Monterra anunció que presentaron una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.

La empresa señaló que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.

Las Notificaciones de intención bajo acuerdos internacionales prevén una fase inicial de negociación y consulta para resolver la controversia, buscando evitar la necesidad de iniciar un arbitraje internacional.

Te puede interesar: Fondo de inversión le gana a México.

Monterra Energy y Monterra Energy Holdings mandaron dicha notificación tras la clausura de su terminal de combustibles hace cinco meses, alegan que con esto se está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé en el Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN.

La terminal de Monterra es una de varias que han sido clausuradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, estas acciones bloquean la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.

“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,”

aseguró Arturo Vivar, CEO de Monterra a través de un comunicado.

Te recomendamos leer: ‘Manotazo’ de EU a México por ‘descuido’ a vaquita marina: pide consulta bajo el T-MEC.

Además, dijo que se ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio, pero las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia.

“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”,

sentenció Vivar.

La terminal de Monterra (Servitux) obtuvo un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.

El órgano regulador en materia energética realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación y en julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento.

Pero el 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Te compartimos: Empresas de armas en EU presentan respuestas ante demanda de México.

Derivado de esta inspección, las autoridades realizaron una clausura temporal sin ninguna justificación judicial y desde entonces permanece así, alegó Monterra.

Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos, “La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”, condenó la empresa.

Desde el año pasado, el gobierno de México intensificó una serie de inspecciones en el sector petrolífero, la secretaria de Energía, Roció Nahle, ha dicho que es porque hay mucho contrabando de combustible en el país, “huachicoleo fiscal”.

Monterra indicó que las acciones tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del gobierno, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos por compañías extranjeras, para devolverle el monopolio a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fuente: Forbes.

La entrada Monterra demandará a México por cierre de terminal de combustibles se publicó primero en México 24 siete.

Las 11 empresas de armas estadounidenses demandadas por el gobierno de México respondieron formalmente a Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, para solicitar que se desestimen los argumentos contra las compañías.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), divulgó un documento que enumera las respuestas de las armadoras, quienes cuestionan la legalidad de la demanda.

La SRE informó que en coordinación con otras dependencias federales, prepara los argumentos y la “evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías demandadas”.

Te puede interesar: México pagará 1 mdd al año para que lo defiendan ante fabricantes de armas en EU.

La Cancillería sostuvo que México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, las empresas entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero.

“Tales señalamientos se atenderán de manera precisa en el escrito de réplica y ante la corte. De ninguna manera se litigará este caso en los medios de comunicación”,

sostuvo la secretaría.

La demanda fue presentada el pasado 4 de agosto contra los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Te recomendamos leer: México tiene menos armas que EU… pero el triple de homicidios.

Las empresas tienen plazo hasta este lunes 22 de noviembre para presentar un recurso contra la denuncia, donde se les acusa de un comercio “negligente e ilícito” de armas.

México pide poner fin al “daño” que provocan esas empresas al “facilitar activamente el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga y a otros criminales” en el país.

Entre 70% y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, desde donde llegan anualmente más de medio millón de armas al país corroído por el narcotráfico, según la denuncia.

Fuente: Animal Político.

La entrada Empresas de armas en EU presentan respuestas ante demanda de México se publicó primero en México 24 siete.

El despacho de abogados Hilliard & Shadowen LLP cobrará un millón de dólares anuales al Gobierno de México para que lo defienda y represente en la denuncia interpuesta en tribunales de Estados Unidos en contra de 11 fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas.

“En el acuerdo que se ejecutará el 1 de enero de 2022, el gobierno de México y la Hilliard & Shadowen acordaron que los honorarios generales de la firma no excederán un millón de dólares por año”,

dice Steve Shadowen, socio fundador de Hilliard & Shadowen LLP en una carta enviada a Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, Texas.

La firma estadounidense no cobrará honorarios ni gastos al Gobierno de México, a pesar de que ayudaron en las fases de documentación y construcción del expediente para interponer la denuncia ante un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, dice el documento en poder de Forbes México.

Te puede interesar: México tiene menos armas que EU… pero el triple de homicidios.

El gobierno y los abogados estadounidenses reconocen que la etapa de defensa continuará después de la expiración del acuerdo, que contempló la fase de preparación e interponer la denuncia en contra de los 11 fabricantes de armas.

Ambas partes acuerdan ejecutar un nuevo acuerdo de defensa el 1 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, el cual permanecerá vigente hasta el litigio en relación con la denuncia descrita.

El Gobierno de México acordó pagar a la firma las tarifas por sus servicios a la mitad de las tarifas por hora.

Las tarifas de los abogados Shadow y Brunell oscilan entre 950 dólares y mil dólares por hora, por lo que cobrarán entre 475 dólares y 500 dólares por hora por el tiempo de los defensores.

Las tarifas por hora estándar de los abogados junior oscilan entre 300 dólares y 500 dólares, por lo que cobrarán al gobierno entre 150 dólares a 275 dólares por hora.

Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Glock Ges.m.b.H, Sturm,Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms son acusadas de que sus armas están en manos de cárteles generando violencia en México.

Te recomendamos leer: Que México no se haga ‘guaje’ en su responsabilidad: fabricantes de armas de EU.

Según el argumento central del litigio presentado el 4 de agosto de 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las empresas demandadas son conscientes de que sus armas comercializadas son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.

Los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma, expone la denuncia de la SRE.

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, señaló que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. El monto de la exigencia será determinado en el juicio ante un tribunal federal de Massachusetts.

El canciller enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

Añadió como esencial que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito, y que las empresas cesen las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.

Le pegan al tráfico

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha embargado más automóviles y camionetas “chocolate” que armas cortas y largas en las aduanas instaladas desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana, Baja California.

Los agentes encargados de inspeccionar a los turistas estadounidenses y mexicanos radicados o de viaje por Estados Unidos han incautado más de 421,028 automóviles y vehículos en las 49 aduanas del 1 de enero de 2006 hasta el 1 de octubre de 2020, revelan cifras del SAT.

El organismo a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez logró retener más de 30,063 armas cortas y largas que no llegaron al crimen organizado o bandas de delincuentes de 2008 hasta los primeros días de 2020.

En 2006 y 2007 no registró ni una sola incautación de armamento por los recintos fiscales vigilados por videocámaras, tecnología de punta, así
como personal adscrito al SAT encargado de combatir el contrabando y el tráfico de mercancías.

Te compartimos: La demanda «sin precedentes» del gobierno de México contra empresas de armas de EE.UU..

Durante el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador fueron embargadas 12,029 armas cortas y 18,034 armas largas que procedían de las tiendas en Estados Unidos.

“Las aduanas en México no tienen la capacidad técnica y no poseen la tecnología para detectar las armas en todos los cruces fronterizos. Yo cruzo la frontera muchísimo y las revisiones son aleatorias y muchas veces son abre la cajuela”,

señala Tony Payán, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice, en Texas.

El profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dice que los agentes de aduanas inspeccionan lo transportado en la cajuela y se enfocan en ver si llevan computadoras, electrodomésticos, televisores o cualquier producto tecnológico, porque el afán del SAT es recaudar y cobrar los impuestos.

“Aumentar las inspecciones de todos los vehículos, que viajan del norte al sur, requeriría de mucho más personal en las aduanas, mucha más inversión en instalaciones y mucha más inversión en tecnología que México sencillamente no tiene y no puede”, concluye Payán.

Fuente: Forbes.

La entrada México pagará 1 mdd al año para que lo defiendan ante fabricantes de armas en EU se publicó primero en México 24 siete.

La Asociación Industrial del Comercio de Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) respondieron a la demanda interpuesta por el Gobierno de México en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos.

A raíz de la denuncia, los fabricantes señalaron en un comunicado que estas acusaciones no tienen fundamento, ya que es el propio gobierno el responsable del ‘crecimiento’ del crimen organizado y la corrupción en las aduanas fronterizas.

Te puede interesar: La demanda «sin precedentes» del gobierno de México contra empresas de armas de EE.UU..

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México”. señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y asesor jurídico de la NSSF.

Añadió que “son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”.

Tanto la NSSF y la NRA acusaron que estas armas no pueden proceder de sus organizaciones y pidieron al gobierno de México dejar de buscar un ‘chivo expiatorio’ y llevar los cárteles ante la justicia.

El comunicado responde a la demanda presentada por el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos.

Cabe señalar que, en 2017, el periodista español David Beriain, infiltrado en el Cartel de Sinaloa, detalló cómo se realiza el envío de droga de México a Estados Unidos a cambio de recibir armas para el narcotráfico.

En el reportaje Clandestino, Berlain revela cómo las armas llegan desde Estados Unidos a nuestro país, en donde son modificadas y se les borra los números de serie.

Te recomendamos leer: Asaltan a seleccionado mexicano al llegar a México.

Ante ello, la Asociación Nacional de Rifles indicó que también podría haber demandas de México en contra del Departamento de Justicia del expresidente Barack Obama y Eric Holder, fiscal y responsable de esa dependencia.

Por último, los organismos indicaron que, según un informe de Amnistía Internacional, algunas armas incautadas de origen chino por lo que no tienen complicidad alguna.

Fuente: El Financiero.

La entrada Que México no se haga ‘guaje’ en su responsabilidad: fabricantes de armas de EU se publicó primero en México 24 siete.

La demanda, presentada ante una Corte Federal en Boston, EE.UU., señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales «negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».

Te puede interesar: Estados Unidos extiende restricciones fronterizas con Canadá y México hasta el 21 de agosto.

Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

En la presentación de la iniciativa, el gobierno especificó que no se trata de una demanda contra el gobierno de EE.UU., al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas y establecer regulaciones que «no han sido suficientes».

«No puede haber un incidente diplomático porque no es un litigio con el gobierno de EE.UU.», insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que la demanda no sustituye otros esfuerzos necesarios y reconoció que «México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera».

«Pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país», aseguró.

Impacto económico

El gobierno mexicano asegura que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México.

«Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50″,

criticó Ebrard.

Además, el canciller apuntó a que las compañías «están desarrollando diferentes modelos para el narco (…), están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso», aunque no ofreció más detalles.

La demanda, que es fruto de «dos años de trabajo», busca que las empresas demandadas compensen económicamente al gobierno de México con un monto que será determinado en el juicio.

La exigencia se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos citados por el gobierno, podrían ascender a hasta el 1,5% del PIB mexicano.

Qué se demanda a las empresas

Pero, según Ebrard, el objetivo principal del proceso no es un acuerdo económico sino que «se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes».

Así, pidió que las compañías desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, «disciplinar a sus distribuidores» al insistir en que no quedan exentas de responsabilidad del uso de las armas tras su venta.

También abogó por la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en medios enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.

«Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México», resumió.

A la espera de conocer cuál será la respuesta de estas empresas o de la propia Casa Blanca, el gobierno mexicano dejó claro que la demanda no busca interferir en la política estadounidense sobre armas y que el litigio involucra solo a empresas privadas.

También aclaró que el proceso no atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho de la población a poseer y portar armas, sino que se centra en los daños ocasionados en territorio mexicano donde rige una ley distinta.

«Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune»,

concluyó Ebrard.

Problema bilateral

El tráfico ilegal de armas es uno de los temas más complicados en la relación bilateral entre México y EE.UU. Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas ante sus serias dificultades de México por controlar su frontera.

Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego (en 1997, eran solo el 15%) y la mayoría proceden de EE.UU.

A través de su frontera sur cruzan ilegalmente a México cada año miles de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras escondidas en autos o camiones de carga.

Esto ha sido visible en multitud de ocasiones. Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Hace dos años, el gobierno de México dijo que en la década anterior habían entrado ilegalmente al país unos dos millones. Pero en ese período de tiempo, las autoridades solo confiscaron unas 193.000 armas.

La mayoría fue comprada en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para la venta.

La forma más común de operación es el llamado «tráfico hormiga», donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Te recomendamos leer: T-MEC: México y EU acuerdan ‘curso de reparación’ tras queja laboral en planta de GM.

Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos, o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo, y que logran así superar la revisión de su historial. Son los conocidos como «compradores paja».

Fuente: BBC.

La entrada La demanda «sin precedentes» del gobierno de México contra empresas de armas de EE.UU. se publicó primero en México 24 siete.