El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México anunció este miércoles que la “Población Económicamente Activa (PEA) fue de 60,6 millones de personas” en noviembre, “lo que implicó una Tasa de Participación de 60,8%”.

En una nota de prensa, el instituto informó que, según la “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE N), dicha población fue superior en dos millones de personas a la de noviembre de 2021” y señaló que la “Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39 millones de personas, 773 mil menos que en noviembre” del mismo año.

El instituto indicó que, “de la PEA, 58,9 millones de personas (97,2%) estuvieron ocupadas durante noviembre pasado”, el equivalente a “2,4 millones más que en el mismo mes de un año antes”.

No obstante, las personas “subocupadas —las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas— fueron 4,5 millones (7,6% de la población ocupada)”, lo que supone una “reducción de 1,5 millones de personas con relación a noviembre de 2021”.

Así mismo, el instituto recalcó que la “población desocupada fue de 1,7 millones de personas”, mientras que la “Tasa de Desocupación (TD) de 2,8% de la PEA”.

“Respecto al penúltimo mes de 2021, la población desocupada descendió en 424 mil personas y la TD fue menor en 0,8 puntos porcentuales”,

agregó el instituto.

El INEGI recalcó que, “a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD disminuyó 0,2% en noviembre de 2022 al ubicarse en tres por ciento”, y añadió que la “Tasa de Subocupación cayó 0,1 puntos” para situarse en “7,6% en el mismo periodo”.

Fuente: Anadolu Agency https://www.aa.com.tr/es/econom%C3%ADa/la-tasa-de-desocupaci%C3%B3n-en-m%C3%A9xico-cae-hasta-un-2-8-anual-en-noviembre/2774678

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Casi la mitad de los empleos en México fueron puestos en riesgo por la pandemia, situación que motivó la creación de planes emergentes en condiciones laborales y que impactó salarios, horarios y hábitos. ¿Representan estos cambios un giro evolutivo en la cultura laboral?

El capital humano vive un cisma en el que las empresas cuentan con poco tiempo para reflexionar, pues su transformación representa, ya no un atributo diferenciador, sino un factor de permanencia.

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Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo estima que el total de empleos en riesgo por la pandemia rebasó la cifra de 24 millones en el país, lo que representa el 44% del empleo total en México. Con cifras así de elevadas, la agilidad es indispensable. 

La nueva integración de roles y la creación de ambientes laborales emergentes no son, sino la incipiente cara de una nueva forma de trabajo pero como en cualquier implementación, algunas tendrán que ser experimentadas y otras, simplemente descartadas. 

Trabajo a distancia, ¿cómo acercarse?

El confinamiento abrió las puertas a una flexibilidad laboral que se había mantenido reacia, probablemente debido a sesgos generacionales o incluso por falta de un periodo de prueba. Pero los hallazgos —a pesar de estar aún en fase de adaptación— han sido sorprendentes. 

Se han agilizado los procesos y la eficiencia: lejos de haberse visto comprometidos, se nutrieron. El primer gran insight al respecto es que la fuerza de trabajo está preparada para dar continuidad a las tareas laborales con una importante carga de flexibilidad y responsabilidad. Pero eso no es todo.

El manejo del tiempo es un factor primario. Una persona que ha sido constantemente entrenada para adoptar hábitos y nutrirlos con prácticas personales y sociales, tendrá una propensión más sensible a balancear los tiempos personales y profesionales.

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El trabajo no dejará de existir. Los futurólogos más estridentes piensan que los gobiernos tendrían que estar preparando una importante tajada presupuestal para sostener a las personas que no logren adaptarse ni actualizar sus habilidades.

El futuro del trabajo en el continente y el mundo es incierto, pero hay pistas y premisas para ir comprendiéndolo, pero el ejercicio será estéril si no se parte de una introspección de la situación actual para robustecer los cimientos, diagnosticar con precisión los rubros de atención y priorizar las necesidades.

Perspectivas en México

Los cambios previstos por los esfuerzos de transformación, sin embargo, se perfilan hacia un largo plazo, especialmente en países con economías emergentes o en desarrollo.

La cantidad de puestos de trabajo formal mantiene una tendencia de crecimiento. En noviembre de 2021 se ubicó en 20.9 millones de empleos formales, el registro más alto en términos históricos, de acuerdo con el padrón de afiliados del IMSS.

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo puso sobre la mesa en 2019 los siguientes elementos a considerar en cualquier plan de Capital Humano:

• Los crecientes desequilibrios en el mercado laboral son graves en México. La polarización deriva en empleos de baja calificación.
• La automatización demandará procesos detallados de preparación y capacitación, ya que el sector manufacturero representa 17% del empleo, por encima del promedio de la OCDE (14%).
• En México hay formas de trabajo atípico. La tasa de trabajo por cuenta propia es del 26.8%, casi el doble del promedio de la OCDE (14.2%). Estos empleos cuentan con mínima protección y seguridad social, escasas oportunidades de capacitación y limitada representación colectiva. 
• Una importante proporción del trabajo por cuenta propia es informal (78% en 2017), situación que obliga a desarrollar una estrategia de largo plazo en previsión laboral.
• La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan, “los Ninis”, fue de un 21% en 2017, más alta que la media de la OCDE (13.2%).
• Para los jóvenes mexicanos (20-30 años) que salen del sistema educativo, la probabilidad de encontrarse desocupados ha crecido de 35% a 38% en la última década. Alza menor que la media de la OCDE (4 puntos porcentuales).
• La proporción de empleados sindicalizados cayó, de un 28.5% en 1984 a un 12% en 2018, mientras que la proporción de empleados cubiertos por acuerdos colectivos bajó de 13.2% en 1994 a 12.5% en 2016.

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México tiene los elementos para sacar provecho de la experiencia de otros países de la OCDE que han extendido la legislación para proteger ciertas categorías, como los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos dependen de muy pocos clientes.

De esta manera, el futuro del trabajo en México tiene complejidades y oportunidades que perfilan el escenario como uno de particular interés.

Resulta imprescindible, entonces, la discusión en torno a las limitaciones de los modelos laborales actuales y vincularlas a las estrategias de innovación y atención de los paradigmas de mediano y largo plazo.

De no llevar a cabo este ejercicio, tendrá que hacerse de forma reactiva, intempestiva y muy probablemente improvisada.

Fuente: Forbes.

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La proliferación de actividades económicas ilícitas en México es el mayor de los riesgos que podría presentarse en un lapso de uno a cinco años, de acuerdo con el panel expertos del más alto nivel consultados por el Foro Económico Global (WEF, por su sigla en inglés).

Se refieren en específico a la proliferación de actividades informales o ilegales que socavan el avance y crecimiento económico, como son falsificación, flujos financieros ilícitos, comercio ilícito, evasión de impuestos, trata de personas y crimen organizado.

Acompañan a México en este riesgo, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Malawi, Malta, Moldavia, Sudáfrica, Túnez y Venezuela. En el caso de México y Perú, este riesgo fue seleccionado con más frecuencia por la mayoría de los expertos consultados por el WEF.

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Al interior del “Global Risk Report 2022”, divulgado por el Foro Económico desde Ginebra, Suiza, incorporaron un radar de Percepciones de riesgo nacional para cada uno de los 124 países revisados.

En el caso de México, identificaron dos riesgos de tipo económico: proliferación de actividades económicas ilícitas y el estancamiento económico prolongado; uno de orden geopolítico: el colapso del Estado; uno más de tipo social (crisis de empleo y medios de subsistencia) y uno de índole tecnológico: la desigualdad digital.

Ordenados en función de la frecuencia con que fueron mencionados por los 12,000 expertos consultados por el WEF, identificaron como el segundo mayor riesgo para México el estancamiento económico prolongado.

Detallaron que este riesgo supone un crecimiento del PIB cercano a cero, o un avance muy lento en la economía durante muchos años.

Identificaron en este factor de riesgo a países como Angola, Argentina, Armenia, Bahrein, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina; Botswana, Brasil, Brunei Darussalam; Camboya,  Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Grecia, Honduras, Hong Kong, Kenya, Latvia, Líbano, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nigeria y Macedonia del Norte.

Colapso del Estado y la institucionalidad

El tercer mayor riesgo para México, ubicado en ese sitio por la frecuencia de menciones de los expertos consultados, es el colapso del Estado.

Se refieren en específico a un deterioro del Estado resultado de un conflicto interno, ruptura del respeto a la legalidad, erosión de instituciones, golpe militar o bien inestabilidad regional.

En este riesgo acompañan a México países como Angola, Argentina, Azerbaiyán, Barbados, Bolivia, Botswana, Camboya, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, El Congo, Costa Rica, República Checa, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Islandia, Laos, Líbano, Mongolia, Panamá, Paraguay, Perú, Eslovaquia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania.

Desempleo y medios de subsistencia

El cuarto mayor riesgo que identificaron los expertos para México es la crisis de empleo y medios de subsistencia.

Tal como lo plantea el WEF, este riesgo responde al deterioro estructural de las perspectivas y/o estándares laborales para la población en edad de trabajar: desempleo, subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles así como la erosión de los derechos de los trabajadores.

Tal como en el caso de México, este es un factor de riesgo para países como Angola, Argentina, Bahrain, Barbados, Bangladesh, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Georgia, Ghana, Honduras, Indonesia e Irán, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Malawi, Malasia, Mauricio, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Serbia y Sierra Leona.

Desigualdad digital

El quinto y último mayor riesgo de México que encontraron los expertos consultados por el WEF es la desigualdad digital.

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Este factor de riesgo es generalizado entre las economías de América Latina y de África Subsahariana.

La desigualdad digital corresponde a la desconexión de las personas. Se refiere al acceso fracturado y/o desigual a las redes y tecnologías digitales críticas, entre países, al interior de ellos. Refleja la capacidad desigual de inversión, falta de habilidades para su desarrollo y aprovechamiento en el capital humano, poder adquisitivo insuficiente, restricciones gubernamentales y diferencias culturales.

Fuente: El Economista.

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La tasa de desempleo en México se ubicó en un 3,9 % de la población económicamente activa (PEA) en octubre de 2021, una cifra inferior al 4,7 % del mismo mes en 2020, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2,3 millones de personas e implicó una tasa de 3,9 % de la PEA. Respecto al décimo mes de 2020 la población desocupada descendió en 288.000 personas y la tasa de desocupación fue menor en 0,8 puntos porcentuales”, indicó el INEGI en un comunicado.

En cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), la tasa de desocupación fue de 3,9 %, un dato idéntico al de septiembre.

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“La tasa de desocupación abierta en México, que alcanzó un máximo de 5,4 % durante la pandemia (junio 2020), se situó en 3,9 % en octubre 2021, tasa igual a la del mes anterior y superior al nivel pre pandemia (3,4 % en el último bimestre de 2019)”, indicó el presidente del INEGI, Julio A. Santaella, en Twitter.

La PEA es de 58,7 millones de personas de 15 años y más, lo que representa una tasa de participación de 59,4 %.

Dicha población es superior en 3,4 millones respecto a la de octubre de 2020, cuando la pandemia forzó la salida de millones de personas del mercado laboral.

Dentro de la PEA, la población ocupada se ubicó en un 96,1 % en octubre de 2021.

La población subempleada, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para disponer más horas de trabajo que las que su ocupación actual le permite, representó el 11,1 % del total de la ocupada, un nivel inferior al índice de 14,9 % del mismo mes de 2020.

POR SECTORES E INFORMALIDAD

La ocupación informal en octubre de 2021 ascendió a 31.3 millones y situó la tasa en el 55,6 %, cifra inferior en 0,2 puntos porcentuales comparada con el décimo mes de 2020.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios el 42,9 % del total; en el comercio el 19,8 %; en la industria manufacturera el 15,9 %; en las actividades agropecuarias el 12,4 %; en la construcción el 7,6 %.

Además, en “otras actividades económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) se ocupó el 0,7 % de la población activa, mientras que el 0,7 % no especificó su actividad.

Del total de ocupados, 67,3 % opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, mientras que 23,3 % trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados.

Por su parte, 5 % son patrones o empleadores y finalmente el 4,4 % se desempeñan en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.

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Por género, la PEA femenina en octubre fue de 22,9 millones y la masculina de 35,7 millones, con una tasa de participación económica de 44,2 % en las mujeres en edad de trabajar y de 76,3 % en los hombres.

Además de más de 3,8 millones de contagios y casi 294.000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo, la crisis de la COVID-19 provocó en México una contracción de alrededor de 8,2 % del producto interno bruto (PIB) en 2020, y este año se prevé un repunte de 6 %.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la economía mexicana recobró 172.668 empleos formales en octubre y tiene hoy 20.767.587 puestos, con lo que ya superó el nivel de trabajo formal previo a la pandemia.

Fuente: Hola News.

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Va de lo sutil a lo evidente. Está en las goteras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los baches de las carreteras federales, en la deserción académica. Está, también, en el miedo que crece dentro de las mujeres en México por ser violentadas, tanto en la calle como en su casa. Está en el empleo, cada vez más precario, y en la dificultad por encontrar medicamentos se evidencia el deterioro de la vida en México.

En los últimos años ha habido un deterioro en la vida de los 127 millones de mexicanos, ocasionado, en parte, por la pandemia de la COVID-19; por ajustes al gasto del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los datos lo respaldan: cifras recabadas por el propio Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y analizadas por organizaciones independientes, muestran que ha habido un deterioro en salud, seguridad, infraestructura, bienestar y empleo.

Salud

El desabastecimiento de medicamentos, incluyendo el tratamiento de quimioterapias para niños con cáncer en el país, ha sido quizás el síntoma más visible del deterioro en el sistema de salud de los mexicanos, pero no es el único. Los hospitales sufren de falta de mantenimiento y de desabastecimiento de fármacos de otros tipos, no solo oncológicos.

Una investigación realizada por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa, para la cual consultaron iniciativas y reformas de ley así como documentos internos muestran que el desabasto de medicinas se dio a partir de que el Gobierno Federal, en una confrontación con empresas distribuidoras, deterioró el sistema de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social sin un plan piloto o estrategia que lo reemplace.

Con la desaparición del Seguro Popular, por decisión del Gobierno Federal, la población que se dijo beneficiaria de alguna institución pública de salud se redujo 14,7 millones de personas — al pasar de 102 millones en 2018 a 87 millones en 2020, de acuerdo con la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Por falta de dinero, por haberse automedicado o porque no era necesario, el número de personas que no buscó atención en salud al enfermar aumentó en 5,4 millones de personas entre 2018 y 2020.

Seguridad

La percepción de seguridad en el país ha mejorado ligeramente en el último año… Entre los hombres. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI el 66,6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. El porcentaje representa una mejoría con respecto del 68% registrado en diciembre de 2020, pero la percepción de inseguridad entre las mujeres ha sido persistentemente alta. En junio, el 71,3% de las mujeres dijeron que se sienten inseguras en su ciudad, comparado con el 60,1% de los hombres.

A principios del año, el Gobierno Federal informó que en 2020 los casos de homicidio doloso cayeron 0,4% en relación con 2019, una tendencia que continúa en lo que va del año. Es decir, de acuerdo a los datos más recientes de la Comisión Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos se han mantenido a niveles similares a 2019, sin mayores incrementos. El problema es que 2019 ha sido el año más violento para el país, si se mide por número de homicidios.

Además, la pandemia empeoró la situación de violencia familiar y de género. Mientras los homicidios en general se han sostenido, en los primeros cinco meses del año los feminicidios han incrementado un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la secretaria de Seguridad Pública en una conferencia de prensa en junio. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Las violaciones también aumentaron, en un 30% en comparación con los mismos meses de 2020. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326,634 casos de violencia de género en un año, entre mayo de 2020 y el mismo mes en 2021.

Infraestructura

Carreteras federales, hospitales y, de manera particularmente evidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muestran ya un enorme deterioro en los últimos tres años por falta de mantenimiento. Miles de escuelas, vacías por la pandemia, han sufrido más de 7.000 robos de material escolar y saqueos de tuberías y cables, entre otros materiales.

Más allá de la pandemia, este deterioro en la infraestructura que forma parte de la vida diaria de los mexicanos, tiene que ver con dos decisiones del presidente López Obrador. La primera es que el mandatario ha asignado al ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción y el mantenimiento de muchas obras Federales, incluyendo bancos, una extensión del aeropuerto en Santa Lucía y canales de riego, entre otras. No solo no es el Ejército una constructora especializada, sino que también está a cargo de tareas como administración de aeropuertos y aduanas, instalación de cajeros en la red del nuevo Banco del Bienestar, la siembra de árboles y detención de migrantes.

La segunda decisión del presidente que contribuye a este deterioro es haber recortado el gasto para priorizar sus obras emblemáticas, como el turístico Tren Maya y una refinería en su natal estado de Tabasco, asignando la mayor parte de su presupuesto en infraestructura a estos. Además, ha dado preferencia a inyectar con recursos a la emproblemada Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo. Esto se ha traducido a una considerable caída en la inversión pública, motor de la economía.

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Mientras la inversión privada se contrajo casi 5% en el primer trimestre del año y en comparación con el mismo trimestre el año anterior, la inversión pública mostró mayor debilidad, con una caída de 6%. De acuerdo con un análisis de datos trimestrales del especialista Eugenio Sánchez, desde que empezó el sexenio de López Obrador no ha crecido ni la inversión pública ni la privada. Es, hasta ahora, el único periodo presidencial en el que ha habido nueve trimestres consecutivos de bajas en la inversión y el que ha tenido las caídas más pronunciadas. De acuerdo con sus estimaciones, durante el primer trimestre del 2021 la inversión pública fue 33% menor que la del último trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto y 61% menor a su máximo histórico, alcanzado en 2010.

“La inversión representa un motor fundamental para la economía, ya que permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos para la población”, apuntó en un reporte el centro de investigación independiente México ¿Cómo Vamos? (MCV).

“En la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 el gobierno no ha utilizado la inversión como medida contracíclica para la recuperación económica. La inversión pública como porcentaje del PIB se encuentra en sus niveles más bajos para un primer trimestre de año desde 2001. En contraste, en crisis como la de 2008-2009 se observa un fuerte impulso por parte de la inversión del gobierno”, agregaron los expertos de la organización.

Bienestar

La medición del bienestar sigue siendo un tema abierto en la academia, pero MCV ofrece una aproximación: el índice de progreso social (IPS). El indicador toma en cuenta factores como el acceso a agua y saneamiento, la nutrición, el acceso a información y la libertad personal y de elección, entre otros. El último reporte para 2020 muestra que entre 2011 y 2020 el índice ha subido, pero este incremento se ha desacelerado en los últimos años. Entre 2015 y 2020, el puntaje aumentó en 1.02 puntos, mientras que, entre 2011 y 2015, el incremento fue casi tres veces mayor, de 2.48 puntos.

“La fuerte caída en la economía mexicana a raíz de la crisis ocasionada por el Covid-19 en 2020 inevitablemente causará estragos en el bienestar de las personas y en el progreso social del país”, aseguran los autores del reporte de MCV, ”lo cual se reflejará en las próximas ediciones del Índice de Progreso Social”.

Si se considera el acceso a la educación como fuente de bienestar, la pandemia ya tuvo un impacto negativo en este rubro. El Inegi reveló en marzo que más de cinco millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia. En el ciclo escolar actual, aseguró el instituto, se inscribieron 32,9 millones estudiante, es decir, el 60,6% de la población de entre 3 a 29 años.

Empleo

Con la publicación de los datos recabados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo salió a la luz un panorama desolador para el empleo en México. De los empleos que se perdieron por los confinamientos obligados de la pandemia, restan 2,3 millones por recuperar. Los vacíos se encuentran, mayoritariamente, en las zonas urbanas. Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo han sido los estados con más deterioro en este aspecto, mientras en el norte y la zona del Bajío, los empleos ligados al comercio exterior ya se recuperaron. Esto ha exacerbado la desigualdad en el país.

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Para todos, sin embargo, el empleo se ha vuelto más duro. La encuesta arroja que 25% de la población económicamente activa trabaja en condiciones inadecuadas, ya sea por que trabaja más de las horas que es recomendable o porque el trabajo ahora está peor pagado que antes de la pandemia. Esto se compara con el promedio histórico que ronda entre el 12% y 13%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Quizás una de las decisiones más ampliamente celebradas del presidente López Obrador ha sido el incremento del salario mínimo, el cual ha hecho por decreto desde que asumió el poder a finales de 2018. Esto sin duda había comenzado a impactar de manera positiva la pobreza laboral, la cual refiere a tener un ingreso que no alcanza para comprar la canasta alimentaria básica. En el 2019 hubo una ligera caída, sin embargo, la pandemia borró la ganancia y empeoró la situación. De acuerdo con un análisis del CEEY, 13 millones de mexicanos cayeron en pobreza laboral por la pandemia, mostrando un mayor deterioro en la calidad de vida de los mexicanos.

Fuente: El País.

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En promedio, en la cadena de casas de cambio para la que trabaja Susana, se ha registrado un incremento de envíos de entre el 7 y el 10 por ciento cada mes desde marzo hasta agosto de este año. Los montos –estima-, también han aumentado en forma considerable, pasando de un promedio de 500 a 800 dólares por cada documento a cobrar, por lo que observa, risueña, que “ahora sí lo migrantes se están poniendo las pilas”.

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La observación de Susana no es una suposición; desde el pasado mes de marzo en Morelia, igual que en las ciudades de Tijuana, Puebla, Guadalajara, Culiacán, Oaxaca, León, Zapopan, Monterrey y San Luis Potosí, según lo reconoce el Sistema de Información Económica del Banco de México, ha venido en aumento la cantidad de envíos de dinero que hacen los trabajadores migrantes desde Estados Unidos.

El incremento de los envío de dinero a México, que solo de marzo a agosto ha sido de 13 por ciento con relación al mismo período del año pasado, también ha sido celebrado por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reconocido que a pesar de la crisis laboral que se registra en Estados Unidos, como efecto de la contracción económica a la que ha llevado la pandemia del Covid-19, los migrantes no solo no han dejado de enviar remesas, sino que las han aumentado en montos y frecuencia.

Hasta aquí todo parece bien, pero hay algo que no cuadra en la lógica de este renglón de la macroeconomía en la que se soporta gran parte de la actividad económica mexicana: ¿cómo es posible que frente a la estrechez económica que afronta el mercado laboral del sector migrante en Estados Unidos, este manifieste tales signos de fortaleza?

A mayor desempleo ¿mayores remesas?

Desde que inició la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos, a mediados de enero del 2020, según lo estima el Centro para el Estudio de Inmigración (CIS) con sede en Washington, el desempleo entre la población migrante, principalmente indocumentada, ha crecido en un 320 por ciento, cuantificando a finales de abril de este año que ya eran más de 4.3 millones de personas de este sector las que se habían quedado sin trabajo. Y la cifra iba en aumento.

Ante esta evidencia, persiste la duda: ¿cómo es que los migrantes mexicanos en plena crisis de desempleo han aumentado las remesas a sus localidades de origen a niveles que ni siquiera eran observables en el 2019, cuando la economía de Estados Unidos creció en un 2.3 por ciento?

En ese momento, en 2019, el monto promedio de envíos de dinero era de 2 mil 900 millones de dólares cada mes. Al día de hoy, en plena pandemia, con los mercados laborales contraídos, solo entre marzo y agosto del 2020, el promedio de remesas enviadas por los migrantes a México se ubica en 3 mil 200 millones de dólares por mes, según lo reconoce el Banco de México.

La única hipótesis viable para entender este desfase de la lógica, es lo evidente: los cárteles mexicanos de las drogas podrían estar utilizando el sistema financiero formal de envío de remesas, aprovechando la contingencia social generada por la pandemia, para ampliar su cometido en el blanqueo de capital y transferencias de dinero desde Estados Unidos a México.

Esa es la forma de operar de los cárteles mexicanos; desde México se mandan drogas a Estados Unidos y desde allá se regresa dinero a México a través de diversos canales, reconoce el doctor en sociología de la UNAM, Edgar Morín, uno de los principales estudiosos del crimen organizado en México y autor -entre otros- del libro Crímenes de Cuello Blanco (Grijalbo, 2019).

Así, no es descartable la posibilidad de que los grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera hoy estén aprovechando el sistema de envío de remesas para trasladar a México parte de sus capitales logrados por la venta ilícita de drogas, sobre todo por la imposibilidad de franquear los estrictos controles que en las aduanas de la frontera con México ha establecido el gobierno norteamericano para evitar el tráfico de dinero.

Millonarias utilidades por las remesas, pocos decomisos

De acuerdo a los datos públicos emitidos por el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, el trasiego de drogas desde México hacia este país genera utilidades en promedio anual por más de 600 mil millones de pesos (más de 28 mil 150 millones de dólares al tipo de cambio actual), dinero que es enviado desde el norte hacia el sur de manera furtiva.

Aún cuando parte de la estrategia conjunta de los gobiernos norteamericano y mexicano -para combatir el blanqueo de capitales de los cárteles mexicanos- se centra en estrictos controles de vigilancia en las aduanas de la frontera en común, los resultados en la incautación del dinero del narco aún son mejorables.

Entre el 2011 al 2018, según lo revela el informe “Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas” presentado por la DEA en diciembre del 2019, el porcentaje de incautación de dinero del narco osciló entre el 0.8 y el 2.6 por ciento con relación a los 600 mil millones de pesos que en promedio anual obtuvieron los cárteles mexicanos por el envío de drogas a Estados Unidos.

De acuerdo a este informe de la DEA, la incautación física de dinero del narco ha venido de más a menos; en el 2011 se logró decomisar 741 millones de dólares en aduanas y operativos directos, en el 2012 la cantidad incautada disminuyó a 707 millones de dólares, en el 2013 solo se decomisaron 617 millones dólares, mientras que en el 2014 se logró confiscar apenas 555 millones dólares.

Las cifras a la baja en los decomisos de dinero físico al narco siguieron en el 2015, cuando se incautaron 552 millones de dólares; en el 2016 apenas se confiscaron 453 millones de dólares, mientras que en el 2017 y 2018 se logró decomisar 230 millones y 234 millones de dólares, respectivamente.

Las acciones de decomiso de dinero, tanto en aeropuertos, aduanas fronterizas o cateos domiciliarios por parte de autoridades federales de Estados Unidos también han venido a la baja, desde el 2015, cuando se registraron 13 mil 902 intervenciones; en el 2016 hubo 9 mil 554 eventos de decomiso, en el 2017 fueron 5 mil 281 y en el 2018 solo se actuó en 4 mil 654 casos.

Los estados de la Unión Americana en donde más dinero del narco se ha decomisado, según reconoce la DEA en su informe referido, fueron California, Nueva York, Texas, Georgia, Florida, Ohio, Arizona e Illinois, justamente donde los cárteles de Sinaloa, de Familia Michoacana, de Los Zetas, de Jalisco Nueva Generación y de los Arrellano Félix, mantienen mayor presencia con sus operaciones de trasiego de drogas y lavado de dinero.

Frente a la adversidad, la transición

Manuel, quien pide ser identificado con ese nombre ficticio, es un operador financiero de un grupo que opera para un cártel en el centro del país. Él reconoce que parte de la estructura de lavado de dinero de su organización se apoya en el sistema financiero formal de envío de dinero de Estados Unidos a México, haciendo pasar las transferencias del narco como remesas de trabajadores migrantes.

Esa “pantalla” para el lavado de dinero –dice-, no es nueva. Su grupo al servicio del cártel la viene utilizando desde hace por lo menos tres años. Reconoce que se ha aprovechado la crisis económica por la pandemia que se vive en Estados Unidos para incrementar los envíos de dinero a sus cuentas en México, los que se hacen principalmente por transferencias bancarias.

Dice que “frente a la adversidad de los decomisos de dinero en Estados Unidos, la empresa (el cártel) no ha tenido otra opción que innovar, transitar a lo moderno”. Para la estructura financiera de este cártel atrás quedaron los días de pasar millones de pesos, a través de las aduanas de Tijuana, Mexicali, Nogales o El Paso, en maletas escondidas en compartimentos secretos de autos.

Ese era un alto riesgo. “Era un volado al aire, en donde –reconoció- se podía perder en unos minutos toda la inversión y el trabajo de meses”, con grave afectación a las finanzas del cártel. Por eso se optó a la transición del envío y blanqueo de dinero a través del sistema formal de remesas, lo que le ha dado al cártel buenos resultados.

El sistema es simple: hay un encargado de célula de este cártel que recluta a migrantes indocumentados mexicanos en diversas ciudades de los estados de la Unión Americana, en donde tiene presencia la organización. Fijan su objetivo en amas de casa, jóvenes y trabajadores desempleados. Sin violencia de por medio se les ofrece una comisión de entre el 15 al 20 por ciento por cada trasferencia que hagan. Siempre, los montos de los envíos no son mayores a mil dólares ni menores a 300 dólares.

En las ciudades de destino, ya en México, los envíos son cobrados también por personas al servicio de este cártel, a quienes se les paga el mismo porcentaje de comisión que reciben quienes emiten las órdenes de pago o transferencias bancarias. El movimiento económico finalmente es rentable para el cártel; a cambio de la seguridad y blanqueo del flujo constante de dinero se termina pagando entre el 30 al 40 por ciento. “Es mejor que perder todo el dinero en un decomiso”, asegura Manuel.

Para este operador financiero del narco no existe duda de que la técnica de traslado de dinero de Estados Unidos a México, que sutiliza su organización criminal, es también utilizada por otras organizaciones del narcotráfico en México, pues “es una modalidad muy recomendada por asesores financieros” que actualmente trabajan tanto para algunos cárteles como para instituciones bancarias.

La DEA lo sabe

La transición de los cárteles mexicanos de las drogas hacia el uso de sistemas electrónicos o sistemas bancarios para el envío ilícito de dinero desde el norte hacia el sur, no es tema tabú para la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. En su informe “Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas” del 2019, esta agencia reconoce que “se han producido cambios significativos en el panorama de las finanzas ilícitas”.

Según el propio análisis de la DEA, que reconoce la complejidad en la que han entrado la lucha contra el blanqueo de capitales, el gobierno norteamericano sabe cómo ahora los cárteles de las drogas, principalmente mexicanos, se están valiendo de métodos virtuales de pago, principalmente transferencias bancarias, para la comercialización de drogas desde México.

Según se establece en el citado informe de la DEA, “los métodos habituales de blanqueo de capitales, utilizados para mover los ingresos de las drogas a fuentes de suministro extranjeras, normalmente implican una red de corredores de dinero”, y agrega que después de que el gobierno mexicano colocara restricciones a los depósitos en dólares (en 2010), los cárteles comenzaron a utilizar depósitos en efectivo y transferencias bancarias.

También estima la DEA que “los cárteles mexicanos envían cada vez más cheques y transferencias a nombre de personas o empresas fachada”, por cuyos montos bajos se vuelven cada vez más difíciles de ubicar esas transacciones, resultando de esto un blanqueo discreto y constante del dinero ilícito que deja la comercialización de drogas en Estados Unidos.

Las dificultades que reconoce la DEA, para dar seguimiento al blanqueo hormiga de capitales del narco, quedan claramente expuestas en las cifras oficiales que ofrece el Banco de México, a través del Sistema de Información Económica, en donde establece que solo entre mayo y julio de este año, en pleno pico de la pandemia, llegaron a Mexico en forma de remesas más de 10 mil 512 millones de pesos.

Dicho monto se hizo posible a través de más de 31 mil transferencias electrónicas, 2 mil 595 órdenes de pago (money orders) y más de mil 100 depósitos de efectivo en ventanillas bancarias o casas de cambio, en donde el promedio de dinero enviado en cada transacción osciló entre los 320 y los 343 dólares.

Extrañas coincidencias

Aunque oficialmente no se ha reconocido, por el gobierno de Estados Unidos ni por el de México, sobre la infiltración de los cárteles mexicanos en los envíos de dinero que ha hecho que las remesas aumenten en plena crisis económica causada por la pandemia, hay un dato que expone el Banco de México, que deja en evidencia esta posibilidad: las diez ciudades en donde mayor presencia mantienen los principales grupos del narcotráfico es donde han aumentado considerablemente los envíos de remesas.

En Morelia, la capital de Michoacán controlada por el cártel de los Caballeros Templarios, donde las remesas en promedio semestral durante el 2019 fueron de 210 millones de pesos, el monto fue superado entre enero a junio del 2020, al llegar a más de 227 millones de pesos. Lo mismo sucede en Tijuana, Baja California, donde es preponderante el cártel Arellano Félix, en donde las remesas del 2019 fueron en promedio de 240 millones de pesos cada seis meses, pero en el primer semestre del 2020 se llegó a la cifra récord de 304 millones de pesos.

En Puebla capital, con amplia presencia del cártel de Los Zetas y del Jalisco Nueva Generación, se pasó del promedio semestral de 190 millones de pesos en el 2019 a 208 millones de pesos durante el primer semestre de este año. Por su parte, las remesas que se recibieron en Guadalajara, la capital de Jalisco controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron durante el primer semestre del 2020 de 150 millones de pesos, superando así el promedio semestral del 2019, ubicado en los 110 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, donde sobra referir la presencia dominante del Cártel de Sinaloa, durante el 2019 el promedio semestral de remesas fue de 90 millones de pesos, pero en el primer semestre del 2020 se alcanzó la cifra récord de 184 millones de pesos. Igual sucedió en Oaxaca capital, ciudad controlada por el Cártel del Golfo, donde en el 2019 se tuvo un promedio semestral de remesas de 120 millones de pesos, pero durante el primer semestre de este año se recibieron más de 150 millones de pesos.

En León, la capital industrial de Guanajuato, ciudad en disputa entre los cárteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, se pasó del promedio semestral de remesas de 152 millones de pesos en 2019 a 172 millones de pesos en el mismo período de este año. En Zapopan, Jalisco, donde también el Cártel Jalisco Nueva Generación es preponderante, se superó el promedio semestral de remesas del 2019, ubicado en 142 millones de pesos, para ubicarse en 154 millones de pesos durante el primer semestre del 2020.

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Por lo que hace a Monterrey y San Luis Potosí, donde la presencia del Cártel del Golfo y de los Zetas es dominante, también se superó en el primer semestre del 2020 el monto de remesas promedio del año anterior; en Monterrey se pasó de 122 millones a 140 millones de pesos, mientras que en la ciudad de San Luis Potosí se alcanzó un monto de 147 millones de pesos en el primer semestre del 2020 frente a los 137 millones que en promedio se venían captando.

Pero si hay narco o no detrás de las remesas de los migrantes eso poco interesa al ciudadano común, por lo pronto el dinero que llega de Estados Unidos es el mejor soporte que tienen miles de familias en México para encarar la crisis de la pandemia, pues de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el desempleo ya alcanzó al 25 por ciento de la población económica, que en términos reales significa que más de 2 millones 100 personas perdieron su empleo.

Fuente: Los Angeles Times.

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