Un grupo de 10 personas, conformado por tres familias con niños y adolescentes, fueron las primeras en refugiarse en uno de los albergues de la Unidad Deportiva Reforma, acondicionada por autoridades municipales y del estado mexicano de Baja California y ubicada a unos 15 kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro.

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Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de Tijuana, dijo a EFE que el principal desafío que enfrenta la ciudad con la llegada y retorno de migrantes es el alojamiento, “el poder brindarles un techo y que no duerman en la calle”.

Por ello, las autoridades acondicionaron con todos los servicios y atención esta unidad deportiva, que tiene capacidad para alojar a 300 personas y servicios de atención médica y psicológica disponibles hasta el próximo 1 de diciembre.

“Los apoyaremos mientras determinan su situación, ya sea que decidan retornar a su país, incorporarse a la vida laboral en Tijuana o continuar con el proceso de asilo a Estados Unidos”,

dijo el funcionario.

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Mencionó que los venezolanos llegan a Tijuana en circunstancias adversas y en mal estado emocional por la travesía desde su país hasta esta frontera, además de que en centros de detención no se les informa a dónde los llevan y por dónde los están retornando.

La incertidumbre ha aumentado desde que Estados Unidos anunció el mes pasado que otorgaría más de 20.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por aire y tengan un patrocinador, pero, a la par, expulsará de inmediato a quienes crucen la frontera terrestre.

Jesús Bonillo, migrante venezolano alojado en el albergue, compartió a EFE que está en la ciudad con su esposa y sus dos hijos, quienes fueron retornados la noche del martes después de que el pasado domingo se entregaran a las autoridades migratorias estadounidenses por la frontera de Ciudad Juárez.

“Por ahora estamos aquí y mi familia se siente bien, tenemos dónde dormir, dónde bañarnos y estamos positivos, con la frente en alto y con ganas de seguir luchando y lograr nuestro objetivo”,

sostuvo.

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Bonillo dijo que a su país no regresa porque lo abandonó por la inestabilidad económica y lo que quiere es “darle un mejor futuro a los hijos en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades.

Desde el pasado 13 de octubre, cuando comenzaron a retornar a migrantes por la frontera de Tijuana, hasta la fecha han llegado 1.057 venezolanos y, según autoridades, la mayoría ha desistido de quedarse en la ciudad.

El hecho refleja la migración récord en la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal 2022 a un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.

Fuente: The San Diego Union-Tribune https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2022-11-02/abren-albergues-en-la-fronteriza-tijuana-para-venezolanos-deportados-a-mexico.

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Se agolpan por toda la frontera de México con Estados Unidos, llenan campamentos improvisados y caminan en el polvo bajo un puente internacional con afiches que piden ayuda: “S.O.S. HELP”.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua duermen en las calles, piden comida y se preocupan por su destino. Algunos han recurrido a las autoridades locales para solicitar un salvoconducto de regreso a casa. Otros han prometido perseverar y llegar hasta Estados Unidos.

Un cambio abrupto en la política de inmigración del gobierno de Joe Biden en este mes ha dejado, prácticamente de la noche a la mañana, a decenas de miles de migrantes venezolanos —que recorren desde el sur de Centroamérica hasta la frontera entre México y EE. UU.— varados en un limbo burocrático.

El país que muchos habían dejado atrás, Venezuela, ha caído en el autoritarismo y la ruina económica, ocasionando la mayor crisis migratoria en el hemisferio occidental. Desde 2015, alrededor de uno de cada cuatro venezolanos ha salido de su hogar.

El país al que intentan llegar, Estados Unidos, les cerró la puerta a la mayoría de ellos el 12 de octubre, al imponer una regla que obligó a muchos a volver a México, una respuesta radical frente a un problema humanitario complejo que ha enviado a una cantidad récord de personas a la frontera este año.

“Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar”, dijo Darrins Arrechedra, de 31 años, un hombre de Venezuela que dijo que había atravesado 10 países para llegar a Estados Unidos y arribó a la frontera un día después de que la gestión de Biden dejó de admitir venezolanos.

Arrechedra, quien había intentado vivir en Chile antes de emprender el viaje al norte, estaba detrás de una oficina de ayuda a los migrante en Ciudad Juárez con vista al perfil de El Paso al otro lado del río Bravo, en Texas.

Dijo que tenía amigos en Estados Unidos que le habían prometido trabajo y que para llegar tan lejos había vendido sus pertenencias y agotado sus ahorros. “En realidad no tengo como que un plan ahorita”, dijo.

En los últimos meses, grandes cantidades de migrantes venezolanos han salido de Sudamérica al correrse la voz de que Estados Unidos no tenía un modo fácil de mantener fuera a la mayoría de ellos y que se les permitiría entrar al país y pedir asilo.

Casi todos han pasado por el Tapón del Darién, un tramo selvático peligroso que conecta Centro y Sudamérica y que se ha convertido en escenario de una batalla lacerante en el que los migrantes enfrentan deshidratación, hambre e incluso la muerte.

El aumento ayudó a impulsar un intenso debate en Estados Unidos por la inmigración. Gobernadores republicanos enviaron migrantes a comunidades demócratas en el norte por avión y autobús, lo que ocasionó que la ciudad de Nueva York construyera un campamento y declarara un estado de emergencia para poder enfrentar su llegada.

El 12 de octubre, tras una presión política cada vez mayor, el gobierno de Biden anunció que ampliaría la aplicación de una regla de salud pública de la presidencia de Donald Trump que le permite expulsar a los venezolanos que llegan a la frontera.

La meta, según una explicación de la política publicada en la gaceta oficial de la federación, era “mejorar la seguridad” en la frontera “al reducir la migración irregular de ciudadanos venezolanos”.

México había aceptado recibirlos tras un acuerdo que incluía una mayor cantidad de visas estadounidenses para migrantes de México, Centroamérica y Haití.

La medida fue criticada de inmediato por muchos grupos de defensa de los migrantes, que dijeron que representaba una ampliación de una política que despojaba ilegalmente a las personas del derecho a pedir asilo así como una respuesta inhumana ante una crisis devastadora.

Al anunciar que cerraría el paso a la mayoría de los venezolanos, Estados Unidos creó un programa humanitario para que 24.000 de ellos puedan ingresar al país si hacen la solicitud de manera remota.

Se espera que las expulsiones de venezolanos superen por mucho esa cantidad y más de 50.000 personas atravesaron el Darién en las primeras tres semanas de octubre, según las autoridades panameñas.

“Esta política no reconoce que el desplazamiento venezolano está en el mismo nivel que el de cualquier país devastado por la guerra”, dijo Maria Corina Vegas, parte del liderazgo de ABIC Action, un grupo de defensoría estadounidense que impulsa una reforma migratoria que beneficie a las empresas. “No atiende nuestro sistema disfuncional de inmigración ni tampoco la escasez de mano de obra que afecta nuestros negocios y economía”.

Sin embargo, el gobierno de Biden argumentó que estaba fomentando una vía de entrada más segura para algunos migrantes venezolanos.

“Quienes sigan el proceso lícito tendrán la oportunidad de viajar de forma segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”, dijo el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, al presentar el programa.

Antes de la nueva medida, a la mayoría de los venezolanos que cruzaban la frontera se les permitía comenzar la solicitud asilo, un proceso que puede llevar años en decidirse y para el que solo califica un pequeño porcentaje de migrantes.

Unos 1200 venezolanos cruzaban la frontera suroeste al día antes de que el gobierno de Biden anunciara la nueva política, dijeron las autoridades estadounidenses. En días recientes, la cantidad cayó a unos 150 diarios.

Durante los primeros 10 días de la política, alrededor de 5100 venezolanos fueron devueltos a México, según Naciones Unidas.

Pero la medida parece haberse concebido sin un plan claro para quienes son expulsados a México.

Muchos vendieron sus hogares y pertenencias para hacer el viaje y gastaron los últimos ahorros para poder llegar hasta la frontera.

El viernes, el gobierno mexicano organizó una reunión de emergencia con las organizaciones de ayuda para discutir los pasos siguientes.

En un mensaje a los medios, el gobierno de México anunció que estaba aumentando la capacidad de sus albergues y que contemplaba trabajar con organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y la Cruz Roja, para permitir a los migrantes permanecer en México, lo que podría incluir otorgar permisos de trabajo.

Pero en los últimos días, los venezolanos en Ciudad Juárez que habían sido devueltos de la frontera recibieron una forma de la autoridad migratoria mexicana que indicaba que tenían que salir del país “por sus propios medios” en los siguientes 15 días. Cuando se le pidió comentar, un funcionario de inmigración dijo que los migrantes podrían prolongar su estadía si solicitaban asilo.

Por todo México y Centroamérica, muchos venezolanos intentan dilucidar qué sigue ahora y hay pocas respuestas.

En Guatemala, Panamá y Honduras, las autoridades de migración trabajan con los consulados venezolanos y las Naciones Unidas para ayudar a las personas que desean volver a Venezuela.

Pero la situación se complica debido a que muchas personas no cuentan con pasaportes ni con dinero para costear un boleto de avión.

Tras el anuncio de la nueva política estadounidense, el gobierno de Guatemala dijo que más de 90 migrantes venezolanos habían decidido recientemente volver a casa, y que se les asignarían vuelos luego de que amigos o familiares accedieran a pagar sus pasajes.

La crisis en Venezuela empezó hace casi una década cuando la corrupción y la mala gestión de un gobierno autoritario de inspiración socialista ocasionaron una debacle económica, que ha sido exacerbada por las sanciones de Estados Unidos.

Durante años, los venezolanos migraron a países vecinos en Sudamérica, pero dado que la pandemia y la inflación global han golpeado a esas economías, muchas personas partieron rumbo a Estados Unidos.

Este mes, las Naciones Unidas dijo que más de 7,1 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015, lo que convierte al éxodo del país en el más numeroso del mundo.

El programa creado por las autoridades estadounidenses que permite a algunos venezolanos solicitar el ingreso legal desde otros lugares sigue el modelo de una iniciativa diseñada para los ucranianos. Requiere que los venezolanos tengan un pasaporte válido y a alguien en Estados Unidos dispuesto a auspiciarlos.

Mientras que el programa ucraniano está abierto para una cantidad ilimitada de personas, la versión para los venezolanos tiene un límite de 24.000 participantes.

Este año, al menos 150.000 venezolanos han llegado a la frontera con Estados Unidos.

Algunas organizaciones que trabajan con temas migratorios elogiaron la creación de un camino legal, aunque sea estrecho. Cuatro venezolanos llegaron al país recientemente gracias al nuevo proceso.

Pero los críticos dicen que el programa va a descalificar a los venezolanos más pobres, muchos de los cuales carecen de los documentos requeridos y no conocen a nadie en Estados Unidos. El programa también descalifica a las personas que ingresaron a Panamá o México después del 19 de octubre, lo cual incluye a muchas de las que actualmente viajan hacia la frontera estadounidense.

“Es algo devastador el saber que de nada sirvió toda esta travesía”, dijo Margaret Diaz, de 28 años, quien llegó a la frontera de Estados Unidos dos días después de que se anunció la política de expulsión.

Diaz dijo que su esposo y las hijas pequeñas de ambos vendieron “lo poco que teníamos” y pidieron dinero prestado antes de salir de su hogar en Chile el mes pasado.

Cuando Diaz y su familia se presentaron ante las autoridades estadounidenses el 14 de octubre, fueron trasladados a un centro de detención. Recuerda haber pensado: “Si nos reciben es porque ya somos ganadores”.

Varios días después, no obstante, los subieron a un autobús que ya llevaba a otros venezolanos y los dejaron en Ciudad Juárez.

Recordó voltear a ver a su esposo, quien estaba llorando.

Para llegar a Estados Unidos, Jonnaleth Hidalgo, de 22 años, había caminado con su esposo y su hija pequeña por el Darién, que describió como “infierno en la Tierra”.

En el camino casi se ahogaron.

La semana pasada, en Ciudad Juárez, mientras la fuerza del sol empezaba a calentar una mañana fría, Hidalgo era una de alrededor de 60 venezolanos que avanzaron a una zona de la frontera que se halla justo enfrente de un puesto migratorio estadounidense del otro lado del río.

Bajo la mirada de los agentes, el grupo desplegó mantas que pedían ayuda.

Vestida con una camiseta blanca, describió la protesta como un intento desesperado “para mostrar a los que están del otro lado que tenemos derechos humanos”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/10/24/espanol/venezolanos-estados-unidos-mexico.html.

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Este lunes 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló que hay más de 100 mil personas en México en esta situación. La cifra debería ameritar por sí misma toda la atención pública. También obliga a que el gobierno aclare lo que no nos dicen sus cifras: exactamente, ¿cuántas personas no se cuentan en estos registros?

Los datos disponibles nos permiten dimensionar el tamaño de una tragedia sin comparación en el mundo. Tan sólo entre 2006 y 2022, 83,761 personas han entrado al eufemismo de las estadísticas oficiales de ser consideradas personas desaparecidas o no localizadas. Desde 2006 en México todos los días desaparecen 14 personas para no volver a ser vistas.

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No hay excusa que alcance para justificar la irresponsabilidad de los gobiernos en México frente al aumento en el número de personas desaparecidas en los últimos tres sexenios. Aunque la ausencia de mujeres y hombres de todas las edades ha trastocado la vida de miles de familias y amigos, no ha habido gobierno que las localice y que tome acciones para prevenir que más personas desaparezcan. Tampoco ha resuelto las marcadas diferencias de género: el grupo de edad que menos regresa a casa son las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años. 

El Estado Mexicano nos ha fallado a todas y todos por su incapacidad para resolver qué sucedió con el paradero de estas personas, encontrar a los responsables y reparar el daño de cientos de miles de familias. Sin acciones coordinadas para que los diferentes gobiernos se hagan cargo de su responsabilidad, en México seguirá prevaleciendo la impunidad.

Miles de familias mexicanas exigen hoy una justicia que no llega. Cuando el gobierno les niega además un espacio público para conmemorar a las personas que les faltan, las revictimiza. Les niega la justicia y les impide la memoria.

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No habrá justicia en este país hasta que no sepamos qué pasó con cada una de las personas que los registros oficiales consideran como desaparecidas y no localizadas. No hay compromiso que no sea más que promesas vacías hasta que el Estado pueda garantizar búsquedas profesionales por los desaparecidos y no relegue su responsabilidad a las familias de las víctimas. No tendremos certezas sobre la dimensión del problema hasta que no conozcamos el número de personas que no se cuentan en estos registros. Ninguna autoridad en el gobierno puede estar tranquila hasta que a todas las familias se les garantice el derecho de saber qué pasó con los suyos. 

¡Hasta encontrarles no habrá justicia!

Fuente: .

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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México ha superado la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde 1964, según el contador oficial donde el Gobierno va registrado una de las listas más ignominiosas que enfrenta el país. Un conteo que experimentó un incremento a partir de las políticas de militarización de Felipe Calderón en 2006. La cifra, sin embargo no ha tenido más eco que el del silencio en la conferencia matutina del presidente, donde se han tratado temas de seguridad nacional. Los organismos internacionales, sin embargo, han recordado este martes la necesidad de que México “redoble los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición”. Así se ha expresado en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”,

dice la declaración que llega de la ONU.

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En dicho comunicado se reconocen los “pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones y la creación de comisiones de búsqueda en todos los Estados”, que México viene dando en los últimos tiempos. Pero también es cierto que los cientos de activistas y familiares que luchan cada día por sacar a la luz a estos desaparecidos, vivos o muertos, tienen que comprarse en ocasiones sus propias palas para poder escarbar en la tierra en busca de huesos. Por no hablar de la inseguridad en la que desempeñan esta labor.

Bachelet ha rendido homenaje en su comunicado a todas estas buscadoras “que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias”.

En México se han creado comisiones para revisar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Pero nada parece suficiente ante un goteo que se incrementa cada día. Agentes públicos de las tres administraciones siguen siendo responsables directos de las desapariciones forzadas, pero también la delincuencia organizada, que cuentan con la “aquiescencia, participación u omisión de los servidores públicos”. Difícil desenvolver una madeja en la que los perseguidos por el delito se confunden con los perseguidores del delito.

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Es reconocido que en esta Administración se ha ganado en transparencia respecto a estos casos. Entre 2020 y 2021 el país ha tomado algunas decisiones relevantes, como reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar estos asuntos. El pasado noviembre, México “se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 Estados y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, según detalla el comunicado de Bachelet.

La Alta comisionada sigue de cerca este enorme problema que enfrenta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “una tragedia humana de enormes proporciones”, ha dicho.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”,

señala en su comunicado.

Por eso, desde la ONU se recomienda apoyar con todos los recursos necesarios a estas familias que remueven la tierra en busca de sus desaparecidos, una tragedia, que a decir de ellos mismos tiene efectos más perniciosos que la asunción de una muerte. Las Naciones Unidas hacen un llamamiento “a mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas”.

Fuente: El País.

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Los casos de migrantes reportados como desaparecidos en México, en su mayoría hondureños, casi se triplicaron entre 2020 y 2021, en un momento en que el país busca contener los grandes flujos de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, según un informe difundido el miércoles.

De acuerdo con el documento presentado por el Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización de derechos humanos en América Latina, los reportes de extranjeros desaparecidos crecieron en un 292%, de 89 a 349 episodios.

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«Hay lugares en donde se encuentran albergues y cárteles del narcotráfico al acecho de migrantes para levantarlos e integrarlos a sus filas», dijo Luis Macías, director del SJM en México.

Según el estudio, el 44% de los migrantes desaparecidos tenían entre 18 y 29 años, el 42% entre 30 a 59 años y un 14% no superaba los 17 años. El Instituto Nacional de Migración (INM) local no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters sobre el informe.

La mayoría de las víctimas procedían de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, países de los que parten cada año decenas de miles de migrantes que viajan por territorio mexicano a Estados Unidos y son blanco de secuestros, asesinados u otros delitos.

La organización también dijo que del 75% de las personas que lograron localizar estaban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional de estados sureños como Chiapas y Tabasco, donde por meses miles de migrantes esperan documentos para avanzar hacia estados Unidos sin ser detenidos.

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No obstante, precisó que existe un subregistro significativo en las desapariciones de personas en situación de migración que se agrava al no existir información articulada entre instituciones de gobierno responsables de dar seguimiento a las acciones de búsqueda.

«La política de contención de los flujos migratorios ha aumentado los casos de detención e incomunicación y, en consecuencia, los reportes de desaparición presentados por sus familiares»,

dijo a Reuters Adrián Estrada, coordinador del Área de Atención a migrantes del SJM en la capital mexicana.

Fuente: El Economista.

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