La escasez de combustibles en algunas estaciones de servicio del país se debe a retrasos de suministro y no a un desabasto generalizado.

Al respecto, Santiago Arroyo, especialista del sector gasolinero, calculó que es un número pequeño el de estaciones de servicio que adolecen de estos inconvenientes.

“Nosotros calculamos que alrededor del tres por ciento de las estaciones de servicio de la región noroeste, centro y la península de Yucatán son las que tienen estos problemas de escasez, pero no es un tema generalizado, no hay riesgo de desabasto en el país”,

aclaró.

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El especialista indicó que las estaciones afectadas se encuentran en regiones donde existen complejidades de suministro.

“Hablamos desde Hermosillo hasta Sinaloa, Nayarit o en la Península; son áreas complicadas ya que el suministro se realiza por rueda, en cambio, este tipo de dificultades son difíciles de encontrar en la región del Bajío, ya que tienen líneas de suministro más robustas permitiendo que siempre haya producto”,

abundó.

Sin embargo, el experto consideró que las autoridades deben poner atención ya que estos problemas podrían incrementarse y generar problemas de desabasto en el futuro.

“Si el Gobierno sigue frenando a la iniciativa privada, podría llegar un momento en el que Pemex no pueda satisfacer la demanda, y en un plazo de seis o siete meses veremos estos escenarios de escasez”,

dijo.

Subsidios al IEPS y falta de permisos a la importación

El consumo nacional de gasolinas y diésel ronda los 980 mil barriles diarios.Sin embargo, durante los últimos años fueron expirando permisos para importar combustibles al grado de pasar de más de mil permisos en 2018 a tan solo 70 en abril de 2022, señaló Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético.

De estos 70 permisos vigentes, 60 le corresponden a Pemex y a sus filiales, mientras que solo hay 10 permisos para particulares.

“Bajó el volumen de producto importado que ingresaba al país”,

indicó el especialista.

De esta forma, Pemex tiene la responsabilidad de satisfacer gran parte de la demanda nacional, aunque solo entre 25 y 30 por ciento de las gasolinas salen de sus refinerías, mientras que el resto debe importarlas.

Otro problema es el subsidio a los combustibles, que durante las últimas 12 semanas ha sido del 100 por ciento.

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Para que los importadores privados puedan acreditar este subsidio, deben cumplir una serie de requisitos, pero estos suelen ser trámites muy lentos.

“Los importadores privados están dejando de importar volúmenes considerables, ya que en el subsidio ellos salen perjudicados: pueden comprar el combustible a un determinado tipo de cambio y cuando van a acreditar el subsidio, el tipo de cambio ya varió, además de que Pemex logra acreditarlo en automático mientras que para los privados puede llevar hasta tres meses”,

apuntó Marcial Díaz.

Fuente: El Financiero.

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La Secretaría de Hacienda se ha enredado en su política de subsidios para contener los precios de las gasolinas en México. Unas 72 horas después de haber eliminado el estímulo fiscal en 40 municipios de los Estados de la frontera norte, el Ejecutivo ha dado marcha atrás a su propia medida y este lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado un nuevo decreto reponiendo los beneficios sobre los combustibles y dejando “sin efecto” las medidas adoptadas el viernes pasado. La medida tendrá vigencia hasta el próximo 8 de abril y beneficiará a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los únicos municipios que quedan excluidos del subsidio son Tijuana —uno de los cruces más importantes del mundo— y Playas de Rosarito.

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La dependencia dirigida por Rogelio Ramírez de la O refirió momentos antes en un escueto comunicado que dichos montos serán aplicables dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros y en el territorio comprendido entre las líneas paralelas de más de 20 kilómetros y hasta 45 kilómetros a la línea divisoria internacional con EE UU. La semana pasada, cuando fueron eliminados los subsidios a las gasolinas, que implicaron un alza en los costos por litro de la gasolina de hasta cuatro pesos, el Gobierno también admitió un desabasto en la región, el cual achacó a los miles de automóviles estadounidenses que cruzaban la frontera y venían a México a cargar sus tanques de gasolina más barata.

Esta mañana, el presidente López Obrador ya había adelantado en su conferencia presidencial el viraje que tendría el decreto publicado por Hacienda. “Tuvimos que intervenir, se corrigió y ya se resolvió el problema. Porque ya estaban nuestros adversarios diciendo que había un gasolinazo y tenemos abasto suficiente”, declaró este lunes. El Ejecutivo mostró un discurso de cordialidad respecto a sus vecinos del norte: “Se ayuda a los mexicanos que tienen la doble nacionalidad y también a estadounidenses, que son nuestros vecinos y que están llegando a cargar a la frontera a México porque es mucho más barata la gasolina en México que en Estados Unidos, es un acto de solidaridad también a ellos”, agregó.

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El Ejecutivo ha decidido conjurar a toda costa la palabra gasolinazo y a fin de evitar un incremento en las gasolinas desde marzo pasado la Administración federal ha renunciado a cobrar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y la Secretaría de Hacienda, además, autorizó un estímulo fiscal adicional. Aunque en países como Estados Unidos los costos del combustible registran alzas récord, en la Ciudad de México, el precio de un litro de combustible se cotiza en un rango de 22 a 24,5 pesos. El Gobierno espera compensar la pérdida de ingresos por los estímulos al IEPS con los excedentes que el aumento del precio del barril de crudo le dejará a Pemex gracias a la exportación.

Fuente: El País.

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El Gobierno mexicano ha defendido este lunes la continuidad de su acuerdo con la UNOPS, la agencia de la ONU especializada en logística, para la compra de medicamentos. Pese al espaldarazo, ambas partes han reconocido “deficiencias” en un proceso sembrado de retrasos y han prometido cambios en el calendario y en el sistema de distribución de cara a la próxima licitación, para evitar caer nuevamente en el desabasto. El encargo para el segundo semestre de 2022 será considerablemente menor al de 2021: la UNOPS comprará apenas el 31% de lo que se le pidió este año.

La UNOPS lanzará en diciembre la licitación para medicamentos y material de curación y las entregas empezarán a partir de julio de 2022. El suministro para la primera parte del año, han insistido varias veces los funcionarios, ya está asegurado con los contratos firmados hasta ahora. “El mensaje que quiero mandar es que estamos a tiempo en lanzar la licitación”, ha afirmado en rueda de prensa el director regional adjunto de la agencia internacional, Giuseppe Mancinelli, tras los retrasos en la compra para este año.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el acuerdo con la UNOPS como la solución definitiva a los problemas de abasto que se han agravado desde su llegada al Gobierno. Sin embargo, año y medio después de la firma, la ambición del convenio ha sido reducida. Para la segunda mitad de 2022, la UNOPS tendrá el encargo de adquirir 634 claves o tipos de productos -361 medicamentos y 273 materiales de curación-, frente a las 2.034 que buscaba surtir con su anterior compra. Aunque la nueva licitación cubre solo un semestre y no un año entero, como en 2021, es una diferencia considerable.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comprará los medicamentos patentados o de un solo proveedor, de los que antes se ocupaba la UNOPS. “Los procedimientos de compra para nosotros son más ágiles”, ha explicado brevemente el director de la institución, el antropólogo Juan Antonio Ferrer. También se le recorta a la UNOPS el número de medicamentos oncológicos, de 155 en 2021 a 28 para el segundo semestre de 2022. Las interrupciones constantes en el abasto de quimioterapias han provocado un amplio movimiento de protesta de padres de niños con cáncer. Recientemente, López Obrador admitió la escasez y pidió una solución “sin excusas” a las autoridades sanitarias.

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Esta reducción en el volumen de claves se da después de que la compra de 2021 lanzada por la UNOPS dejara un 48% sin adjudicar. El Gobierno señaló que un 13% de las claves no recibió ofertas, un 12% obtuvo propuestas por encima del precio de referencia, y un 7% recibió respuestas de proveedores inhabilitados por el Ejecutivo, entre otras explicaciones. En cualquier caso, este porcentaje supera por mucho el estándar logrado durante las compras en sexenios anteriores – en 2018, se dejó sin adjudicar apenas el 9% de las claves-. Para llenar el vacío, este año el Gobierno ha tenido que salir a comprar a toda prisa las restantes.

Además de recortar el número de claves, el Gobierno y la UNOPS buscan corregir algunos errores de cara a 2022. Se va a dar más tiempo a los laboratorios entre la firma de contratos y la fecha de entrega, una demanda del sector. Los plazos de la UNOPS para este año disponían que los proveedores entregaran dos meses después de la firma, cuando en promedio se tarda entre tres y cuatro meses en producir un medicamento. “La industria está pidiendo un periodo de al menos tres meses de planificación”, ha señalado Mancinelli.

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También se quiere agilizar el pago a los proveedores, un tema que provocó roces entre el Gobierno y la UNOPS, así como descontento en la industria. Para retribuir a los laboratorios, la agencia internacional tiene que esperar a que se confirme la recepción de los medicamentos en los almacenes estatales. Estos almacenes se “sobrecargaron”, según el Insabi, lo que retrasó las remuneraciones. Ahora, el Insabi está explorando con Hacienda la posibilidad de hacer pagos parciales a los distribuidores antes de que estos hayan entregado la carga completa. “Tenemos que volvernos más eficientes”, ha reconocido Juan Antonio Ferrer.

En paralelo, el Ejecutivo ha afirmado este lunes que los laboratorios podrán entregar los medicamentos directamente a los pacientes. Esto supone una vuelta parcial al esquema anterior, en que la distribución estaba a cargo de un puñado de grandes empresas, en alianza con los laboratorios. López Obrador consideró que esto fomentaba la corrupción y devolvió al Gobierno la distribución, una responsabilidad que ha tensado al máximo las capacidades del sector público y provocado problemas en el suministro.

Pese a los tropiezos, el Ejecutivo ha defendido las virtudes del convenio. La UNOPS estima ahorros por 10.000 millones de pesos, unos 500 millones de dólares, si se toma en cuenta el precio máximo de referencia de compras anteriores. Atribuyen los ahorros, en parte, a la apertura al mercado internacional, si bien el 94% de los proveedores son mexicanos. La agencia asegura que el 97% de las claves de medicamentos para 2021 ya han sido entregadas conforme al calendario.

Fuente: El País.

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