En 2021, México escaló al quinto sitio con el mayor número de disputas de inversión privada en arbitrajes internacionales -entre las 150 naciones que contempla-, la mayor parte en el sector energético e infraestructura, derivadas de las modificaciones en las reglas de operación o nuevas políticas públicas que emprende el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético, afirmó la Cámara de Comercio Internacional (ICC) México.

El organismo privado que agrupa a 45 millones de empresas a nivel internacional, encabezadas por Estados Unidos, Japón, Europa, otros, afirmó que dicho panorama de controversias ha ahuyentado y reducido las inversiones en México de manera importante, por la falta de estado de derecho y cambios en las reglas de operación en sectores claves, como el energético y la infraestructura, que limita la participación privada.

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Durante el 2021, nuestro país elevó el número de quejas, y el 70% de los casos de arbitraje se ubicaron en energía, dijo Claus von Wobeser, presidente del ICC México. En tanto, que en años previos no figuraba en el Top ten de los litigios.

En el marco de la Conferencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC global, el representante del organismo destacó que en cierta medida, dichas modificaciones legales en materia energética en México han inhibido una mayor inversión como se esperaba “y que son muy necesarias en una época de recuperación de la pandemia”.

“He visto incremento de disputas privadas en el sector energético tanto en electricidad, gas petróleo, derivadas de las nuevas políticas del gobierno federal, digamos, si bien no hemos visto arbitrajes, inversionistas contra estado, que no necesariamente se rigen por las reglas del ICC, pero en el organismo sí hemos visto muchas disputas en gasoductos, petróleo, electricidad, derivadas de las nuevas políticas del gobierno actual”,

expuso en conferencia de prensa.

Alexander Fessas, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC global, explicó que México comenzó a utilizar con mayor frecuencia en arbitraje por las empresas en contra de las agencias (dependencias o instituciones) del Estado en 2021, a tal grado que se colocó entre los primeros 10 lugares y más recientemente llegó al top de los 5 con más litigios.

Alertan sobre caída en inversiones

Alexander Fessas, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC global, explicó que México comenzó a utilizar con mayor frecuencia el arbitraje por las empresas en contra de las agencias (dependencias o instituciones) del Estado Mexicano en 2021, a tal grado que se colocó entre los primeros 10 lugares y más recientemente llegó al top de los 5 con más litigios.

El hecho de que México haya ascendido al quinto sitio entre los 150 países que recurren habitualmente al arbitraje “es mucho”, porque “la economía mexicana es importante, somos la décima economía del mundo, pero no somos del tamaño de la economía de los Estados Unidos o de otras más importantes que la mexicana”, lamentó Claus von Wobeser.

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Y es que, dijo, hemos visto la disminución de las inversiones, con datos oficiales del Banco de México, y en comparación con la época de la pandemia por el COVID-19 “no hemos recuperado la condición de crecimiento y la única manera es a través de la inversión privada, ya que apenas el 15% de las inversiones realizadas son del sector público”.

La presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC, Claudia T. Salomon, comentó que se encuentra muy interesada en trabajar con México y sus empresas para generar un clima de negocios confiable que permita un crecimiento de la economía mexicana con los menores inconvenientes posibles para ambas partes. “El arbitraje es un parte esencial para el estado de derecho y clima de inversiones. La misión es que el comercio funcione”.

Algunos ejemplos de las disputas que existen entre empresas energéticas y el gobierno mexicano son:

• Talos Energy se encuentra en etapa de notificación de disputa rumbo a un posible arbitraje internacional contra el gobierno mexicano, como operadora del bloque adjudicado en la Ronda petrolera 1.1 donde se llevó a cabo el primer hallazgo de hidrocarburos por parte de un privado después de 80 años: el campo Zama.
• La CFE reclama un pago de 190.2 millones de dólares a Iberdrola dentro de un proceso de arbitraje internacional que inició la española en marzo del año pasado, por la central de ciclo combinado Topolobampo III.
• Monterra Energy presentó una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.

Fuente: El Economista.

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México tiene 1,015 millones de habitantes sin acceso a la electricidad, de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), enviado al Senado.

La cobertura del servicio eléctrico a la población mexicana significó un crecimiento marginal de 0,13% comparado con la cobertura del 2020, según los datos más recientes de la compañía mexicana hasta el 31 de diciembre del año pasado.

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Las cinco entidades con más habitantes por electrificar son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero, que representan 44% del total, mientras que los estados con menos personas sin energía eléctrica son Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México y Colima.

La cobertura del servicio eléctrico entre los habitantes de México ha incrementado 98,5 a 99,2% entre 2015 a 2021.

Durante 2021, la empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz realizó 3.466 obras de electrificación con una inversión de MXN2.588 millones (más de US$129 millones), las cuales beneficiaron a 2.678 localidades y 349.349 habitantes.

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Las obras incluyen 2.250 kilómetros de líneas de distribución, 9.454 transformadores, 50.000 postes que beneficiaron a 85.273 viviendas.

CFE también informó en el documento que enfrentó 14 fenómenos naturales como huracanes, frentes fríos y tormentas, que afectaron infraestructura eléctrica del país con un promedio de restablecimiento de 1,5 días al 90% de los afectados y 3 días en total.

El total de personas afectadas fue de 5,68 millones de usuarios afectados en 25 estados del país, con un costo aproximado de MXN$545 millones.

“Por el paso de estos fenómenos naturales se dañaron: 42 torres, 3,602 postes y 705 transformadores de distribución, los cuales fueron reemplazados o reparados por los trabajadores de CFE Distribución”,

precisó la empresa estatal.

CFE tiene 46,6 millones de clientes, de los cuales, 41,3 millones son domésticos de bajo consumo, 167.859 de alto consumo y el resto empresariales.

La compañía mexicana obtuvo ganancias por MXN$8.659 millones durante el primer trimestre de 2022.

Fuente: Bloomberg en línea.

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La reforma, que causó mucha preocupación tanto entre empresas como en el gobierno de Estados Unidos, habría anulado gran parte de la apertura del mercado en la generación de energía llevada a cabo por su predecesor en 2013.

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La derrota podría polarizar aún más el ambiente político a dos años y medio del fin de la administración de López Obrador y cuando los actores políticos ya miran a las elecciones locales que se celebrarán en algunos estados este verano y, sobre todo, a las presidenciales de 2024.

En los comicios de mitad de mandato de 2021 el partido oficialista Morena y sus aliados -el Partido del Trabajo y el Partido Verde- perdieron terreno en el Congreso y aunque mantuvieron una mayoría de escaños no conservaron la suficiente para garantizar cambios constitucionales (dos tercios de la cámara).

Por eso algunos analistas temen que se endurezcan los ataques contra opositores pero también contra autoridades electorales y judiciales. El mismo lunes el mandatario arremetió contra quienes consideró “traidores” -un calificativo que también usó el domingo la oposición para referirse a los oficialistas- y dijo que las empresas extranjeras “compraron a los legisladores”.

López Obrador sostiene que cuando se aprobó la reforma que liberalizó el mercado en 2013 hubo sobornos a diputados, acusación que los parlamentarios niegan pero que está actualmente bajo investigación en la fiscalía federal.

La actual “contrarreforma” -como la definieron algunos- buscaba garantizar al Estado la generación de al menos 54% de la electricidad que necesita el mercado, es decir, dar ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural.

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Sus detractores aseguraban que esto violaba la libre competencia y acuerdos internacionales suscritos por México.

Después de más de 12 horas de debate el domingo, la coalición oficialista consiguió 275 votos de los 332 que se necesitaban. Un total de 223 diputados votaron en contra.

“El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo de la nación… se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar”, sostuvo López Obrador. “Y estos diputados los respaldaron, a los saqueadores”.

Ana Vanessa Cárdenas Zanatta, profesora de ciencias políticas en las universidades Tecnológico de Monterrey y Anáhuac, aseguró que la votación marcó el primer revés legislativo que ha sufrido el mandatario desde que asumió el cargo a fines de 2018 y muestra de ello fue que el lunes en su conferencia matutina “no pudo disimular que está muy enojado”.

La derrota política es especialmente simbólica porque era un asunto con el que el mandatario se arriesgó “a poner en entredicho nuestra relación con los Estados Unidos” y enfrentarse a muchos grupos de poder económico, agregó la académica.

López Obrador siempre dijo que la liberalización del mercado abrió las puertas a la privatización de la estatal Comisión Federal de Electricidad y que legalizó contratos, a su juicio, fraudulentos que habían beneficiado en exceso a compañías extranjeras.

La actual Ley de la Industria Eléctrica, modificada en 2021 en la misma línea de la reforma constitucional, está recurrida en los tribunales porque, entre otros puntos, prevé la revisión o anulación de contratos ya firmados. Sin embargo, sigue en vigor y no se descartan más litigios en torno a ella.

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El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, unidos en la coalición opositora “Va por México”, tenían previsto presentar un nuevo texto para intentar llegar a algún consenso, pero el entendimiento se prevé complicado.

Para el analista político José Antonio Crespo el presidente fue víctima de uno de sus principales problemas: preferir la polarización al diálogo.

“Para él sentarse a negociar con la oposición es traición a la causa porque él está acostumbrado a que se hagan las cosas como él dice o no se hacen”, explicó Crespo. “Creo que eso le va perjudicar a esta segunda mitad, porque ya no tienen las mayorías para imponer su voluntad”.

Dado que la reforma constitucional fue bloqueada, el presidente envió el mismo domingo a la Cámara una propuesta de ley ordinaria para garantizar un punto esencial del fallido proyecto: nacionalizar el litio.

De momento sólo hay una mina de este estratégico mineral en México en manos de una empresa china que podría tener cerca el inicio de su producción. Pero si sale adelante la nueva iniciativa -para la que el oficialismo y sus aliados sí tienen votos suficientes- el gobierno podría asumir su explotación.

“Este fin de sexenio va a ser muy, muy duro, muy tirante, muy forzado, muy riesgoso”, agregó Crespo. “Nunca había visto yo este nivel de polarización, sobre todo fomentado desde arriba”.

Fuente: Los Angeles Times.

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México mantendría sus exportaciones de crudo en alrededor de 1 millón de barriles diarios para aprovechar el reciente repunte de los precios, retrasando temporalmente el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducirlas a la mitad como parte de su objetivo de autosuficiencia energética, dijo una persona con conocimiento directo de la situación.

El Gobierno está revisando cómo usar los excedentes de un repunte en los precios internacionales del crudo para subsidiar los crecientes costos de la gasolina en el país, lo que probablemente retrasará su compromiso de reducir drásticamente las exportaciones, según la persona.

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En diciembre, López Obrador dijo que la petrolera estatal Pemex reducirá significativamente sus envíos al extranjero en más de la mitad a 435.000 barriles por día este año para que la compañía pueda refinar suficiente crudo en México de modo que eventualmente pueda eliminar las importaciones de combustible.

Las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos, como se conoce formalmente a la empresa, ya se redujeron a 832.000 barriles por día en enero desde un promedio de 1,02 millones durante 2021.

Sin embargo, el presidente a principios de este mes insinuó algunos inconvenientes en su estrategia, que habría puesto fin a todas las exportaciones de petróleo para el próximo año, diciendo que los precios más altos del crudo resultantes de la invasión rusa a Ucrania se utilizarían para compensar el costo de las crecientes importaciones de combustible para los mexicanos.

Por su parte, la secretaria de Energía Rocío Nahle dijo la semana pasada en una entrevista con Bloomberg Linea que el Gobierno estaba reconsiderando su plan para reducir las exportaciones de petróleo después del reciente aumento del petróleo.

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Los ingresos adicionales del Gobierno por petróleo serían suficientes para subsidiar el mayor costo de los precios de la gasolina en las bombas de Pemex, según la persona. El precio del crudo de México, conocido como Maya, subió casi un 68% desde principios de diciembre a US$99,06 por barril el viernes.

Ni Pemex ni la oficina de la presidencia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda de México gastó 104 mil millones de pesos (alrededor de US$5.000 millones) en subsidios a la gasolina y el diésel, una cantidad que se triplicaría con creces este año si los subsidios se extienden por el resto de 2022, según un informe de la consultoría basada en riesgos EMPRA, ubicada en Ciudad de México.

A un promedio de US$90 el barril para la mezcla exportadora mexicana este año, las finanzas públicas podrían alcanzar un superávit de 170.000 millones de pesos, según la firma.

“Sin embargo, si la Administración de López Obrador continúa disminuyendo sus exportaciones mientras subsidia fuertemente los precios de la gasolina, este excedente desaparecerá rápidamente”,

escribieron los analistas de EMPRA en un informe el martes.

El plan original de López Obrador para detener todas las exportaciones de crudo fue recibido con escepticismo en ese momento, dado el deficiente historial operativo y de seguridad de Pemex. Las refinerías de la compañía han estado operando a una fracción de su capacidad durante media década después de años de inversión insuficiente y falta de mantenimiento.

Fuente: Bloomberg en Línea.

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Los automóviles eléctricos amenazan con convertirse en un nuevo punto de tensión comercial entre México y Estados Unidos.

La Embajada de México en EU, junto con los representantes diplomáticos de más de 20 países, enviaron una carta a los principales legisladores en el Congreso estadounidense, donde expresan su preocupación por una propuesta legislativa para otorgar subsidios a los coches eléctricos cuyas baterías se manufacturen con 50 por ciento de partes originarias de EU.

México alega que esto “violaría los acuerdos negociados y alcanzados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.

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“Este llamado al Congreso de Estados Unidos busca que se reconsidere la adopción de la legislación y se replantee una vía alternativa para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, que no utilice incentivos que resulten discriminatorios contra ningún país o productor”,

señaló en un comunicado.

Prevén consulta

Abogados consideran que hay posibilidad de que se convoque incluso a otro proceso de consulta.

“Son temas distintos (los coches eléctricos y las reglas de origen). Habría que ver el procedimiento para poder incluirlo dentro de las consultas, y creo que sí es factible… Lo cierto es que esto podría dar lugar a una nueva consulta bajo el tratado”,

apuntó Juan Carlos Partida, abogado socio de la firma legal EC Rubio.

Para Moisés Zavaleta, socio de la firma Ansley Consultores, el caso podría armarse con las disposiciones sobre subsidios establecidas tanto en el T-MEC como por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tanto el T-MEC como la OMC abren brecha para que se promuevan controversias por aplicación de subsidios a productos exportados. En el caso de la propuesta estadounidense, cabe la posibilidad de que el gobierno mexicano o las mismas empresas que operan en el país aleguen daños a la industria nacional por estos apoyos fiscales, indicaron los expertos.

“Las importaciones que vengan de un determinado país y que otorguen subsidios pueden ser objeto de una cuota compensatoria si estas importaciones causen daño a la industria nacional. Yo creo que sí hay un tema”,

dijo Gustavo Uruchurtu, socio fundador de Uruchurtu & Abogados.

Preocupa a senadores

En el Senado, los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, que preside la senadora Claudia Ruiz Massieu, expresaron que los incentivos que propone EU son contrarios a las reglas de valor de contenido regional acordadas en el T-MEC.

Los legisladores señalaron, mediante un comunicado, que la industria automotriz es uno de los pilares de la integración productiva de la región de América del Norte, y ha permitido la consolidación de fuertes cadenas de valor y cuyas exportaciones intrarregionales sobrepasaron los 200 mil millones de dólares en el 2020.

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Fuente: El Financiero.

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Cuando un general de la zona les regaló parte de su rancho, allá fueron Raúl Ríos y los otros peones por falta de algo mejor. Cubierto de un matorral tupido y hostil, el terreno apenas permitía cultivar algo de maíz y cortar leña. Soplaba, además, un viento caliente que ahuyentaba a los zancudos pero que no daba tregua. Muchos no aguantaron y se fueron a la ciudad. Un día, hace unos años, llegó a este rincón del Estado de Tamaulipas un equipo de operarios a levantar una antena larguirucha arriba en la meseta, donde el viento soplaba más y solo pastaban las vacas. Que iban a medir el aire, les dijeron. “Pues póngala”, respondieron ellos.

La noticia empezó a correr. La dueña del rancho vecino asistió a una asamblea y ofreció comprar el terreno comunal, de varios cientos de hectáreas, para su ganado. Cuatro familias del ejido querían aceptar, pero Ríos se plantó. No se tragaba el cuento de las vacas. El operario que iba a medir el viento cada mes les había advertido que venía algo bueno. Entonces, explica Ríos, llegaron “las gentes de España” por los caminos de tierra y les enseñaron fotos de los aparatos. “Nosotros nomás oíamos, porque no sabíamos qué era. Todos estuvimos de acuerdo, no había nada aquí”, dice el ejidatario, de 67 años. Firmaron un contrato de arrendamiento por 30 años y la meseta se empezó a poblar de aerogeneradores.

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La Mesa fue uno de los primeros parques eólicos de Tamaulipas, en el noreste de México. Con una inversión de unos 200 millones de dólares de la española Gemex, sus 30 turbinas suministran electricidad a cientos de supermercados Soriana. La inauguración en 2017 fue un acontecimiento. Las renovables iban a limpiarle la cara a un Estado vapuleado por la lucha sangrienta entre los Zetas y el Cartel del Golfo por el control de la zona fronteriza. Más de una vez, en la carretera que va hacia La Mesa, aparecieron cadáveres colgando de un puente elevado, recuerdan los habitantes de la zona. Se quería pasar página y qué mejor que una gran inauguración. El gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, visitó por primera vez aquellos parajes para proclamar: “Tamaulipas está destinado a convertirse en capital energética de México”.

Esa ambición ha tropezado con la política del Gobierno federal. La Cámara de Diputados está por debatir una reforma constitucional que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de marginar a las centrales solares y eólicas de particulares, pese a ser las más baratas. Dejan de ser las primeras en despachar su electricidad a la red y pasan a sexto y séptimo lugar. Antes vendrán las centrales de la CFE, sean hidroeléctricas o térmicas de combustóleo. “Si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas [privadas] terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico”, sostuvo López Obrador a mediados de octubre.

La reforma amenaza el futuro de un sector que prometía. Si bien la producción a base de gas sigue liderando, la eólica y la solar ya representan el 16% de la capacidad total de México, frente al 6% en 2017, y el sector acumula unos 19.000 millones de dólares en inversión privada. En Tamaulipas, el segundo Estado con más penetración renovable, la capacidad instalada eólica es seis veces mayor a la de hace cuatro años. Equivale al consumo anual de más de dos millones de hogares y contrarresta la emisión de tres millones de toneladas de CO₂ anuales, apunta la comisionada de Energía del Estado, María Antonieta Gómez, en su oficina en una torre acristalada de Ciudad Victoria, la capital estatal. “Y nada más tenemos instalados el 8,2% de la capacidad potencial”, dice.

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La expansión ha creado un efecto cadena. Dos fabricantes de aspas tienen plantas en Matamoros, al norte del Estado, para abastecer la demanda. Mientras, la Universidad Politécnica de Victoria ha abierto un diplomado en mantenimiento de aerogeneradores. “Al principio aquí no había gente capacitada y las empresas traían a gente de Oaxaca”, explica el coordinador Rodolfo Echavarría, en el austero laboratorio donde da clases. El académico se sentó entonces con los ingenieros de Vestas, la mayor empresa de turbinas del mundo, para saber qué necesitaban y juntos diseñaron un temario. El diplomado ya ha formado a 70 personas y la compañía danesa ahora quiere que Echavarría y su equipo empiecen a dar clases en línea a técnicos de Colombia.

Los ingenieros Luis Javier Trejo, de 25 años, y Maximiliano Zapata, de 27, egresados del diplomado, se acaban de bajar de la camioneta, todavía de uniforme -botas duras y ropa ignífuga azul-. Trejo, alto y fornido, ha pasado cinco horas a unos 110 metros de altura, hurgando en las tripas de la turbina. Antes del diplomado, él trabajaba en una fábrica de baterías y Zapata estaba por mudarse a Ciudad Juárez. “Es bien complicado encontrar un trabajo que pague bien aquí”, explican. En los parques cobran el doble que en una maquila. Su sueño es laborar en países con aerogeneradores en el mar, más ahora que el futuro del sector en México es un interrogante. “Cuando entramos veíamos crecimiento. Ahora la inversión se fue y no hay más parques en construcción”.

Las palabras del presidente sobre la reforma energética han llegado también a los oídos de Raúl Ríos en La Mesa, una veintena de ranchos humildes con techos de palma que el viento cepilla constantemente. El ejidatario no sabe de tecnicismos pero se ha quedado con una idea. “Ya nos espantaron que iban a parar todo esto”, dice sentado en un balancín, con las manos sujetándose la gorra. Las turbinas, su principal fuente de ingresos, se asoman más allá del patio de las gallinas. Teme perder los 20.000 pesos al mes que en promedio cobra del parque por el arrendamiento. Aunque siguen viviendo en una casita sin baño dentro, la renta eólica supera por mucho los 800 pesos mensuales por cortar madera de matorral.

Sin nuevos proyectos eólicos

El apetito inversor se ha secado. Faltan líneas de transmisión, el presidente ataca a menudo a multinacionales como Iberdrola, y la propuesta de reforma es el golpe definitivo. En Tamaulipas, hay un parque de la española Acciona, con una inversión de 210 millones de dólares, que está en pruebas y, si no hay sorpresas con los permisos gubernamentales, se unirá a los otros 13 ya operando. Y uno más de la mexicana Thermion, de unos 217 millones de dólares, que está en el aire por la incertidumbre. “No lo damos por muerto, pero están esperando”, dice la comisionada de Energía. “La reforma nos va a afectar”. Por primera vez en el último lustro, no hay nuevos proyectos.

Cerca de Ciudad Victoria, en la meseta del municipio de Llera las aspas del mayor parque de la región rasgan la barriga de las nubes. Son más de 80 aerogeneradores y 518 millones de dólares de inversión. El desembolso incluye 13 kilómetros de línea de transmisión y una subestación que la empresa regaló a la CFE. Con las nuevas políticas, sus dueños han desechado planes para ampliar el parque. El nombre de la operadora aparece pequeñito en una cartulina pegada a la caseta de vigilancia. Este periódico accede a la instalación bajo la condición de no revelarlo.

El ingeniero José David Cheu, gerente del parque, no tiene la cabeza para debatir de política. Los vientos fuertes del norte están por llegar y tiene a la plantilla trabajando de lunes a domingo. “La temporada alta ya está encima”, dice sin quitarse el casco, mientras conduce por un camino de grava y de torres bordeado. Tiene gente de todas partes alistando las turbinas. Un experto ruso que ha volado hasta allí para revisar el pararrayos de los aerogeneradores. Su robot teledirigido, cuenta Cheu admirado, trepa por una cuerda hasta la punta del aspa, a unos 168 metros de altura, para husmear puntos débiles.

Si la reforma de López Obrador sale adelante como está planteada, el parque de Llera estaría en apuros. La mitad de la central vende electricidad a la CFE, tras haber ganado una licitación internacional. La otra mitad suministra a grandes cadenas de supermercados, que se ahorran así la tarifa de la paraestatal, más cara. Pese a que López Obrador prometió respetar los contratos vigentes a inicios de su mandato, la reforma propone cancelar todo lo firmado por centrales privadas y renegociar los términos, sin entrar en detalles. “Abre la puerta a una discrecionalidad total. Difícilmente va a haber un atractivo para invertir”, dice Víctor Ramírez, portavoz de la Plataforma México Clima y Energía.

Pese a la alarma del sector, la población de la zona no parece pronta a manifestarse en defensa de unos parques que ven de lejos, de camino a la playa. Son inversiones millonarias y limpias pero que dan poco empleo. El parque de Llera tiene a unos 100 trabajadores en temporada alta y a 70 en la baja. Solo hay dos fijos procedentes de las comunidades que le arrendan la tierra, un técnico y una empleada de limpieza. En contraste, la fábrica de baterías Kemet, una de las más grandes de la capital tamaulipeca, tiene a 2.500 trabajadores.

En esa maquila trabaja la hija de Israel Alcocer, comisario ejidal de una comunidad de unas cuarenta casas al pie de la meseta. “Al principio hubo mucho trabajo, chapolear, brechar. Yo estuve haciendo caminos”, recuerda, con la frente sudorosa de cortar leña. Ahora, los jóvenes del lugar se han vuelto a marchar. Con todo, el parque ha traído algún cambio. Con lo que reciben del arrendamiento, Alcocer ha comprado una lavadora y una bocina en la que escucha música norteña. Hace poco, el ingeniero Cheu bajó de la meseta. Le pidieron una celda solar para la bomba de agua potable para ahorrarse los 2.000 pesos al mes que pagan a la CFE. “Se comprometió pero para el siguiente año porque dijo que ya no quedaba presupuesto”, apunta. Que las turbinas sigan girando para entonces dependerá de los juegos de naipes en la capital.

Fuente: El País.

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La iniciativa de contrarreforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados sería violatoria a los tratados internacionales que tiene México, con lo que de aprobarse provocará pugnas de nivel de arbitraje internacional.

Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética a través de un artículo del tratado comercial entre los tres países (T-MEC) que hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto significa que aun cuando Estados Unidos no forma parte del TIPAT, obtiene los beneficios plenos del blindaje explícito que este acuerdo ofrece para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.

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De hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana.

Kenneth Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México en la administración pasada, y socio de la consultoría AGON, explicó que ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. 

“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”,

explicó Smith a El Economista en su momento. 

Contrarreforma

La iniciativa presidencial presentada el viernes contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de diversos transitorios entre los que destaca que se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelva a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que desaparecen todos los mercados de electricidad para que la estatal sea una empresa integrada nuevamente, desapareciendo las filiales constituidas en la reforma, y que toda la energía que se despache en el país sea comprada por la escuela estatal, con lo que los privados sólo podrán llegar a 46% de la generación (hoy tienen 38%) pero en contratos con la CFE, que además dejará de ser empresa productiva, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser organismos que velen por el derecho al acceso a la energía de toda persona en el país.

El litio, primordial para avanzar hacia el almacenamiento de electricidad, podrá ser explotado únicamente por el Estado, según la propuesta del Ejecutivo.

La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.

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“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE».  

Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, según el texto enviado al Congreso.  

Además, se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad y la generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.  

Para Miriam Grunstein, abogada experta del sector energético, lo más grave es la propuesta de terminar con cualquier permiso o contrato expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque un acto administrativo firmado por un organismo queda sin efectos para convertirse en un elemento de negociación con otro organismo, lo que afecta derechos retroactivos y se tomará como decisión unilateral, violatoria del derecho internacional y que rebasa todo régimen de derecho comercial.

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“Contiene cláusulas indudablemente de expropiación indirecta que consiste en una afectación de derechos, en la privación de los mismos, aunque no sea de bienes e infraestructura, lo que a todas luces es violatorio de los principios de cualquier tratado de libre comercio cuyo espíritu es la expectativa razonable de rentabilidad de todo inversionista extranjero”,

dijo Grunstein. 

En cuanto a la explotación exclusiva del litio por parte del Estado, comentó que hay nacionalización de un mineral sin que se estaticen las concesiones de las minas, que son ocho en el país, lo que a todas luces será también violatorio de derechos adquiridos con antelación.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.  

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.

Fuente: El Economista.

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De los 10 motores industriales del país, Campeche, Ciudad de México y Sonora fueron los únicos que no despegaron sus niveles de producción al inicio del 2021, a pesar de la baja base de comparación que se registró un año antes por la pandemia de COVID-19.

Las 10 entidades que más aportan al Producto Interno Bruto (PIB) secundario concentran 60.6% del total: Nuevo León (9.7% del PIB industrial nacional), Estado de México (7.0%), Jalisco (6.9%), Campeche (6.9%), Coahuila (6.0%), Guanajuato (5.0%), Ciudad de México (4.9%), Sonora (4.9%), Baja California (4.7%) y Chihuahua (4.6 por ciento).

De acuerdo con datos del Inegi, de este grupo de estados, Baja California ostentó en el periodo enero-abril el mayor aumento anual industrial (16.9%), que se integra por cuatro sectores: minería, construcción, manufactura y generación, transmisión y distribución energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

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Este crecimiento del único estado que tiene a todos sus municipios en el programa federal de zona libre provino de que sus cuatro sectores industriales mostraron ascensos, destacando minería (28.1%) y manufactura 22.0 por ciento).

Las otras alzas fueron en Coahuila (15.2%), Nuevo León (10.2%), Guanajuato (9.7%), Chihuahua (9.0%), Jalisco (8.5%) y Estado de México (4.4 por ciento).

Las reducciones industriales de las 10 entidades que más aportan al PIB secundario se observaron en Sonora (-2.3% anual), Ciudad de México (-2.7%) y Campeche (-6.6 por ciento).

En Sonora, la merma fabril fue producto de la contracción (única de los cuatro sectores) en construcción, de -19.2%; en Ciudad de México cayeron energía eléctrica y suministro de agua y de gas (-3.9%) y construcción (-6.9%) –este último sector es el principal eje del plan de reactivación económica–.

Mientras en Campeche, sólo aumentó el valor de las industrias manufactureras, aunque la disminución fabril del estado emanó particularmente de la baja en minería (-6.9%), ya que 76.4% del PIB estatal corresponde a minería petrolera.

En términos generales, de las 32 entidades del país, 21 reportaron crecimientos anuales en su industria en los primeros cuatro meses del 2021, donde las tasas de 11 territorios fueron de doble dígito; es importante recordar que abril del año pasado fue el primer mes de dos de total confinamiento y paro de actividades no esenciales para evitar la propagación del virus, por lo que se dio un efecto rebote en la mayoría de los casos.

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Los tres estados en el podio fueron Chiapas (27.5%), Oaxaca (27.4%) y Aguascalientes (20.3 por ciento). En el primer caso, el dinamismo provino de la generación, transmisión y distribución energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (111.5%); en el segundo, de la construcción (52.8%), y en el tercero, de la manufactura (28.5 por ciento).

De las 11 entidades con contracciones en su actividad industrial –sin impacto positivo por el efecto rebote ni por estrategias de reactivación–, la más pronunciada fue en Colima (-18.2 por ciento).

Fuente: El Economista.

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