Cuando consiguió trabajo en General Motors en México, Guillermo Ramírez pensó que sería su boleto para salir de la pobreza.

Pero una década más tarde, Ramírez dice que aún no gana suficiente para mantener a sus tres hijos. Comen en la casa de la mamá de él, mientras él ayuna y pide prestado un carro para llevar al hospital a su bebé de siete meses, que sufre de convulsiones.

“Es muy poco lo que estás ganando”, dijo Ramírez. “Te hace sentir impotente”.

México se ha transformado en una potencia industrial en las últimas dos décadas, al atraer un torrente de inversiones de algunas de las mayores empresas del mundo. Sin embargo, hay un problema obstinado que persiste: aunque el país se ha convertido en uno de los más ricos de América Latina, sus trabajadores ganan salarios que se encuentran entre los más bajos de casi cualquier país de la región.

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Los economistas dicen que un motivo importante es que, durante décadas, los mexicanos han tenido poca influencia al momento de decidir qué sindicatos los representan.

Históricamente, los sindicatos tradicionales del país se han aliado con políticos y empleadores en lugar de defender a los obreros. Han mantenido los salarios bajos y han alejado la posibilidad de una organización real y, a su vez, han acumulado poder y riqueza considerables, algunas veces bajo sospecha de corrupción.

Ahora, en una de las mayores plantas de General Motors en el país, en Silao, una ciudad del centro de México, un grupo de trabajadores que arman camionetas Chevy Silverado y GMC Sierra, ha organizado un desafío directo a dichos intereses. Han formado un sindicato independiente que competirá por la oportunidad de representar a miles de empleados en una elección programada para esta semana.

La votación es la primera gran prueba a las ambiciosas reformas laborales incluidas en el recientemente revisado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y al compromiso de México de desmantelar un sistema anquilosado que, según muestran los estudios, evita que muchos trabajadores reciban pagos y prestaciones más allá de lo mínimo garantizado por la ley.

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Una victoria, dicen los economistas, podría ser el inicio de una transformación fundamental en las fábricas mexicanas.

“Tendría un efecto dominó en el sector”, dijo Joyce Sadka, una economista mexicana que ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos en el tema de sindicatos mexicanos. “Es la prueba de que es posible tener un sindicato que de verdad intenta representar los intereses de los trabajadores frente a estas compañías muy grandes”.

Los trabajadores de la planta General Motors de Silao empiezan con un salario inferior a 9 dólares diarios, menos que lo que pagan algunas plantas de Nissan, Audi y Volkswagen en México, que están representados por sindicatos independientes, y apenas 60 centavos por encima del salario mínimo diario del país.

En entrevistas, más de 20 trabajadores de la planta describieron un ambiente severo en el que es rutina que los supervisores, que priorizan la producción veloz, nieguen a los empleados ir al baño durante horas. Varios administradores les han dicho que su contrato laboral no garantiza ir al baño de manera regular.

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Elizabeth Jaramillo contó que hace tres semanas, cuando estaba menstruando, se manchó los pantalones porque no le permitieron ir al baño para cambiarse su toalla sanitaria. Claudia Juárez López dijo que había sufrido varias infecciones en las vías urinarias luego de que, a lo largo de 17 años trabajando para la empresa, los supervisores han rechazado repetidamente sus solicitudes para ir al baño.

“¿Cómo es posible que es una empresa a nivel mundial y los tengan trabajando en esas condiciones?”,

dijo Juárez López, quien se unió al esfuerzo de crear un nuevo sindicato debido a la forma en que ha sido tratada.

David Barnas, vocero de General Motors, dijo que las denuncias sobre los permisos para ir al baño “no son ciertas ni coherentes con el historial positivo de satisfacción laboral de la planta” y que los empleados no habían tocado el tema en las inspecciones independientes de trabajo realizadas en la planta en años recientes.

Los trabajadores se quedan en la planta de Silao “debido a un ambiente positivo y saludable que hemos establecido como líderes corporativos en México”, dijo Barnas y añadió que la empresa trabajaría con el sindicato que ganara la elección de esta semana.

El nuevo sindicato, llamado Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, competirá contra otros tres grupos en la elección. Dos de los contendientes tienen vínculos con el viejo sindicato y el otro es uno relativamente desconocido.

María Alejandra Morales Reynoso, la lideresa del sindicato independiente, dijo que tres personas habían ido a su casa a amenazarla por la campaña.

“Nos quieren intimidar”, dijo Morales. “Pero estamos comprometidos con nuestra lucha”.

Funcionarios del sindicato que ha representado a los trabajadores en la planta, la Confederación de Trabajadores de México, no respondieron a las preguntas.

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En 2011, cuando Ramírez empezó a trabajar en la planta, jamás se le hubiera ocurrido unirse a cualquier tipo de levantamiento obrero. Le daba orgullo andar por la ciudad con su camisa de General Motors. Sus hijos les decían a sus compañeros de la escuela: “mi papá hace camionetas”, dijo Ramírez.

Pasó cinco años subiendo en el tabulador de pagos hasta que llegó a un tope, de alrededor de 23 dólares al día, menos de lo que los empleados de General Motors en Detroit ganan en dos horas.

Luego, cuando la producción aumentó, su salario apenas se modificó. Dice que empezó a preguntarse: “¿por qué te aumentan tan poquito si ahí afuera está aumentando todo?”.

Tal vez Ramírez haya entrado a la economía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuando no era el momento adecuado. Luego de que entró en vigor el tratado, a mediados de los años noventa, los salarios reales para los obreros industriales aumentaron en México. Pero luego de la crisis financiera de 2008, los aumentos para esos empleados se empezaron a estancar y solo recientemente volvieron a aumentar.

El tratado “hizo una contribución positiva a las condiciones laborales, pero fue mucho menos que su potencial”, dijo Luis de la Calle, un ex negociador del TLCAN para México que ahora es consultor político. El gobierno, que hasta hace poco no había aumentado significativamente el salario mínimo, es en parte responsable. También es una productividad mediocre.

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Pero De la Calle dijo que parte de la culpa también la tienen los grandes sindicatos mexicanos, que durante mucho tiempo contaron con protección política, pero hicieron poco para mejorar las condiciones de la gente que representaban.

“La pregunta es: ¿los líderes sindicales en México representan el interés de los trabajadores?”, dijo De la Calle. “En general la respuesta es no, y eso tiene un impacto en los salarios”.

En 2016, Sadka analizó más de 1400 contratos sindicales en México y encontró que tres cuartas partes de estos eran “acuerdos impostores”, como los llamó en su declaración ante el Congreso estadounidense, que a menudo ofrecían a los trabajadores menos prestaciones de las que les garantiza la ley.

Y ahora, aunque México es uno de los países más ricos de América Latina, sus salarios son comparables a los de El Salvador, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, según datos compilados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para subsistir, Ramírez convirtió una parte de la casa de su madre en vivienda para su familia. Hace carros todo el día pero no le alcanza para comprar uno. Sus hijos, dice, le preguntan: “¿Por qué no haces uno para ti?”.

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Por ahora, Ramírez tiene que pedir prestado un coche para llevar a su bebé, que lleva meses con convulsiones, al hospital. Su hija Nathaly, de 13 años, falta a clases porque la familia no ha podido pagar el transporte escolar.

“Mi papá batalla mucho”, dijo Nathaly. “Está ahorrando para comprar un carro ahorita”.

Cuando Ramírez pidió ayuda económica al antiguo sindicato de la planta, a medida que aumentaban los gastos médicos, dijo que lo máximo que le ofrecieron fueron unos 15 dólares.

“Era una broma”, dijo Ramírez. “No puedo comprar un paquete de pañales con eso”.

Como parte de las negociaciones sobre el tratado comercial reelaborado, México hizo cambios radicales en sus leyes laborales en 2019, lo que facilitó que los sindicatos independientes desafíen a los titulares y requirió una revisión de cientos de miles de contratos existentes.

El pacto comercial, que decía que México tenía que hacer cumplir las nuevas reglas, ganó el apoyo de los líderes sindicales estadounidenses, en parte porque creían que las protecciones más fuertes podrían evitar la pérdida de empleos en Estados Unidos.

“Si hay una carrera hacia el fondo, hay que elevar el fondo, y entonces quizás la carrera se ralentice un poco”, dijo Jeff Hermanson, funcionario del Centro de Solidaridad, una rama de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por si sigla en inglés).

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Cuando los trabajadores de la planta de General Motors votaron sobre si anulaban su contrato en abril, el gobierno suspendió la elección después de que los inspectores encontraron boletas destruidas dentro de las oficinas del sindicato existente, parte de la Confederación de Trabajadores de México.

Las irregularidades llevaron al gobierno de Joe Biden a aprovechar, por primera vez, un canal para conflictos laborales establecido en el nuevo acuerdo comercial, y pedir formalmente a México que revisara el caso. El gobierno mexicano convocó una nueva votación. En agosto, los trabajadores decidieron desechar su contrato, y ahora se preparan para votar por el sindicato que negociará uno nuevo.

Ramírez dijo que pensaba votar por el sindicato independiente.

La semana pasada pidió a su jefe dos días libres porque su esposa había pasado días sola con su bebé en el hospital. El pedido fue rechazado.

“Estás fallando como esposo”, dijo sobre sí mismo, “porque no puedes darle el refuerzo que necesita”.

No sabe cuánto cambiará su vida si gana el sindicato independiente. Pero por una vez, espera, los trabajadores tendrán voz y voto.

Fuente: The New York Times.

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El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dio un vuelco a la legislación laboral en México con miras a resolver algunas de sus principales carencias. Sin embargo, expertos temen que esas mismas mejoras puedan desatar periodos de crisis laboral en los centros de trabajo.

“Están creciendo nuevas fuerzas sindicales… y todo esto suma cierta inestabilidad laboral”,

apuntó Oziel Guerrero, abogado laboral de Vega, Guerrero & Asociados.

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El tratado exige a México, entre otras cosas, asegurar que los trabajadores puedan ejercer su derecho de asociación y proteger los procesos de democracia sindical. El cambio se vio como un golpe al sindicalismo corporativo que dominó el país por décadas y como un impulso a los sindicatos nuevos e independientes.

Sin embargo, la proliferación de sindicatos podría crear una batalla campal entre grupos sindicales y generaría inestabilidad.

Óscar de la Vega, de la firma De la Vega & Martínez Rojas, considera que la reforma laboral se implementó demasiado pronto, sin antes remendar huecos dentro de la ley sindical.

“Si no se modifica esto de manera integral, puede haber crisis en temas laborales. Estamos ‘al cuarto para el ratito’ de empezar a ver problemas como el de GM, pero ya de manera constante en sectores… que son de alta exportación”, dijo.

En contraste, Juan Francisco Torres, líder de la práctica de Hogan Lovells en América Latina, se mostró más optimista respecto a los cambios laborales que llegaron con el T-MEC, pero no dejó de lado su preocupación por posibles crisis.

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“Ojalá que lo que no se genere, y creo que a nadie le conviene, que hubiera un clima de hostilidad; que hubiera huelgas, paros. Eso no sería nada bueno para el país, empezando por los propios trabajadores”, apuntó.

La implementación de la reforma laboral se encuentra bajo la lupa sobre todo de las autoridades estadounidenses, que armaron “una estructura muy fuerte” para monitorear su progreso en México, explicó Eusebio Hidalgo, socio fundador de la firma Ansley Consultores.

Fuente: El Financiero.

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Las nuevas disposiciones del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han generado nuevas tensiones entre los países y estas se acercan a un punto de inflexión. Dos denuncias de abusos en derechos laborales y corrupción en sindicatos en México, así como diferencias en las interpretaciones de las reglas de origen de las exportaciones muestran la contención entre México y Estados Unidos a partir de lo negociado bajo administraciones anteriores en 2018.

Unos 6.000 trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, votarán esta semana a favor o en contra del contrato colectivo de trabajo negociado por la una de las organizaciones sindicales más grandes del país, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) — marcando, a su vez, un hito en la historia laboral de México. Este martes, mismo día que inicia la consulta en Guanajuato, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que viajará a Washington con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el 9 de septiembre como parte del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), encabezado allá por la vicepresidenta, Kamala Harris. El éxito de la consulta, medido por la transparencia y credibilidad, sentará las bases de esas reuniones.

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Si bien el alcance del DEAN va más allá del comercio, “el T-MEC estará más que presente en esa reunión por la magnitud que representa”, asegura Ignacio Martínez Cortés, académico coordinador del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. “Por eso es muy importante que el tema sindical salga lo más limpio posible para que no se llegue con ese frente abierto a la reunión”, agrega el experto en comercio internacional. Además, si la consulta falla, Estados Unidos pudiera imponer un arancel de hasta 25% a la producción de la planta en Silao.

Una de las diferencias más grandes entre el antiguo TLCAN y el nuevo T-MEC son las disposiciones que se ofrecen a autoridades de denunciar abusos laborales por parte de los sindicatos. El T-MEC incluyó la creación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR), un procedimiento inédito de resolución de controversias. Cuando, en mayo, las autoridades estadounidenses recibieron información de que el sindicato de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao sufrían “serias violaciones” a sus derechos, Estados Unidos utilizó el mecanismo para exigir se hiciera la consulta. El T-MEC también permitió la presencia de más agregados laborales extranjeros.

Los dos casos hasta el momento

La de Silao es la segunda denuncia presentada por parte de la Administración de Joe Biden en la que acusan al sindicato de una planta en México de impedir que los trabajadores se organicen en una organización alternativa a la suya. Otro caso es el de la empresa Tridonex, en Matamoros (Tamaulipas), que finalmente llegó a un acuerdo con la Administración de Biden en el que se comprometió a indemnizar a 154 trabajadores que fueron despedidos, así como a garantizar la libre asociación de los trabajadores, entre otras acciones.

“Los dos casos que inició Estados Unidos se encontraron fallas y en los dos casos el Gobierno de México tomó acción”, dijo Juan Carlos Baker, consultor y uno de los negociadores del T-MEC bajo la Administración anterior en México.

“Esto pudiera verse como un éxito, pero hay argumentos y quejas también de que las empresas y los sindicatos en Estados Unidos no tienen la misma protección de su Gobierno que sí tienen en México”, agrega.

El domingo, dos días antes de la votación en Silao, la CTM emitió un comunicado en que acusaban a sindicatos extranjeros de interferir en el proceso. “Existe, desde hace varias semanas, una constante presión de sindicatos americanos hacia las autoridades mexicanas y hacia los trabajadores de esta planta automotriz para tratar de influir en el resultado; por lo cual, rechazamos esta injerencia”, apunta el comunicado.

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Para garantizar la legitimidad, la votación será observada por el Instituto Nacional Electoral (INE) así como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El INE ha sido blanco de ataques del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien, tan recientemente como el lunes, propuso en conferencia de prensa una reforma a la institución, ya que “no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, dijo, “entonces, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio”.

Por su parte, la secretaria Clouthier, de México, ha expresado su desacuerdo con la manera en que Estados Unidos está interpretando las reglas de origen en el sector automotriz, las cuales definen cuánto porcentaje de las partes que componen un producto exportado debe ser producido en el país, versus importado de países que no pertenecen al T-MEC. En julio, tras una reunión con sus contrapartes estadounidense y canadiense, Clouthier dijo que desde que el tratado entró en funcionamiento tanto Canadá como México han expresado que la interpretación de las reglas como las está haciendo la Administración de Biden “no es lo que acordamos en términos del T-MEC y hemos pedido que se haga una revisión de este tema y que la interpretación sea lo que se acordó”.

Fuente: El País.

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“Estamos a favor de nuestro Contrato, nuestras prestaciones y llamamos a votar por el Sí”,

dijeron convencidos de que el sindicato ha sido parte de la empresa desde los inicios de la planta en 1995.

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“Estamos apostando por la continuidad de la planta”,

subrayó Miguel Armenta, trabajador desde 1998, que se refirió a la necesidad de que los empleos se queden en Guanajuato y no se vayan a ningún lado.

Y es que, en medios de comunicación, se ha manejado la versión de que las inversiones y, por lo tanto, la viabilidad de la empresa podría verse comprometida si no se legitima el Contrato Colectivo. Si se les da entrada a sindicatos externos, y a la abierta intervención del gobierno canadiense y estadounidense en el entorno laboral mexicano.

Lizeth Sánchez, trabajadora de la planta desde 2013, manifestó la necesidad de un cambio a favor de la legitimación de su contrato. Aclaró que estar a favor del contrato que tienen los trabajadores, no implica cambio alguno de sindicato, sino por el contrario, la oportunidad de conformar un nuevo comité sindical.

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Los trabajadores coincidieron en que las oportunidades de trabajo derivadas de la presencia de General Motors no pueden desperdiciarse. Hablaron de que el contrato tiene áreas de oportunidad y que quieren que mucha gente se desarrolle como ellos lo lograron a través del tiempo, consolidándose como uno de los mejores lugares para trabajar en la región.

Fuente: Redacción.

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Trabajadores del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Miguel Trujillo López, señalaron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del gobierno federal, envió a la planta de General Motors (GM) de Silao, a un Inspector con múltiples antecedentes delincuenciales y quien es señalado de amenazar a los empleados a que voten por la “no legitimación” del Contrato Colectivo de Trabajo cuya titularidad pertenece a este sindicato.

Se trata del inspector identificado como Luis Armando N. alias “El Güero”. De acuerdo con un grupo de empleados de la armadora, intimida para influir a que los trabajadores voten por el “no” el próximo 17 y 18 de agosto en la consulta para legitimar el contrato.

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Los trabajadores denunciantes califican este acto como una intromisión del gobierno federal para enturbiar la consulta. Esta se debería realizar en condiciones de libertad, seguridad, certeza y transparencia.

Según los inconformes, Luis Armando N. cuenta con antecedentes penales en el estado de Colima. Imputado de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lesiones dolosas y daños.

Acusaciones penales

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima, y el diario Colima Noticias dieron cuenta de una de las detenciones. Cuando se le detuvo junto con dos mujeres por la portación de un arma corta abastecida con su respectivo cargador y varios cartuchos útiles.

Asimismo, derivado de la revisión que aplicaron en apego a los protocolos de actuación policial, les aseguraron más de 450 mil pesos en efectivo y un vehículo sin placas de circulación.

Este personaje, según los trabajadores, es considerado empleado de confianza, adscrito a la STPS en el estado de Colima con un salario aproximado de 7 mil pesos. 

Por ello se cuestionan que la cantidad que le incautaron, durante su detención, sea producto de su trabajo en la dependencia federal.

Con esos antecedentes, fue enviado por la Secretaría del Trabajo al estado de Guanajuato, para realizar un trabajo de inspección que realizan de manera permanente en la planta de General Motors.

“Aquí lo cuestionable es que el gobierno federal, donde se habla de un supuesto combate a la corrupción como bandera, tenga servidores públicos con estos antecedentes y que los mande a esta planta a reventar, a amedrentar a los trabajadores”,

dijo uno de los empleados, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.

Cuestionó el hecho de que un funcionario con estos antecedentes, el gobierno federal presione a los trabajadores a que voten por el “no”.

Los trabajadores de GM en Silao están representados por el sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

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Se ha advertido que de no solucionarse este conflicto, las líneas de producción no solamente se podrían ir a otros países sino a otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Jalisco, donde también se encuentran más empresas del sector automotriz.

En Guanajuato, más de 100 mil personas se dedican al sector automotriz y la principal fuente es GM con más de 10 mil colaboradores. Es necesario, según ellos, que la firma del Contrato Colectivo se pueda dar en óptimas condiciones y disposición para asegurar fuentes de empleo.

Fuente: Al Instante Bajío.

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El Gobierno mexicano y el estadounidense anunciaron este jueves un “curso de reparación” tras la queja de Washington por la violación de derechos laborales en la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato.

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Este es el primer curso de remediación del nuevo Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), indicaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Economía (SE) y la Oficina de la Representante Comercial de EU, (USTR, en inglés).

El anuncio “atiende la solicitud de revisión” que Estados Unidos envió a México el 12 de mayo por las «irregularidades detectadas» en la votación del contrato colectivo y “la denegación” de los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

“El curso de reparación es el resultado del compromiso de los gobiernos de México y Estados Unidos con los derechos de los trabajadores y representa una victoria para los trabajadores de las instalaciones”, aseveró el boletín.

Con esta acción, México se compromete a asegurar que el nuevo voto de legitimación se realice a más tardar el próximo 20 de agosto.

Además, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estarán en las instalaciones a partir de esta semana “para prevenir y atender cualquier intimidación o coerción”.

También habrá “una presencia robusta de observadores internacionales imparciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Asimismo, el Gobierno mexicano prometió “investigar y, de ser apropiado, sancionar a cualquier persona responsable de la conducta que llevó a la suspensión del voto de abril y de cualquier otra violación de la ley relacionada con dicho voto”.

Interferencia extranjera en los asuntos internos de México

El anuncio ocurre durante la visita de Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, quien está en México desde el miércoles, al igual que la ministra canadiense de Comercio Internacional, Mary Ng, para conmemorar el primer aniversario del T-MEC, en vigor desde el 1 de julio de 2020.

Respetar los derechos de asociación, negociación colectiva y de mejores salarios en México ha sido uno de los principales reclamos de los sindicatos norteamericanos para la firma del T-MEC.

Por ello, el Gobierno mexicano mostró el miércoles a Tai y a Ng los avances de la reforma laboral mexicana derivada del T-MEC, que impuso la libertad sindical y justicia laboral dentro de las empresas en México.

“Coincidimos en que el respeto a los derechos laborales debe ser uno de los ejes rectores del comercio, y que el T-MEC debe traducirse en mejoras de las condiciones laborales y salariales”, expresó Luisa María Alcalde, la secretaria mexicana del Trabajo, tras una reunión con Tai este jueves.

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El curso de reparación de la planta de General Motors terminará el próximo 20 de septiembre.

Además de esta queja, México admitió el 19 de junio una revisión laboral de Estados Unidos por la presunta violación de derechos de los trabajadores en la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Texas.

¿Será que esta interferencia de sindicatos de Canadá y EUA, y su supuesta «preocupación» por el «bien de los trabajadores mexicanos», es más bien un pretexto para encarecer la producción mexicana o amagar con aranceles y que las empresas opten por regresar las líneas de producción que México ganó a su lugar de origen?

Fuente: Con información de El Financiero.

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Él es quien ha fundado un grupo de choque llamado Generando Movimiento, que busca que no se logre la tan ansiada legitimación del Contrato Colectivo de los trabajadores de la armadora estadounidense, poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa de cara al reclamo estadounidense promovido por el T-MEC.

“No hay que dar nombre, podemos decir que somos del área de ensambles, si es necesario que podamos jugarles sucio a estos del sindicato”. Sostiene Israel Cervantes en un audio que ha circulado por las redes sociales de manera masiva.

Descripción del audio

En el audio que puede representar un punto de inflexión, un iracundo Cervantes llama al delito de difamación en contra de los trabajadores que son miembros del sindicato. Le pide a sus allegados (menos de 50 personas en total), que declaren en audios falsos vía WhatsApp, que vieron a miembros del sindicato intentando comprar el voto de los trabajadores, llamando al juego sucio en contra de sus excompañeros.

Se espera que los trabajadores se organicen en los próximos días, para presentar una denuncia contra Israel Cervantes por hostigamiento laboral. Decenas de testimonios dan cuenta de las amenazas que ha emprendido, amparado en el poder de las grandes centrales sindicales de esta administración que le otorgan recursos financieros contantes y sonantes para seguir generando ruido en la legitimación del CCT de General Motors. Según testimonios se encuentra abrumadoramente a favor de la misma, como dan cuenta cientos de materiales que circulan a diario en las redes sociales de los trabajadores de la empresa.

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Fuente: Industrias México.

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