Alberto Esquer, quien ha ocupado varios cargos importantes en el gobierno de Jalisco, ha sido señalado en múltiples ocasiones por supuestas irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Las acusaciones más graves señalan que, bajo su dirección, se habrían desviado fondos destinados a proyectos sociales y obras públicas hacia cuentas privadas y empresas fantasma, lo que constituye un grave delito de corrupción y abuso de poder.

Uno de los casos más polémicos involucra la presunta malversación de fondos destinados a programas de desarrollo rural. Según informes de auditores independientes, durante la gestión de Esquer en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se habrían detectado inconsistencias en el manejo de recursos asignados a diversos proyectos agrícolas. Estos recursos, que deberían haber sido destinados a mejorar la infraestructura y apoyar a los pequeños productores, aparentemente fueron utilizados para fines personales y de terceros no relacionados con el sector.

Además, las investigaciones también han revelado posibles vínculos entre Esquer y empresas constructoras que habrían obtenido contratos gubernamentales de manera irregular. Se sospecha que, a través de un complejo entramado de licitaciones amañadas, estas empresas habrían recibido contratos millonarios sin cumplir con los requisitos legales y técnicos necesarios. Esta práctica no solo afecta la transparencia y legalidad de los procesos de contratación pública, sino que también pone en duda la calidad y la ejecución de las obras realizadas.

La relación entre Alberto Esquer y el Gobernador Enrique Alfaro ha sido objeto de escrutinio, ya que ambos han trabajado juntos en varios proyectos y cargos dentro de la administración estatal. Esta cercanía ha generado sospechas sobre una posible protección o encubrimiento de las acciones de Esquer por parte del gobernador. Diversos sectores de la sociedad y la oposición política han exigido una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer estos señalamientos y, en su caso, deslindar responsabilidades.

La respuesta de la administración de Alfaro ha sido considerada insuficiente por muchos, quienes argumentan que las medidas tomadas hasta ahora no han sido contundentes ni transparentes. La falta de acción efectiva y la percepción de impunidad han incrementado la desconfianza ciudadana hacia el gobierno de Jalisco, alimentando las críticas y el descontento social.

El caso de Alberto Esquer es un claro ejemplo de cómo las relaciones políticas y la falta de supervisión efectiva pueden llevar a prácticas corruptas que perjudican a la ciudadanía. Es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de control y vigilancia para prevenir futuros actos de corrupción y asegurar que los recursos destinados al desarrollo del estado se utilicen de manera adecuada y transparente.

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En el corazón de estas acusaciones está la relación de Brugada con René Bejarano, un político conocido por su involucramiento en diversos escándalos de corrupción. La cercanía entre Brugada y Bejarano ha suscitado dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos y la integridad de los procesos administrativos en Iztapalapa.

Se ha mencionado específicamente a la empresa “Lord Arquitectos” en este contexto, a la cual se le adjudicó la construcción de Utopía Parque Elektra. Las acusaciones incluyen desde la presentación de un domicilio fiscal falso hasta el cobro de avances significativos por obras incompletas, lo que pone en tela de juicio la eficacia y honestidad de la administración de Brugada. Estos señalamientos no solo afectan la reputación de la gestión de Brugada sino que también plantean serias interrogantes sobre la viabilidad de expandir proyectos similares en otras áreas de la ciudad.

René Bejarano, por su parte, ha intentado desvincularse de las controversias, afirmando su distancia de las decisiones administrativas y financieras actuales en Iztapalapa. Sin embargo, su pasado sigue siendo un lastre para la credibilidad de Brugada, especialmente en un contexto político que exige cada vez más transparencia y responsabilidad en la administración pública. Estos desarrollos sugieren un escenario complicado para Brugada, quien busca convencer a los electores de la CDMX de su capacidad para liderar bajo principios de honestidad y eficacia.

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El candidato al Senado por Movimiento Ciudadano se ha puesto en el ojo del huracán ante las acusaciones y señalamientos de desvío de recursos destinados al programa Recrea en Jalisco para cubrir una deuda millonaria en cuotas patronales en el municipio de Zapotlán el Grande.

El señalamiento específico indica que Alberto Esquer, en su rol anterior como Secretario de Asistencia Social, habría utilizado dinero designado para la adquisición de uniformes, mochilas y útiles escolares en cuatro municipios de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Ocotlán, Tepatitlán y Zapotlán El Grande, para saldar una deuda de 54 millones de pesos consecuencia de atrasos en las cuotas patronales durante las administraciones de Movimiento Ciudadano en Zapotlán El Grande.

A través de un audio filtrado, se escucha al candidato Esquer justificar el presunto desvío de recursos, argumentando problemas de recaudación, caída de participaciones presupuestales y gastos adicionales provocados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la fiscalización del presupuesto asignado al gobierno de Zapotlán El Grande, debería haber incluido las aportaciones del Ayuntamiento al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), lo que plantea interrogantes sobre el destino final de dichos fondos.

Ante esta acusación ciudadanos e instituciones han anunciado  que se recopilarán pruebas para presentar una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Este caso promete generar un intenso debate público sobre la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos en el estado de Jalisco.

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Las conexiones entre Brugada y Bejarano, ampliamente conocido por su participación en el llamado «videoescándalo» que sacudió la política mexicana en 2004, han generado preocupaciones sobre la integridad y transparencia de la gestión de Brugada en Iztapalapa.

Bejarano, quien fue captado en video recibiendo fajos de dinero de manos de un empresario, ha sido objeto de sospechas constantes de corrupción desde entonces. Ahora, su estrecha relación con Brugada ha avivado la controversia, con muchos críticos cuestionando los posibles favores políticos y económicos que podrían estar intercambiándose entre ambos.

Además de sus lazos políticos, se han planteado preguntas sobre el papel de Bejarano en la toma de decisiones dentro de la candidatura y posible gobierno de la capital mexicana, lo que ha suscitado temores de injerencia indebida en asuntos gubernamentales por parte de una figura con un historial tan cuestionable.

Fuente: Industrias México

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¿Por qué tan pocas descargas? Una hipótesis es que hay otros temas más “sexis” en la agenda: Guerra en Ucrania; Inauguración del aeropuerto; Encarcelamiento del exgobernador Bronco; la saga de Alejandro Gertz y su exfamilia política; Secuelas del drama Sasha-Luis de Llano… Otra posible explicación es la resistencia natural a leer reportes que nos recuerdan que no vamos por el camino correcto, que hace mucho tiempo no vamos en la dirección correcta.

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¿Qué es lo que dice este informe del Banco Mundial? La productividad de México creció 0.1% anual en promedio entre 1990 y 2019. En ese mismo periodo, la productividad de Corea del Sur creció 3% y la de América Latina, en promedio, 0.8%, en otras palabras, Corea tuvo un crecimiento de la productividad 30 veces mayor que México. América Latina fue ocho veces mayor que nosotros. Otros países de la región tuvieron un desempeño mucho mejor que México, entre ellos Chile y Uruguay, también Perú y Argentina.

“México ha sido una economía en cámara lenta”, dice la primera frase del documento. Es una metáfora muy poderosa que sin duda se quedará entre nosotros por un tiempo. Podemos compararla con el famoso A tale of two Mexicos, que produjo McKinsey la década pasada y también dejó huella. Tenemos una economía en cámara lenta para una sociedad que va en cámara rápida. El Banco Mundial pudo también haber usado otra metáfora. México es un equipo de futbol que mete pocos goles, a pesar de estar muy cerca de la gran portería. Tenemos eso que dicen que es infalible: location, location, location. Estamos pegados al mercado más grande del mundo y tenemos un tratado de libre comercio con ellos, pero eso no ha sido suficiente.

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El informe describe con frialdad quirúrgica los pobres resultados económicos que tuvimos desde 1990. Vale aclarar que muchas de las soluciones que propone son de corte liberal: más apertura y más competencia. Nos recuerda el daño económico que nos ha hecho la baja calidad de la educación. “El nivel educativo es bajo y los planes de estudio no están actualizados. Como resultado, la falta de habilidades cognitivas lleva a las empresas a reportar incompatibilidad entre habilidades y necesidades, lo que limita el empleo y la expansión de las empresas… por lo tanto, el crecimiento económico”. Más que el capital humano, la acumulación de mano de obra ha sido el principal motor de crecimiento económico en las últimas tres décadas. En esto México ha sido diferente a otros países. Lo poco que hemos crecido es acción y efecto de la demografía. Hemos acumulado mano de obra mas que capital. Valga decir, mucho de esto ha ocurrido en el sector informal, con poca productividad.

El trabajo está firmado por Leonardo Iacovone, Rafel Muñoz, Eduardo Oalaberria y Mariana de la Paz Pereira. Una aportación interesante de ellos está en el capítulo dedicado a desigualdades regionales. La diferencia de productividad se ha ensanchado entre las regiones más ricas y las más pobres. Nuevo León, Ciudad de México y Querétaro se han separado de Chiapas y Oaxaca. No es la geografía, sino las desventajas en educación, conexiones y logística. Si en vez de considerar los Estados, ponemos atención en municipios, encontramos un hecho al que le hemos puesto poca atención: los municipios más dinámicos del sur sí están cerrando la brecha frente a los del norte.

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El informe está dividido en seis capítulos. Los cuatro expertos hacen recomendaciones para resolver nudos en financiamiento, capital humano, tecnologías, desarrollo regional… Hay una en particular que me parece llena de sentido común: hay que reducir el papel de los inspectores. Estos señores y señoras tienen facultades discrecionales que propician la corrupción. Pueden cerrar un negocio e interrumpir las actividades productivas. ¿Cuánto ganaríamos si les quitáramos a los inspectores sus “superpoderes” y los dejáramos en su condición de simples mortales?

Fuente: El Economista.

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El Gobierno de Estados Unidos dio un manotazo en la mesa y hablará con autoridades mexicanas sobre su descuido de la totoaba y la vaquita marina.

La Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR por sus siglas en inglés) anunció este jueves que solicitará una consulta bajo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), alegando que el Gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones medioambientales.

“El USTR está comprometido con la protección del medio ambiente y está solicitando esta consulta para asegurar que México cumpla con sus compromisos medioambientales en el T-MEC”,

declaró la representante comercial de EU, Katherine Tai, en un comunicado.

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La vaquita marina -oriunda del Golfo de California- es el mamífero acuático en mayor peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) la califica como una especie en “peligro crítico” y con población a la baja. La IUCN estima que hay alrededor de 18 ejemplares vivos, aunque otros cálculos apuntan a menos de 10.

La mayor amenaza para la vaquita marina es la pesca ilegal de totoaba, un pez cuyo alto valor -sobre todo en el mercado chino- le ganó el mote de ‘la cocaína del mar’. El despliegue de redes para capturar a la totoaba suele atrapar vaquitas marinas, matándolas.

Las autoridades estadounidenses consideran que las medidas implementadas por el Gobierno de México para proteger a la vaquita y frenar la pesca ilegal de totoaba no han bastado. Por lo tanto, México no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones dentro del Capítulo 24 del tratado, que abarca todos los temas medioambientales en la relación comercial trilateral.

Diversos organismos no gubernamentales llevan años ejerciendo presión para que la administración mexicana proteja más a la vaquita. En agosto del año pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y otros grupos ambientalistas enviaron una carta al USTR pidiendo que abriera un proceso de consulta bajo el T-MEC por el tema.

“La pesca ilegal está fuera de control en aguas mexicanas, y la vaquita está pagando el precio más alto posible. Nos alegra que el Gobierno de EU esté presionando a México por desacatar sus obligaciones medioambientales y por arriesgar la existencia de la vaquita”,

declaró Sarah Uhlemann, directora del programa internacional del centro, en un comunicado.

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Esta es la primera consulta solicitada por EU con México. El USTR y el Congreso guardan una larga lista de temas que podrían ameritar una controversia comercial. El abandono de la vaquita marina es un tema con la historia, los datos y el peso mediático suficientes para justificar una consulta, comentó Jorge Molina, catedrático del Tecnológico de Monterrey y experto en temas de comercio exterior.

“Es un tema ambiental, que es muy popular con la opinión pública, y puede permitirle al USTR ‘medirle el agua a los camotes’ y sentar una serie de precedentes para otros casos”,

apuntó en entrevista.

‘Enterados’, responde Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía avisó el mismo jueves que recibió la solicitud de consulta, asegurando que impulsará la protección de las especies marinas del país.

“La Secretaría de Economía coordinará los trabajos entre las diferentes autoridades mexicanas y de Estados Unidos con el objetivo de presentar oportunamente los esfuerzos y medidas adoptadas para proteger a las especies marinas en las aguas nacionales”,

declaró la dependencia en un comunicado.

Una consulta bajo el T-MEC es un mecanismo diseñado para resolver un problema sin entrar en un proceso más prolongado y severo, como un panel de solución de controversias. Ambas partes tendrán 30 días después de la solicitud para iniciar consultas formalmente.

De no resolverse el tema en las consultas iniciales, EU podrá solicitar otra consulta con representantes de alto nivel. Si esta no resuelve el asunto tampoco, podrá abrirse un proceso de consultas ministeriales. Si la controversia no se resuelve con ninguno de los mecanismos, EU podrá solicitar un panel.

En caso de que el panel resuelva que México no cumple con sus obligaciones en el tratado, EU podrá aplicar aranceles, suspender beneficios o echar mano de otro tipo de sanciones comerciales.

Aguas mexicanas, en el ‘abandono’

Las autoridades mexicanas ya suman varias llamadas de atención desde EU por descuidos en sus regulaciones pesqueras.

A mediados de 2021, se erigió un bloqueo a las exportaciones de camarón hacia el mercado estadounidense por el uso de redes potencialmente dañinas para la vaquita marina en barcos camaroneros. Ese mismo año, en una reunión con las secretarías de Economía y de Agricultura, la embajadora Tai planteó sus preocupaciones por la pesca ilegal de totoaba y el daño a la vaquita.

Esta semana, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (conocida en inglés como NOAA) cerró los puertos del país a embarcaciones mexicanas alegando que México “no ha hecho lo suficiente para evitar que sus barcos pesquen ilegalmente en aguas estadounidenses”.

“Es una gigantesca área de omisión en el gobierno de México […] Es el resultado de estas omisiones que se han dado durante muchos años en materia pesquera a nivel nacional”,

apuntó Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Fuente: El Financiero.

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Los barcos pesqueros mexicanos tienen desde este lunes prohibida la entrada a los puertos de Estados Unidos en el golfo de México. La sanción responde a la decisión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de darle al país latinoamericano una “certificación negativa” tras registrar un aumento de la pesca ilegal en aguas estadounidenses. La agencia consideró que no tenía “suficiente evidencia” de que México hubiese tomado acciones apropiadas para abordar el problema.

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México está en el punto de mira de EE UU desde 2019. Ese año las autoridades mexicanas fueron informadas por la NOAA de que México había sido identificado como uno de los países con pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva estadounidense. Desde entonces se han sucedido las reuniones entre los Gobiernos para reforzar las acciones contra esta actividad. En un informe al Congreso de EE UU, entregado en agosto de 2021, la NOAA valora “algunos avances” de parte de México, pero considera que no han sido suficientes para terminar con esta práctica.

Los reportes de pesca ilegal por parte de lanchas mexicanas llegaron en 2020 a 138, el doble que en 2019. Además, desde octubre de 2019 a septiembre de 2020, EE UU detuvo a 107 personas que reincidieron en esta actividad, frente a las 63 de un año antes. En tan solo seis meses, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se detuvo a otros 84 reincidentes. En el informe, se menciona la posibilidad de que se esté importando mercancía pescada ilegalmente en aguas de EE UU. México es señalado junto a otros seis países, entre ellos, Rusia, Taiwan, China, Costa Rica, Guyana y Senegal. El país latinoamericano también ha sido incluido en una segunda lista de una treintena de naciones por capturas incidentales de especies protegidas como las tortugas bobas.

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Como resultado de este informe, EE UU impuso a mediados de enero a México la prohibición de entrada a sus puertos pesqueros, efectiva a partir de este lunes. Para que se levante la sanción, la NOAA afirma que se requiere un descenso en el número de incursiones de lanchas mexicanas y en el número de detenidos reincidentes.

“EE UU está comprometido a trabajar con el Gobierno de México para apoyar sus acciones (…) y está listo para restablecer los privilegios en puertos de EE UU una vez se tomen acciones”,

informó la NOAA en enero.

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, ha afirmado este lunes en entrevista con Carmen Aristegui que se celebrarán reuniones para intentar levantar la prohibición, aunque no ha dado un calendario. “En unos días más tendremos una reunión con organizaciones ambientalistas para ver cómo le vamos a hacer”, ha dicho. El sector pesquero mexicano es el sustento de 300.000 familias y representa ingresos anuales por un valor de aproximadamente 38.000 millones de pesos, según cifras de 2017 citadas por Oceana, una ONG dedicada a la conservación marítima.

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El impacto de la prohibición de EE UU es múltiple, según Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana. “El más inmediato es el caso de las embarcaciones que van a puertos estadounidenses a comprar gasolina o a vender pescado. Por otro lado, esto pone a temblar a los pescadores que exportan. EE UU es el mayor socio comercial, quien más compra producto del mar”. Esta es la segunda vez en menos de un año que su Gobierno sanciona al vecino del sur. En abril del año pasado, EE UU prohibió las importaciones de camarón mexicano porque detectó que las embarcaciones no usaban correctamente un dispositivo para prevenir la captura incidental de tortugas marinas. La sanción fue levantada en octubre, seis meses después.

Oceana ha llamado al Gobierno mexicano a impulsar una nueva norma de trazabilidad que permita saber el origen de los productos. El proyecto está detenido en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) desde marzo de 2021, según la ONG.

“Si activan la norma, se podría dar certeza a EE UU de que nos estamos tomando en serio el problema”,

dice Terrazas.

“La pesca en México parece una actividad del siglo XIX. Necesita estar a la altura de mercados internacionales, de los consumidores que buscan productos cada vez más sustentables”.

Fuente: El País.

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“Prácticamente el 100 % del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de los combustibles”,

anunció Romero Oropeza en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional.

El director de Pemex presentó un informe especial sobre las 10 acciones que realiza la petrolera para cumplir con la “transformación energética” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido la “autosuficiencia”.

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El funcionario mostró que cuando empezó la Administración, en diciembre de 2018, se producían 1,71 millones de barriles diarios, una cifra que ahora está en 1,75 millones y que en 2024 promete elevar a 2 millones.

También exhibió que al llegar se procesaban 506.000 barriles y se exportaban 1,19 millones al día, una proporción que en 2021 ha cambiado a 714.000 barriles procesados y 1,019 millones de exportados.

“Ya para el 2023 y el 2024 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar”,

aseguró.

La secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle, destacó el incremento de la capacidad de refinación de Pemex con la rehabilitación de las seis refinerías existentes, la incorporación de la planta Deer Park en Houston, Texas, y la construcción de la refinería Dos Bocas en el sureste.

Con ello, el Gobierno dejará en 2024 el sistema de nacional refinación operando a un 86 % de su capacidad.

“Cuando llegamos el 1 de diciembre de 2018, encontramos la utilización al 32 %. Hoy estamos cerrando este año casi al 50 % de utilización del sistema nacional de refinación y para el 2024 estaremos dejando al 86 %, y con esto estaremos cumpliendo el autoabastecimiento en México”,

expresó Nahle.

El “rescate” de Pemex y la autosuficiencia de combustibles se incluyen entre las principales promesas del presidente López Obrador.

Aun así, la petrolera perdió 4.936 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021 después de perder 21.417 millones de dólares en 2020 en la “peor crisis de su historia”, como reconoció la propia compañía.

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Tan solo este 2021, el Gobierno mexicano apoyó Pemex con un total de 19.000 millones de dólares, entre inyecciones de capital, reducción fiscal y pagos de deuda, según un reporte de Moody’s.

“Con estas reducciones en los impuestos vamos a poder cumplir con el ofrecimiento del señor presidente en el sentido de que los precios no suban por arriba en términos reales en el país”,

justificó este martes el director Romero Oropeza.

Para los tres años restantes de este Gobierno, Pemex prevé un presupuesto total superior a los 1,11 billones de pesos (más de 53.500 millones de dólares).

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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México conmemora este jueves el Día Internacional contra la Corrupción con la persistente retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con esta “peste”, aunque, según expertos, con los mismos resultados e incluso retrocesos en transparencia.

Aunque llegó en 2018 con la promesa de “desterrar” la corrupción, especialistas señalan que el presidente ha concentrado la lucha anticorrupción en su imagen personal, ha debilitado a las instituciones de transparencia y ha usado al Ejército para justificar la opacidad.

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En general, “ha habido más retrocesos que avances”, opina Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas.

“A pesar de que Andrés Manuel usó como uno de los grandes emblemas de su campaña y de su actual Gobierno el combate a la corrupción, nos ha dado señales de que este combate por un lado no va en serio y, por otro lado, quiere hacerlo fuera de las instituciones”,

manifiesta.

Percepción vs realidad

México mostró una mejora y subió en los primeros dos años del mandato de López Obrador del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

El cambio de sexenio “implicó un cambio muy fuerte a nivel de percepción”, expone Irene Tello, directora ejecutiva de la asociación Impunidad Cero.

“Lo bueno es que se sigue mencionando como el principal objetivo de la actual Administración el combate a la impunidad. También hay que señalar que a nivel de percepción al inicio les había ido muy bien”,

comenta.

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En contraste, creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7% en 2019 del 14,6% en 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo de este Día Internacional contra la Corrupción.

Además, la población en México pagó por la corrupción 12,769.7 mdp, un 64.1% más que en 2017, añadió el Inegi.

Mientras que el Índice de Estado de Derecho 2021, de The World Justice Project, ubicó en octubre pasado a México en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas en corrupción, solo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.

Entre escándalos viejos y nuevos

En este contexto, Tello advierte que “preocupa mucho” que no hay avances en los grandes casos del pasado, ni siquiera en los que el Gobierno menciona como prioridad, como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Preocupa que no se tomen las decisiones necesarias para que realmente se combata la impunidad en los actos de corrupción, no solamente del pasado, sino que ya no se permitan también en la actual Administración”,

expresa la directora de Impunidad Cero.

También funcionarios del Gobierno de López Obrador se han salpicado de escándalos, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto.

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Apenas esta semana se filtró a los diarios que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto mientras dirigió la UIF, que a su vez indagaba la compra de autos de lujo y transferencias millonarias de la inmobiliaria del fiscal.

“No solamente no vemos coordinación, sino que vemos una enemistad abierta entre los propios integrantes del Gobierno, cuando se supone que el gran objetivo de esta Administración es acabar con la impunidad en la corrupción”,

lamenta Tello.

¿Promesa cumplida?

Pese al panorama, López Obrador ha sostenido que gracias a su ejemplo ha limpiado la corrupción del Gobierno “como se barren las escaleras: de arriba para abajo”.

“Lo que debe quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto acabar con la corrupción y la impunidad, sea quien sea”,

expresó el presidente este miércoles en referencia al escándalo de la UIF.

Pero Impunidad Cero y Ethos cuestionan que el “ejemplo personal” sea suficiente, por lo que piden fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que López Obrador ha debilitado.

“A lo que apostamos es a que haya un combate a la corrupción que no dependa de la voluntad política de nadie. Que si ahora está López Obrador y después está otro presidente, que el combate a la corrupción siga teniendo resultados eficaces sin que se use como un arma política”,

declara Toledo.

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La experta de Ethos denuncia “el ataque constante” del presidente a las asociaciones civiles y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Como ejemplo, enuncia el reciente acuerdo del presidente que clasifica como “seguridad nacional” las obras de infraestructura de su Gobierno, lo que empodera a las Fuerzas Armadas e impide solicitar información sobre los proyectos.

“La información que se clasifica como reservada es muy grande y hay cada vez más inconformidades porque no se reciben respuestas. Este sexenio se ha caracterizado por eso, por una menor apertura a la información”,

concluye.

Fuente: Forbes.

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Un viaje a Guatemala rodeado de polémica ha provocado la caída de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Paola Félix aterrizó la tarde del viernes en un avión privado en la capital guatemalteca acompañada de otra decena de pasajeros. En un control rutinario, los policías de la aduana incautaron 35.000 dólares en efectivo no declarados en una de las maletas. Los hechos, rodeados de rumores y suposiciones, corrieron como la pólvora por los mentideros de la política mexicana. Felix negó la tarde del sábado haber sido detenida y cualquier relación con el dinero, pero puso su cargo a disposición de la jefa capitalina, Claudia Sheinbaum, que confirmó su salida del Gabinete apenas una hora más tarde.

Para más polémica, el destino del viaje era la boda entre Carla Humphrey, consejera del organismo electoral, y Santiago Nieto, director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), detrás de las más sonadas investigaciones del Gobierno contra la corrupción. Además, este fin de semana se celebra el Gran Premio de México de Formula 1, uno de los mayores atractivos turísticos del año en la capital. El cese de Felix se escenificó con un escueto comunicado oficial de Sheinbaum: “Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”.

Según el acta levantada por las autoridades guatemaltecas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la propietaria de la maleta con el dinero es Erika Telich, asistente personal de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo del diario El Universal. Los policías encontraron dentro de un bolso negro siete sobres de color blanco con 50 billetes de 100 dólares. El dinero, que no fue declarado en los formularios de entrada, fue incautado por infringir la ley de lavado de dinero del país. Y Telich llevada ante la Fiscalía especializada en lavado del dinero para “acreditar el origen del mismo”.

En su declaración ante los policías, Telich afirmó que el dinero es en realidad de su jefe, Juan Francisco Ealy, que viajaba “con su mujer y sus hijos así como personas amigas de él”. La asistente del director del diario dijo también que cargaba la suma de 35.000 dólares en efectivo para pagar “varias citas con médicos especialistas en EE UU”. En concreto, en Los Ángeles, donde tenían pensado viajar el lunes una vez finalizada la boda del fin de semana.

El documento del fiscalía no revela la identidad del reto de pasajeros. El diario Reforma da el nombre el productor teatral Alex Gou, a quien se adjudicó por designación directa la producción del reciente desfile de Día de Muertos por más de 15 millones de pesos. La caída de Felix se produce al poco de haber tomado posesión del cargo, a finales de septiembre. De 34 años y abogada de formación, antes había dirigido oficinas intermedias del ramo y en 2018 fue candidata de Morena para la alcaldía de Cuajimalpa. Antes de ingresar en el partido oficialista, Félix había sido diputada por el Partido Verde.

Fuente: El País.

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