Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

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Va de lo sutil a lo evidente. Está en las goteras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los baches de las carreteras federales, en la deserción académica. Está, también, en el miedo que crece dentro de las mujeres en México por ser violentadas, tanto en la calle como en su casa. Está en el empleo, cada vez más precario, y en la dificultad por encontrar medicamentos se evidencia el deterioro de la vida en México.

En los últimos años ha habido un deterioro en la vida de los 127 millones de mexicanos, ocasionado, en parte, por la pandemia de la COVID-19; por ajustes al gasto del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los datos lo respaldan: cifras recabadas por el propio Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y analizadas por organizaciones independientes, muestran que ha habido un deterioro en salud, seguridad, infraestructura, bienestar y empleo.

Salud

El desabastecimiento de medicamentos, incluyendo el tratamiento de quimioterapias para niños con cáncer en el país, ha sido quizás el síntoma más visible del deterioro en el sistema de salud de los mexicanos, pero no es el único. Los hospitales sufren de falta de mantenimiento y de desabastecimiento de fármacos de otros tipos, no solo oncológicos.

Una investigación realizada por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa, para la cual consultaron iniciativas y reformas de ley así como documentos internos muestran que el desabasto de medicinas se dio a partir de que el Gobierno Federal, en una confrontación con empresas distribuidoras, deterioró el sistema de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social sin un plan piloto o estrategia que lo reemplace.

Con la desaparición del Seguro Popular, por decisión del Gobierno Federal, la población que se dijo beneficiaria de alguna institución pública de salud se redujo 14,7 millones de personas — al pasar de 102 millones en 2018 a 87 millones en 2020, de acuerdo con la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Por falta de dinero, por haberse automedicado o porque no era necesario, el número de personas que no buscó atención en salud al enfermar aumentó en 5,4 millones de personas entre 2018 y 2020.

Seguridad

La percepción de seguridad en el país ha mejorado ligeramente en el último año… Entre los hombres. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI el 66,6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. El porcentaje representa una mejoría con respecto del 68% registrado en diciembre de 2020, pero la percepción de inseguridad entre las mujeres ha sido persistentemente alta. En junio, el 71,3% de las mujeres dijeron que se sienten inseguras en su ciudad, comparado con el 60,1% de los hombres.

A principios del año, el Gobierno Federal informó que en 2020 los casos de homicidio doloso cayeron 0,4% en relación con 2019, una tendencia que continúa en lo que va del año. Es decir, de acuerdo a los datos más recientes de la Comisión Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos se han mantenido a niveles similares a 2019, sin mayores incrementos. El problema es que 2019 ha sido el año más violento para el país, si se mide por número de homicidios.

Además, la pandemia empeoró la situación de violencia familiar y de género. Mientras los homicidios en general se han sostenido, en los primeros cinco meses del año los feminicidios han incrementado un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la secretaria de Seguridad Pública en una conferencia de prensa en junio. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Las violaciones también aumentaron, en un 30% en comparación con los mismos meses de 2020. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326,634 casos de violencia de género en un año, entre mayo de 2020 y el mismo mes en 2021.

Infraestructura

Carreteras federales, hospitales y, de manera particularmente evidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muestran ya un enorme deterioro en los últimos tres años por falta de mantenimiento. Miles de escuelas, vacías por la pandemia, han sufrido más de 7.000 robos de material escolar y saqueos de tuberías y cables, entre otros materiales.

Más allá de la pandemia, este deterioro en la infraestructura que forma parte de la vida diaria de los mexicanos, tiene que ver con dos decisiones del presidente López Obrador. La primera es que el mandatario ha asignado al ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción y el mantenimiento de muchas obras Federales, incluyendo bancos, una extensión del aeropuerto en Santa Lucía y canales de riego, entre otras. No solo no es el Ejército una constructora especializada, sino que también está a cargo de tareas como administración de aeropuertos y aduanas, instalación de cajeros en la red del nuevo Banco del Bienestar, la siembra de árboles y detención de migrantes.

La segunda decisión del presidente que contribuye a este deterioro es haber recortado el gasto para priorizar sus obras emblemáticas, como el turístico Tren Maya y una refinería en su natal estado de Tabasco, asignando la mayor parte de su presupuesto en infraestructura a estos. Además, ha dado preferencia a inyectar con recursos a la emproblemada Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo. Esto se ha traducido a una considerable caída en la inversión pública, motor de la economía.

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Mientras la inversión privada se contrajo casi 5% en el primer trimestre del año y en comparación con el mismo trimestre el año anterior, la inversión pública mostró mayor debilidad, con una caída de 6%. De acuerdo con un análisis de datos trimestrales del especialista Eugenio Sánchez, desde que empezó el sexenio de López Obrador no ha crecido ni la inversión pública ni la privada. Es, hasta ahora, el único periodo presidencial en el que ha habido nueve trimestres consecutivos de bajas en la inversión y el que ha tenido las caídas más pronunciadas. De acuerdo con sus estimaciones, durante el primer trimestre del 2021 la inversión pública fue 33% menor que la del último trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto y 61% menor a su máximo histórico, alcanzado en 2010.

“La inversión representa un motor fundamental para la economía, ya que permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos para la población”, apuntó en un reporte el centro de investigación independiente México ¿Cómo Vamos? (MCV).

“En la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 el gobierno no ha utilizado la inversión como medida contracíclica para la recuperación económica. La inversión pública como porcentaje del PIB se encuentra en sus niveles más bajos para un primer trimestre de año desde 2001. En contraste, en crisis como la de 2008-2009 se observa un fuerte impulso por parte de la inversión del gobierno”, agregaron los expertos de la organización.

Bienestar

La medición del bienestar sigue siendo un tema abierto en la academia, pero MCV ofrece una aproximación: el índice de progreso social (IPS). El indicador toma en cuenta factores como el acceso a agua y saneamiento, la nutrición, el acceso a información y la libertad personal y de elección, entre otros. El último reporte para 2020 muestra que entre 2011 y 2020 el índice ha subido, pero este incremento se ha desacelerado en los últimos años. Entre 2015 y 2020, el puntaje aumentó en 1.02 puntos, mientras que, entre 2011 y 2015, el incremento fue casi tres veces mayor, de 2.48 puntos.

“La fuerte caída en la economía mexicana a raíz de la crisis ocasionada por el Covid-19 en 2020 inevitablemente causará estragos en el bienestar de las personas y en el progreso social del país”, aseguran los autores del reporte de MCV, ”lo cual se reflejará en las próximas ediciones del Índice de Progreso Social”.

Si se considera el acceso a la educación como fuente de bienestar, la pandemia ya tuvo un impacto negativo en este rubro. El Inegi reveló en marzo que más de cinco millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia. En el ciclo escolar actual, aseguró el instituto, se inscribieron 32,9 millones estudiante, es decir, el 60,6% de la población de entre 3 a 29 años.

Empleo

Con la publicación de los datos recabados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo salió a la luz un panorama desolador para el empleo en México. De los empleos que se perdieron por los confinamientos obligados de la pandemia, restan 2,3 millones por recuperar. Los vacíos se encuentran, mayoritariamente, en las zonas urbanas. Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo han sido los estados con más deterioro en este aspecto, mientras en el norte y la zona del Bajío, los empleos ligados al comercio exterior ya se recuperaron. Esto ha exacerbado la desigualdad en el país.

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Para todos, sin embargo, el empleo se ha vuelto más duro. La encuesta arroja que 25% de la población económicamente activa trabaja en condiciones inadecuadas, ya sea por que trabaja más de las horas que es recomendable o porque el trabajo ahora está peor pagado que antes de la pandemia. Esto se compara con el promedio histórico que ronda entre el 12% y 13%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Quizás una de las decisiones más ampliamente celebradas del presidente López Obrador ha sido el incremento del salario mínimo, el cual ha hecho por decreto desde que asumió el poder a finales de 2018. Esto sin duda había comenzado a impactar de manera positiva la pobreza laboral, la cual refiere a tener un ingreso que no alcanza para comprar la canasta alimentaria básica. En el 2019 hubo una ligera caída, sin embargo, la pandemia borró la ganancia y empeoró la situación. De acuerdo con un análisis del CEEY, 13 millones de mexicanos cayeron en pobreza laboral por la pandemia, mostrando un mayor deterioro en la calidad de vida de los mexicanos.

Fuente: El País.

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