Los derechos en México han sido concedidos a: Cardenales de Arizona, Vaqueros de Dallas, Broncos de Denver, Texans de Houston, Jefes de Kansas City, Raiders de Las Vegas, Carneros de Los Ángeles, Acereros de Pittsburgh y 49ers de San Francisco. Una fuente reveló que esas nueve franquicias tienen ahora más posibilidades para visitar México en juego oficial en los próximos años.

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La iniciativa otorga a los clubes acceso a territorios internacionales para llevar a cabo actividades de marketing, comercialización y conexión con los fanáticos, como parte de un importante esfuerzo estratégico a largo plazo para permitir que los clubes construyan sus marcas a nivel global mientras impulsan el crecimiento de la base de fanáticos de la NFL a nivel internacional.

“La base de fanáticos de la NFL comienza con nuestros clubes”,

dijo Christopher Halpin, vicepresidente ejecutivo y director de estrategia y crecimiento de la NFL.

“Esta importante iniciativa permite a los equipos de la NFL desarrollar relaciones significativas y directas con los fanáticos de la NFL en el extranjero, impulsando el crecimiento y la avidez de los fanáticos a nivel mundial. Estamos muy satisfechos con la cantidad, la creatividad y el nivel de compromiso de las propuestas de los clubes en todos los ámbitos en este periodo de solicitud inicial y esperamos que los equipos lancen sus iniciativas a principios del próximo año”.

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Como parte del programa International HMA, los clubes tendrán acceso a los mercados internacionales durante al menos un periodo de cinco años, tiempo durante el cual un club tendrá derechos para realizar actividades en ese mercado internacional que sean consistentes con lo que pueden hacer en su HMA (o área de comercialización local en los Estados Unidos).

Esto incluye marketing digital y en persona, ventas de patrocinios corporativos, eventos y activaciones para fanáticos, actividades de futbol americano para jóvenes y niños, ventas de mercancía oficial del club y desarrollo de iniciativas de marketing en conjunto con otras propiedades deportivas y de entretenimiento en el mercado.

Fuente: Los Angeles Times.

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Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”,

declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

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“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”,

precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

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El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

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Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

• A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.
• Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.
• A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.
• A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

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De manera paralela a la publicación del informe, Amnistía Internacional lanzó la campaña #HastaSerEscuchadas,con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

“Desde Amnistía Internacional seguiremos alzando la voz junto con las familias de las víctimas, acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño, hasta ser escuchadas”,

dijo Edith Olivares Ferreto.

Fuente: Amnistía Internacional.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a la puertas de una decisión histórica. Ocho de los 11 ministros se han manifestado a favor de la despenalización del aborto en dos acciones de inconstitucionalidad que llegaron al Alto Tribunal desde los estados de Coahuila y Sinaloa.

Los ministros celebran este martes la votación que podría abrir el camino para todo el país para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo. El Tribunal arrancó el lunes el debate sobre el aborto y los códigos penales que castigan el aborto. Los magistrados y magistradas comenzaron a discutir tres acciones de inconstitucionalidad en torno al aborto en las legislaciones de Coahuila y Sinaloa, y sobre el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud.

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El proyecto del ministro Luis María Aguilar para el caso de Coahuila, presentado en la sesión de este lunes, propone despenalizar los artículos que criminalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo. Durante su exposición Aguilar ha señalado que la maternidad es una elección y no debe ser un destino.

“No se trata de un derecho al aborto, sino del derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de decidir sobre su cuerpo y su vida a ser o no ser madre sin penalizarla”.

Se trata de un estudio de inconstitucionalidad de la ley desde la perspectiva novedosa de la libertad sexual y reproductiva. “La acción de inconstitucionalidad obligaría al Congreso de Coahuila a que reforme su código penal”, explica la directora de GIRE, Rebeca Ramos. En el caso de Coahuila, la ley castiga el delito de aborto con penas de uno a tres años de prisión. Para que la acción de inconstitucionalidad tenga efecto, se necesita la mayoría calificada en Corte, ocho votos de 11.

En el caso de Sinaloa, el ministro Alfredo Gutiérrez propone declarar inconstitucional la prohibición absoluta del aborto que hizo el poder Ejecutivo estatal al declarar la protección de la vida desde el inicio de la concepción. Gutiérrez explica en su proyecto que los Estados no pueden utilizar el pretexto de las cláusulas de protección a la vida para negar a las personas servicios de salud sexual y reproductiva, ni adoptar la legislación para que se endurezcan las normas sobre la interrupción legal del embarazo.

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En el caso de la objeción de conciencia se pretende invalidar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que incorporó la objeción de conciencia como mecanismo para que el personal sanitario se niegue a practicar un aborto. La propuesta fue una iniciativa del Partido Encuentro Social (PES), de corte evangélico. El ministro Aguilar señala en su propuesta que la objeción de conciencia no puede considerarse un derecho sin límites ya que como estipula la legislación no podrá ejercerse si se pone en riesgo la vida del paciente o se trata de una urgencia médica.

“Con esta discusión la Corte avanza y dice que la libertad que tienen los congresos locales está limitada por los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, entre ellos, el artículo 4 que habla sobre el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, agrega Ramos.

La directora de GIRE considera que de salir adelante estas acciones de inconstitucionalidad se sentaría un importante precedente en México que abre la puerta a agilizar la despenalización del aborto en todo el país.

Fuente: El País.

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