La nacionalización del litio en Bolivia ocurrió en 2008, dos años después de que Evo Morales se convirtiera en presidente. Aunque su industria debiera estar establecida siete años después, en pleno 2022 Bolivia no es un competidor en el mercado mundial de baterías de litio. En el camino se ha topado con obstáculos de todo tipo, desde falta de recursos, personal poco capacitado, desencuentros políticos e incapacidad tecnológica.

Ahora, el nuevo estimado oficial es que Bolivia por fin tenga una producción industrial de baterías para 2024 o 2025, diez años más tarde de lo inicialmente planeado.

Bolivia, rico en litio

Bolivia pertenece al «triángulo del litio», la zona geográfica compuesta por Argentina, Chile y el mismo Bolivia, en que se estima esté el 85% del litio del planeta. El Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que en Bolivia hay 21 millones de toneladas métricas de litio, lo que le colocaría como el país con más litio del mundo.

A Bolivia le siguen Argentina con estimación de 19 millones de toneladas, Chile con 9, Estados Unidos con 6.8 y Australia con 6.3. A México se le estiman 1.7 millones.El litio es un metal muy ligero y poco denso que tiene usos en industria farmacéutica, aeronáutica y, principalmente, en baterías para dispositivos de tecnología de consumo y autos eléctricos

Dada la enorme cantidad del litio en suelo bolivariano es fácil entender que su explotación se haya convertido en una misión cuya esperanza era sacar de la pobreza al país. El proceso lo detalla la especialista en relaciones internacionales, Agustina Sánchez, en un artículo publicado por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. En él se lee que el proceso de explotación nacionalista de las gigantescas reservas que están en las salmueras del Salar Uyuni, comenzó en 2008 con la Ley Número 3720.

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Ese mismo año se aprobó el Proyecto de Desarrollo Integral de Salmueras del Salar Uyuni y la puesta en marcha de una planta piloto para el procesamiento del litio. Una nueva constitución fue aprobada en 2009 en la que se incluyó que todos los recursos naturales del país serían considerados a partir de ese momento de interés público y carácter estratégico.

En papel el avance fue pronto, en la práctica no lo fue tanto. Cinco años después de la entrada en vigor de la ley, en enero de 2013, fue creada la Planta Piloto de Carbonato de Litio. Tomó otros largos cuatro años que se creara la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB por sus siglas), la responsable de toda la cadena de productiva del litio.

Diez años después de la nacionalización pareciera que Bolivia se dio cuenta de que la tarea era tan titánica que necesitaba de alianzas comerciales, así que Evo Morales anunció que sí permitiría la iniciativa privada en el proyecto del litio, siempre y cuando la administración y explotación corrieran mayoritariamente a cargo del gobierno.

Así, en 2018, Morales terminó por firmar con la empresa alemana ACI Systems, en un acuerdo que incluía que la empresa dotara de tecnología y financiamiento para la primera planta de producción de materiales catódicos. El que parece que sería el plan definitivo tuvo un nuevo contratiempo cuando Evo Morales dejó la presidencia en noviembre de 2019.

La carrera contra el tiempo de Bolivia

Evo Morales acusó que su salida se debía a un «golpe de litio«, por el que empresas extranjeras interesadas en el mineral habrían confabulado para expulsarlo como mandatario. Luego, el propio ex presidente de YLB, Juan Carlos Zuleta, dijo en una entrevista con DW que la producción de la fábrica creada con ACI Systems era limitada principalmente porque el proyecto «se encomendó a personas que no tenían conocimiento ni experiencia«.

En sus palabras «se usó tecnología inapropiada para las condiciones climáticas del Salar de Uyuni«, lugar en donde están los depósitos más grandes de litio de Bolivia, y criticó abiertamente el acuerdo por ser uno «entreguista«, con todo y que Bolivia conservara el 51% de la producción.

Justo antes de su salida el trato con ACI Systems fue paralizado por el propio Morales. Sin embargo, un informe del gobierno de Bolivia detalló que para 2020 en la planta de inversión mixta ya se producían 6,000 baterías al año. El número es uno insuficiente para colocar a Bolivia como vendedor internacional de baterías, pero la apuesta seguirá siendo por el proyecto con inversión extranjera; el actual presidente, Luis Arce, anunció en 2021 que Bolivia retomaría conversaciones con Alemania con miras en que por fin el país pudiera escalar la producción y comercializar baterías.

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Con ese proyecto, que pareciera sería el definitivo de una vez por todas, el plan es que Bolivia produzca baterías a nivel industrial en otros dos o tres años más. Si el plan funciona a la perfección Bolivia será un competidor real en la venta de baterías hasta 2024 o 2025, según su propio viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez.

El caso es que, entre tensiones, indecisiones políticas y señalamientos de personal poco preparado, Bolivia lleva 14 años desde la nacionalización del litio y sigue sin ser un competidor en el mercado de baterías. El problema es que, en tanto pase más tiempo, el futuro de las baterías ion-litio se pronostica más incierto. Bolivia ya produce industrialmente carbonato de litio, cloruro de potasio y sulfato de potasio, pero no baterías de iones-litio, un mercado que se estimó en 7,000 millones de dólares en 2018 y se prevé aumente a 58,000 millones de dólares para 2024, según la Organización de las Naciones Unidas.

Incluso si el pronóstico más halagüeño se cumple, Bolivia definitivamente se habrá perdido de la ventana de crecimiento del mercado de baterías de litio.

Después del 2024 el futuro del mercado de baterías de litio es todavía más difícil de pronosticar, cuanto más si se considera que varios fabricantes dicen tener desarrollos de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos. Entre las ventajas de la nueva tecnología tras baterías está el que son más baratas de producir y por tanto reducirían también los costos de los autos eléctricos.

Mientras el futuro no se ve claro, el pastel de las baterías es de alguien más. El país que más produce litio en el planeta no es Bolivia o ningún otro país sudamericano, sino Australia, el quinto lugar en reservas de litio. Solo en 2019 sus exportaciones fueron de casi 1,600 millones de dólares y la gran mayoría se destina a China. En toneladas, Australia produjo 40,000 toneladas métricas en 2020 mientras que Bolivia no figura en los primeros siete países, según cifras de statista.

YLB en su momento firmó para crear otra planta con China. La planta fue acusada de construirse con sobreprecio y el entonces gerente de YLB se vio obligado a renunciar

México puede aprender del camino de Bolivia

México tiene una serie de ventajas que Bolivia no. Bolivia es un país de 12 millones de habitantes en el que, según dijo a The New York Times Robert Mintak, director ejecutivo de la empresa especializada en litio, Standar Lithium, no hay mano de obra, tiene muchos riesgos políticos y al no contar con salidas al mar se dificultan las tareas de exportación.

México es solvente en varios de esos temas. Esencialmente comparte con Bolivia los problemas de capacidad tecnológica y procesamiento e industrialización del litio. Si México cierra alianzas estratégicas en esos temas podría aventajar los diez años que le tomó a Bolivia cerrar esos acuerdos. El principio no es diferente. México carece de las tecnologías necesarias para el procesamiento del litio y el problema se ve acentuado con un detalle técnico: en México el litio encontrado en la mina de Sonora es uno mezclado con arcilla, lo que vuelve al proceso particularmente complejo.

La propia ex-secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró en octubre del 2020, cuanto todavía ocupaba el cargo, que el proceso para extraer litio en México «no es eficiente«, principalmente porque el litio encontrado en la mina de Sonora está mezclado con arcilla. La declaración coincidió con que el presidente dijera, también en 2020, que en México no se preveía que el gobierno explotara el litio porque sería un proceso muy caro. «Esto tendrá que hacerse con la participación de la iniciativa privada porque requiere de presupuesto«, dijo.

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No queda claro qué ha pasado en el camino para que, dos años después, las decisiones sobre el litio sean totalmente otras. Tampoco queda claro si, tal y como está escrita la ley minera, habría espacio suficiente para cerrar acuerdos de colaboración con empresas extranjeras tal y como ocurrió en Bolivia, siempre que se mantuviese la participación mayoritaria del estado. Si fuera así el caso, cierto es que México todavía enfrentaría el reto de generar alianzas transparentes para no tener cuestionamientos relacionados con incapacidad técnica de las empresas (al estilo de lo que pasó con ACI Systems) o sobreprecios (al estilo de lo que pasó entre Bolivia y China).

De una u otra forma, México tiene una carrera contra reloj que hace palidecer la que tiene Bolivia. El país sudamericano ya tiene convenios con empresas extranjeras y ha reconocido que su capacidad técnica no es suficiente para generar una industria del litio. Tras la nacionalización en México habrá que esperar si ese reconocimiento ocurrirá pronto o si hasta en ello el caso de Bolivia será profeta.

Fuente: Xataka.

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México conmemora este jueves el Día Internacional contra la Corrupción con la persistente retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con esta “peste”, aunque, según expertos, con los mismos resultados e incluso retrocesos en transparencia.

Aunque llegó en 2018 con la promesa de “desterrar” la corrupción, especialistas señalan que el presidente ha concentrado la lucha anticorrupción en su imagen personal, ha debilitado a las instituciones de transparencia y ha usado al Ejército para justificar la opacidad.

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En general, “ha habido más retrocesos que avances”, opina Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas.

“A pesar de que Andrés Manuel usó como uno de los grandes emblemas de su campaña y de su actual Gobierno el combate a la corrupción, nos ha dado señales de que este combate por un lado no va en serio y, por otro lado, quiere hacerlo fuera de las instituciones”,

manifiesta.

Percepción vs realidad

México mostró una mejora y subió en los primeros dos años del mandato de López Obrador del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

El cambio de sexenio “implicó un cambio muy fuerte a nivel de percepción”, expone Irene Tello, directora ejecutiva de la asociación Impunidad Cero.

“Lo bueno es que se sigue mencionando como el principal objetivo de la actual Administración el combate a la impunidad. También hay que señalar que a nivel de percepción al inicio les había ido muy bien”,

comenta.

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En contraste, creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7% en 2019 del 14,6% en 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo de este Día Internacional contra la Corrupción.

Además, la población en México pagó por la corrupción 12,769.7 mdp, un 64.1% más que en 2017, añadió el Inegi.

Mientras que el Índice de Estado de Derecho 2021, de The World Justice Project, ubicó en octubre pasado a México en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas en corrupción, solo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.

Entre escándalos viejos y nuevos

En este contexto, Tello advierte que “preocupa mucho” que no hay avances en los grandes casos del pasado, ni siquiera en los que el Gobierno menciona como prioridad, como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Preocupa que no se tomen las decisiones necesarias para que realmente se combata la impunidad en los actos de corrupción, no solamente del pasado, sino que ya no se permitan también en la actual Administración”,

expresa la directora de Impunidad Cero.

También funcionarios del Gobierno de López Obrador se han salpicado de escándalos, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto.

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Apenas esta semana se filtró a los diarios que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto mientras dirigió la UIF, que a su vez indagaba la compra de autos de lujo y transferencias millonarias de la inmobiliaria del fiscal.

“No solamente no vemos coordinación, sino que vemos una enemistad abierta entre los propios integrantes del Gobierno, cuando se supone que el gran objetivo de esta Administración es acabar con la impunidad en la corrupción”,

lamenta Tello.

¿Promesa cumplida?

Pese al panorama, López Obrador ha sostenido que gracias a su ejemplo ha limpiado la corrupción del Gobierno “como se barren las escaleras: de arriba para abajo”.

“Lo que debe quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto acabar con la corrupción y la impunidad, sea quien sea”,

expresó el presidente este miércoles en referencia al escándalo de la UIF.

Pero Impunidad Cero y Ethos cuestionan que el “ejemplo personal” sea suficiente, por lo que piden fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que López Obrador ha debilitado.

“A lo que apostamos es a que haya un combate a la corrupción que no dependa de la voluntad política de nadie. Que si ahora está López Obrador y después está otro presidente, que el combate a la corrupción siga teniendo resultados eficaces sin que se use como un arma política”,

declara Toledo.

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La experta de Ethos denuncia “el ataque constante” del presidente a las asociaciones civiles y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Como ejemplo, enuncia el reciente acuerdo del presidente que clasifica como “seguridad nacional” las obras de infraestructura de su Gobierno, lo que empodera a las Fuerzas Armadas e impide solicitar información sobre los proyectos.

“La información que se clasifica como reservada es muy grande y hay cada vez más inconformidades porque no se reciben respuestas. Este sexenio se ha caracterizado por eso, por una menor apertura a la información”,

concluye.

Fuente: Forbes.

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En Sinaloa, la tierra donde gobierna el Cartel de Sinaloa, el 30 de junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un tono indolente y casi sarcástico, reiteró las supuestas bondades de su política de «abrazos no balazos” hacia los carteles de la droga en México. Mientras, éstos aumentan día a día su violencia dejando una estela de miles de víctimas en todo el país.

«Cuando dije abrazos no balazos hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia, es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”,

dijo el Presidente en el territorio de Ismael «El Mayo” Zambada el jefe del Cártel de Sinaloa, dos días antes de la consulta popular a la que él mismo convocó para enjuiciar a ex presidentes por actos de contubernio u omisión, como ahora hace él.

«Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”,

añadió el mandatario con descarnada demagogia.

La realidad es que los programas sociales de AMLO para contrarrestar la pobreza, que según él son la causa de la inseguridad, han fracasado. Según la información dada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una institución del propio gobierno, aunque en 2020 aumentaron las dádivas gubernamentales- repartidas en un contexto de opacidad- éstas en concreto no compensan la disminución de ingresos de las familias ni evitaron el aumento de pobres en México a causa del COVID-19.

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Más allá de los programas sociales, en la estrategia de la política de «abrazos no balazos” está incluida la negociación con los carteles de la droga de la llamada pax mafiosa o paz narca, como se reveló en esta columna en el mes de junio pasado.

A la par que el gobierno hace esas negociaciones, el partido político de AMLO, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), gobierna en más territorios dominados por el narco.

Mientras el Presidente dice en el discurso que «el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, los carteles de la droga en México se frotan las manos ante la política de «abrazos” que les permite incursionar en  un nuevo y muy jugoso negocio: el aumento de producción del fentanilo para su consumo en México.

El fentanilo y similares es el peligroso opioide sintético que aumenta la adicción y ha provocado en Estados Unidos una epidemia que ha causado en los últimos tres años decenas de miles de muertos por sobredosis. Tan solo 2019 causó la muerte de más de 36 mil personas.

De acuerdo con información obtenida por fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y México, está aumentando la venta local de esta droga sintética.

Si el gobierno de AMLO continúa con su política de total tolerancia hacia los carteles de la droga, en el mediano plazo México, además de la crisis de violencia e impunidad, podría enfrentar una epidemia como la de EU.

La crisis que viene

El Departamento de Estado de EU ha comenzado a detectar con alarma el aumento de la producción y consumo del opioide sintético en México.

De acuerdo con información obtenida de fuentes del Departamento de Estado de EU y confirmada directamente por informantes de la Guardia Nacional de México, el aumento de producción de esta droga sintética y su bajo costo de elaboración, han hecho que los carteles ya no solo dediquen el fentanilo y similares al consumo foráneo, sino que han comenzado a distribuirlo en México mezclándolo con todo tipo de drogas.

La información obtenida asegura que en México se vende mariguana, heroína, cocaína y metanfetaminas, mezclada con opioides sintéticos, en la gran mayoría de casos sin conocimiento del consumidor.

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Aunque las áreas de inteligencia y combate al narcotráfico en México tienen también esta información, hasta ahora el gobierno de AMLO no ha implementado alguna acción preventiva o advertencia a la sociedad mexicana.

Si ni siquiera existen campañas nacionales masivas contra el consumo de drogas en general, menos existen sobre el riesgo que conlleva consumir cualquier tipo de droga mezclada con fentanilo u otro opioide sintético.

El riesgo para la población aumenta luego de que en junio pasado la Suprema Corte de Justicia dio los últimos pasos para la legalización de la siembra, recolección, transportación y distribución de la mariguana para uso lúdico personal. Muchos ven a la marihuana como una droga blanda ‘inofensiva’, pero desconocen que ahora en el mercado para consumo nacional, los carteles están mezclando ésta con opioides sintéticos. Los usuarios no sólo pueden volverse más adictos, sino que corren el riesgo de morir.

Los carteles de la droga mexicanos utilizan el fentanilo y similares porque hacen su negocio criminal más redituable. Al mezclarlo con una droga matriz puede compensar la falta de calidad y pureza, la hace más potente. Genera mayor adicción en el usuario, y como su producción es menos costosa, aumenta las ganancias económicas al multiplicar su volumen.

La más mínima variación en el gramaje de fentanilo y similares al momento de mezclarlo con otra droga puede causar depresión respiratoria y un paro cardíaco fulminante.

El diagnóstico

Aunque el gobierno federal encabezado por AMLO ha frenado todos los acuerdos de cooperación en materia antidrogas con el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Plan Mérida, ese país aún mantiene cooperación con gobiernos estatales en materia de capacitación a sus diversos cuerpos de seguridad.

Esto les ha permitido detectar el aumento del fentanilo en el mercado de consumo nacional y la falta de entrenamiento por parte de las autoridades para hacer los operativos de decomiso y destrucción, y para salvar la vida de las personas intoxicadas o recuperar los cuerpos de las personas muertas por sobredosis de este químico.

Si bien desde 2018 comenzó a haber indicios en México del consumo doméstico de fentanilo en la frontera norte, ahora, gracias al intercambio de información con autoridades locales, el gobierno de EU tiene detectado la existencia de laboratorios clandestinos de producción y consumo local en: Sonora, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Morelos, Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua, y que diversas drogas mezcladas con fentanilo están circulando ya en el mercado nacional.

Tuve acceso a uno de los documentos que forman parte del entrenamiento que distintas fuerzas del orden de EU están dando a las policías locales.

En dicha presentación se advierte que «Grupos delictivos han encontrado un mercado nuevo en la producción de fentanilo con ganancias que superan a la venta de drogas tradicionales como cocaína, metanfetamina, marihuana o heroína”.

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Se afirma que el fentanilo y similares es indetectable para los consumidores de drogas tradicionales. Para las propias autoridades también, porque no tiene ningún olor o característica particular que permita identificarlo.

«Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína”,

se afirma en el documento.

El efecto en el consumidor es demoledor: «El fentanilo se une a los receptores del cerebro que controlan las emociones y el dolor (superdepresivo/ superadictivo). Produce un estado de euforia y relajación y los efectos pueden incluir: nausea, vomito, confusión, somnolencia y depresión”.

Se afirma que el uso del fentanilo por parte de los carteles de la droga es doblemente más peligroso que otras drogas porque «la dosis letal de fentanilo es de 2 miligramos para un adulto de 100 kilogramos”.

Las propias características del fentanilo y similares hacen que los operativos del  gobierno para desmantelar los laboratorios clandestinos en donde se produce, sean más peligrosos. Y se afirma que en México ya ha habido casos de oficiales intoxicados, e incluso que han muerto al estar en contacto con la sustancia, por no tener las precauciones debidas.

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Se recomienda que en cada operativo se actúe como si hubiera presencia de fentanilo para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales. Advierten del tipo de equipo especializado que debe ser usado para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales, el cual otrora era proporcionado a través del Plan Mérida.

En el documento del Departamento de Justicia de EU se afirma que en diciembre 2018 en la Ciudad de México se decomisó un taller donde fabricaron tabletas de fentanilo M-30 con una maquina industrial con la capacidad de producción de miles de tabletas  por hora. Era solo el inicio.

En 2019 se encontró otro laboratorio en Monterrey, Nuevo León. En la Ciudad de México se encontró en un vehículo 32 kilos de Clorhidrato de Monohidrato, precursor para producir el fentanilo.

Y en el documento al que se tuvo acceso se muestran diversas fotografías de diferentes decomisos de opiáceos sintéticos realizados por la recién creada Guardia Nacional de AMLO, incluso en 2020.

La producción y comercialización aumentó aún más con la crisis del COVID-19.

Entre más abrazos, más negocios

Durante su gira a finales de julio en Sinaloa, AMLO aseguró que en México la producción de cultivos de amapola y mariguana está disminuyendo drásticamente y que el fentanilo no se produce en México sino que viene de otros países. Pero la realidad aplasta la demagogia.

Hace apenas unas semanas, la Oficina Contra la Droga y el Delito de la ONU informó que México es actualmente es el tercer país con mayor superficie de cultivo del mundo, dedicada a la producción de la amapola, de la cual se extrae el opio.

Aseguró que, junto con Afganistán y Myanmar, México controla el 96 por ciento de la producción de todo el planeta.

Y el documento del Departamento de Estado de USA al que tuve acceso muestra que aunque en 2017 México comenzó a restringir la importación de «fenetil”, en 2020 han llegado al país otros precursores como: 4-Anilinopiperidina (4-AP), anhídrido propiónico y cloruro de propionilo, entre otros. Estos son nuevos pre-precursores de fentanilo que permiten que este sí produzca en territorio nacional tanto para consumo interno como externo.

Durante los últimos 20 años está probado en México que la fórmula de complicidad, permisividad y complacencia por parte del gobierno hacia los carteles de la droga, no más dóciles, sino los hace más violentos. No genera menos muertos ni desaparecidos.

Lo único que causan los «abrazos” de AMLO en las organizaciones criminales es la multiplicación de sus negocios y sus víctimas.

Fuente: Deutsche Welle.

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La tormenta había perdido fuerza cuando cruzó el jueves la península de Yucatán, donde afectó la principal franja turística de México, pero adquirió fuerza rápidamente debido a las aguas relativamente cálidas del Golfo de México antes de alcanzar de nuevo la costa mexicana el viernes por la noche.

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Al menos ocho personas perecieron, entre ellas seis niños, y tres se encuentran desaparecidas a causa de los deslaves e inundaciones, dijo Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz. García señaló que 330.000 personas se quedaron sin electricidad debido a la tormenta y la energía es restablecida en forma gradual.

En una barriada popular de Xalapa, capital de Veracruz, un alud de tierra sepultó una humilde vivienda donde vivía Adán Moreno, un ayudante de una tienda de fierros, junto a su esposa y siete niños.

Moreno relató a la prensa que pasadas las 7 de la mañana vio como parte de un cerro cayó sobre su casa sepultando a toda su familia. Con la ayuda de sus vecinos y otros familiares el trabajador logró sacar con vida a uno de sus hijos, pero su esposa y el resto de los niños perecieron. “Sí les voy a extrañar mucho ellos. No me queda nada que hacer, nada más resignarme”, dijo Moreno con los ojos hinchados por el llanto.

Grace en otros estados

Grace también ocasionó estragos en el estado de Puebla donde 28 municipios quedaron sin energía eléctrica, varias vías quedaron bloqueadas por deslaves y caídas de árboles y 48 personas debieron ser trasladadas a refugios temporales, según informó la gobernación de la entidad.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Grace había perdido fuerza y se ha degradado a tormenta tropical durante su avance por la zona central montañosa de México, al este de la capital del país, y se había disipado después a media tarde.

La tormenta causó el desbordamiento de ríos y deslaves en varias partes y fue necesario realizar evacuaciones, según las autoridades de Veracruz.

En la localidad costera de Tecolutla, Esteban Domínguez observaba las ruinas en que fue convertida su casa. Dijo que la vivienda de su familia había resistido un huracán anterior, pero esta vez los muros no soportaron los embates.

Domínguez señaló que la noche fue espeluznante y preocupante porque había rebasado lo normal.

Horas antes de tocar tierra el viernes, Grace causó vientos fuertes, oleaje alto y lluvia en las comunidades veracruzanas de Tuxpan, Poza Rica, Xalapa y el puerto de Veracruz, así como en localidades costeras en los estados de Tabasco y Tamaulipas, afirmó el Servicio Meteorológico Nacional de México.

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Algunos pescadores sacaron sus embarcaciones del mar y las llevaron hacia el interior para evitar que sufrieran daños, y los comerciantes tapiaron con madera las ventanas y vidrieras de sus locales para protegerlos.

El huracán pasó el jueves cerca de Tulum, una ciudad turística célebre por sus ruinas mayas en Yucatán al lado del mar. Algunas familias vivieron horas de terror en sus refugios debido a las ramas que caían y escombros que salían disparados.

Fuente: L.A. Times.

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La demanda, presentada ante una Corte Federal en Boston, EE.UU., señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales «negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».

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Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

En la presentación de la iniciativa, el gobierno especificó que no se trata de una demanda contra el gobierno de EE.UU., al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas y establecer regulaciones que «no han sido suficientes».

«No puede haber un incidente diplomático porque no es un litigio con el gobierno de EE.UU.», insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que la demanda no sustituye otros esfuerzos necesarios y reconoció que «México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera».

«Pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país», aseguró.

Impacto económico

El gobierno mexicano asegura que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México.

«Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50″,

criticó Ebrard.

Además, el canciller apuntó a que las compañías «están desarrollando diferentes modelos para el narco (…), están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso», aunque no ofreció más detalles.

La demanda, que es fruto de «dos años de trabajo», busca que las empresas demandadas compensen económicamente al gobierno de México con un monto que será determinado en el juicio.

La exigencia se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos citados por el gobierno, podrían ascender a hasta el 1,5% del PIB mexicano.

Qué se demanda a las empresas

Pero, según Ebrard, el objetivo principal del proceso no es un acuerdo económico sino que «se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes».

Así, pidió que las compañías desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, «disciplinar a sus distribuidores» al insistir en que no quedan exentas de responsabilidad del uso de las armas tras su venta.

También abogó por la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en medios enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.

«Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México», resumió.

A la espera de conocer cuál será la respuesta de estas empresas o de la propia Casa Blanca, el gobierno mexicano dejó claro que la demanda no busca interferir en la política estadounidense sobre armas y que el litigio involucra solo a empresas privadas.

También aclaró que el proceso no atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho de la población a poseer y portar armas, sino que se centra en los daños ocasionados en territorio mexicano donde rige una ley distinta.

«Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune»,

concluyó Ebrard.

Problema bilateral

El tráfico ilegal de armas es uno de los temas más complicados en la relación bilateral entre México y EE.UU. Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas ante sus serias dificultades de México por controlar su frontera.

Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego (en 1997, eran solo el 15%) y la mayoría proceden de EE.UU.

A través de su frontera sur cruzan ilegalmente a México cada año miles de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras escondidas en autos o camiones de carga.

Esto ha sido visible en multitud de ocasiones. Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Hace dos años, el gobierno de México dijo que en la década anterior habían entrado ilegalmente al país unos dos millones. Pero en ese período de tiempo, las autoridades solo confiscaron unas 193.000 armas.

La mayoría fue comprada en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para la venta.

La forma más común de operación es el llamado «tráfico hormiga», donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

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Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos, o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo, y que logran así superar la revisión de su historial. Son los conocidos como «compradores paja».

Fuente: BBC.

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