El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

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Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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Salud, energía y conectividad son algunos rubros en los que México muestra brechas de competitividad y lo arrastraron dos posiciones en el ranking del Índice de Competitividad Internacional 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El país cayó al lugar 37 de los 43 países evaluados.

México está en el lugar 37 en el grupo de competitividad baja, una caída si se compara con el año anterior, cuando ocupó el lugar 35 y se ubicó en el grupo de competitividad media baja. Sus socios comerciales en el TMEC, Estados Unidos y Canadá, se ubicaron en los sitios 16 y 14, respectivamente, dentro del grupo de competitividad media alta.

Este es el tercer año consecutivo en que México baja de posición. En 2018 se encontraba en el lugar 31. En tanto que cayó al puesto 32 en 2019, primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La tendencia continuó a la baja durante los siguientes años.

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“Es un poquito crudo aceptar las fallas, en el caso de México, que se han detectado, pero no son sorpresas, lo que ha salido ahí es en gran parte lo que sentimos que está ocurriendo pero que tiene remedio, tiene salida. Creo que coordinadamente trabajando unos y otros, no solamente las instituciones como el caso del IMCO, sino otras muchas más, podemos ir día con día mejorando la posición de nuestro México”,

dijo Valentín Diez Morodo, presidente del consejo directivo del IMCO.

Noruega, Dinamarca y Suiza son el top 3 de países más competitivos según el índice del IMCO entre 43 países evaluados a partir de 10 subíndices y 85 indicadores en los que el puntaje se divide en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

Los 10 países más competitivos son más productivos, atraen más inversión y son menos desiguales en sus ingresos, mientras que los 10 menos competitivos, en donde figura México junto con Brasil, Sudáfrica, Argentina, India, Guatemala y Nigeria, observan peor desempeño respecto al promedio en estos rubros.

“México necesita crear condiciones para alcanzar una mayor productividad y generar bienestar para sus habitantes. Esto solo se logrará si resulta consistentemente atractivo para el talento y la inversión”,

dijo Valeria Moy, directora general del IMCO.

En el subíndice de Gasto en Salud estamos en el lugar 40 de 43 en un año de pandemia de COVID-19, la población en México cubre por cuenta propia 42 por ciento de su gasto en salud. Además, se observa una caída en la cobertura de vacunación contra sarampión y DTP.

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Aunado a ello, la baja en Inversión Extranjera Directa Neta y una caída en el índice de libertad comercial han afectado el atractivo del país para el talento y los capitales como se refleja en el subíndice de Relaciones Internacionales, lugar 40, en donde la diversificación de exportaciones e importaciones son los indicadores más bajos, (43 y 42, respectivamente), y la escasa variedad en socios comerciales efectivos.

El IMCO propone modernizar la regulación migratoria del país mediante el establecimiento de un sistema de puntos que facilite el acceso a individuos calificados y permitir el cabotaje marítimo en el Golfo de México.

En el subíndice de Sistema de Derecho Confiable y objetivo, México ocupó la posición 39 con los indicadores más débiles como la confianza en la policía (43), homicidios dolosos (41), protección de derechos humanos (40) y en índice del Estado de Derecho (40).

El subíndice mejor evaluado en México fue el de Mercado de Factores Eficientes, lugar 20, en donde figuran la edad efectiva de retiro, la flexibilidad de leyes laborales, la productividad media del trabajo y el valor agregado de la industria. Aún aquí, la recomendación del IMCO es reformar el sistema de seguridad social para reducir los costos de la formalidad y cooperar con las instituciones de educación superior para alinear los planes educativos con las necesidades del mercado laboral.

Fuente: El Financiero.

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El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) reveló un análisis que hizo y el cual concluye que México tiene 23 veces menos armas que Estados Unidos, pero el triple de homicidios dolosos.

Con base en la última encuesta de la organización Small Arms Survey, el CNSP dijo que en Estados Unidos hay 393.3 millones de armas de fuego en manos de civiles, 1.18 por habitante, y en México hay 16.8 millones, una por cada 7 habitantes.

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“Es decir, en la República Mexicana existen 23 veces menos armas que en Estados Unidos; sin embargo, su tasa de homicidios es del triple que en la Unión Americana”,

señaló la organización que encabeza Alejandro Desfassiaux.

Por ello, el propio Desfassiaux cuestionó y calificó como injustificada la reciente demanda que presentó el gobierno de México contra las armerías estadounidenses.

“La causa de la violencia no son los rifles per se, sino la incapacidad de las autoridades para controlar a las organizaciones criminales que los adquieren”,

afirmó el presidente fundador del CNSP.

Asimismo, advirtió de la forma en que se ha extendido la violencia en el país, donde la segmentación de los cárteles ha dado paso a 227 organizaciones delictivas en México.

Dijo que, según datos del gobierno federal, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 por ciento del PIB.

Agregó que esas armas representan el 70 por ciento de las que ingresan al país y el otro 30 por ciento proviene de otros países. “Aunque Estados Unidos dejara de vender (las armas), el crimen organizado recurrirá a otros proveedores y sólo cambiará dicha proporción; sin embargo, no se va a detener, pues el uso descontrolado de armas ilegales es sólo consecuencia de la violencia”, agregó.

Dijo que la segmentación de cárteles actuales ha dado paso a 227 organizaciones delictivas en México (según el último mapa criminal elaborado por Lantia Intelligence).

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Puntualizó que tan sólo Los Zetas operaron los últimos años en al menos 7 sitios de exterminio en Nuevo León, en los que se han encontrado más de 867 mil restos humanos, de acuerdo con información oficial.

“La violencia es tal, que todos los días se incrementan las protestas sociales genuinas, como la de un grupo de jornaleros de Guerrero que bloqueó la Autopista del Sol debido a que el crimen organizado no los deja trabajar”.

Fuente: El Financiero.

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