Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

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La proliferación de actividades económicas ilícitas en México es el mayor de los riesgos que podría presentarse en un lapso de uno a cinco años, de acuerdo con el panel expertos del más alto nivel consultados por el Foro Económico Global (WEF, por su sigla en inglés).

Se refieren en específico a la proliferación de actividades informales o ilegales que socavan el avance y crecimiento económico, como son falsificación, flujos financieros ilícitos, comercio ilícito, evasión de impuestos, trata de personas y crimen organizado.

Acompañan a México en este riesgo, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Malawi, Malta, Moldavia, Sudáfrica, Túnez y Venezuela. En el caso de México y Perú, este riesgo fue seleccionado con más frecuencia por la mayoría de los expertos consultados por el WEF.

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Al interior del “Global Risk Report 2022”, divulgado por el Foro Económico desde Ginebra, Suiza, incorporaron un radar de Percepciones de riesgo nacional para cada uno de los 124 países revisados.

En el caso de México, identificaron dos riesgos de tipo económico: proliferación de actividades económicas ilícitas y el estancamiento económico prolongado; uno de orden geopolítico: el colapso del Estado; uno más de tipo social (crisis de empleo y medios de subsistencia) y uno de índole tecnológico: la desigualdad digital.

Ordenados en función de la frecuencia con que fueron mencionados por los 12,000 expertos consultados por el WEF, identificaron como el segundo mayor riesgo para México el estancamiento económico prolongado.

Detallaron que este riesgo supone un crecimiento del PIB cercano a cero, o un avance muy lento en la economía durante muchos años.

Identificaron en este factor de riesgo a países como Angola, Argentina, Armenia, Bahrein, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina; Botswana, Brasil, Brunei Darussalam; Camboya,  Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Grecia, Honduras, Hong Kong, Kenya, Latvia, Líbano, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nigeria y Macedonia del Norte.

Colapso del Estado y la institucionalidad

El tercer mayor riesgo para México, ubicado en ese sitio por la frecuencia de menciones de los expertos consultados, es el colapso del Estado.

Se refieren en específico a un deterioro del Estado resultado de un conflicto interno, ruptura del respeto a la legalidad, erosión de instituciones, golpe militar o bien inestabilidad regional.

En este riesgo acompañan a México países como Angola, Argentina, Azerbaiyán, Barbados, Bolivia, Botswana, Camboya, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, El Congo, Costa Rica, República Checa, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Islandia, Laos, Líbano, Mongolia, Panamá, Paraguay, Perú, Eslovaquia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania.

Desempleo y medios de subsistencia

El cuarto mayor riesgo que identificaron los expertos para México es la crisis de empleo y medios de subsistencia.

Tal como lo plantea el WEF, este riesgo responde al deterioro estructural de las perspectivas y/o estándares laborales para la población en edad de trabajar: desempleo, subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles así como la erosión de los derechos de los trabajadores.

Tal como en el caso de México, este es un factor de riesgo para países como Angola, Argentina, Bahrain, Barbados, Bangladesh, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Georgia, Ghana, Honduras, Indonesia e Irán, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Malawi, Malasia, Mauricio, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Serbia y Sierra Leona.

Desigualdad digital

El quinto y último mayor riesgo de México que encontraron los expertos consultados por el WEF es la desigualdad digital.

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Este factor de riesgo es generalizado entre las economías de América Latina y de África Subsahariana.

La desigualdad digital corresponde a la desconexión de las personas. Se refiere al acceso fracturado y/o desigual a las redes y tecnologías digitales críticas, entre países, al interior de ellos. Refleja la capacidad desigual de inversión, falta de habilidades para su desarrollo y aprovechamiento en el capital humano, poder adquisitivo insuficiente, restricciones gubernamentales y diferencias culturales.

Fuente: El Economista.

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