La Administración de López Obrador exentará durante un año el pago de aranceles sobre la importación de distintos alimentos básicos para intentar contener la escalada de precios. El decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación establece que quedarán libres del pago de aranceles 66 productos básicos que forman parte de la casta básica, entre los que figuran el maíz, el frijol, la papa, el arroz, atún, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de res, la cebolla, el chile jalapeño, la harina de maíz, la harina de trigo, el huevo, entre otros. La inflación en México alcanzó en abril un 7,68%, su mayor nivel en las últimas dos décadas.

El Ejecutivo también exime del cobro de aranceles a las importaciones del jabón de tocador, el jitomate, la leche, el limón, la manzana, la naranja, el pan de caja, la pasta para sopa, la sardina, el sorgo, la zanahoria, por mencionar algunos. El decreto también explica que la medida busca contrarrestar los efectos que la tendencia inflacionaria tiene sobre los precios de diversas mercancías.

“Resulta necesario y urgente exentar temporalmente el pago de arancel a la importación a los productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica e insumos”,

indica el decreto que entrará en vigor a partir de este martes, tendrá vigencia por un año y podrá prorrogarse por un periodo igual.

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El decreto también exenta temporalmente el pago de aranceles sobre la importación de productos clasificados en seis fracciones arancelarias que forman parte del consumo de las familias mexicanas: animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina o caprina, gallos y gallinas.

“Las medidas previstas en el presente decreto no relevan a los importadores de la obligación de cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias de las mercancías”

especifica el Gobierno.

Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), señala que esta media no tendrá efectos inmediatos para detener la inflación en el país, en virtud de que los precios de las mercancías a nivel global siguen cotizando al alza.

“En el caso del trigo ya estamos abiertos a Estados Unidos y Canadá por el Tratado de Libre Comercio, el tema es que los precios siguen estando altos, no por anunciar la apertura de cupos sin aranceles, pues ya se va a hacer de inmediato que caigan los precios, no está en manos de nosotros”,

precisa.

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El analista de mercados agrícolas prevé que los primeros efectos de la exención de aranceles en México se comenzarán a observar en cuatro o seis meses. Anaya añade que, aunado a estas medidas del Gobierno federal, se requiere de una campaña de apoyo a todos los productos de granos en el país y así depender menos de las importaciones del exterior.

“Lo que debiéramos promover es un aumento en la oferta, porque es la única manera de que los precios puedan bajar, ya que México, al ser el segundo importador a nivel global, al estar importando tanto maíz, estamos elevando los precios”,

zanja.

La exención de aranceles decretada este lunes forma parte de la estrategia del Ejecutivo para intentar atajar la inflación. A inicios de este mes, el presidente presentó un Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), una batería de 16 medidas en acuerdo con la iniciativa privada, entre las que se contemplan también una mayor producción en granos, exención de aranceles en fertilizantes y la promesa de que se mantendrán los precios en los 24 productos que integran la canasta básica. Sin embargo, analistas coinciden en que la estrategia del Gobierno federal está atada a la voluntad de las empresas, pondrá una mayor presión a las finanzas públicas, ya de por sí ajustadas por el subsidio a las gasolinas y tendrá un impacto moderado en la escalada de precios.

La semana pasada, el Banco de México elevó por octava ocasión consecutiva la tasa de interés para llegar al 7%, tras evaluar las mayores presiones inflacionarias derivadas del impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se sumaron a los choques traídos por la pandemia del coronavirus.

Fuente: El País.

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De aplicarse un control de precios a los alimentos para tratar de contener la inflación, tal y como lo contempla el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría llevar aún más los precios al alza y desatar un efecto contrario al que busca el gobierno federal.

Analistas consultados por Expansión dijeron que la medida puede funcionar en un corto plazo; sin embargo, se deben implementar acciones para atacar el problema de fondo que es la falta de producción local de alimentos.

México y el mundo han vivido dos años con problemas en las cadenas de suministro y de logística para el transporte de mercancías. El primero por la pandemia del coronavirus y en segundo lugar por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

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Fernando Cruz, socio del grupo consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), detalla que los granos, frutas y hortalizas también dependen de cuestiones climáticas y tanto las lluvias como la sequía afectan la producción y alteran los costos de producción y los precios finales.

Agregó que el mercado se rige por la ley de oferta y demanda, y que el maíz, que este año supera los 7,000 pesos por tonelada, tuvo un incremento cercano al 50%, comparado con el año pasado “porque México es una economía abierta”.

La inflación en México en febrero marcó 7.28% a tasa anual, pero los productos agropecuarios tuvieron un aumento 16.17%, las frutas y verduras de 19.6%; los productos pecuarios de 13.57%, de acuerdo con datos del INEGI.

¿Remedio o enfermedad?

A diferencia de lo que está haciendo el gobierno con los combustibles, de dar subsidios, en los alimentos “no interviene ni en la determinación de precios, ni en la parte de utilidades o costos”, comentó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Imponer un control de precios podría traer consigo más problemas que soluciones, como mercado negro, aumentos de precios y que haya una menor producción, apuntó Enrique Cárdenas, economista y director de Puebla Contra la Corrupción.

“Si bien puede ser una medida adecuada en muy corto plazo, para aliviar una situación que se ve que es temporal, no puede ser por mucho tiempo”,

sostuvo Cárdenas. Este tipo de medidas se pueden aplicar por un lapso no mayor a tres meses, agregó.

Entre las consecuencias del control de precios está la escasez de los productos que se oferten a un precio más bajo que el real, así como un mercado negro, señalaron los especialistas. Si se aplica por un lapso prolongado, también puede traer una mayor inflación.

En el caso de los productores, controlar los precios puede derivar en que no sea costeable para ellos y opten por no cosechar una temporada.

Por ejemplo, en el caso de limón, “reduce la tasa de ganancia o incluso puede llevar a la quiebra a los productores de limones”, dijo Cárdenas.

De aplicar un subsidio como en el caso de las gasolinas “ese dinero tiene usos alternos y está debilitando las finanzas públicas que, eventualmente, va a significar más endeudamiento de parte del gobierno”, señaló.

El impacto

El control de precios, de acuerdo a Fernando Cruz, impacta a los productores primarios y todas las cadenas comercial, de transformación y de logística.

En ese sentido, el socio de GCMA y el director del IDIC coincidieron en que una solución sería dejar funcionar al mercado y no intervenir en los precios.

“La reflexión que hemos hecho con Juan Carlos Anaya, director de GCMA, es que el problema no está por el lado del control de precios. Hace año teníamos una infraestructura que se llamaba Oportunidades, que ayudaba a las personas de menores ingresos con una transferencia de dinero, indexada a la canasta básica”,

recordó Cruz.

Atacar el problema

La presión al alza en los precios de los alimentos obedece a las importaciones que se hacen en el país.

México es un importador -un mercado abierto- de granos, por lo que, una solución más viable, aunque de mediano y largo plazo, tiene que ver con aumentar la capacidad productiva del país, coincidieron los especialistas consultados.

“Habría que establecer ciertos programas para elevar la producción interna. El problema es que esto no es de corto plazo”,

sostuvo José Luis de la Cruz.

Otra solución, agregó, tiene que ver con hacer más eficientes procesos de siembra y cosecha, así como lograr costos de distribución asequibles.

En ese sentido, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, dijo el martes en conferencia de prensa que el gobierno trabaja en un plan para aumentar la capacidad productiva del campo mexicano, particularmente en cereales, maíz, arroz y frijol.

Una alternativa más tiene que ver con dejar actuar al mercado, medida que se ha visto que es más sostenible en el corto plazo, y evitar monopolios, acaparamiento y especulación, agregó de la Cruz.

Control de precios en el pasado

Las políticas de control de precios se han aplicado en México en los años 80 y 90, cuando los niveles de inflación superaban el 70 y el 80%. Aunque es cierto que aunque actualmente la inflación en México es mayor al 7%, casi duplica la meta del Banco de México (3% +/- un punto porcentual).

José Luis de la Cruz recordó que en la década de los 80 el control de precios se tradujo en una mayor inflación.

Mientras que, en los años 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se trató de controlar el tipo de cambio para mantener precios bajos en las importaciones, “sobrevaluando al peso que hacía que la gente comprara fuera porque el dólar estaba barato”.

Sin embargo, agregó, la distorsión en el precio del dólar, al verlo barato, el consumo se inclinó por el dólar, “lo que llevó a un desequilibrio en la balanza de pagos y, eventualmente, a la devaluación de 94”.

Fuente: Expansión.

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