México propuso a Estados Unidos ampliar el plazo, de 2024 a 2025, para comenzar a prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, así como modificar un decreto para aclarar ciertas regulaciones relacionadas.

La propuesta tiene como origen el anuncio de que el gobierno estadounidense podría iniciar el proceso de solución de controversias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Si el decreto no fue claro, el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) propuso una modificación para que quedara más claro”,

dijo Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en una conferencia de prensa. Ya el gobierno mexicano trabaja en esas modificaciones, con el fin de presentar próximamente los cambios respectivos.

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El 1 de diciembre pasado, el gobierno de Estados Unidos pidió no frenar sus exportaciones de maíz, tanto para piensos como para consumo humano, a México.

La representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, hizo la reiteración de esta solicitud a Buenrostro en una reunión que sostuvieron en Washington.

“La Embajadora Tai volvió a subrayar la importancia de evitar cualquier interrupción en las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México, tanto para piensos como para consumo humano, y la adhesión a un proceso de aprobación regulatoria basado en la ciencia y el riesgo para todos los productos de biotecnología agrícola en México”,

dijo entonces la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la agencia Reuters, tras una reunión a finales de noviembre en México con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, López Obrador dijo que el grano forrajero “no es el tema” y que podría estar sujeto a un permiso anual de la autoridad sanitaria, la Cofepris, para seguir siendo importado.

México rompió récord en sus importaciones de maíz de enero a septiembre de 2022, sumando un total de 4,259 millones de dólares y con un crecimiento interanual de 12.3%, de acuerdo con datos del Banco de México.

“Nosotros no tenemos la capacidad el día de hoy ni en el corto plazo para ser autosuficientes”,

dijo Buenrostro, quien añadió que el gobierno mexicano presentará a Estados Unidos las modificaciones al decreto en una reunión programada para el 16 de diciembre en ese país.

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El 31 de diciembre de 2020, México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se pide la eliminación progresiva del uso del glifosato y el maíz transgénico para el consumo humano en México.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el decreto tiene el potencial de perturbar sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores de ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos.

Actualmente, México importa alrededor de 40% de sus necesidades totales de maíz. De acuerdo con el decreto del 31 de diciembre del 2020, el maíz transgénico para consumo humano será eliminado a más tardar el 31 de enero de 2024.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ofrece-a-EU-aplazar-al-2025-veto-a-maiz-transgenico-importado-20221208-0002.html

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Después de 52 años sin cambios, la tabla de enfermedades de trabajo en México reconocerá nuevos padecimientos laborales. Pero la modificación no sólo incluirá la incorporación de 88 nuevas patologías, también se anexará información para un mejor diagnóstico, incluyendo una ficha técnica de cada enfermedad. Con esto, nuestro país tendrá el instrumento más avanzado en Latinoamérica.

“En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo quedará la tabla de enfermedades, en el 513 Bis que estamos proponiendo se anexará la tabla de valuaciones que se dejó fuera de la ley con la última modificación legal que se realizó”,

expresó Cointa Lagunes Cruz, directora de Normalización de Seguridad y Salud Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en entrevista con El Economista.

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El proyecto que trabajó la dependencia en conjunto con especialistas públicos y privados prevé que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publiquen las cédulas de cada padecimiento laboral, las cuales contendrán la descripción de la enfermedad, los trabajadores y ocupaciones a las que afecta y los exámenes de laboratorio para su diagnóstico.

“Es para que el médico del trabajo tenga más elementos para hacer su valoración. Esto es único en América Latina, son más de 1,000 páginas, por eso no las podemos publicar con la tabla en la Ley. Por eso, lo que se acordó es que las tablas van a la Ley Federal del Trabajo y las cédulas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para hacerlo vinculante”,

detallo.

Además de los instrumentos para el diagnóstico y la valuación de las enfermedades de trabajo, la propuesta contempla establecer en la LFT la obligación de las autoridades de revisar la tabla de enfermedades cada cinco años. De lo contrario, afirmó Cointa Lagunes, pueden “pasar 50 o 100 años” sin que se actualice la lista de padecimientos laborales porque no existe el mandato legal.

“Actualmente no existe la obligación. Está abierto para cuando se quiera hacer y para cuando haya el ánimo… y el ánimo vino 52 años después”,

puntualizó.

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El proyecto será enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su análisis y armonizará la lista de padecimientos laborales con la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entre otras patologías, reconoce al burnout como enfermedad de trabajo.

“En general, el beneficio al actualizar la tabla de enfermedades también se actualiza la valuación o la calificación que se le da tanto a las secuelas de una enfermedad como a un accidente de trabajo”,

apuntó la funcionaria federal.

Con la modificación de la tabla de enfermedades, expuso, tanto los médicos como las personas trabajadoras tendrán más certeza en el diagnóstico y las incapacidades por un padecimiento laboral, pues hasta ahora los profesionales en salud ocupacional califican los riesgos que no están contemplados textualmente en la LFT con base en similitudes, es decir, con patologías que sí están establecidas en el marco regulatorio.

¿Qué hay de nuevo?

En caso de aprobarse el proyecto, la tabla de enfermedades pasará de contemplar 161 a 194 patologías vinculadas con las actividades laborales. La clasificación de enfermedades infecciosas y parasitarias (donde se encuentra la COVID-19), y cánceres de origen laboral son los grupos que abarcan a poco más de la mitad de las nuevas enfermedades que se incorporarán a la LFT.

“Un aspecto muy importante es el de los cánceres de origen laboral; de cuatro que había definidos avanzamos a 26 nuevos. Con esto tendremos 30 cánceres de origen laboral, sobre todo los que derivan de la exposición a sustancias químicas. Por ejemplo, a los mineros que están expuestos a este tipo de contaminantes les ha provocado a su salud problemas como la neumoconiosis. Otro cáncer de origen laboral es el mesotelioma”,

explicó.

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Entre otras modificaciones destacadas se encuentra la incorporación de la ansiedad y el burnout, también llamado síndrome de desgaste ocupacional, como enfermedades laborales. Paradójicamente, el estrés laboral era reconocido por el Estado como una consecuencia de malos ambientes de trabajo a través de la NOM-035 de factores de riesgo psicosocial, pero no estaba considerado como una padecimiento en la Ley Federal del Trabajo.

“De las enfermedades que tienen que ver con los trastornos mentales, de una que estaba definida estamos agregando tres más, entre ellos el burnout y la ansiedad, que es sumamente importante en el mundo del trabajo y que no estaba reconocida como tal”,

indicó la funcionaria.

Otro avance importante es la incorporación de algunas enfermedades de la mujer como la endometriosis o la pérdida del embarazo. Esto último, detalló, se puede dar “en el caso de la exposición de trabajadoras a sustancias teratogénicas que pueden provocar afectaciones al producto o causar infertilidad femenina. Son trabajadoras expuestas a radiaciones ionizantes, que se exponen a rayos x, radioterapias, plantas de producción de isótopos radioactivos y otras fuentes de emisión de radiaciones gama”.

Fuente: El Economista.

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La reforma a la Ley Minera aleja inversiones en México por más de 24 mil 200 millones de dólares y afecta el desarrollo de más de 690 comunidades, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Para el sector industrial mexicano es fundamental contar con un marco legal claro, transparente y confiable con el fin de atraer proyectos e inversiones”,

destacó en un comunicado en el que advierte que la restricción sobre el uso de cualquier mineral es una señal de incertidumbre para las operaciones mineras.

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La minería, representada por la Camimex, y el sector industrial mexicano, representado por la Concamin, reiteraron que la colaboración estrecha entre sector público y privado será fundamental para garantizar un abastecimiento de minerales ordenado y necesario para la industria y para toda la población mexicana.

“El sector industrial necesita certidumbre para continuar aportando al desarrollo de México”,

señaló el organismo de representación de todo el gremio, así como es primordial recuperar la competitividad para apoyar al Gobierno de México a alcanzar sus objetivos.

“Para ello, es necesario asegurar que existan canales de comunicación y cooperación entre el gobierno y las empresas”,

señaló.

Una política pública que impulse a la minería puede apoyar a la reactivación económica de México; la generación de más de 350 mil nuevos empleos formales que se suman a los más de 3 millones que ya genera la minería en más de 690 comunidades en el país y un aumento en el pago de impuestos de 23 mil 500 millones de pesos anuales adicionales a los 64 mil millones pagados en 2021, aseguró la confederación.

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En cuanto al litio, expertos en la materia aseveran que no hay suficiente información disponible sobre las reservas en México. Para el desarrollo de una industria de este mineral en el país, se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones de alto riesgo que pueden afectar gravemente el presupuesto público.

Fuente: El Financiero.

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A partir del 21 de enero, todas las personas originarias de Venezuela deberán tramitar una visa para poder ingresar a México, así lo determinó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un acuerdo que publicó en la edición vespertina de este jueves 6 de enero del Diario Oficial de la Federación.

En dicho acuerdo, la dependencia justifica la imposición del visado a los venezolanos como una medida para contener la ola migratoria hacia Estados Unidos.

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En el acuerdo, por el que se da a conocer la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de Venezuela en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en México, la Segob estima que entre enero y septiembre del año pasado el tránsito proveniente del país sudamericano aumentó en más de 1,000% en comparación con el mismo periodo de los cinco años previos.

“Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con supresión de visa con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (…) como lo es el tránsito irregular hacia un tercer país”, indicó la dependencia, que calcula que más de un tercio de los venezolanos que ingresaron a México entre enero y septiembre lo hicieron con ese fin.  

La Segob también advirtió sobre el “incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje (de los nacionales de Venezuela en México), la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes, lo cual refleja un uso inadecuado de la medida de facilitación con distintos impactos”.

Por estos motivos, dijo, el gobierno mexicano decidió imponer visado a los venezolanos.

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“A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo (21 de enero), los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ingresar al territorio nacional en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar la visa en términos de los Trámites 1 y 2 de los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores”,

se lee en el documento.

La Secretaría de Gobernación precisó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevarán a cabo “acciones conjuntas con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares que permitan en su momento, suprimir el requisito de visa a nacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.

Es así como Venezuela se suma a otros países a los que México ha decidido imponer visa para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, como Brasil y Ecuador.

Fuente: Forbes.

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El pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado una Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre algunos artículos que impiden el consumo, la adquisición de semillas y la plantación y distribución de esta sustancia. Ocho ministros, mayoría calificada, han votado a favor del proyecto y tres en contra.

Ya esos artículos prohibitivos habían sido declarados inconstitucionales en su día, por lo que el Congreso tenía la obligación de eliminarlos o modificarlos, pero no lo ha hecho, a pesar de haber contado con tres prórrogas para ello. Por esa razón se ha recurrido a la declaratoria general de inconstitucionalidad, una figura que solo se ha utilizado en una ocasión anterior.

El presidente de la Suprema Corte ha calificado de “día histórico para las libertades la consolidación del libre desarrollo de la personalidad en el uso recreativo del cannabis”.

Lo aprobado por el pleno insta a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para que los adultos puedan sembrar, cosechar, transportar y consumir cannabis en tanto el Congreso legisle adecuadamente sobre ello. O aunque no lo haga.

Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos (Cofepris) deberá redactar unos lineamientos para la adquisición de semillas y precisar que el consumo de esta droga no puede hacerse afectando a terceros ni en lugares públicos donde el resto de personas no haya dado su autorización.

Así mismo, deben incluirse las salvaguardas de no conducir ni manejar maquinaria ni desarrollar cualquier actividad que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Esos son los efectos que también han sido aprobados en el pleno.

Proceso

Cuando se publique todo esto en el Diario Oficial de la Federación, Salud deberá emitir los permisos a los ciudadanos, que ya no tendrán que presentar un recurso de amparo para ello, como se venía haciendo hasta ahora, lo que ha sido calificado por algunos ministros como discriminatorio para los ciudadanos que no tienen recursos jurídicos.

“Debe quedar muy claro que no se ha modificado el Código Penal, por tanto los delitos siguen vigentes, las personas pueden seguir siendo perseguidas por narcomenudeo”, ha advertido la directora general de México Unido contra la delincuencia, Lisa Sánchez, quienes han impulsado y ganado los cinco juicios por esta causa.

Para ella, lo ocurrido hoy también es histórico, puesto que “es la segunda vez que se ha utilizado en el país la Declaración General de Inconstitucionalidad, congruente con la jurisprudencia anterior”.

Por lo demás, dice, seguimos en el mismo lugar que antes, salvo que ya no será necesario el juicio de amparo para poder cultivar y consumir, sino el permiso de la Cofepris.

“Son los legisladores los que deben determinar la mejor manera de emitir los permisos, las cantidades, los espacios de consumo. Deben legislar sobre eso”, afirma.

Pero el Congreso podría dejar las cosas así, en manos de la Secretaría de Salud, como mandata la Suprema Corte, y no hacer una ley sobre el cannabis. “Crear un mercado legal de la marihuana sigue siendo cosa del Congreso”, añade. La Corte, en este caso, ha actuado como un legislador negativo, saca esos artículos de la norma, pero no puede redactar otros.

El uso recreativo

El uso recreativo de la mariguana en México era una aspiración largo tiempo demandada por parte de determinados colectivos atendiendo al libre desarrollo de la personalidad. La Corte ya se había pronunciado sobre la inexistencia de riesgos colectivos para la salud en el consumo particular de esta sustancia, en una especie de equiparación con el resto de drogas legales, como el alcohol y el tabaco.

Y la sala primera de la Corte manifestó en 2017 la inconstitucionalidad de los artículos que declaraban la prohibición absoluta del consumo de este estupefaciente. El Congreso modificó algunos artículos que abrían paso al uso terapéutico del THC, pero los colectivos entendían que se estaba regulando un mercado, pero no una libertad personal, que era lo que demandaban. Y la protesta continuó con plantones en la calle, frente al Senado, y en los últimos días frente a la Suprema Corte.

El colectivo Plantón420

Esta misma mañana, Plantón420 había pedido a los ministros que votaran sin miedo por la Declaratoria General de Inconstitucional, y así ha sucedido finalmente. Y lo han celebrado, pero con muchas cautelas. Están a la espera de ver cómo se concreta todo, cómo se legisla.

“Nos causa alegría pero estamos atentos a los detalles que aún no se conocen, pero la inconstitucionalidad ya se ha dado, eso es una gran batalla ganada”, ha dicho Hugo Legorreta, uno de los voceros de Plantón420, la organización que está luchando por la libertad del consumo particular.

“Es un día histórico, sí, México se ha pronunciado por una visión de derechos humanos y de garantías para el acceso a varios derechos, como el del libre desarrollo de la personalidad. En ningún otro país ocurre eso, todo los demás han regulado mercados. Ahora falta saber qué harán los diputados, porque ya hemos visto que son expertos en postergar y delegar. Han tenido varias prórrogas y no han legislado”, ha añadido Legorreta.

“En Colombia y Sudáfrica también se han ganado algunas libertades con la intervención de la Corte”, ha añadido Lisa Sánchez.

El colectivo Plantón420 tiene aún demandas insatisfechas, como el libre cultivo y posesión ilimitada cuando sea sin ánimo de lucro y la creación de espacios para compartir con fumadores de tabaco. “Faltan muchas cosas aún, seguimos en la lucha, el plantón instalado frente al Senado no se va a mover de ahí. Ahora, además, los Estados deben ir completando la normativa, señalando espacios de consumo, cantidades, etcétera”, ha señado Legorreta.

La declaración ha sido histórica, pero México tendrá que esperar ahora que se implemente lo ordenado por la Corte, y los permisos serán obligatorios para plantar y consumir con las condiciones que se establezcan.

Fuente: El País.

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