La violencia contra las mujeres en México, que cobra la vida de más de 10 de ellas al día, fue reconocida como un problema de Estado, pero para seguir avanzando, faltan muchas otras cosas, entre ellas recursos económicos, señaló este martes la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.

Entre otros pendientes está la cobertura de los servicios que brinda el Estado, que no es suficiente, así como tampoco la capacidad que tienen los servidores y servidoras públicas, ni los recursos, añadió.

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En un evento virtual de cooperación, Ferreto y Merike Blofield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA en inglés) participaron en la mesa “Violencia contra las mujeres en América Latina”.

Para el caso de México, Ferreto dijo que “sí hay cambios positivos” y señaló que el país “se ha dotado de todo un andamiaje jurídico e institucional que reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de Estado, como una responsabilidad del Estado”.

Puso como ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de leyes en las 32 estados que integran México, y señaló como “grandes avances la construcción de tipos penales y una serie de instituciones como institutos, centros de justicia y fiscalías especializadas para las mujeres”.

Dijo que todo ese andamiaje jurídico e institucional “es un gran avance y hay que reconocerlo como un esfuerzo del Estado”, pero recordó que ello “deriva de las exigencias de las organizaciones y de las víctimas”.

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Relató que en los últimos años las mujeres en México, como las de otros países latinoamericanos, se han organizado cada vez más para luchar contra la violencia de género y, para ello, hacen públicas las agresiones, exigen medidas de protección del Estado y buscan formas de ayudarse entre sí.

Recordó que en México fueron las propias madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hace algunos lustros, “quienes encabezaron la protesta y la indignación y las que dieron a conocer al mundo lo que ahí estaba sucediendo”.

La representante de AI dijo que una cosa importante “es que la cobertura de los servicios no es suficiente y la capacidad que tienes los servidores y servidoras públicas tampoco es suficiente”.

Señaló que diversas organizaciones internacionales y comités han señalado al Estado mexicano que “no basta con sensibilizar al personal de los servicios de atención, yo digo que la sensibilidad está muy bien pero que hay deberes y uno de ellos es investigar con perspectiva de género, si son sensibles o no ya es ganancia, pero hay que recordar que entre esos deberes está asignar a las fiscalías especializadas recursos suficientes”, apuntó.

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México afronta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.

El Gobierno mexicano registró mil 4 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2.66 por ciento más que en 2020.

Según organizaciones, el Estado comparte la responsabilidad de la violencia contra las mujeres debido a las inadecuadas medidas de protección y falta de investigación. Los agresores rara vez son perseguidos.

Fuente: El Financiero.

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Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”,

declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

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“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”,

precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

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El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

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Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

• A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.
• Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.
• A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.
• A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

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De manera paralela a la publicación del informe, Amnistía Internacional lanzó la campaña #HastaSerEscuchadas,con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

“Desde Amnistía Internacional seguiremos alzando la voz junto con las familias de las víctimas, acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño, hasta ser escuchadas”,

dijo Edith Olivares Ferreto.

Fuente: Amnistía Internacional.

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