Según el del Comité, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atiende a un promedio de 400 personas mensualmente.

Sin embargo, “la deficiente investigación de tales hechos que tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”

En algunos casos, señala, hay “deficiencias en la persecución” pese a contar “con elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades”, y en otros se descartan automáticamente si la persona aparece.

El Comité lamenta la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales.

Al Comité, le preocupa la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y la falta de controles civiles eficaces.

También señala el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con el registro más alto.

En cuanto a los cadáveres encontrados, la información recibida indica que el 89% de los 53.347 cuerpos o restos humanos almacenados no se identificó durante el año 2022.

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