Han sido diversas las ocasiones en las que el mandatario ha hecho un llamado a los concesionarios para que ayuden a mantener un equilibrio entre los precios y se cumpla con el compromiso de no hacer alzas que impacten de forma considerable en los bolsillos de los ciudadanos.

No obstante, factores como los costos internacionales del petróleo, el tipo de cambio del dólar, los impuestos, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística y hasta la ubicación geográfica hacen que el precio de los combustibles no pueda mantenerse sin cambios.

Por ello es importante estar informados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados de la gasolina y el diésel por estados y ciudades.

El precio de la gasolina por litro

La gasolina regular se encuentra en un promedio de 22.746 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium está en un promedio de 24.907 pesos el litro.

Finalmente el diésel se ubica en un promedio de 24,08 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

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Monterra anunció que presentaron una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.

La empresa señaló que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.

Las Notificaciones de intención bajo acuerdos internacionales prevén una fase inicial de negociación y consulta para resolver la controversia, buscando evitar la necesidad de iniciar un arbitraje internacional.

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Monterra Energy y Monterra Energy Holdings mandaron dicha notificación tras la clausura de su terminal de combustibles hace cinco meses, alegan que con esto se está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé en el Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN.

La terminal de Monterra es una de varias que han sido clausuradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, estas acciones bloquean la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.

“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,”

aseguró Arturo Vivar, CEO de Monterra a través de un comunicado.

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Además, dijo que se ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio, pero las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia.

“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”,

sentenció Vivar.

La terminal de Monterra (Servitux) obtuvo un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.

El órgano regulador en materia energética realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación y en julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento.

Pero el 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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Derivado de esta inspección, las autoridades realizaron una clausura temporal sin ninguna justificación judicial y desde entonces permanece así, alegó Monterra.

Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos, “La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”, condenó la empresa.

Desde el año pasado, el gobierno de México intensificó una serie de inspecciones en el sector petrolífero, la secretaria de Energía, Roció Nahle, ha dicho que es porque hay mucho contrabando de combustible en el país, “huachicoleo fiscal”.

Monterra indicó que las acciones tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del gobierno, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos por compañías extranjeras, para devolverle el monopolio a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fuente: Forbes.

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Cerrar el mercado eléctrico a la participación privada y eliminar a los reguladores energéticos, como propone la nueva reforma energética de la cuarta transformación, sentenciara a México a perder competitividad y limitar su máximo potencial, advirtió la organización México Cómo Vamos.

Las declaraciones se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma constitucional el pasado 30 de octubre para ceder el control total del sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la participación del sector privado en la generación de electricidad.

“La iniciativa plantea limitar la participación del sector privado en la producción de energía eléctrica, promover de manera costosa e ineficiente la participación del Estado en la generación de electricidad, eliminar los mecanismos de regulación –con lo que aumenta el riesgo de opacidad y nula rendición de cuentas de los recursos públicos–, y limita la capacidad productiva del país», señaló.

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Además, el colectivo apuntó que se ahuyenta a la inversión de gran rentabilidad, que los empleos de mayor productividad dejen de crearse y reconoce frente al mundo que México no cumple con sus acuerdos internacionales comerciales y de mitigación de cambio climático.

“Cualquier empresa productiva del Estado es propiedad de las y los mexicanos; cualquier inversión con dinero público debe ser parte de una estrategia que inserte a México en un modelo económico de vanguardia. Esta iniciativa afecta a las finanzas públicas, a la productividad de las empresas públicas y privadas, y aumenta el riesgo de que las y los consumidores de electricidad en México reciban un peor servicio”,

apuntó la organización.

México Cómo Vamos también enfatizó que no se puede negar la participación de la inversión extranjera, ya que el Gobierno de México “no tiene los recursos necesarios ni una estrategia para obtener más ingresos”, así como tampoco se puede rezagar en el combate al cambio climático.

“La generación de electricidad de las plantas de CFE no es la más eficiente, lo que perjudicará a los consumidores con costos crecientes. Si bien el gobierno puede mantener precios bajos a través de subsidios, la presión sobre las finanzas públicas la pagaremos las y los mexicanos”, advirtió.

Añadió que impulsar energías eléctricas más caras y contaminantes como las que produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descalifica a México como país receptor de inversión extranjera directa.

La organización destacó que empresas como la CFE o Pemex son propiedad de todos los mexicanos, por lo que requieren de transparencia total para rendir cuentas, lo cual observa que se pone en riesgo con la desaparición de reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

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“El Cenace y la CRE son organismos reguladores indispensables para dar certidumbre a los inversionistas cuyo horizonte de inversión va más allá de un sexenio. La inversión pública en el sector eléctrico no es suficiente, por lo que necesitamos de la inversión privada. Y los inversionistas necesitan certidumbre para invertir”, señaló.

También apuntó que México será objeto de diversas controversias a nivel internacional, principalmente en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Por su parte, destacó que en la propuesta para nacionalizar el litio se pretende crear una empresa encargada de este mineral, Litio Bienestar, sin que cuenta con recursos etiquetados en el presupuesto del año entrante, lo cual es un “elemento fundamental para la transición energética”.

Fuente: El Sol de México.

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La iniciativa de contrarreforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados sería violatoria a los tratados internacionales que tiene México, con lo que de aprobarse provocará pugnas de nivel de arbitraje internacional.

Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética a través de un artículo del tratado comercial entre los tres países (T-MEC) que hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto significa que aun cuando Estados Unidos no forma parte del TIPAT, obtiene los beneficios plenos del blindaje explícito que este acuerdo ofrece para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.

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De hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana.

Kenneth Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México en la administración pasada, y socio de la consultoría AGON, explicó que ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. 

“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”,

explicó Smith a El Economista en su momento. 

Contrarreforma

La iniciativa presidencial presentada el viernes contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de diversos transitorios entre los que destaca que se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelva a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que desaparecen todos los mercados de electricidad para que la estatal sea una empresa integrada nuevamente, desapareciendo las filiales constituidas en la reforma, y que toda la energía que se despache en el país sea comprada por la escuela estatal, con lo que los privados sólo podrán llegar a 46% de la generación (hoy tienen 38%) pero en contratos con la CFE, que además dejará de ser empresa productiva, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser organismos que velen por el derecho al acceso a la energía de toda persona en el país.

El litio, primordial para avanzar hacia el almacenamiento de electricidad, podrá ser explotado únicamente por el Estado, según la propuesta del Ejecutivo.

La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.

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“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE».  

Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, según el texto enviado al Congreso.  

Además, se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad y la generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.  

Para Miriam Grunstein, abogada experta del sector energético, lo más grave es la propuesta de terminar con cualquier permiso o contrato expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque un acto administrativo firmado por un organismo queda sin efectos para convertirse en un elemento de negociación con otro organismo, lo que afecta derechos retroactivos y se tomará como decisión unilateral, violatoria del derecho internacional y que rebasa todo régimen de derecho comercial.

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“Contiene cláusulas indudablemente de expropiación indirecta que consiste en una afectación de derechos, en la privación de los mismos, aunque no sea de bienes e infraestructura, lo que a todas luces es violatorio de los principios de cualquier tratado de libre comercio cuyo espíritu es la expectativa razonable de rentabilidad de todo inversionista extranjero”,

dijo Grunstein. 

En cuanto a la explotación exclusiva del litio por parte del Estado, comentó que hay nacionalización de un mineral sin que se estaticen las concesiones de las minas, que son ocho en el país, lo que a todas luces será también violatorio de derechos adquiridos con antelación.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.  

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.

Fuente: El Economista.

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