El Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), subraya como prioridad avanzar hacia un nuevo sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable, a través de la inspección de mercancías de origen vegetal y animal, la operación de campañas fito y zoosanitarias, sistemas de vigilancia, el fortalecimiento de la capacitación técnica y la certificación de buenas prácticas para la inocuidad agroalimentaria, entre otras acciones.

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria forma parte del tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del Gobierno de México, el cual tiene como fin avanzar hacia la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del campo mexicano.

Asimismo, se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los cuales establecen para 2030, en su Meta 3, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de pequeña escala y en la meta 8.2.8 «Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados”, entre otros.

Para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, el Senasica aplica los recursos federales en las regiones que requieren de la implementación de medidas para proteger de plagas y enfermedades la producción agroalimentaria, acuícola y pesquera del país, así como para mantener y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad de las unidades de producción.

El documento señala que fortalecer la sanidad agropecuaria, acuícola y pesquera, así como la inocuidad de los alimentos tiene un carácter estratégico, por lo que el Senasica, como instancia de seguridad nacional, cuenta con el apoyo del resto de dependencias para implementar sistemas agroalimentarios saludables, a través de acciones fito y zoosanitarias estratégicas, preventivas y de emergencia.

En materia vegetal y animal, las Reglas contienen disposiciones para prevenir la introducción y diseminación de plagas y enfermedades que representen un riesgo sanitario para vegetales y animales, por lo cual tomará en consideración la evidencia científica y el análisis de riesgo de plagas.

Respecto a las acciones preventivas en materia de inocuidad, contiene precisiones sobre Sistemas de Reducción de Riegos de Contaminación (SRRC), que tienen como finalidad promover, verificar y certificar las actividades que se efectúan en la producción primaria para evitar la contaminación de los productos agroalimentarios con agentes físicos, químicos o microbiológicos.

Asimismo, señala las buenas prácticas que deben cumplir los establecimientos de beneficio y procesamiento de cárnicos Tipo Inspección Federal (TIF), que son certificados y supervisados por Agricultura.

Respecto a la competitividad, el Acuerdo señala que derivado de las acciones sanitarias y de inocuidad que se aplican en la producción de alimentos en nuestro país, México es una potencia agroexportadora por lo que es imperativo mantener y aumentar la diversificación de mercados e incluir a cada vez más productores de pequeña y mediana escala, con el fin de mejorar los ingresos para sus familias y generar desarrollo en sus comunidades.

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En octubre del 2022, la Diputada de Morena, Susana Prieto presentó una propuesta que pretende mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras mexicanas: reducir la jornada laboral de 40 horas. Esta iniciativa fue aprobada por el Senado; sin embargo, aún no se ha pasado al Pleno, por lo que está «en pausa» para definir cuándo entraría en vigor y en caso de sí aprobarse, cómo sería el reajuste.

Esta iniciativa que pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, específicamente el Artículo 61, el cual establece lo siguiente: «La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta» y el Artículo 74que habla sobre los días de descanso, pues se espera que aumente a dos días. 

Actualmente en México se laboral bajo el esquema de 48 horas semanales, mientras que otros países de Latinoamérica como Ecuador y Chile ya implementaron la jornada laboral de 40 horas, por lo que México se convertiría en el tercer latinoamericano en aplicarlo.

Cabe señalar que, de acuerdo con la diputada de Morena, esta iniciativa ya se había tocado hace setenta años; sin embargo, aún hay quien sostiene que no es el momento para hacer el cambio. Debido a que el sector empresarial está fuertemente en contra de que se apruebe la reforma laboral, se ha convocado a un Parlamento Abierto para discutir los impactos que tendría. Durante todas las mesas de diálogo se ha abordado el por qué no debería de aprobarse. Ante esto, la Diputada Susana Prieto, expresó que no se trata de si se aprobará o no; pues la iniciativa ya está aprobada, sino que se trata de decidir cuándo y cómo pasará al Pleno del Senado:

«No estamos ante una iniciativa y todos los ponentes han venido ha tratar esto como si fuera una iniciativa y es un dictamen. Ya pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya todas las facciones parlamentarias a excepción del PAN que votó en abstención, votaron a favor. Por eso es un dictamen, porque ya pasó por nuestra opinión.»

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México propuso a Estados Unidos ampliar el plazo, de 2024 a 2025, para comenzar a prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, así como modificar un decreto para aclarar ciertas regulaciones relacionadas.

La propuesta tiene como origen el anuncio de que el gobierno estadounidense podría iniciar el proceso de solución de controversias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Si el decreto no fue claro, el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) propuso una modificación para que quedara más claro”,

dijo Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en una conferencia de prensa. Ya el gobierno mexicano trabaja en esas modificaciones, con el fin de presentar próximamente los cambios respectivos.

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El 1 de diciembre pasado, el gobierno de Estados Unidos pidió no frenar sus exportaciones de maíz, tanto para piensos como para consumo humano, a México.

La representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, hizo la reiteración de esta solicitud a Buenrostro en una reunión que sostuvieron en Washington.

“La Embajadora Tai volvió a subrayar la importancia de evitar cualquier interrupción en las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México, tanto para piensos como para consumo humano, y la adhesión a un proceso de aprobación regulatoria basado en la ciencia y el riesgo para todos los productos de biotecnología agrícola en México”,

dijo entonces la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la agencia Reuters, tras una reunión a finales de noviembre en México con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, López Obrador dijo que el grano forrajero “no es el tema” y que podría estar sujeto a un permiso anual de la autoridad sanitaria, la Cofepris, para seguir siendo importado.

México rompió récord en sus importaciones de maíz de enero a septiembre de 2022, sumando un total de 4,259 millones de dólares y con un crecimiento interanual de 12.3%, de acuerdo con datos del Banco de México.

“Nosotros no tenemos la capacidad el día de hoy ni en el corto plazo para ser autosuficientes”,

dijo Buenrostro, quien añadió que el gobierno mexicano presentará a Estados Unidos las modificaciones al decreto en una reunión programada para el 16 de diciembre en ese país.

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El 31 de diciembre de 2020, México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se pide la eliminación progresiva del uso del glifosato y el maíz transgénico para el consumo humano en México.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el decreto tiene el potencial de perturbar sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores de ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos.

Actualmente, México importa alrededor de 40% de sus necesidades totales de maíz. De acuerdo con el decreto del 31 de diciembre del 2020, el maíz transgénico para consumo humano será eliminado a más tardar el 31 de enero de 2024.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ofrece-a-EU-aplazar-al-2025-veto-a-maiz-transgenico-importado-20221208-0002.html

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Después de 52 años sin cambios, la tabla de enfermedades de trabajo en México reconocerá nuevos padecimientos laborales. Pero la modificación no sólo incluirá la incorporación de 88 nuevas patologías, también se anexará información para un mejor diagnóstico, incluyendo una ficha técnica de cada enfermedad. Con esto, nuestro país tendrá el instrumento más avanzado en Latinoamérica.

“En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo quedará la tabla de enfermedades, en el 513 Bis que estamos proponiendo se anexará la tabla de valuaciones que se dejó fuera de la ley con la última modificación legal que se realizó”,

expresó Cointa Lagunes Cruz, directora de Normalización de Seguridad y Salud Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en entrevista con El Economista.

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El proyecto que trabajó la dependencia en conjunto con especialistas públicos y privados prevé que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publiquen las cédulas de cada padecimiento laboral, las cuales contendrán la descripción de la enfermedad, los trabajadores y ocupaciones a las que afecta y los exámenes de laboratorio para su diagnóstico.

“Es para que el médico del trabajo tenga más elementos para hacer su valoración. Esto es único en América Latina, son más de 1,000 páginas, por eso no las podemos publicar con la tabla en la Ley. Por eso, lo que se acordó es que las tablas van a la Ley Federal del Trabajo y las cédulas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para hacerlo vinculante”,

detallo.

Además de los instrumentos para el diagnóstico y la valuación de las enfermedades de trabajo, la propuesta contempla establecer en la LFT la obligación de las autoridades de revisar la tabla de enfermedades cada cinco años. De lo contrario, afirmó Cointa Lagunes, pueden “pasar 50 o 100 años” sin que se actualice la lista de padecimientos laborales porque no existe el mandato legal.

“Actualmente no existe la obligación. Está abierto para cuando se quiera hacer y para cuando haya el ánimo… y el ánimo vino 52 años después”,

puntualizó.

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El proyecto será enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su análisis y armonizará la lista de padecimientos laborales con la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entre otras patologías, reconoce al burnout como enfermedad de trabajo.

“En general, el beneficio al actualizar la tabla de enfermedades también se actualiza la valuación o la calificación que se le da tanto a las secuelas de una enfermedad como a un accidente de trabajo”,

apuntó la funcionaria federal.

Con la modificación de la tabla de enfermedades, expuso, tanto los médicos como las personas trabajadoras tendrán más certeza en el diagnóstico y las incapacidades por un padecimiento laboral, pues hasta ahora los profesionales en salud ocupacional califican los riesgos que no están contemplados textualmente en la LFT con base en similitudes, es decir, con patologías que sí están establecidas en el marco regulatorio.

¿Qué hay de nuevo?

En caso de aprobarse el proyecto, la tabla de enfermedades pasará de contemplar 161 a 194 patologías vinculadas con las actividades laborales. La clasificación de enfermedades infecciosas y parasitarias (donde se encuentra la COVID-19), y cánceres de origen laboral son los grupos que abarcan a poco más de la mitad de las nuevas enfermedades que se incorporarán a la LFT.

“Un aspecto muy importante es el de los cánceres de origen laboral; de cuatro que había definidos avanzamos a 26 nuevos. Con esto tendremos 30 cánceres de origen laboral, sobre todo los que derivan de la exposición a sustancias químicas. Por ejemplo, a los mineros que están expuestos a este tipo de contaminantes les ha provocado a su salud problemas como la neumoconiosis. Otro cáncer de origen laboral es el mesotelioma”,

explicó.

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Entre otras modificaciones destacadas se encuentra la incorporación de la ansiedad y el burnout, también llamado síndrome de desgaste ocupacional, como enfermedades laborales. Paradójicamente, el estrés laboral era reconocido por el Estado como una consecuencia de malos ambientes de trabajo a través de la NOM-035 de factores de riesgo psicosocial, pero no estaba considerado como una padecimiento en la Ley Federal del Trabajo.

“De las enfermedades que tienen que ver con los trastornos mentales, de una que estaba definida estamos agregando tres más, entre ellos el burnout y la ansiedad, que es sumamente importante en el mundo del trabajo y que no estaba reconocida como tal”,

indicó la funcionaria.

Otro avance importante es la incorporación de algunas enfermedades de la mujer como la endometriosis o la pérdida del embarazo. Esto último, detalló, se puede dar “en el caso de la exposición de trabajadoras a sustancias teratogénicas que pueden provocar afectaciones al producto o causar infertilidad femenina. Son trabajadoras expuestas a radiaciones ionizantes, que se exponen a rayos x, radioterapias, plantas de producción de isótopos radioactivos y otras fuentes de emisión de radiaciones gama”.

Fuente: El Economista.

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La reforma a la Ley Minera aleja inversiones en México por más de 24 mil 200 millones de dólares y afecta el desarrollo de más de 690 comunidades, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Para el sector industrial mexicano es fundamental contar con un marco legal claro, transparente y confiable con el fin de atraer proyectos e inversiones”,

destacó en un comunicado en el que advierte que la restricción sobre el uso de cualquier mineral es una señal de incertidumbre para las operaciones mineras.

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La minería, representada por la Camimex, y el sector industrial mexicano, representado por la Concamin, reiteraron que la colaboración estrecha entre sector público y privado será fundamental para garantizar un abastecimiento de minerales ordenado y necesario para la industria y para toda la población mexicana.

“El sector industrial necesita certidumbre para continuar aportando al desarrollo de México”,

señaló el organismo de representación de todo el gremio, así como es primordial recuperar la competitividad para apoyar al Gobierno de México a alcanzar sus objetivos.

“Para ello, es necesario asegurar que existan canales de comunicación y cooperación entre el gobierno y las empresas”,

señaló.

Una política pública que impulse a la minería puede apoyar a la reactivación económica de México; la generación de más de 350 mil nuevos empleos formales que se suman a los más de 3 millones que ya genera la minería en más de 690 comunidades en el país y un aumento en el pago de impuestos de 23 mil 500 millones de pesos anuales adicionales a los 64 mil millones pagados en 2021, aseguró la confederación.

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En cuanto al litio, expertos en la materia aseveran que no hay suficiente información disponible sobre las reservas en México. Para el desarrollo de una industria de este mineral en el país, se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones de alto riesgo que pueden afectar gravemente el presupuesto público.

Fuente: El Financiero.

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