Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, los congresista acordaron la reforma del Código Penal estatal para despenalizar el aborto en Guerrero, que es uno de los 32 estados de México que exhibe uno de los mayores registros de abusos sexuales contra las mujeres y embarazos de adolescentes.

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Antes de la reforma no se permitía el aborto voluntario y se contemplaban penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción del embarazo. Las únicas causales permitidas para el aborto eran la violación, la inseminación artificial no consentida y por problemas de salud o alteraciones genéticas del bebé.

La decisión fue celebrada por diferentes colectivos de mujeres, activistas y políticos que consideraron la reforma como una “victoria”, mientras que a las afueras del Congreso se concentraron grupos pro vida para protestar contra los diputados.

La congresista del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Mojica, consideró la decisión como un “gran avance en el derecho a decidir” y dijo a la televisora local Milenio que en los próximos meses se espera adecuar las leyes alternas para ajustarlas al Código Penal.

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En marzo el Congreso del estado norteño de Sinaloa aprobó la interrupción del embarazo al igual que se dio en la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Colima. Aún restan 24 congresos estatales por discutir la despenalización del aborto.

Las decisiones de los congresos se dan luego de que la Suprema Corte de México sentenció en septiembre que era inconstitucional la penalización del aborto y estableció que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida, decisiones que fueron rechazadas por la cúpula de la Iglesia Católica y organizaciones que defienden el embarazo.

Fuente: Los Angeles Times.

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Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión histórica el martes en la que declaraba que abortar no era un delito, activistas de todo el país lo celebraron. El miércoles, regresaron a trabajar, para comenzar con el largo y arduo proceso de asegurar que el cambio legal se aplique en todo México.

Una de sus prioridades es ayudar a las mujeres que más lo necesitan: las que se enfrentan a sanciones penales, en muchas ocasiones después de haber sido denunciadas ante las autoridades por intentar provocarse ellas mismas un aborto en condiciones de riesgo.

“Una mujer que decide abortar ya es vulnerable, y además tenemos que enfrentarnos a la terrible situación de creer que nos vamos a enfrentar a un castigo”, dijo Yetlanezi Pech, quien fue llevada de urgencia a un hospital, sangrando tras un intento de aborto, solo para que un médico de urgencias le negara la ayuda y la denunciara a las autoridades.

“Sentí mucho miedo, me sentí muy insegura, me sentí muy muy mal”, dijo. “Y también me sentí sola”.

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Pech es una de miles que han sido investigadas por abortar de forma ilegal en los últimos años. Tan solo en los primeros siete meses de este año, se abrieron 432 investigaciones en todo México por casos de aborto ilegal, según el gobierno mexicano.

La sentencia del martes sienta un precedente legal en el país y contrasta con la tendencia de Estados Unidos, donde, en fechas recientes, Texas y otros estados han restringido el aborto. La decisión del tribunal también planteó la posibilidad de que México se convierta con el tiempo en un destino para las mujeres estadounidenses que buscan interrumpir sus embarazos, dijeron quienes defienden esta práctica, aunque eso requeriría la eliminación de los muchos obstáculos que hacen que el aborto sea difícil de obtener en gran parte del país.

La decisión del martes solo aplica al estado fronterizo de Coahuila, y para ponerla en práctica en todo el país es necesario que se presenten recursos legales en cada uno de los 28 estados de México que aún penalizan el procedimiento o que las legislaturas estatales modifiquen la ley. Los ministros no especificaron en qué momento del embarazo una mujer puede abortar de manera legal, lo que significa que quizá esos términos se determinen a nivel estatal.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), uno de los organismos que encabezan la batalla por el derecho al aborto en México, explicó que presionaría para que el aborto sea legal en Coahuila hasta las 12 semanas después de la concepción como mínimo; un límite de tiempo establecido en la ley que hizo el aborto legal en Ciudad de México y que antes fue validado por la Suprema Corte.

Si ese fuera el caso, Coahuila tendría normas para el aborto más permisivas que el cercano estado estadounidense de Texas, donde hace poco la legislatura estatal implementó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación. Esta ley podría motivar a las mujeres de Texas a cruzar la frontera para abortar, pero por ahora no habría suficiente infraestructura para satisfacer la necesidad, dijeron los activistas.

“Todavía falta para que las mujeres de Texas y las personas con capacidad de gestar puedan ir a Coahuila a solicitar este servicio”, dijo Melissa Ayala García, coordinadora de litigios de GIRE. “Aún nos falta un tramo por recorrer para garantizar que se provea de servicio”.

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La ley de Texas prohíbe los abortos una vez que se puede detectar actividad cardiaca en el embrión. En esta etapa del desarrollo no hay corazón, solo actividad eléctrica en las células en desarrollo que comienza alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas.

Los activistas de México ya han empezado a trabajar en una estrategia para obligar a los estados a acatar la sentencia de la corte, aunque su lucha para que el aborto sea legal y seguro en todo el país podría ser larga. Antes del fallo del martes, solo Ciudad de México y tres estados permitían este procedimiento.

“Estamos ya organizadas y listas para aprovechar la coyuntura que brinda esta nueva sentencia de la corte”, dijo Arely Torres Miranda, defensora de los derechos reproductivos en el estado de San Luis Potosí. “Lo que tenemos que hacer es cambiar la ley”.

Es probable que ese plan encuentre resistencia. El conservador Partido Acción Nacional (PAN), uno de los principales partidos de oposición en México, ha combatido los esfuerzos para legalizar el procedimiento.

“El partido tiene claramente tanto en plataforma como en principios el derecho de la vida desde la concepción”,

dijo Damián Zepeda Vidales, senador del PAN y exlíder del partido.

Zepeda, quien dijo que en lo personal se opondría a los esfuerzos de legalización en el Senado, agregó que el partido estaba esperando a que la Suprema Corte publicara la decisión que sustenta el fallo del martes para determinar su estrategia nacional.

Desde que Ciudad de México legalizó el aborto en 2007, una red de activistas radicada en esa ciudad ha trabajado para ofrecer a las mujeres que desean abortar una vía segura, ya sea transportándolas a la capital o proporcionándoles misoprostol, un fármaco que suele utilizarse para inducir el aborto.

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Pero muchas mujeres están demasiado asustadas para acudir a esos grupos y optan por abortos clandestinos.

“Hemos tenido casos terribles”, dijo Torres Miranda, en los que las personas embarazadas utilizan ganchos, otros en “donde se golpean el vientre”, añadió. “Ponen en riesgo su vida”.

Cuando esos métodos salen mal o provocan un sangrado excesivo, las mujeres suelen acudir al hospital. Pero la ley federal exige a los proveedores de servicios médicos que notifiquen a las autoridades cuando una paciente presenta signos de haber estado involucrada en una actividad delictiva, como, por ejemplo, haber abortado.

“El fallo de ayer también nos permitirá, cuando modifiquemos la ley, eliminar la obligación del sector salud de informar cuando descubran un aborto”,

dijo Torres Miranda.

Por lo general, las mujeres más marginadas —que suelen ser pobres y vivir en zonas rurales— son las que se enfrentan a sanciones penales por abortar, dijo Torres Miranda.

No se sabe con certeza la cantidad total de mujeres que enfrentan en este momento un proceso judicial o están en prisión por haber abortado, dijeron los activistas, porque ha sido difícil reunir datos exhaustivos de los estados.

Pech dijo que en cuanto llegó a la sala de urgencias después de que su aborto en casa saliera mal hace dos años, la trataron como si no mereciera atención médica. El médico que la ingresó la acusó de ser drogadicta y convenció a sus colegas para que no le ofrecieran ninguna ayuda.

“Nadie quería acercarse a mí porque estaba en proceso de aborto”, dijo Pech. Cuando por fin la llevaron al quirófano, dijo, le dijeron a su pareja de entonces que ambos serían detenidos pronto por el delito de interrupción del embarazo.

“La misma doctora que me recibió le habló al Ministerio Público para que fueran a detenerme”, dijo. Pronto pudo contratar a un abogado y evitar la detención. Pero antes de que el abogado aceptase llevar el caso a los tribunales, se presentó en su casa para darle un ultimátum.

“Me dijo que le tenía que pedir perdón a Dios”, dijo. “Y que ya me iba a ayudar”.

Pech, quien tiene dos hijos, dijo que con la ayuda del abogado consiguió evitar las sanciones penales.

La decisión histórica del martes es el primero de varios casos sobre el derecho al aborto que abordará la Suprema Corte este mes. El jueves, los ministros examinarán si una disposición de una ley del estado de Sinaloa que protege la vida desde la concepción también es inconstitucional. Dadas las recientes sentencias del tribunal a favor del acceso al aborto, los analistas dicen que es muy probable que los ministros decidan anular la ley.

“También sería histórico”, dijo Ayala, de GIRE. “Estamos en un septiembre muy muy muy importante”.

Pero entre la población en general, el tema sigue siendo polémico: México es un país en su mayoría conservador desde el punto de vista social, en el que la Iglesia católica tiene una gran influencia. La mayoría de los mexicanos sigue oponiéndose al aborto legal, según las encuestas.

Pero las actitudes han cambiado con el tiempo. En 2005, solo el 12 por ciento del país estaba a favor de la legalización del aborto en todos los casos, según una encuesta de la firma de investigación Parametría. Una encuesta de 2019 realizada por el periódico El Financiero encontró que casi un tercio de los mexicanos dijo estar a favor de la legalización total.

La decisión de esta semana señaló, al menos para Pech, que el cambio puede finalmente llegar, y que otras mujeres pueden ahorrarse el sufrimiento que ella experimentó.

“Es una apertura de posibilidades que no pasen este tipo de situaciones”, dijo. “No tienen por qué suceder”.

Fuente: NY Times.

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La decisión de la Corte Suprema de despenalizar el aborto en México ha sido celebrada (sin grandes alharacas en la calle) como la liberación de obstáculos que impulsará a los Estados que componen el país a legislar en consecuencia. Pero lo dictado por el tribunal no obliga al poder legislativo —es decir, los Congresos Estatales— a modificar sus Códigos Penales. Apenas Coahuila, el Estado sobre el que se presentó la cuestión de constitucionalidad, tendrá que intervenir sobre él, puesto que su artículo 196 ha quedado invalidado. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, abogó por sacar de ese Código Penal todo lo referente al aborto, pero no fue el caso.

En México el aborto está autorizado por la Constitución, pero de los 32 Estados solo cuatro —la capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz— tienen una ley de plazos que permite la interrupción del embarazo libremente en las 12 primeras semanas de gestación. Y después de ese tiempo, en algunos supuestos como el peligro para la vida de la madre o malformaciones en el feto, entre otros.

A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir en los otros Estados? Dependerá de su voluntad, es decir, de los diputados, redactar nuevas leyes a la luz de la decisión de la Corte. Podrán, entonces, seguir mandando a tribunales a las mujeres que aborten fuera de la normativa local, pero el proceso judicial no permitirá que entren en la cárcel. Eso es todo. Aunque no es poco. Y el mayor beneficio por ahora: las mujeres y quienes las ayudaron a abortar podrán salir de la cárcel. Beneficio retroactivo.

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La decisión de la Corte Suprema sienta jurisprudencia, pero eso solo significa que los jueces locales y federales deberán ceñirse a esa determinación. Y eso es así porque tras la última reforma del poder judicial basta con una resolución por mayoría calificada, ni siquiera unanimidad como la que se ha alcanzado en este caso, para que la jurisprudencia opere. Antes se precisaban cinco decisiones similares por unanimidad. No habrá, por tanto, cárcel para las mujeres. O como señaló el ponente de la resolución, Luis María Aguilar, “se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma”.

De esta forma, la interrupción libre del embarazo encuentra en los tribunales una amplia permisividad que no es tal en la mayoría de las leyes estatales. Esa diferencia no libra a las mujeres a transitar por un proceso jurídico, aunque sepan que lo van a ganar.

Ateniéndose solo a lo dictado por la Corte, México sería uno de los países más permisivos para abortar. Y no falta quien se pregunta si una embarazada puede decidir frenar su gestación porque le dé la gana en el séptimo mes, por ejemplo. Es cierto, como dijo la ministra Margarita Ríos Farjat, que “nadie se embaraza para abortar”, pero así como hay una enorme casuística a partir de la cual se puede comprender la necesidad de un aborto más allá de las 12 semanas de plazo (malformaciones que se detectan tardíamente, cambio radical en el estado de salud de la madre, descubrimiento del embarazo más allá de los meses previstos para frenarlo), no se entendería que se interrumpiera la gestación sin más ni más en el sexto mes. ¿Cómo salvar este extremo?

Los ministros de la Corte han debatido este asunto, y alguno se manifestó a favor de poner un plazo en el que limitar la despenalización, pero finalmente no se impuso porque el resto de los magistrados entienden que esto queda fuera de su quehacer y cae del lado del poder legislativo. Esa es la razón que puede animar a los Estados a remozar sus leyes. Dependerá, desde luego, del empuje de aquellos partidos políticos que estén dispuestos a dar un paso adelante en esta materia. Y en México los avances están llegando día con día, si bien más lentos de lo que desearían millones de mujeres.

“Es similar a lo que ha pasado con el matrimonio del mismo sexo, que tienen que presentar amparos para poder casarse. Lo que ocurre en estos casos es que los Estados pueden mirar para otro lado y no perseguir estos delitos, porque saben que acabarán en amparos que ganarán los demandantes porque ahora invocarán el derecho humano sobre el que ha sentenciado la Corte”, explica el ministro en retiro del Tribunal José Ramón Cossío.

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Los partidos que quieren promover cambios en las legislaciones locales encontrarán un obstáculo añadido. No pueden presentar una causa de inconstitucionalidad sobre la ley, puesto que eso solo puede hacerse en los 30 días siguientes a ser aprobada. Por tanto, primero tendrían que hacer una nueva ley y luego presentar la inconstitucionalidad. Una vía muerta si los gobiernos más conservadores se niegan a reformar la norma sobre el aborto.

Lo que sí han señalado los ministros en la exhaustiva ponencia de Aguilar es la necesidad de tutelar también al feto, más cuando más avanzada esté la gestación. Ahora el legislador tiene pistas para proceder. Todo conduce a una ley de plazos y supuestos. “Es posible que haya todavía jueces que dictan cárcel para algunas mujeres, y eso las obligaría a pleitear en los procesos locales y federales primero y a solicitar un amparo después ante un juez de distrito. Este sí tendría que seguir, finalmente, la jurisprudencia”, dice Melissa Ayala, abogada responsable de litigios en la organización por el aborto Gire. En todo caso, la prisión preventiva tampoco se contempla, porque solo se dicta para delitos graves.

Las organizaciones de mujeres, entre ellas Gire, que sostienen una lucha de décadas por esta causa, han manifestado su alegría por la decisión judicial de este martes. Aunque saben que falta mucho por andar, ahora hay menos piedras en el camino.

Fuente: El País.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a la puertas de una decisión histórica. Ocho de los 11 ministros se han manifestado a favor de la despenalización del aborto en dos acciones de inconstitucionalidad que llegaron al Alto Tribunal desde los estados de Coahuila y Sinaloa.

Los ministros celebran este martes la votación que podría abrir el camino para todo el país para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo. El Tribunal arrancó el lunes el debate sobre el aborto y los códigos penales que castigan el aborto. Los magistrados y magistradas comenzaron a discutir tres acciones de inconstitucionalidad en torno al aborto en las legislaciones de Coahuila y Sinaloa, y sobre el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud.

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El proyecto del ministro Luis María Aguilar para el caso de Coahuila, presentado en la sesión de este lunes, propone despenalizar los artículos que criminalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo. Durante su exposición Aguilar ha señalado que la maternidad es una elección y no debe ser un destino.

“No se trata de un derecho al aborto, sino del derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de decidir sobre su cuerpo y su vida a ser o no ser madre sin penalizarla”.

Se trata de un estudio de inconstitucionalidad de la ley desde la perspectiva novedosa de la libertad sexual y reproductiva. “La acción de inconstitucionalidad obligaría al Congreso de Coahuila a que reforme su código penal”, explica la directora de GIRE, Rebeca Ramos. En el caso de Coahuila, la ley castiga el delito de aborto con penas de uno a tres años de prisión. Para que la acción de inconstitucionalidad tenga efecto, se necesita la mayoría calificada en Corte, ocho votos de 11.

En el caso de Sinaloa, el ministro Alfredo Gutiérrez propone declarar inconstitucional la prohibición absoluta del aborto que hizo el poder Ejecutivo estatal al declarar la protección de la vida desde el inicio de la concepción. Gutiérrez explica en su proyecto que los Estados no pueden utilizar el pretexto de las cláusulas de protección a la vida para negar a las personas servicios de salud sexual y reproductiva, ni adoptar la legislación para que se endurezcan las normas sobre la interrupción legal del embarazo.

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En el caso de la objeción de conciencia se pretende invalidar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que incorporó la objeción de conciencia como mecanismo para que el personal sanitario se niegue a practicar un aborto. La propuesta fue una iniciativa del Partido Encuentro Social (PES), de corte evangélico. El ministro Aguilar señala en su propuesta que la objeción de conciencia no puede considerarse un derecho sin límites ya que como estipula la legislación no podrá ejercerse si se pone en riesgo la vida del paciente o se trata de una urgencia médica.

“Con esta discusión la Corte avanza y dice que la libertad que tienen los congresos locales está limitada por los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, entre ellos, el artículo 4 que habla sobre el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, agrega Ramos.

La directora de GIRE considera que de salir adelante estas acciones de inconstitucionalidad se sentaría un importante precedente en México que abre la puerta a agilizar la despenalización del aborto en todo el país.

Fuente: El País.

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