venía, en qué vuelo, a qué hora iba a llegar. Están en completa complicidad con la gente del aeropuerto”. Alejandro pasó los seis días escuchando a los presuntos miembros del cartel hablar entre ellos y por teléfono. De esas conversaciones ha aprendido que operan de lunes a viernes, que tienen tres casas de seguridad en la capital, que el mayor centro de operaciones de la red de trata está en Monterrey, donde esa semana tenían unas 40 personas secuestradas.

Por el sitio donde estuvo retenido Alejandro pasaron otros 12 migrantes secuestrados. Todos latinoamericanos que llegaban a México con la ilusión de rehacer su vida en un país nuevo. La mayoría eran mujeres con niños. De algunos ya no volvió a saber.

“Te decían: ‘Te vamos a sacar’. Pero no te decían adónde te llevaban. Las personas que se fueron, se fueron y ya. No sé si están muertas o vivas”.

Las especulaciones alimentadas por las amenazas de los secuestradores eran el peor enemigo en el encierro.

“Te devasta completamente, empiezas a delirar y a pedirle a Dios que haga su voluntad. Si es quitarte la vida, que lo hagan rápido, porque la manera en la que suelen matar es muy cruel”.

Alejandro puede contar minuciosamente lo que pasó esos días porque se mantuvo atento y, sobre todo, tranquilo. Ya tenía experiencia en situaciones críticas. En Venezuela, asegura, había sido perseguido y torturado en varias ocasiones por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por su activismo como dirigente estudiantil.

Vender todo para pagar el rescate

La familia de Alejandro en Venezuela pasó los primeros tres días sin saber nada de él. Había llegado a México y su teléfono había sido desconectado. Unos amigos que residen en la ciudad pasaron horas buscándolo entre las ventanillas de las aerolíneas y las puertas de aterrizaje. Pensaron que lo habían retenido las autoridades migratorias, pero nadie les respondía nada. Se lo había tragado el aeropuerto. A las 48 horas de no tener noticias, el domingo presentaron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía.

El primer contacto que tuvo el padre del joven con los secuestradores fue a través de Whatsapp al tercer día de la llegada. Un supuesto agente de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República le escribió el lunes después de las nueve de la noche un mensaje desde un teléfono con característica del Estado de Morelos.

“Necesito que me regrese usted la llamada por este medio”, decía. En la llamada le comunicaron que no eran policías y que Alejandro había sido secuestrado. Ahí comenzó el vaivén de negociaciones. “Fueron muy rudas”, recuerda el joven. ¿Cuánto se le puede sacar a una familia cuyo hijo ha emigrado por falta de trabajo de un país con una de las mayores crisis económicas de la región?

“Venderé las pertenencias que me quedan”, repetía el padre de Alejandro aquellos días desde Caracas. El negociador en nombre de los secuestradores no tenía más de 25 años, y según les decía a las víctimas, conocía a mucha gente en la ciudad y regentaba dos clubes nocturnos. Por parte del chico secuestrado, negociaba un tío que vive en Estados Unidos, a quien el cartel consideraba que podía sacarle más dinero.

“Las mafias aprovechan para explotar económicamente nuestra diáspora, los venezolanos [captados] deben tener documentos de identidad, ser jóvenes y, lo más importante, gente en EE UU capaz de pagar por ellos”,

dice el padre.

Los secuestradores pidieron primero 14.000 dólares, un monto altísimo para las finanzas de la familia, que ya había gastado sus ahorros en pagar a los coyotes. Finalmente ofrecieron lo que tenían, unos 1.500 dólares que llegaban a juntar.

“Estaré pensando en ustedes”

La última llamada de Ciudad de México a Caracas fue el martes, al quinto día del secuestro.

“Hablé con mi hijo y me dijo: ’Papá, paga lo que tienes para ver si me sueltan. Si no lo hacen y me encuentro con la mala hora, estaré pensando en ustedes”.

El monto que había juntado la familia era muy bajo con respecto al que el supuesto cartel había pedido. Eso le hacía pensar a Alejandro que no sería suficiente.

“Si la familia no paga, te obligan a pagar con trabajo. Todo depende de lo que decida el jefe del cartel, yo tenía que secuestrar personas para ellos o vender droga”.

a mirada se le cae y murmura: “Lo más probable es que me mataran y no quería morir como suelen matar aquí”.

Tras el pago del rescate, los secuestradores cortaron la comunicación por 24 horas. No se sabe nada. El miércoles, un día después del pago, la Fiscalía informa de que Alejandro ha sido rescatado.

“Lo tiene la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”,

confirma un portavoz de la FGR a EL PAÍS.

Junto con él fueron rescatados otros seis migrantes que se encontraban en la casa de seguridad del cartel. Dos venezolanos y cinco ecuatorianos. Tres hombres y cuatro mujeres. Tres de las víctimas eran menores de edad.

Alejandro tiene la sensación de que los secuestradores sabían que la policía vendría ese miércoles. En la mañana habían sacado de la casa todo el armamento y la droga. Cuando los agentes policiales llegaron solo quedaban unos pocos miembros de la pandilla: dos guardias, una señora que cocinaba y una que se encargaba de limpiar el lugar. A todos los secuestrados los habían reunido en la parte de atrás del segundo piso. “Algo estaba pasando, pero no sabíamos qué”, cuenta.

“Cuando llega la policía, [los delincuentes] se empiezan a movilizar, a tratar de contener a la policía. No les dio tiempo a enfrentarse, solamente intentaron sobornarlos con dinero, pero no pudieron”.

En la carpeta de investigación, cuenta el joven, hay fotografías de cada uno de los miembros de la banda, imágenes en el aeropuerto o en los cajeros a los que acudían a retirar el dinero de los rescates. Detalles de los coches y la vestimenta que usaban.

“La Fiscalía ya sabe quiénes son”.

Pero la mayoría de ellos sigue en libertad, asegura. Pese al testimonio de las víctimas, la indagatoria judicial también esquiva el espinoso asunto de la posible implicación del INM en la red. Un portavoz de la FGR ha confirmado que no son parte de la investigación y las autoridades migratorias han asegurado que no tienen constancia de ninguna denuncia contra sus agentes por este tema. La Guardia Nacional, a cargo de la seguridad en el aeropuerto, no ha respondido la solicitud de información de este periódico.

El encuentro con la cara más violenta de México le ha arrebatado a Alejandro las ganas de quedarse en el país.

“Uno trae todas sus esperanzas, sus recursos puestos en este viaje, y es muy devastador”.

Su futuro le depara un proceso judicial en el que tendrá que enfrentar cara a cara a supuestos miembros de un cartel que en el último tiempo ha ganado fama de ser uno de los más sanguinarios. Cada vez que lo piensa, le entra un temor paralizante.

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“Yo sé que mi vida corre peligro. Lo único que quiero ahora es mantenerme con vida”.

Fuente: El País.

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