La hermana del exsecretario mexicano, culpado por narcotráfico en EE.UU., fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Edgar Anuar Rodríguez, a quien también se le relaciona con el ex miembro del gabinete de Felipe Calderón.

Tanto Gloria García Luna como Rodríguez son sindicados de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícta.

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En un video aparentemente grabado por un residente de la localidad de San José de Gracia, en el estado occidental de Michoacán, y publicado en las redes sociales, estallaron ráfagas de disparos y el humo cubrió la escena.

La grabación se corta, pero algunos asumieron que todos los hombres, tal vez hasta 17, murieron fusilados.

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La fiscalía de Michoacán afirmó que no puede decir cuántas personas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar porque los atacantes habrían limpiado la escena, lavaron la acera y supuestamente se llevaron los cuerpos. En el lugar, los investigadores sólo encontraron casquillos de bala y una bolsa llena con restos de cerebro.

El ataque del domingo ocurrió afuera de un funeral de la madre de un presunto sicario del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Esta organización criminal, una de las más poderosas de México, ha estado librando sangrientas batallas territoriales en Michoacán contra un grupo local rival, los Viagras, también conocido como Cárteles Unidos.

Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, señaló que miembros de un grupo contrario al que estaba en el velorio acudieron al lugar en busca del presunto sicario, a quien las autoridades solo identificaron como Alejandro.

Según López Solís, ese hombre aparentemente murió en el lugar y los demás cuerpos fueron apilados en camionetas y se los llevaron los atacantes. Otros videos publicados en las redes sociales mostraban dos o tres cuerpos arrojados a una camioneta.

El fiscal agregó que el ataque ocurrió a pocas cuadras de la alcaldía, donde estaban de servicio tres policías locales, pero la policía no fue al lugar ni hizo sonar una alarma, y argumentaron que no tenían fuerza suficiente para intervenir.

Autoridades federales indicaron que ya enviaron un equipo para colaborar en las investigaciones, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana en un comunicado.

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La policía local en México a menudo es superada en armamento y en número por los integrantes de las bandas delincuenciales.

No es la primera vez que los cárteles aprovechan los velorios y funerales de familiares de sus contrarios para atacar contra ellos y tampoco es extraño que estos grupos se lleven a los muertos para hacerlos desaparecer.

Jorge Luis Anguiano, el alcalde del municipio en donde está la comunidad de San José de Gracia, indicó que antes del ataque se vio entrar un gran convoy de vehículos desde el vecino estado de Jalisco, sede del cártel del mismo nombre, y los agentes locales no tenían armamento para intervenir.

Fuente: Los Angeles Times.

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Los abogados de Caminos y Puentes Federales (Capufe) no han interpuesto ninguna denuncia en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa ni otros grupos por los daños generados en las tomas de casetas de la autopista México-Acapulco, a pesar de que es la segunda carretera que más pérdidas ha registrado por bloqueos entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2021.

Las casetas de la autopista México-Acapulco han sido tomadas por estudiantes y otros grupos sociales más de 2 mil 533 veces entre 2017 y 2021, con pérdidas por 741 millones 864 mil pesos para Capufe, operador de diversas tramos de la red del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Durante 2019, las casetas de la autopista México-Acapulco fueron sitiadas más de 878 veces, a pesar de una serie de acciones emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señala el Fonadin.

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Ni siquiera el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la caseta de Tlalpan, en la Ciudad de México, evitó que ese año fuera el de mayor número de bloqueos, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso Forbes México.

Según un estudio de 2018 de Capufe, el organismo encargado de la administración del Fonadin, más de la mitad de los viajeros encuestados no se sentían seguros al viajar por la autopista México–Acapulco.

La toma de casetas, especialmente en Palo Blanco, Guerrero; los homicidios, las obstrucciones del camino con piedras y los retenes militares generan miedo a los turistas.

“Los viajeros se sienten más bien desprotegidos, incluso algunos han cambiado sus hábitos de viaje, y ya no viajan en la noche o la madrugada, o bien, no hacen paradas”,

agrega la encuesta de Capufe.

Asimismo, encontró que los automovilistas ya no hacen uso de miradores ni zonas de descanso, incluso durante el día, sobre todo en Guerrero.

El Fondo Nacional de Infraestructura explica que por cada toma se realiza una denuncia ante la autoridad competente, ya que “cada Unidad Regional de Capufe cuenta con una Unidad Jurídica responsable y encargada de todos los procesos judiciales que se deriven por todas y cada una de las tomas de casetas”.

Los abogados de Capufe interpusieron más 749 denuncias por los daños registrados en la autopista México-Querétaro del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021.

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Durante ese periodo, las tomas de casetas y bloqueos de la autopista más importante de México generó una pérdida de 206 millones 632 mil pesos a Capufe. Fueron tomadas las casetas unas 751 veces. 

Según el Fonadin, los abogados de Capufe interpusieron 492 denuncias en contra de quien resulte responsable por la toma y daños de las casetas de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y acudieron unas 403 veces al ministerio público para interponer demandas por los bloqueos de la carretera de cuota Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. También hubo 234 quejas ante las autoridades competentes por los daños y las tomas de la casetas México-Puebla.

Por la toma de casetas de la autopista Estación Don-Nogales, que corre por el corazón de Sonora, se interpusieron  219 denuncias en contra de 7 personas y “a quien corresponda”.

Forbes México informó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) perdió más de 4 mil 999 millones de pesos por la toma de casetas realizadas por los integrantes del Movimiento Libre Tránsito, las comunidades del pueblo yaqui y otros grupos sociales en Sonora entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.

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El Movimiento Libre Tránsito, una agrupación creada en 2017 por Alfonso Canaan Castaños, y el Pueblo Yaqui sitiaron más de 7 mil 648 veces las casetas de cobro ubicadas en la Estación Don-La Jaula, Fundición, Esperanza, Guaymas, Hermosillo y Magdalena de Kino de la carreta de la Carretera Federal 15, que es administrada y operada por Capufe.

La Carretera Federal 15, que pasa por los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, es la que registra el mayor número de tomas de casetas y pérdidas provocadas por los bloqueos de los grupos sociales sonorenses.

Capufe registra una pérdida de 6 mil 78 millones de pesos desde que llegó como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las mermas de Capufe fueron de 2 mil 044 millones de pesos durante todo el gobierno Enrique Peña Nieto y de  30 millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa por las tomas de casetas.

Fuente: Forbes.

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Unos optan por hacerlo de manera visible y en grupo, como la caravana que sigue avanzando por el sur, ya con menos de un millar de personas. Otros escogen las rutas clandestinas controladas por los traficantes, como aparentemente hicieron las casi 200 personas que las autoridades localizaron el miércoles hacinadas en un hotel del norte del país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó en un comunicado que 195 migrantes, la mayoría centroamericanos y entre los que había menores, fueron detectados en Apodaca, una localidad en las afueras de la ciudad de Monterrey, hacinados, “sin alimento ni agua, en cuartos de un hotel”.

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Ochenta eran de Honduras; 38 de El Salvador; 36 de Guatemala; 36 de Nicaragua; una de Cuba; una de Perú y tres de la República Dominicana.

Los migrantes, que fueron detectados por la fiscalía estatal, quedaron bajo tutela del INM, que ante este tipo de situaciones suele retenerlos en estaciones migratorias o devolverlos a sus países de origen.

El mismo miércoles, también en el norte del país, la fiscalía federal informó en un comunicado de la localización de 54 migrantes de Honduras, Guatemala y Nicaragua que aparentemente estaban en cautiverio en tres domicilios distintos de la ciudad de Nogales, fronteriza entre los estados de Sonora y Arizona.

En las últimas semanas, las acciones de detención de migrantes que transitan por México de manera irregular han ido acompañadas de ofrecimientos de regularización propuestos por el INM a los integrantes de la caravana, la cual lleva casi un mes caminando por el sur de México. En un momento dado llegó a reunir a unas 4.000 personas.

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Después de recorrer casi 500 kilómetros desde que el 23 octubre salieron de la ciudad de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, apenas queda un millar de personas, que el miércoles pasaban la noche en una comunidad del municipio de Jesús Carranza, en el estado de Veracruz. El resto se ha ido separando del grupo o ha aceptado la propuesta del gobierno.

“Voy a confiar en ellos, ya no quiero seguir caminando, no puedo. Yo lo que quiero es trabajar y, si es cierto, lo voy a aprovechar”, dijo el hondureño José Luis Rodríguez, que confiaba en obtener los papeles de regularización y encontrar un empleo en Monterrey, donde amigos suyos le dijeron que necesitaban mano de obra.

A lo largo del miércoles, mientras unos grupos se subían a plataformas de camiones para avanzar más rápido y otros seguían caminando, aproximadamente medio centenar de migrantes hicieron lo mismo que Rodríguez. Según el INM, más de 1.500 habían aceptado la propuesta que miembros del instituto les reiteran en cada parada del camino.

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“No los vamos a regresar en Tapachula”, garantizaba el martes desde el vecino estado de Oaxaca Héctor Martínez Castuera, el funcionario del INM que ha estado negociando con los integrantes de la caravana.

“A nombre del gobierno federal, reiteramos lo que el Instituto Nacional de Migración ha venido manifestando: Uno, regularizar a todas las mujeres embarazadas con su núcleo familiar; los menores con su núcleo familiar; a las personas en estado vulnerable y su núcleo familiar; a discapacitados y a adultos mayores con su núcleo familiar”.

La desconfianza, sin embargo, persiste porque el INM decía que, para poder acogerse a esta propuesta, los migrantes debían ser trasladados a otros estados del país.

Fuente: Los Angeles Times.

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El gobierno mexicano anunció el miércoles la activación de un batallón de más de un millar de militares en el estado sureño de Quintana Roo luego de los recientes ataques armados en la Riviera Maya, una de las joyas del Caribe mexicano, que dejaron cuatro fallecidos, entre ellos dos turistas extranjeras.

A partir del 1 de diciembre comenzará a operar en la Riviera Maya y otros municipios de Quintana Roo un batallón de 1,445 elementos de la Guardia Nacional como parte de un plan de apoyo para reforzar la seguridad en la región turística, que incluirá la instalación de un cuartel en la localidad de Tulum, anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, desde la ciudad sureña de Cancún.

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Durante la conferencia presidencial matutina, Sandoval dijo que en el plan participará también una unidad especial de la Armada con un centenar de elementos y se reforzarán las labores de inteligencia para hacer frente a las organizaciones delictivas.

El reforzamiento de la seguridad en Quintana Roo se da luego de los violentos eventos ocurridos el 20 de octubre en Tulum que dejaron dos turistas extranjeras fallecidas y otros tres heridos de bala. El 4 de noviembre, en una playa de la Bahía Petempich de Puerto Morelos, perecieron dos hombres tras un ataque armado en medio de decenas de turistas de unos 15 hombres presuntamente vinculados con bandas de narcomenudeo, según indicaron las autoridades.

Por los eventos fueron detenidas al menos 11 personas supuestamente vinculadas con organizaciones criminales.

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“Eso no se puede repetir. Tenemos que evitar que eso suceda. Por eso es el plan para reforzar la seguridad”,

dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los hechos violentos ocurridos en Tulum y Puerto Morelos.

La imagen de Cancún y la Riviera Maya, dos de las joyas turísticas de México por los miles de visitantes locales y extranjeros que reciben cada año, se ha visto golpeada por los recientes incidentes violentos que han sido asociados a bandas vinculadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos, que se disputan el control de la venta de droga al por menor no ya en zonas marginales sino en plena playa y en los hoteles más exclusivos.

A inicios de mes el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que las autoridades han detectado que en Tulum y Puerto Morelos operan 12 bandas de narcomenudeo.

Las políticas de seguridad desarrolladas por López Obrador durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionadas por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo aplican acciones aisladas, con el apoyo de los militares, que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad.

Fuente: Al día Dallas.

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La hermana de Cecilia Cubas, enterrada viva por las Farc bajo el asesoramiento de Rodrigo Granda, cuestionó la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de haberlo dejado libre, pese al pedido de extradición de Paraguay para ser sometido a la Justicia.

“Quedó claramente demostrado que no hubo la voluntad política (del Gobierno mexicano) de dar cumplimiento a la orden de captura internacional y alerta roja de Interpol. Para nosotros, en todo momento fue una actitud colaborativa hacia Granda, cuando la actitud debería haber sido la de colaborar con el gobierno paraguayo por el juicio que tiene pendiente por el asesinato de mi hermana”,

señaló Silvia Cubas en la radio de Asunción 1000 AM.

El fiscal de la unidad Antisecuestro, Lorenzo Lezcano, aseguró que Paraguay envió a tiempo a México el exhorto de extradición del exjefe de las FARC Rodrigo Granda.

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Lezcano señaló en el programa Momento Justo de radio ABC Cardinal 730 AM que el documento exigido por México llegó a ese país incluso antes de que despegara el avión en el que Rodrigo Granda regresó a Colombia.

El fiscal no dudó en opinar que las autoridades mexicanas simplemente no quisieron cooperar con la justicia paraguaya, publica el periódico ABC de Paraguay.

El comisario Nicolás González, jefe de Interpol Paraguay, confirmó que “la parte de Migraciones difundió el código rojo; lo que hizo Migraciones (de México) fue demorarlo, no dejarlo entrar y devolverle por donde vino”, explicó. El Gobierno de México pudo haberlo detenido, no quiso.

El embajador de México en Paraguay Juan Manuel Nungaray dijo que Landa “nunca fue detenido por las autoridades mexicanas porque nunca ingresó a territorio mexicano”. Sin embargo confirmó que la documentación de solicitud de detención y extradición sí la envió la cancillería paraguaya, pero “no hubo tiempo”; Granda ya estaba en el avión.

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Cecilia Cubas fue secuestrada al salir de su trabajo el 21 de septiembre de 2004. Rodrigo Granda asesoró a quienes llevaron a cabo el secuestro, miembros del llamado Ejército Paraguayo del Pueblo.

Como pruebas del involucramiento de las Farc, en particular de Rodrigo Granda, son una serie de correos electrónicos entre el colombiano con el cabecilla del Ejército Paraguayo del Pueblo, Osmar Martínez.

Granda los asesoró, dio instrucciones y hasta cobró 10% del dinero que pagaron por la liberación de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas Grau, que nunca ocurrió. La enterraron viva.

Los secuestradores citaron a familiares de Cecilia Cubas en el centro comercial Shopping Multiplaza, en la capital de Paraguay. Debían ir al baño, y detrás de un WC buscar una nota con el correo a través del cual se comunicarían en adelante: cantagrillo2000@yahoo.com.ar, y la clave era amanezien2.

El error

“No nombre más a la chica, diga la fruta, ni nombre a la cana (policía)”, eran las instrucciones. Los mensajes, aterradores: “Por su salud no se preocupe, la fruta (Cecilia) está bien, preocúpese por su vida, les doy una semana para que respondan en su totalidad”,

reveló el hebdomadario colombiano Semana.

Cometieron un error y ahí se empezó a desenredar la madeja. En el correo electrónico de contacto, dentro de la carpeta de enviados encontraron un correo que olvidaron borrar, dirigido a la cuenta musguero@hotmail.com. Para ese momento, las acciones de inteligencia no permitían acceder a cuentas, así que fue necesaria una solicitud a Microsoft para conocer quién estaba detrás.

Usaba el nombre de Gerardo Acosta, pero se trataba de Osmar Martínez, secretario general del Partido Patria Libre, cuyo brazo armado era el EPP. Martínez fue condenado a 35 años de cárcel por este secuestro y asesinato, y murió en prisión por un paro cardiorrespiratorio en 2015. Ahí se encuentran conversaciones con una persona denominada Rosendo Martínez, quien en realidad era Rodrigo Granda.

Fuente: El Economista.

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Entre las personas secuestradas la madrugada del martes en el hotel Sol y Luna del municipio de Matehuala había 22 extranjeros, que fueron rescatados en un lugar «despoblado» y a los que llevarán a la capital del estado para que reciban atención médica y psicológica, así como alimentación, según el reporte de las autoridades.

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Entre los extranjeros hay haitianos y cubanos, según el fiscal del estado, quien explicó que en un principio se les había informado que también había venezolanos.

Entre ellos estaban los menores y la mujer embarazada, a quien la Cruz Roja ya atendió de manera preventiva.

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La investigación para dar con el paradero de los responsables está en curso. La fiscalía afirma que presuntamente usaron camionetas para llevarse a las personas del hotel.

Además, las autoridades se comunicarán con las familias de las personas que fueron secuestradas «para evitar sean víctimas (de) algún delito que afecte su patrimonio como puede ser una extorsión», dijo la Fiscalía.

Fuente: CNN en español.

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó este miércoles que inició una carpeta de investigación relacionada con el hallazgo de cinco cuerpos en el municipio de Tangamandapio.

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Las víctimas, todos hombres, presentaban heridas provocadas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, esto según informó la FGE a través de un comunicado.

Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada.

“En el lugar, personal de la Unidad de Servicios Periciales y de Escena del Crimen (USPEC), ubicó, fijó y recolectó indicios balísticos que fueron embalados para su posterior análisis”,

se lee en el comunicado.

El miércoles 14 de julio, un comando de presuntos sicarios atacó a balazos las oficinas municipales de Tarecuato, una de las comunidades más importantes de Tangamandapio.

El ataque desató un enfrentamiento con la policía local, por lo que seis comercios más fueron baleados e incendiados con bombas molotov por los supuestos delincuentes, quienes en su huida tomaron por la fuerza dos tractocamiones y una camioneta a los que prendieron fuego para bloquear carreteras de acceso a Tangamandapio.

En esa ocasión, la FGE informó que un hombre murió baleado y calcinado al interior de uno de los comercios, en tanto que dos jóvenes de 17 años de edad fueron detenidos a bordo de una camioneta con un arsenal compuesto por 11 rifles de asalto, estrellas “poncha neumáticos”, chalecos tácticos, siete artefactos explosivos y cientos de balas y cargadores.

Los municipios michoacanos de Zamora, Uruapan y Morelia, este último capital del estado, han sido recientemente incluidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dentro de las ciudades más violentas de México.

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En los primeros seis meses del año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Michoacán se han cometido mil 569 homicidios, de los cuales mil 64 fueron homicidios dolosos.

Tan sólo en lo que va de julio, en Michoacán se han registrado 144 víctimas de homicidio, 17 de ellas el 11 de julio, el día más mortal del mes hasta la fecha.

Fuente: Latinus con información de EFE.

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