Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado dictó prisión preventiva justificada al considerar fundados los argumentos de la fiscalía que afirmó que Lozoya no había cumplido con los requisitos de colaboración con la justicia necesarios para permanecer en libertad condicional. La Unidad de Investigaciones Financieras agregó, además, que había riesgo de fuga.

Emilio Lozoya dirigió Pemex de 2012 a 2016. Después de dejar su cargo huyó a España, donde fue arrestado y fue extraditado a México en 2020.

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En julio del año pasado, después de que se comprometió a entregar evidencia y testificar en contra de otros ex funcionarios a cambio de no ser encarcelado, obtuvo la libertad condicional.

Poco después, Lozoya dijo que el ex presidente Enrique Peña Nieto y su brazo derecho, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos a cinco senadores, para que apoyaran una controversial reforma energética y otras entre 2013 y 2014.

En octubre protagonizó un sonado escándalo cuando fue fotografiado en un restaurante de lujo, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “inmoral” y un “acto de provocación” por mucho que fuera legal.

El exdirector de Pemex ha participado en varias audiencias de forma virtual. En la del miércoles, la primera presencial desde el inicio de la pandemia, pidió el uso de la palabra, dijo que era inocente y que estaba llegando a un acuerdo para reparar el daño, aunque no haya tenido responsabilidad.

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El juez rechazó sus argumentos pero la defensa ya adelantó que recurriría. El magistrado decretó también un mes más de investigación complementaria.

Emilio Lozoya también enfrenta cargos por corrupción relacionados con la compra a precio inflado de una planta de fertilizantes y por millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Ha dicho que Peña Nieto y Videgaray le indicaron que utilizara 4 millones de dólares procedentes de Odebrecht para pagarles a asesores de campaña extranjeros que trabajaron en la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.

Fuente: Los Angeles Times.

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“Yo estoy más tranquilo porque hoy es un proceso en los tribunales de México, y mi confianza al judicial es total, yo prefiero que esté en manos del judicial que en manos de la Fiscalía”,

dijo en entrevista de radio para el programa Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.

Más temprano, la FGR informó sobre la vinculación del exfuncionario. Afirmó que la misma se obtuvo debido a que “durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”.

Al respecto, Guajardo explicó que, con la administración actual, se decidió investigarlo en relación a la compra de Agronitrogenados. En dicha investigación, afirmó, se le realizaron cinco observaciones a las que respondió.

Sin embargo, aseguró que la FGR no aceptó sus argumentos tanto en la observación sobre un depósito por 300 mil dólares, así como en la adquisición de una pintura.

“Me están acusando por un enriquecimiento ilícito de 9 millones. Cada uno de esos temas tiene una respuesta específica”, explicó.

Guajardo afirmó también que se trata de una persecución política en su contra por formar parte de la oposición.

“Tengo una imagen pública de honorabilidad y simplemente considero que esto es una persecución política, porque incluso tuvo la osadía la Fiscalía que me impidiera mi toma de protesta en la Cámara de Diputados”, declaró.

El ex funcionario apuntó que los argumentos y las explicaciones las presentará ante el Poder Judicial.

“Cada una de las cosas que están utilizando tiene perfecta explicación y bajo ninguna circunstancia corresponde a un comportamiento ilícito”, dijo.

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Fuente: LatinUS.

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