En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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México es el «quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar«, dijo este miércoles (06.04.2022) el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Small Arms Survey calcula que «hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país a pesar de que las leyes mexicanas de posesión de armas son estrictas y solo existe una oficina administrada por el Ministerio de Defensa (…) para que los civiles puedan solicitar permiso y comprar armas de fuego», afirmó Celorio durante su intervención.

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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador calcula que «cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia nuestro país», añadió el experto con motivo de la conmemoración en la OEA del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.

Según cifras oficiales, entre el 70 y 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México «se rastrean a su origen» en Estados Unidos, lo cual -según Celorio- es un problema no sólo por la cantidad sino por sus características, puesto que muchas están diseñadas para uso militar. Esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, cuya consecuencia son «masacres que dejan decenas de muertos en un par de minutos».

Celorio declaró que México ha trabajado con Estados Unidos para combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas provenientes de territorio estadounidense, con éxito a nivel de aduanas en la frontera y en perseguir a los delincuentes, pero quedaba pendiente otro componente: las empresas que las manufacturan y distribuyen.

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En agosto de 2021, México puso una demanda civil por daños contra estas empresas por estimar que «sus actividades negligentes e ilícitas facilitan el tráfico de su producto cogenerando esta espiral de violencia», explicó Celorio, poniendo énfasis en que no es contra el Gobierno de Estados Unidos, la población estadounidense ni su sistema jurídico.

No obstante, «los Gobiernos tenemos la oportunidad de animar a nuestro sector privado para que se conduzcan con la debida diligencia, el debido cuidado, prevengan que sus productos causen un daño y que en el caso de armas y más de las armas de diseño para uso militar caigan en manos de criminales», agregó.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, aseguró que su país «reconoce su responsabilidad para cumplir con su parte en prevenir la exportación ilegal de armas de fuego a nuestros vecinos, y se compromete a trabajar con México, el Caribe, América Central y otros países de la región para detener el movimiento ilegal de armas de fuego a través de las fronteras».

Fuente: DW.

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Los analistas se mostraron pesimistas sobre el arranque de la economía en este año, ante la debilidad de los últimos meses, y el impacto de la variante ómicron, que ya se refleja en algunos indicadores de enero, por lo que también recortaron nuevamente los pronósticos de crecimiento para 2022.

De acuerdo con la ‘Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado’ del Banco de México, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 0.79 por ciento en el primer trimestre, respecto al trimestre previo. Para el segundo semestre se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) mejorará su desempeño, a 0.99 por ciento. Esto, luego de la caída reportada en la segunda mitad del 2021.

Amín Vera, director de análisis económico de BW Capital, indicó que este 2022 ha iniciado con debilidad, pues desde el año pasado algunos indicadores clave de la economía se desaceleraron.

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Analistas de Monex señalaron que los datos que se han dado a conocer para enero advierten severas afectaciones en la actividad económica, debido al exponencial aumento de contagios de COVID-19.

Estimaron que el IGAE podría caer 0.7 por ciento en enero y el trimestre apunta a una variación cercana al cero por ciento, tras haber caído dos trimestres consecutivos.

Analistas de Citibanamex prevén una lenta recuperación de la economía en el primer trimestre, ante los efectos de la variante ómicron y la falta de propulsores de la demanda interna.

En tanto, analistas de Banco Base señalaron que el incremento en los casos de COVID afectó la movilidad en enero, lo que causó nuevas disrupciones en la actividad económica, por lo que es probable que se haya observado un deterioro en el ritmo de recuperación.

Menor crecimiento en 2022

La economía de México podría crecer hasta 2.2 por ciento este 2022, de acuerdo con la estimación de analistas consultados por el Banco de México (Banxico).

La cifra es menor a la estimada anteriormente. En diciembre pasado, especialistas consideraron que el país crecería 2.77 por ciento para este año.

La expectativa de crecimiento para 2023 también disminuyó: mientras en diciembre se consideró que el país crecería 2.15 por ciento, en la nueva encuesta de enero coincidieron que la cifra será de 2.10 por ciento.

En su último informe trimestral, que abarca el lapso de julio-septiembre de 2021, el Banco Central estimó que el PIB se ubicará en 3.2 por ciento para 2022.

Alain Jaimes, economista para Signum Research, comentó que recientemente ajustaron sus pronósticos de crecimiento para todo este año, de 2.1 a 1.8 por ciento, derivado de la persistente incertidumbre que se vive a nivel global por el coronavirus y sus variantes, así como las condiciones monetarias más restrictivas, pues se prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inicie el ciclo de alza de tasas en marzo.

Añadió que, a esto se le suman los bajos niveles de inversión que se han visto en nuestro país, los cuales merman el crecimiento económico.

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Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, señaló que se anticipa para este año un crecimiento de 2.0 por ciento, debido a que se espera que las disrupciones en las cadenas productivas se extiendan al menos en la primera mitad del año. También prevén una desaceleración en el consumo por la elevada inflación y un deterioro en el mercado laboral, a lo que se suma la expectativa de que la inversión fija se mantendrá débil.

Para Amín Vera, el ajuste en los pronósticos económicos es consecuencia de la tendencia bajista de prácticamente todos los indicadores macroeconómicos reportados por el INEGI han mostrado a lo largo de la segunda mitad de 2021, “incluyendo los que en algún momento se llegaron a considerar como los potenciales motores de la reactivación”, añadió.

“Si a esa lista se le suma la salida histórica de capitales, el deterioro de los flujos de inversión extranjera directa, un entorno de inflación sostenida por arriba de 7 por ciento anual y los continuos diferendos con socios comerciales estratégicos, como EU y Canadá, por las consecuencias de políticas públicas francamente disparatadas, como la más reciente propuesta de reforma eléctrica; no hay forma de obtener un balance positivo”,

destacó, por lo que en BW Capital no descartan poner a la baja el pronóstico que actualmente mantienen de entre el 2 y 3 por ciento para este año.

Prevén más inflación y tasas

En tanto, para 2022, especialistas consultados por Banxico esperan que la inflación alcance al cierre del año 4.27 por ciento, desde el 4.16 por ciento de la encuesta anterior.

Para el 2023 el nivel general de precios subiría 3.76 por ciento, frente al 3.6 por ciento esperado anteriormente.

En cuanto a la tasa de interés de fondeo, el pronóstico es que finalizará el año en 6.75 por ciento, por encima de la previsión anterior de 6.25 por ciento, y para 2023 se espera que cierre en 7.0 por ciento.

Respecto al tipo de cambio, los analistas prevén que cierre 2022 en 21.32 pesos por dólar, 33 centavos menos que lo estimado en diciembre. Respecto a 2023, estiman que el cierre sea de 21.61 pesos por dólar.

Fuente: El Financiero.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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La inflación anual de México se desaceleró más de lo esperado a principios de diciembre, mientras una nueva gobernadora del banco central se prepara para asumir el cargo en medio de cuestionamientos sobre la independencia de la institución.

Los precios al consumidor subieron 7,45% a principios de diciembre frente al año anterior, menos que la estimación media de 7,7% de los economistas encuestados por Bloomberg. Hace apenas dos semanas, la inflación anual llegó a 7,7%, el mayor ritmo desde principios de 2001. Frente al mes anterior, los precios subieron 0,1%, también por debajo de las previsiones.

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En una señal menos prometedora, la inflación subyacente se aceleró a 5,87%, desde 5,67% dos semanas antes. La cifra, que excluye elementos volátiles como el combustible, es seguida de cerca en México.

El banco central, conocido como Banxico, aceleró el ritmo del restricción monetaria la semana pasada para frenar las expectativas de inflación, con un aumento de medio punto que llevó la tasa de interés al 5,5%. El gobernador saliente, Alejandro Díaz de León, dijo que Banxico no está comprometido con más alzas de medio punto en el futuro, y que espera que la inflación alcance su punto máximo en el último trimestre de este año.

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A la incertidumbre sobre las futuras decisiones de política monetaria se suma la nueva gobernadora del banco central elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se retractara de su anterior nominado. Victoria Rodríguez Ceja, que reemplazará a Díaz de León a principios de 2022, tiene una larga trayectoria en el servicio público, pero poca experiencia en política monetaria.

Fuente: Bloomberg Línea.

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La actividad industrial en México se ha estancado y aún está lejos de llegar a los niveles pre pandemia, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad informó este viernes que el Indicador Mensual de Actividad Industrial aumentó 0.6% en octubre, respecto al mes previo.

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Si se compara anualmente, se obtiene un avance de 1.6%. No obstante, permanece 4.1% por debajo de los niveles de enero de 2020, es decir antes de la pandemia.

La actividad industrial pasó de un rebote con crecimientos anualizados de 34.8% y 36.6% en abril y mayo de 2021, a crecer a un ritmo de 1.8 y 1.6% en septiembre y octubre de este año.

Por sectores de actividad económica, la construcción aumentó en su comparación anual 3%, pero disminuyó respecto al mes previo 1.3%. La industria de las manufacturas creció 1.8% mensual y 1.6% en comparación con octubre de 2020.

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Por su parte, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final creció 1.2% respecto a septiembre, pero disminuyó 2.4% en comparación con octubre del año pasado.

Finalmente, la actividad minera permaneció estancada al crecer apenas 0.2% en octubre, en comparación con el mes anterior y 1% a tasa anual.

Fuente: Expansión.

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En medio de la incertidumbre financiera y de salud que provoca la nueva cepa Ómicron, los comerciantes en pequeño afirmaron que la inflación con estancamiento ha frenado la reactivación económica en México, por lo que la escalada de precios podría cerrar el 2021 con repunte del 8 por ciento.

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La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) sostuvo que la llamada “estanflación” es el “momentum económico”, en el que la escalada inflacionaria actual se produce un estancamiento en la economía y la inflación no cede; de modo que se comenzará a observar un consumo de lo necesario para las familias mexicanas, en los próximos días.

“La inflación no subyacente en noviembre fue de 11.68%, la mayor desde noviembre del 2017; en tanto, la inflación general anual llegó a 7.05%, la más alta en las últimas dos décadas”, refirió el organismo privado.

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A lo largo del año, se ha hablado de la reactivación económica, sin embargo, “lo que se está cuajando es todo lo contrario: un ‘estancamiento’ que hace ver el aumento al salario mínimo y el incremento a las tasas de interés como aspirinas que buscan curar un cáncer”, afirmó la ANPEC.

El organismo de los comerciantes en pequeño advirtió que el país ha entrado a un “tobogán, en caída libre”, donde el consumo girará en torno a lo necesario que prioriza alimentación y salud, por sobre todas las demás necesidades.

Fuente: El Economista.

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El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de México prevenir, frenar y acabar con la impunidad de las desapariciones forzadas en el país.

La delegación de la ONU, encabezada por Carmen Rosa Villa-Quintana, se reunió ayer con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, para evaluar el fenómeno de las desapariciones y conocer políticas y estrategias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que “como lo ha señalado el Presidente, estamos abiertos al escrutinio internacional, y más en particular para enfrentar el enorme reto que tenemos para restaurar un Estado de derecho que nos permita garantizar el pleno respeto y la garantía a los derechos humanos”.

Calificó este hecho como “histórico” y dijo que en México “se está construyendo un nuevo paradigma en materia de las políticas públicas y responsabilidades del Estado para enfrentar la crisis humanitaria”. Indicó que el Comité visitará 12 entidades para celebrar reuniones con autoridades del Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil.

Encinas garantizó que el comité tendrá acceso a la información sobre los más de 94 mil casos de desaparición forzada que se han registrado hasta el momento en el país, y reconoció que la desaparición de personas “es la herencia más dolorosa que enfrenta la actual administración” del presidente López Obrador.

Sostuvo que el gobierno de México busca hacer el mayor de los esfuerzos, junto con las instituciones públicas en los distintos órdenes de gobierno y de todos los poderes de la unión, para superar esta situación, y detalló que la desaparición forzada tiene elementos de corte histórico asociados a la lucha política, la violencia del Estado y la lucha armada.

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Por eso, dijo, “deseo que esta visita sea provechosa, que tenga buenos resultados y que el éxito de su misión implicará el éxito de las políticas que estamos implementando. Estamos dispuestos a abrir las puertas de todo el gobierno federal para que puedan cumplir con su cometido”, sostuvo.

Explicó que este encuentro se había solicitado desde 2013, pero fue hasta la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que finalmente se pudo concretar.

Enfatizó que la visita constituye la más ambiciosa que un comité de la ONU haya realizado al país, no sólo por la complejidad del problema en materia de desapariciones forzadas, sino también por su exhaustividad.

Fuente: El Financiero.

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Al menos 70 migrantes haitianos han sido enviados desde México a Puerto Príncipe, según ha informado este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. Se trata de un regreso “voluntario” acordado entre ambos países. Las autoridades mexicanas no detallan en qué condiciones y con qué garantías los migrantes volverán al país caribeño. Horas antes, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había afirmado que los haitianos que llegaron masivamente a México en las últimas semanas “no pueden regresar a su país de origen” debido a su “situación tan vulnerable”.

Un primer grupo formado por 41 hombres, 16 mujeres y 13 menores ha sido trasladado desde Villahermosa, en el Estado de Tabasco, a la capital de Haití. Estos migrantes, de acuerdo con la SRE, estaban asentados en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y Tabasco. La SRE no ha detallado a EL PAÍS bajo qué condiciones estas personas aceptaron ser trasladas a Haití, si tiene familia o vivienda allí, y cómo las recibirán las autoridades del país caribeño.

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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los representantes de Haití acordaron llevar adelante esta acción en una mesa de diálogo permanente instalada el 21 de septiembre para “atender las necesidades de las personas de origen haitiano” en México. En las últimas semanas miles de migrantes llegaron a Ciudad Acuña, en el Estado de Coahuila, para intentar cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos. La mayoría había recorrido el continente entero, desde Chile, donde habían llegado en 2016 escapando de la inestabilidad política y económica.

Washington había avisado de que no los recibiría. Pero en la frontera llegaron a juntarse casi 30.000 migrantes, según informó el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas. Las autoridades estadounidenses aseguran que permitieron la entrada en su territorio de más de 12.000 y unas 8.000 regresaron a México. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 3.500 haitianos fueron deportados entre el 17 y el 27 de septiembre por los servicios migratorios de EE UU, recoge la agencia France-Presse.

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“Tenemos que entender ahora, siendo una situación tan vulnerable, que no pueden regresar a su país de origen, pues no tienen las condiciones de garantías de su seguridad para mantener su integridad física y su cuestión familiar”, declaró Encinas. “Uno de los fenómenos nuevos es el de la integración”, señaló, “porque México dejó de ser ya un país de expulsión o de tránsito de migrantes para convertirse en un país de destino”. Los haitianos son la segunda nacionalidad de origen de los que piden protección en México, solo superados por los hondureños.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró este martes que muchos de los haitianos no pueden aplicar a la condición de refugiados en México porque tienen ese estatus en otros países. La Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado (COMAR), sin embargo, está tramitando solicitudes de 13.255 ciudadanos haitianos, de acuerdo con Ebrard. El Gobierno ha habilitado un estadio en la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, para atender los pedidos de asilo de miles de migrantes que ingresan al país por ese punto. Esa ciudad se encuentra desbordada por la llegada de migrantes centroamericanos.

Fuente: El País.

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La Secretaría de Salud (SSa), a través del comunicado técnico diario, informó que este lunes 13 de septiembre se registraron 221 muertes y 4,161 nuevos casos de COVID-19 en el país.

Con tales cifras se acumularon 3,516,043 contagios y 267,969 defunciones causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. Aunado a lo anterior, se reportaron 499,020 casos sospechosos, 6,186,484 negativos, 82,203 activos estimados y 10,201,547 personas estudiadas desde que comenzó la contingencia sanitaria.

De acuerdo con los datos demográficos de la epidemia, los casos confirmados muestran predominio igual en hombres y mujeres con 50 por ciento. En tanto, la mediana de edad general es de 40 años.

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La dependencia también señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 77,172 contagios de este tipo.

Desde marzo de 2020 el Estado mexicano ha registrado el total de contagios por lugar de residencia, con lo cual la Ciudad de México ha reportado 921,777; el Estado de México 348,819; Nuevo León 188,953; Guanajuato 162,956; Jalisco 144,988; Tabasco 124,767; Puebla 113,398; Veracruz 112,029; Sonora 104,552 y San Luis Potosí ha presentado 95,065. En estas 10 entidades se concentran el mayor número de contagios acumulados, con el 66% del total.

De acuerdo a tal información, la dependencia federal aseveró que, en la última semana, aumentaron un 2.4% los contagios en toda la República Mexicana, aunque también destacó la disminución de un 2% con respecto a los casos positivos en el mes de agosto.

Asimismo, se informó que en las últimas cinco semanas se registró un aumento en los contagios de personas en el rango de edad de 18 a 29 años, colocándose como el grupo más propenso a contraer el virus, seguido del sector de 30 a 39 años y los de 40 a 49 años.

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En tanto, en la distribución por sexo y edad de las defunciones causadas por COVID-19, se observó un predominio del 62% en hombres. El promedio de edad de los decesos por coronavirus es de 64 años.

En este rubro, la Ciudad de México se ubica a la cabeza con 49,411 fallecimientos, después se encuentran el Estado de México (31,138), Jalisco (15,181), Puebla (13,896), Veracruz (12,481), Nuevo León (11,909), Guanajuato (11,647), Baja California (9,096), Sinaloa (8,269) y Chihuahua (7,834). El conjunto de las entidades mencionadas representan el 64.4% de las defunciones en el país.

Conviene destacar que este lunes se presentó la cifra más baja de defunciones en el presente mes con 221 personas fallecidas, la última vez que se tuvo un número inferior a esto ocurrió el 14 de agosto cuando se registraron 213 ciudadanos finados.

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Por otro lado, de acuerdo a la última actualización del semáforo epidemiológico COVID-19, del 6 al 19 de septiembre ninguna entidad se encuentra en color rojo, mientras que 17 están en naranja, 13 en amarillo y dos en verde.

Semáforo epidemiológico rojo: ningún estado.

Semáforo epidemiológico naranja: Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Semáforo epidemiológico amarillo: Ciudad de México a Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo.

Semáforo epidemiológico verde: Chiapas y Chihuahua.

Finalmente, la SSa también publicó los contagios confirmados de coronavirus alrededor del mundo, hasta este 13 de septiembre se sumaron 224,511,226 casos. Además, la tasa de letalidad global se ubicó en 2.1%, puesto que la pandemia ha causado la muerte de 4,627,540 personas.

Avance en la estrategia de vacunación

La madrugada de este 13 de septiembre arribó a suelo nacional 200,000 vacunas envasadas Sputnik V contra COVID-19 del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, con lo cual México ya sumó 4,850,000 dosis de dicho biológico.

Hasta este día se han recibido 78,336,605 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.

Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido disponibles 106,576,715 biológicos en total, mismas que han llegado en 123 embarques durante el viaje de 137 vuelos.

Con toda la información anterior, hasta el 12 del presente mes 60,759,845 personas han sido inmunizadas con al menos una dosis, dicha cantidad representa el 68% de las personas mayores de edad en el país.

De ese total, 39,070,943 personas, que equivale a 64%, cuentan con esquema completo; mientras que 21,688,902, es decir, el 36% cuentan con la mitad del proceso de inmunización.

Fuente: Infobae.

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