En el año 2022, un total de 11.518 estadounidenses recibieron la tarjeta de residente temporal en México, según los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del país latinoamericano. La cifra implica un aumento con respecto al año anterior, cuando se habían contabilizado un total de 9.086. En 2020, el año de la pandemia, mientras tanto, el número había sido 5.393 (un descenso frente a los 6.564 de 2019). En otras palabras, de 2020 a 2022 la cifra estuvo cerca de duplicarse.

Casi 7.000 de las tarjetas del año pasado corresponden a estudiantes, según la clasificación que hace el organismo. Le siguen los casos de rentistas, cerca de 3.500, y luego los de trabajadores que se cifran en unos 2.300.

Los estadounidenses que obtuvieron la tarjeta de residencia temporal en 2022 representan casi un 20% del total de extranjeros que tuvieron luz verde con este trámite (59.156 exactamente). Son el país del que más gente ha tramitado esa documentación, seguidos por diferencia de Colombia y Cuba.

La tendencia en alza coincide con un aumento de los totales de extranjeros que se asientan con la habilitación de residentes temporales en el país, que pasó de unos 35.000 en 2020 a cerca de 59.000 en 2022.

Según el Departamento de Estado, cerca de 1,6 millones de estadounidenses viven en México.

Ciudad de México, un refugio de nómadas digitales

Un factor en juego para los estadounidenses es el aumento del costo de vida en su país, que en 2022 registró su peor índice de inflación en 40 años.

Los costos cada vez mayores de la compra y alquiler de vivienda, así como de la comida y los servicios, han llevado a estadounidenses a instalarse en Ciudad de México, en muchos casos aprovechando la posibilidad de teletrabajar. Esto les permite cobrar en dólares, un negocio para los bolsillos de los estadounidenses.

The Economist, que todos los años publica el listado de las ciudades del mundo más caras para vivir, incluyó el año pasado a 22 estadounidenses entre un total de 172. Entre ellas estaban Nueva York, California, Portland, Boston, Chicago y Charlotte.

Ciudad de México, mientras tanto, se situó recién en el onceavo puesto de las ciudades más caras de América Latina, según el ranking de 2022 de la compañía de movilidad global ECA International. Es más barata que otras múltiples capitales de la región como Buenos Aires, Montevideo, Lima y Quito, y también más barata que gigantes como Río de Janeiro y Sao Paulo.

«En San Diego mi apartamento costaba US$ 2.500, era un estudio. Aquí tengo un departamento de un dormitorio por US$ 800», 

contó a David Culver de CNN Erik Rodriguez, uno de los tantos inmigrantes radicados en la capital mexicana, que está oficialmente en calidad de turista.

Para él, que apenas hablaba español, el cambio no se trató de conectar con sus raíces latinas, sino de una ecuación. Sin embargo, se siente cómodo. «Se empieza a sentir como estar en casa. Ya llevo varios meses aquí», dijo.

Una inmigración con costo alto para los locales

El cambio es negocio para los estadounidenses, que llegan con su moneda fuerte, pero no necesariamente para los locales, que a pesar de la inyección para la economía que supone la llegada de nuevos habitantes con poder adquisitivo, también han visto los precios de la vivienda aumentar por la demanda de los extranjeros.

Ese es el caso de Sandra Ortiz, quien durante años tuvo un restaurante familiar en el popular barrio conocido como la Roma. A medida que los precios subieron, se les volvió imposible de sostener y terminaron desalojados, con las pertenencias en la acera de un momento a otro. Ortiz se quedó sin negocio, hoy trabaja en otro restaurante y no ha vuelto a su zona de antes. «Mucho dolor», dice.

Los mexicanos también luchan contra una alta inflación: cerró diciembre en un 7,82 a tasa anual y en enero no mostró signos de baja. A eso se suma que, según expertos, en 2023 el país no llegaría a alcanzar los niveles de crecimiento del año pasado, que fue del 3%.

Fuente: CNN en español https://cnnespanol.cnn.com/2023/02/10/estadounidenses-en-mexico-crecimiento-orix/.

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Un grupo de 10 personas, conformado por tres familias con niños y adolescentes, fueron las primeras en refugiarse en uno de los albergues de la Unidad Deportiva Reforma, acondicionada por autoridades municipales y del estado mexicano de Baja California y ubicada a unos 15 kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro.

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Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de Tijuana, dijo a EFE que el principal desafío que enfrenta la ciudad con la llegada y retorno de migrantes es el alojamiento, “el poder brindarles un techo y que no duerman en la calle”.

Por ello, las autoridades acondicionaron con todos los servicios y atención esta unidad deportiva, que tiene capacidad para alojar a 300 personas y servicios de atención médica y psicológica disponibles hasta el próximo 1 de diciembre.

“Los apoyaremos mientras determinan su situación, ya sea que decidan retornar a su país, incorporarse a la vida laboral en Tijuana o continuar con el proceso de asilo a Estados Unidos”,

dijo el funcionario.

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Mencionó que los venezolanos llegan a Tijuana en circunstancias adversas y en mal estado emocional por la travesía desde su país hasta esta frontera, además de que en centros de detención no se les informa a dónde los llevan y por dónde los están retornando.

La incertidumbre ha aumentado desde que Estados Unidos anunció el mes pasado que otorgaría más de 20.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por aire y tengan un patrocinador, pero, a la par, expulsará de inmediato a quienes crucen la frontera terrestre.

Jesús Bonillo, migrante venezolano alojado en el albergue, compartió a EFE que está en la ciudad con su esposa y sus dos hijos, quienes fueron retornados la noche del martes después de que el pasado domingo se entregaran a las autoridades migratorias estadounidenses por la frontera de Ciudad Juárez.

“Por ahora estamos aquí y mi familia se siente bien, tenemos dónde dormir, dónde bañarnos y estamos positivos, con la frente en alto y con ganas de seguir luchando y lograr nuestro objetivo”,

sostuvo.

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Bonillo dijo que a su país no regresa porque lo abandonó por la inestabilidad económica y lo que quiere es “darle un mejor futuro a los hijos en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades.

Desde el pasado 13 de octubre, cuando comenzaron a retornar a migrantes por la frontera de Tijuana, hasta la fecha han llegado 1.057 venezolanos y, según autoridades, la mayoría ha desistido de quedarse en la ciudad.

El hecho refleja la migración récord en la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detuvo en el año fiscal 2022 a un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.

Fuente: The San Diego Union-Tribune https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2022-11-02/abren-albergues-en-la-fronteriza-tijuana-para-venezolanos-deportados-a-mexico.

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Se agolpan por toda la frontera de México con Estados Unidos, llenan campamentos improvisados y caminan en el polvo bajo un puente internacional con afiches que piden ayuda: “S.O.S. HELP”.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua duermen en las calles, piden comida y se preocupan por su destino. Algunos han recurrido a las autoridades locales para solicitar un salvoconducto de regreso a casa. Otros han prometido perseverar y llegar hasta Estados Unidos.

Un cambio abrupto en la política de inmigración del gobierno de Joe Biden en este mes ha dejado, prácticamente de la noche a la mañana, a decenas de miles de migrantes venezolanos —que recorren desde el sur de Centroamérica hasta la frontera entre México y EE. UU.— varados en un limbo burocrático.

El país que muchos habían dejado atrás, Venezuela, ha caído en el autoritarismo y la ruina económica, ocasionando la mayor crisis migratoria en el hemisferio occidental. Desde 2015, alrededor de uno de cada cuatro venezolanos ha salido de su hogar.

El país al que intentan llegar, Estados Unidos, les cerró la puerta a la mayoría de ellos el 12 de octubre, al imponer una regla que obligó a muchos a volver a México, una respuesta radical frente a un problema humanitario complejo que ha enviado a una cantidad récord de personas a la frontera este año.

“Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar”, dijo Darrins Arrechedra, de 31 años, un hombre de Venezuela que dijo que había atravesado 10 países para llegar a Estados Unidos y arribó a la frontera un día después de que la gestión de Biden dejó de admitir venezolanos.

Arrechedra, quien había intentado vivir en Chile antes de emprender el viaje al norte, estaba detrás de una oficina de ayuda a los migrante en Ciudad Juárez con vista al perfil de El Paso al otro lado del río Bravo, en Texas.

Dijo que tenía amigos en Estados Unidos que le habían prometido trabajo y que para llegar tan lejos había vendido sus pertenencias y agotado sus ahorros. “En realidad no tengo como que un plan ahorita”, dijo.

En los últimos meses, grandes cantidades de migrantes venezolanos han salido de Sudamérica al correrse la voz de que Estados Unidos no tenía un modo fácil de mantener fuera a la mayoría de ellos y que se les permitiría entrar al país y pedir asilo.

Casi todos han pasado por el Tapón del Darién, un tramo selvático peligroso que conecta Centro y Sudamérica y que se ha convertido en escenario de una batalla lacerante en el que los migrantes enfrentan deshidratación, hambre e incluso la muerte.

El aumento ayudó a impulsar un intenso debate en Estados Unidos por la inmigración. Gobernadores republicanos enviaron migrantes a comunidades demócratas en el norte por avión y autobús, lo que ocasionó que la ciudad de Nueva York construyera un campamento y declarara un estado de emergencia para poder enfrentar su llegada.

El 12 de octubre, tras una presión política cada vez mayor, el gobierno de Biden anunció que ampliaría la aplicación de una regla de salud pública de la presidencia de Donald Trump que le permite expulsar a los venezolanos que llegan a la frontera.

La meta, según una explicación de la política publicada en la gaceta oficial de la federación, era “mejorar la seguridad” en la frontera “al reducir la migración irregular de ciudadanos venezolanos”.

México había aceptado recibirlos tras un acuerdo que incluía una mayor cantidad de visas estadounidenses para migrantes de México, Centroamérica y Haití.

La medida fue criticada de inmediato por muchos grupos de defensa de los migrantes, que dijeron que representaba una ampliación de una política que despojaba ilegalmente a las personas del derecho a pedir asilo así como una respuesta inhumana ante una crisis devastadora.

Al anunciar que cerraría el paso a la mayoría de los venezolanos, Estados Unidos creó un programa humanitario para que 24.000 de ellos puedan ingresar al país si hacen la solicitud de manera remota.

Se espera que las expulsiones de venezolanos superen por mucho esa cantidad y más de 50.000 personas atravesaron el Darién en las primeras tres semanas de octubre, según las autoridades panameñas.

“Esta política no reconoce que el desplazamiento venezolano está en el mismo nivel que el de cualquier país devastado por la guerra”, dijo Maria Corina Vegas, parte del liderazgo de ABIC Action, un grupo de defensoría estadounidense que impulsa una reforma migratoria que beneficie a las empresas. “No atiende nuestro sistema disfuncional de inmigración ni tampoco la escasez de mano de obra que afecta nuestros negocios y economía”.

Sin embargo, el gobierno de Biden argumentó que estaba fomentando una vía de entrada más segura para algunos migrantes venezolanos.

“Quienes sigan el proceso lícito tendrán la oportunidad de viajar de forma segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”, dijo el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, al presentar el programa.

Antes de la nueva medida, a la mayoría de los venezolanos que cruzaban la frontera se les permitía comenzar la solicitud asilo, un proceso que puede llevar años en decidirse y para el que solo califica un pequeño porcentaje de migrantes.

Unos 1200 venezolanos cruzaban la frontera suroeste al día antes de que el gobierno de Biden anunciara la nueva política, dijeron las autoridades estadounidenses. En días recientes, la cantidad cayó a unos 150 diarios.

Durante los primeros 10 días de la política, alrededor de 5100 venezolanos fueron devueltos a México, según Naciones Unidas.

Pero la medida parece haberse concebido sin un plan claro para quienes son expulsados a México.

Muchos vendieron sus hogares y pertenencias para hacer el viaje y gastaron los últimos ahorros para poder llegar hasta la frontera.

El viernes, el gobierno mexicano organizó una reunión de emergencia con las organizaciones de ayuda para discutir los pasos siguientes.

En un mensaje a los medios, el gobierno de México anunció que estaba aumentando la capacidad de sus albergues y que contemplaba trabajar con organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y la Cruz Roja, para permitir a los migrantes permanecer en México, lo que podría incluir otorgar permisos de trabajo.

Pero en los últimos días, los venezolanos en Ciudad Juárez que habían sido devueltos de la frontera recibieron una forma de la autoridad migratoria mexicana que indicaba que tenían que salir del país “por sus propios medios” en los siguientes 15 días. Cuando se le pidió comentar, un funcionario de inmigración dijo que los migrantes podrían prolongar su estadía si solicitaban asilo.

Por todo México y Centroamérica, muchos venezolanos intentan dilucidar qué sigue ahora y hay pocas respuestas.

En Guatemala, Panamá y Honduras, las autoridades de migración trabajan con los consulados venezolanos y las Naciones Unidas para ayudar a las personas que desean volver a Venezuela.

Pero la situación se complica debido a que muchas personas no cuentan con pasaportes ni con dinero para costear un boleto de avión.

Tras el anuncio de la nueva política estadounidense, el gobierno de Guatemala dijo que más de 90 migrantes venezolanos habían decidido recientemente volver a casa, y que se les asignarían vuelos luego de que amigos o familiares accedieran a pagar sus pasajes.

La crisis en Venezuela empezó hace casi una década cuando la corrupción y la mala gestión de un gobierno autoritario de inspiración socialista ocasionaron una debacle económica, que ha sido exacerbada por las sanciones de Estados Unidos.

Durante años, los venezolanos migraron a países vecinos en Sudamérica, pero dado que la pandemia y la inflación global han golpeado a esas economías, muchas personas partieron rumbo a Estados Unidos.

Este mes, las Naciones Unidas dijo que más de 7,1 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015, lo que convierte al éxodo del país en el más numeroso del mundo.

El programa creado por las autoridades estadounidenses que permite a algunos venezolanos solicitar el ingreso legal desde otros lugares sigue el modelo de una iniciativa diseñada para los ucranianos. Requiere que los venezolanos tengan un pasaporte válido y a alguien en Estados Unidos dispuesto a auspiciarlos.

Mientras que el programa ucraniano está abierto para una cantidad ilimitada de personas, la versión para los venezolanos tiene un límite de 24.000 participantes.

Este año, al menos 150.000 venezolanos han llegado a la frontera con Estados Unidos.

Algunas organizaciones que trabajan con temas migratorios elogiaron la creación de un camino legal, aunque sea estrecho. Cuatro venezolanos llegaron al país recientemente gracias al nuevo proceso.

Pero los críticos dicen que el programa va a descalificar a los venezolanos más pobres, muchos de los cuales carecen de los documentos requeridos y no conocen a nadie en Estados Unidos. El programa también descalifica a las personas que ingresaron a Panamá o México después del 19 de octubre, lo cual incluye a muchas de las que actualmente viajan hacia la frontera estadounidense.

“Es algo devastador el saber que de nada sirvió toda esta travesía”, dijo Margaret Diaz, de 28 años, quien llegó a la frontera de Estados Unidos dos días después de que se anunció la política de expulsión.

Diaz dijo que su esposo y las hijas pequeñas de ambos vendieron “lo poco que teníamos” y pidieron dinero prestado antes de salir de su hogar en Chile el mes pasado.

Cuando Diaz y su familia se presentaron ante las autoridades estadounidenses el 14 de octubre, fueron trasladados a un centro de detención. Recuerda haber pensado: “Si nos reciben es porque ya somos ganadores”.

Varios días después, no obstante, los subieron a un autobús que ya llevaba a otros venezolanos y los dejaron en Ciudad Juárez.

Recordó voltear a ver a su esposo, quien estaba llorando.

Para llegar a Estados Unidos, Jonnaleth Hidalgo, de 22 años, había caminado con su esposo y su hija pequeña por el Darién, que describió como “infierno en la Tierra”.

En el camino casi se ahogaron.

La semana pasada, en Ciudad Juárez, mientras la fuerza del sol empezaba a calentar una mañana fría, Hidalgo era una de alrededor de 60 venezolanos que avanzaron a una zona de la frontera que se halla justo enfrente de un puesto migratorio estadounidense del otro lado del río.

Bajo la mirada de los agentes, el grupo desplegó mantas que pedían ayuda.

Vestida con una camiseta blanca, describió la protesta como un intento desesperado “para mostrar a los que están del otro lado que tenemos derechos humanos”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/10/24/espanol/venezolanos-estados-unidos-mexico.html.

La entrada Miles de venezolanos varados en un limbo burocrático en la frontera entre México y EE. UU. se publicó primero en México 24 siete.

A veces el futuro pende de un papel, de un documento, de una carta certificada que hay que presentar. Exactamente a 200 metros del paso fronterizo entre El Paso, en Texas (Estados Unidos), y Ciudad Juárez (México), la tienda «Selecto Services» ofrece estos servicios.

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«Necesita imprimir su documento I-94. Aquí le ayudamos» está escrito en la pestaña del balcón gris. Todo en español, el público objetivo está claro. El documento I-94 sirve para entrar y salir de EE. UU. y, como todos los demás servicios, ya sean notariales, traducciones o de envío dentro de EE. UU., los están dirigidos a los inmigrantes. El primer paso hacia una nueva vida comienza a veces con un fax o una simple copia impresa.

Descenso en la pandemia

Antes de la pandemia, en 2019, 22 millones de autos y 7,2 millones de peatones cruzaron lafrontera de México a EE.UU.  En 2020, el primer año de la pandemia, el comercio entre las dos ciudades fronterizas se redujo en un 60 por ciento y, en algunos momentos, cayó hasta el equivalente a 512 millones de euros. Mientras tanto, la situación se ha recuperado, lo que es una bendición para el comercio minorista a ambos lados de la frontera.

A pocos metros del servicio de fax de la calle «El Paso», en la ciudad del mismo nombre, se ha desarrollado una microeconomía que ofrece a los recién llegados todo lo que necesitan desesperadamente. El transporte, las telecomunicaciones, la ropa y otras cosas que, a veces, pueden resultar cruciales. Un puñado de empresas ofrece transporte en autobús a las distintas metrópolis estadounidenses.

Tres camisetas por cinco dólares

«En contra de lo que afirman algunos políticos, aquí no hay ninguna invasión. Las personas que llegan tienen casi todas un destino claro y siguen viajando desde aquí a todo el país. No suelen quedarse en El Paso», afirma Marco Raposo, de la diócesis de El Paso, en entrevista con DW. Su departamento se ocupa de los inmigrantes que llegan.

Antes de subir al autobús, muchos compran ropa nueva si la actual está hecha jirones por el largo viaje. Un paquete de tres camisetas cuesta a partir de cinco dólares y los zapatos, cuatro. Muchas tiendas están bajo gestión asiática, obviamente con conexiones directas con la producción barata de China o Bangladés.

Migrantes con un plan claro

Esta microeconomía tiene una clientela casi cerrada. Solo unos pocos turistas o residentes de El Paso se mezclan con los migrantes. Tampoco se trata del disfrute de ir de compras, sino de hacer recados rápidos y necesarios de camino a algún sitio. «Los migrantes suelen tener un plan claro. Están en contacto con familiares en una ciudad americana, quieren trabajar cuanto antes y, para ello, tienen que hacer algunas cosas sobre la marcha», dice Raposo.

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La misma imagen al otro lado de la frontera. En Ciudad Juárez, en el norte de México, se trata de completar la última etapa en el camino hacia Estados Unidos. Aquí, en los últimos metros antes del «Puente Internacional Paso del Norte», el puente fronterizo, hay un sinfín de oficinas de cambio, donde los que llegan pueden cambiar sus monedas por dólares. Para muchos, se trata de un primer choque de realidad: el dólar es más fuerte que nunca estos días.

Fuente: DW.

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La persecución se produjo cuando la policía le pidió al conductor de una camioneta Ford 150 que se detenga y éste siguió de largo el control.

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Un funcionario de la fiscalía, quien pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar el caso, indicó que desde la camioneta hubo disparos contra la policía por lo que los agentes abrieron fuego contra el vehículo y mataron a un presunto traficante de migrantes identificado como Fernando “N”.

En el vehículo viajaban cinco migrantes cuyas nacionalidades e identidades no fueron informadas por las autoridades.

En protesta por la muerte los pobladores de la zona incendiaron una patrulla policial.

La Fiscalía de Justicia del Estado informó en un comunicado que el chofer de la camioneta -identificado como Marcelino “N”- contó que habían recogido a los extranjeros en Comitan de Domínguez, a 100 kilómetros de la frontera con Guatemala.

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Por el homicidio la dependencia abrió una investigación y envió un equipo a la escena del crimen para realizar las diligencias de ley.

La región de Chiapas es otra de las rutas alternas menos visibles utilizadas por los traficantes de migrantes. La atención mediática se ha centrado en la ruta del Pacífico por las protestas masivas de migrantes a través de caravanas que buscan avanzar hacia Estados Unidos.

Fuente: Los Angeles Times.

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Los casos de migrantes reportados como desaparecidos en México, en su mayoría hondureños, casi se triplicaron entre 2020 y 2021, en un momento en que el país busca contener los grandes flujos de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, según un informe difundido el miércoles.

De acuerdo con el documento presentado por el Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización de derechos humanos en América Latina, los reportes de extranjeros desaparecidos crecieron en un 292%, de 89 a 349 episodios.

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«Hay lugares en donde se encuentran albergues y cárteles del narcotráfico al acecho de migrantes para levantarlos e integrarlos a sus filas», dijo Luis Macías, director del SJM en México.

Según el estudio, el 44% de los migrantes desaparecidos tenían entre 18 y 29 años, el 42% entre 30 a 59 años y un 14% no superaba los 17 años. El Instituto Nacional de Migración (INM) local no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters sobre el informe.

La mayoría de las víctimas procedían de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, países de los que parten cada año decenas de miles de migrantes que viajan por territorio mexicano a Estados Unidos y son blanco de secuestros, asesinados u otros delitos.

La organización también dijo que del 75% de las personas que lograron localizar estaban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional de estados sureños como Chiapas y Tabasco, donde por meses miles de migrantes esperan documentos para avanzar hacia estados Unidos sin ser detenidos.

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No obstante, precisó que existe un subregistro significativo en las desapariciones de personas en situación de migración que se agrava al no existir información articulada entre instituciones de gobierno responsables de dar seguimiento a las acciones de búsqueda.

«La política de contención de los flujos migratorios ha aumentado los casos de detención e incomunicación y, en consecuencia, los reportes de desaparición presentados por sus familiares»,

dijo a Reuters Adrián Estrada, coordinador del Área de Atención a migrantes del SJM en la capital mexicana.

Fuente: El Economista.

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Este año el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá solo 1.2 por ciento, de acuerdo con la división de análisis económico de BBVA. Esto representa una revisión a la baja respecto al 2.2 por ciento estimado por la firma anteriormente.

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En conferencia de prensa, Carlos Serrano, economista en jefe de la institución financiera, indicó que esta revisión obedece a los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los que se vislumbra debilidad de la demanda interna; debilidad del mercado laboral, así como la mayor inflación vista en meses recientes.

A esto se le suma la incertidumbre en las inversiones, y en una menor medida al conflicto bélico que mantiene Rusia con Ucrania.

De aprobarse, reforma eléctrica pondría a México en recesión

La reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría orillar a México a una recesión económica, aseveró Serrano.

La posible aprobación de la reforma eléctrica sería considerado como un riesgo a la baja para la economía nacional.

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Serrano consideró que, de avanzar esta propuesta tal como la planteó el titular del Ejecutivo, podría minar la confianza de los inversionistas, lo que a su vez ocasionaría una recesión en nuestro país.

Fuente: El Financiero.

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Hace casi seis meses el haitiano John Telisma se vio forzado a cambiar de planes y esperar en la ciudad industrial de Monterrey, en el norte de México, antes de seguir su recorrido hacia Estados Unidos, donde pretendía solicitar refugio tras un recorrido continental.

Sin saberlo Telisma, de 36 años, su esposa Violene Marseille, de 42, y sus dos hijos John y Rebeca, de 4 y 9 años, emprendieron una nueva travesía: recorrer la burocracia mexicana para regularizar su estancia en el país.

“Ha sido difícil conseguir trabajo, papeles para trabajar”,

dijo Telisma a The Associated Press en su apartamento en el bullicioso centro de esta ciudad en Nuevo León, estado colindante con Texas.

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AP ha seguido el caso de Telisma y su familia desde su arribo a Monterrey en septiembre para conocer cómo ha sido su proceso de integración y regularización en el país.

En el albergue Casa INDI, donde recibieron alimento y vivienda temporal durante unos meses tras su llegada, le informaron que debían iniciar un largo proceso con el fin de obtener autorizaciones para permanecer y trabajar en México.

Días antes Telisma y su familia habían decidido permanecer en Monterrey ante los operativos migratorios del gobierno estadounidense para contener el ingreso de miles de haitianos. Por entonces unos 14.000 haitianos se habían apostado debajo del puente fronterizo entre Ciudad Acuña, en el norteño estado de Coahuila, y Del Rio, en Texas.

Telisma, su esposa y sus hijos se instalaron en Santiago de Chile en 2016, donde lograron regularizar su estancia y obtuvieron empleo. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las políticas migratorias en la nación sudamericana los obligó a migrar nuevamente.

En la última década Haití ha experimentado una salida masiva de sus habitantes que comenzó tras el devastador terremoto de 2010 y sucesivos desastres naturales, inestabilidad política y estancamiento económico.

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En Monterrey, Telisma comenzó un largo proceso de trámites ante las autoridades mexicanas. Primero solicitó una cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que desde el año pasado está saturada de peticiones. En 2021 la comisión recibió 131.362 solicitudes, un incremento de 219% en comparación con las presentadas en 2020, de acuerdo con cifras oficiales.

Telisma consiguió una audiencia en la oficina de la agencia en Monterrey que le fue concedida a fines de diciembre. Ahí agentes de la COMAR le informaron que no era elegible para recibir el estatus de refugiado.

El caso de Telisma no es el único que ha sido rechazado. En una entrevista Andrés Ramírez, titular de la COMAR, dijo a AP que la mayoría de las solicitudes de haitianos son rechazadas ya que no califican para ser considerados refugiados.

Según Ramírez muchos de ellos abandonaron su país hace años y buscan mejores oportunidades laborales tras vivir un período en otras naciones como Brasil o Chile, no huyen de la violencia o la persecución.

“Estamos trabajando en condiciones sumamente complicadas. Más de la mitad de esta administración hemos estado bajo el COVID y con un mayor número (de solicitudes) con muy reducido personal”,

dijo Ramírez.

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Sin embargo, una constancia que le fue entregada a Telisma en la COMAR le permitió continuar su recorrido burocrático. Con ella acudió a las oficinas del registro civil en Monterrey, donde le concedieron la clave oficial llamada CURP que en México sirve como número de identificación personal y que le permitió conseguir su primer empleo como guardia de una tienda.

“Luego me dieron una cita en migración y ahí ya a principios de marzo me dieron la visa humanitaria pero sólo a mí, porque no recibieron a mi esposa ni hijos, ellos tuvieron que hacer citas aparte”,

explicó Telisma.

Ya con la visa descubrió nuevas trabas. Los empleadores le solicitaron una clave fiscal que aún no ha conseguido y que debe tramitar ante las autoridades de hacienda mexicanas.

“Todo ha sido de hacer citas y citas, me preocupa cómo pagar la renta, no he tenido un trabajo estable”,

declaró el haitiano que recientemente abandonó el empleo como guardia por el que recibía apenas 200 dólares mensuales.

Pese a las trabas burocráticas dijo que desde su llegada él y su familia han tenido una experiencia positiva en Monterrey, donde asociaciones civiles y albergues como Casa INDI les han proporcionado ayuda.

Sus dos hijos, por ejemplo, comenzaron a acudir a escuelas públicas cerca de donde viven y para ello sólo tuvieron que presentar los CURP que les dieron en el registro civil.

“Nos gusta Monterrey, nos han tratado bien, pero aún queremos ir a Estados Unidos en unos años”,

declaró.

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Cerca del apartamento de Telisma en el centro, donde se ha concentrado un gran número de haitianos y es común escuchar conversaciones en creole, André Ceneus, de 26 años, explicó a AP que su recorrido también ha incluido innumerables trámites para regularizar su situación en México.

“No ha sido fácil estar aquí, pero me gusta la ciudad”,

dijo Ceneus en una tienda de conveniencia Oxxo, donde fue contratado en noviembre tras conseguir una visa humanitaria.

También llegó a Monterrey atraído por los comentarios de amigos y conocidos que habían arribado en septiembre y le hablaron de las oportunidades en la región, donde empresas han lanzado programas para contratar a migrantes y refugiados.

Una de esas compañías es el gigante FEMSA, propietario de la cadena de tiendas Oxxo, que desde 2019 ha contratado a más de 800 migrantes y refugiados en sus tiendas, de acuerdo con cifras proporcionadas a AP por la empresa.

Sin embargo, en otros lugares como la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, colindante con Guatemala, cientos de migrantes haitianos y de otras nacionalidades no han corrido con la misma suerte que Ceneus y Telisma.

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Desde mediados de enero grupos de migrantes han organizado protestas casi a diario frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad para exigir agilidad en sus trámites de regularización y libre tránsito hacia el norte de México.

Defensores de derechos de los migrantes han denunciado que Tapachula se ha convertido en una especie de corral, ya que muchas personas han permanecido varadas allí durante meses a la espera de que sus solicitudes sean procesadas.

Ceneus, quien vivió y trabajó desde 2019 en Brasil, también dijo que esperará unos años en Monterrey pero que su objetivo es llegar a Estados Unidos.

“Allá tengo familiares y los quiero alcanzar algún día para poder enviar dinero a parientes que siguen en Haití”,

dijo Ceneus.

Fuente: Independent.

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Las autoridades estadounidenses contabilizaron 12,011 niños no acompañados en la frontera sur durante el mes de febrero, en comparación con los 8,760 de enero, según datos revelados ayer por la CBP (por sus siglas en inglés).

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A finales de la semana pasada, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos decidieron que la norma sanitaria conocida como Título 42, que permite expulsar a los migrantes, deje de poder aplicarse a los menores no acompañados, aunque sigue vigente para los adultos y las familias.

La norma, impuesta por el expresidente republicano Donald Trump, permite expulsar a los migrantes con motivo de la pandemia alegando que pueden ser portadores del COVID-19.

En total, en febrero las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 164.973 personas que cruzaron la frontera terrestre suroeste, un aumento del 7% en comparación con enero. 

De ellas 91,513, es decir el 55%, eran eligibles para ser expulsadas bajo el Título 42 mientras que 73,460 entraban dentro del Título 8, es decir el aplicable a personas que aspiran a entrar legalmente, debido a su estatus de refugiado u otros motivos, pero carecen de la documentación necesaria o quedan fuera de las cuotas.

La inmensa mayoría de las personas que cruzan la frontera provienen de México y de Centroamérica pero han aumentado las originarias de Ucrania, un país bajo fuego desde que Rusia lanzó una ofensiva militar el 24 de febrero para invadirlo.

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En febrero entraron 1,147 ucranianos, casi el doble que en el mismo periodo de 2021 (585), y 2,025 rusos, frente a los 720 del mismo mes del año pasado, según datos de CBP.

De todos modos, según un funcionario del CBP que pidió el anonimato, «el porcentaje general de inmigrantes rusos y ucranianos interceptados es bajo, en comparación con otros países de origen» y desde 2019 se ha registrado «un promedio en ambos casos de entorno al 1%».

Fuente: NVI noticias.

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Decenas de migrantes de Haití, Cuba y países africanos, que llegaron a México, arrojaron piedras y palos a policías y funcionarios de migración en la ciudad sureña de Tapachula.

El incidente estalló después de las quejas de que el procesamiento de las solicitudes de asilo o visa humanitario estaba tardando demasiado.

El Instituto Nacional de Migración, en un comunicado, dijo que los que atacaron a la policía insistieron en que tomen su propia acción ante quienes ya tienen citas impidiéndoles ingresar a una oficina de migración.

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Unas 100 personas quemaron neumáticos y basura, bloqueando una carretera en la zona durante varias horas, después de que la policía obligara a los migrantes a abandonar la zona.

Algunos arrojaron piedras y palos a la policía y los funcionarios de migración.

Y no se hizo ninguna declaración oficial sobre heridos en el enfrentamiento.

Fuente: TRT Español.

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