México es el «quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar«, dijo este miércoles (06.04.2022) el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Small Arms Survey calcula que «hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país a pesar de que las leyes mexicanas de posesión de armas son estrictas y solo existe una oficina administrada por el Ministerio de Defensa (…) para que los civiles puedan solicitar permiso y comprar armas de fuego», afirmó Celorio durante su intervención.

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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador calcula que «cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia nuestro país», añadió el experto con motivo de la conmemoración en la OEA del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.

Según cifras oficiales, entre el 70 y 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México «se rastrean a su origen» en Estados Unidos, lo cual -según Celorio- es un problema no sólo por la cantidad sino por sus características, puesto que muchas están diseñadas para uso militar. Esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, cuya consecuencia son «masacres que dejan decenas de muertos en un par de minutos».

Celorio declaró que México ha trabajado con Estados Unidos para combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas provenientes de territorio estadounidense, con éxito a nivel de aduanas en la frontera y en perseguir a los delincuentes, pero quedaba pendiente otro componente: las empresas que las manufacturan y distribuyen.

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En agosto de 2021, México puso una demanda civil por daños contra estas empresas por estimar que «sus actividades negligentes e ilícitas facilitan el tráfico de su producto cogenerando esta espiral de violencia», explicó Celorio, poniendo énfasis en que no es contra el Gobierno de Estados Unidos, la población estadounidense ni su sistema jurídico.

No obstante, «los Gobiernos tenemos la oportunidad de animar a nuestro sector privado para que se conduzcan con la debida diligencia, el debido cuidado, prevengan que sus productos causen un daño y que en el caso de armas y más de las armas de diseño para uso militar caigan en manos de criminales», agregó.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, aseguró que su país «reconoce su responsabilidad para cumplir con su parte en prevenir la exportación ilegal de armas de fuego a nuestros vecinos, y se compromete a trabajar con México, el Caribe, América Central y otros países de la región para detener el movimiento ilegal de armas de fuego a través de las fronteras».

Fuente: DW.

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Las 11 empresas de armas estadounidenses demandadas por el gobierno de México respondieron formalmente a Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, para solicitar que se desestimen los argumentos contra las compañías.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), divulgó un documento que enumera las respuestas de las armadoras, quienes cuestionan la legalidad de la demanda.

La SRE informó que en coordinación con otras dependencias federales, prepara los argumentos y la “evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías demandadas”.

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La Cancillería sostuvo que México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, las empresas entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero.

“Tales señalamientos se atenderán de manera precisa en el escrito de réplica y ante la corte. De ninguna manera se litigará este caso en los medios de comunicación”,

sostuvo la secretaría.

La demanda fue presentada el pasado 4 de agosto contra los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

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Las empresas tienen plazo hasta este lunes 22 de noviembre para presentar un recurso contra la denuncia, donde se les acusa de un comercio “negligente e ilícito” de armas.

México pide poner fin al “daño” que provocan esas empresas al “facilitar activamente el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga y a otros criminales” en el país.

Entre 70% y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, desde donde llegan anualmente más de medio millón de armas al país corroído por el narcotráfico, según la denuncia.

Fuente: Animal Político.

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El canciller Marcelo Ebrard informó que el próximo viernes evaluará, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y el Fiscal General, Alejandro Mayorkas, los avances en 10 acciones prioritarias fijadas por ambas naciones en materia de seguridad.

En la reunión, donde participará el gabinete de seguridad del gobierno de México y estará encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tiene como objetivo dejar atrás la iniciativa Mérida por su carácter asistencialista y no de fondo, dijo.

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“Dejar atrás la Iniciativa Mérida que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando y por ende se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa basada en que, en un entendimiento”,

expuso Ebrard durante la conferencia de prensa matutina de AMLO desde Veracruz.

Dentro de los 10 objetivos que se fijaron ambas naciones está reducir la tasa de homicidios en México y solicitar que el gobierno estadounidense brinde a las autoridades del país asistencia jurídica y reciprocidad en materia de extradiciones además de un eficaz control en el tráfico de armas.

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Hace unos meses, el gobierno de México presentó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, a los cuales acusa de tener prácticas negligentes que han permitido el tráfico hacia México.

La Corte Federal de Massachusetts admitió la demanda en la que México busca que empresas fabricantes reparen económicamente el daño en México por la introducción ilegal de armas por alrededor de 10 mil millones de dólares.

Fuente: Forbes.

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