El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.41% en la primera quincena de septiembre de 2022 por lo que la inflación en México general anual se ubicó en 8.76%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Nuevamente los precios de los productos agropecuarios crecieron por encima al de mercancías y energéticos. A comparación anual, los alimentos y bebidas han aumentado un 13.27%.

Entre los productos que presentaron un mayor incremento en la primera quincena de septiembre fueron el jitomate, electricidad, tortilla de maíz, cebolla, pollo, huevo.

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Durango, Nayarit, Veracruz, Guerrero e Hidalgo son las entidades en que la variación al alza en los precios fue más pronunciada.

El nivel sigue escalando a niveles no vistos en casi 22 años, por lo que se espera que el Banco de México decida subir las tasas de interés para tratar de frenar el avance de la presión inflacionaria.

México registra los mayores niveles inflacionarios en más de dos décadas, muy por encima del objetivo del Banco de México (Banxico, central), que es de 3% anual +/- un punto porcentual.

Hace algunas semanas, Banxico aumentó sus expectativas para la inflación del 2022 advirtiendo que los efectos de choques sobre los precios podrían prolongarse e incluso agudizarse y reiteró que la magnitud de futuros incrementos a la tasa clave de interés tomarían en cuenta las condiciones prevalecientes.

Además prevé que la inflación general alcance un 8.1% en el cuatro trimestre del 2022 y la subyacente un 7.6%, desde estimaciones previas del 6.4% y 5.9% respectivamente.

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Según Banxico, la inflación alcanzará su pico durante el tercer trimestre de 2022, es decir de julio a septiembre.

Ante la alta inflación que se vive en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con representantes de la industria de alimentos para analizar medidas de contención a los precios.

Nuevas medidas del gobierno federal

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostuvo una reunión este miércoles con al menos 20 de los productores y distribuidores de alimentos más importantes del país, esto con el objetivo de analizar el tema de la inflación en México y que los precios de algunos básicos no aumenten.

“El director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz cuando menos hasta febrero. Es importante porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80 por ciento de la harina de maíz que se utiliza en las tortillerías”,

dijo el presidente por la mañana.

También anunció que entregará de manera gratuita los fertilizantes para producir más alimento e “impulsar el autoconsumo y la autosuficiencia alimentaria”.

A pesar de que el Gobierno anunció un plan antiinflación en mayo, los precios han seguido aumentando y el indicador alcanzó en agosto a su nivel más alto en casi 22 años, un 8.70 por ciento anual.

“Vamos a tomar una serie de medidas para buscar que no aumenten los precios de los productos básicos”, anunció el mandatario en su habitual rueda de prensa diaria, y detalló que espera que las compañías no suban los precios e incluso los bajen para 24 productos de la canasta básica.

Particularmente el precio de la tortilla preocupa al Ejecutivo federal, quien semanas antes dijo “Si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal es el aumento en el precio de la tortilla. Vamos a reforzar el plan antiinflacionario, más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente y es lo que más me ocupa”.

Fuente: Infobae https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/22/inflacion-en-mexico-se-disparo-hasta-el-876-en-septiembre/.

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México tiene 1,015 millones de habitantes sin acceso a la electricidad, de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), enviado al Senado.

La cobertura del servicio eléctrico a la población mexicana significó un crecimiento marginal de 0,13% comparado con la cobertura del 2020, según los datos más recientes de la compañía mexicana hasta el 31 de diciembre del año pasado.

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Las cinco entidades con más habitantes por electrificar son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero, que representan 44% del total, mientras que los estados con menos personas sin energía eléctrica son Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México y Colima.

La cobertura del servicio eléctrico entre los habitantes de México ha incrementado 98,5 a 99,2% entre 2015 a 2021.

Durante 2021, la empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz realizó 3.466 obras de electrificación con una inversión de MXN2.588 millones (más de US$129 millones), las cuales beneficiaron a 2.678 localidades y 349.349 habitantes.

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Las obras incluyen 2.250 kilómetros de líneas de distribución, 9.454 transformadores, 50.000 postes que beneficiaron a 85.273 viviendas.

CFE también informó en el documento que enfrentó 14 fenómenos naturales como huracanes, frentes fríos y tormentas, que afectaron infraestructura eléctrica del país con un promedio de restablecimiento de 1,5 días al 90% de los afectados y 3 días en total.

El total de personas afectadas fue de 5,68 millones de usuarios afectados en 25 estados del país, con un costo aproximado de MXN$545 millones.

“Por el paso de estos fenómenos naturales se dañaron: 42 torres, 3,602 postes y 705 transformadores de distribución, los cuales fueron reemplazados o reparados por los trabajadores de CFE Distribución”,

precisó la empresa estatal.

CFE tiene 46,6 millones de clientes, de los cuales, 41,3 millones son domésticos de bajo consumo, 167.859 de alto consumo y el resto empresariales.

La compañía mexicana obtuvo ganancias por MXN$8.659 millones durante el primer trimestre de 2022.

Fuente: Bloomberg en línea.

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La iniciativa de contrarreforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados sería violatoria a los tratados internacionales que tiene México, con lo que de aprobarse provocará pugnas de nivel de arbitraje internacional.

Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética a través de un artículo del tratado comercial entre los tres países (T-MEC) que hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto significa que aun cuando Estados Unidos no forma parte del TIPAT, obtiene los beneficios plenos del blindaje explícito que este acuerdo ofrece para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.

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De hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana.

Kenneth Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México en la administración pasada, y socio de la consultoría AGON, explicó que ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. 

“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”,

explicó Smith a El Economista en su momento. 

Contrarreforma

La iniciativa presidencial presentada el viernes contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de diversos transitorios entre los que destaca que se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelva a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que desaparecen todos los mercados de electricidad para que la estatal sea una empresa integrada nuevamente, desapareciendo las filiales constituidas en la reforma, y que toda la energía que se despache en el país sea comprada por la escuela estatal, con lo que los privados sólo podrán llegar a 46% de la generación (hoy tienen 38%) pero en contratos con la CFE, que además dejará de ser empresa productiva, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser organismos que velen por el derecho al acceso a la energía de toda persona en el país.

El litio, primordial para avanzar hacia el almacenamiento de electricidad, podrá ser explotado únicamente por el Estado, según la propuesta del Ejecutivo.

La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.

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“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE».  

Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, según el texto enviado al Congreso.  

Además, se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad y la generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.  

Para Miriam Grunstein, abogada experta del sector energético, lo más grave es la propuesta de terminar con cualquier permiso o contrato expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque un acto administrativo firmado por un organismo queda sin efectos para convertirse en un elemento de negociación con otro organismo, lo que afecta derechos retroactivos y se tomará como decisión unilateral, violatoria del derecho internacional y que rebasa todo régimen de derecho comercial.

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“Contiene cláusulas indudablemente de expropiación indirecta que consiste en una afectación de derechos, en la privación de los mismos, aunque no sea de bienes e infraestructura, lo que a todas luces es violatorio de los principios de cualquier tratado de libre comercio cuyo espíritu es la expectativa razonable de rentabilidad de todo inversionista extranjero”,

dijo Grunstein. 

En cuanto a la explotación exclusiva del litio por parte del Estado, comentó que hay nacionalización de un mineral sin que se estaticen las concesiones de las minas, que son ocho en el país, lo que a todas luces será también violatorio de derechos adquiridos con antelación.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.  

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.

Fuente: El Economista.

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