México conmemora este jueves el Día Internacional contra la Corrupción con la persistente retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con esta “peste”, aunque, según expertos, con los mismos resultados e incluso retrocesos en transparencia.

Aunque llegó en 2018 con la promesa de “desterrar” la corrupción, especialistas señalan que el presidente ha concentrado la lucha anticorrupción en su imagen personal, ha debilitado a las instituciones de transparencia y ha usado al Ejército para justificar la opacidad.

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En general, “ha habido más retrocesos que avances”, opina Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas.

“A pesar de que Andrés Manuel usó como uno de los grandes emblemas de su campaña y de su actual Gobierno el combate a la corrupción, nos ha dado señales de que este combate por un lado no va en serio y, por otro lado, quiere hacerlo fuera de las instituciones”,

manifiesta.

Percepción vs realidad

México mostró una mejora y subió en los primeros dos años del mandato de López Obrador del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

El cambio de sexenio “implicó un cambio muy fuerte a nivel de percepción”, expone Irene Tello, directora ejecutiva de la asociación Impunidad Cero.

“Lo bueno es que se sigue mencionando como el principal objetivo de la actual Administración el combate a la impunidad. También hay que señalar que a nivel de percepción al inicio les había ido muy bien”,

comenta.

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En contraste, creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7% en 2019 del 14,6% en 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo de este Día Internacional contra la Corrupción.

Además, la población en México pagó por la corrupción 12,769.7 mdp, un 64.1% más que en 2017, añadió el Inegi.

Mientras que el Índice de Estado de Derecho 2021, de The World Justice Project, ubicó en octubre pasado a México en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas en corrupción, solo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.

Entre escándalos viejos y nuevos

En este contexto, Tello advierte que “preocupa mucho” que no hay avances en los grandes casos del pasado, ni siquiera en los que el Gobierno menciona como prioridad, como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Preocupa que no se tomen las decisiones necesarias para que realmente se combata la impunidad en los actos de corrupción, no solamente del pasado, sino que ya no se permitan también en la actual Administración”,

expresa la directora de Impunidad Cero.

También funcionarios del Gobierno de López Obrador se han salpicado de escándalos, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto.

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Apenas esta semana se filtró a los diarios que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto mientras dirigió la UIF, que a su vez indagaba la compra de autos de lujo y transferencias millonarias de la inmobiliaria del fiscal.

“No solamente no vemos coordinación, sino que vemos una enemistad abierta entre los propios integrantes del Gobierno, cuando se supone que el gran objetivo de esta Administración es acabar con la impunidad en la corrupción”,

lamenta Tello.

¿Promesa cumplida?

Pese al panorama, López Obrador ha sostenido que gracias a su ejemplo ha limpiado la corrupción del Gobierno “como se barren las escaleras: de arriba para abajo”.

“Lo que debe quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto acabar con la corrupción y la impunidad, sea quien sea”,

expresó el presidente este miércoles en referencia al escándalo de la UIF.

Pero Impunidad Cero y Ethos cuestionan que el “ejemplo personal” sea suficiente, por lo que piden fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que López Obrador ha debilitado.

“A lo que apostamos es a que haya un combate a la corrupción que no dependa de la voluntad política de nadie. Que si ahora está López Obrador y después está otro presidente, que el combate a la corrupción siga teniendo resultados eficaces sin que se use como un arma política”,

declara Toledo.

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La experta de Ethos denuncia “el ataque constante” del presidente a las asociaciones civiles y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Como ejemplo, enuncia el reciente acuerdo del presidente que clasifica como “seguridad nacional” las obras de infraestructura de su Gobierno, lo que empodera a las Fuerzas Armadas e impide solicitar información sobre los proyectos.

“La información que se clasifica como reservada es muy grande y hay cada vez más inconformidades porque no se reciben respuestas. Este sexenio se ha caracterizado por eso, por una menor apertura a la información”,

concluye.

Fuente: Forbes.

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Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.

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Según registros de comercio exterior las empresas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes unos mil 200 millones de pesos.

Esta nueva red es diferente a la que surgió a finales del sexenio pasado, cuando la entonces PGR implicó a 25 empresas y personas físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un «acuerdo reparatorio» que consistió en un donativo de 3 millones de dólares para la ONU.

REFORMA informó ayer que la UIF denunció ese acuerdo por ilegal y avalado por ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña.

La nueva estructura también es operada por Alex Saab -actualmente preso en EU- y compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).

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En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.

Pero entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con importadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.

Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.

Fuente: Heraldo.

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