México ya había prohibido el maíz transgénico. En diciembre del 2020 un decreto presidencial estableció que el país dejaría de importar todo maíz transgénico para el 2024. El nuevo decreto presidencial lo sustituye y es más específico: el maíz transgénico se seguirá importando para algunos casos por otro año más, y hasta indefinidamente para uso industrial para producción de artículos.

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El debate por el maíz transgénico y por el glifosato ha sido uno muy, muy largo. No solo es uno de alcances científicos, sino que tiene un entramado muy completo de motivaciones económicas, políticas y empresariales. En el lado científico, no hay evidencia alguna que sugiera que el maíz transgénico es perjudicial para la salud, pero la postura oficialista del Conacyt ha sido en su contra porque, a decir de su titular, María Elena Álvarez Buylla, los transgénicos atentan contra los conocimientos ancestrales de comunidades en México que han desarrollado variedades de maíz que solo existen en nuestro país.

El argumento es uno más cultural que de salud: el uso de transgénicos puede hacer que variedades producidas en México queden desplazadas, según sugieren estudios tempranos. Otras voces desde el Cinvestav y la UNAM han llamado a «no satanizar» a los transgénicos.

La batalla por el glifosato

Por otro lado está el tema, quizás más enrevesado, del glifosato. El pesticida ha sido sujeto de titulares a lo largo de todo el mundo por su posible involucramiento en esquemas de corrupción por parte de su creador, la empresa Monsanto, y sus posibles afecciones a seres humanos. El glifosato sí podría causar cáncer según la lista de agentes posiblemente cancerígenos de la OMS, pero la evidencia hasta ahora no ha permitido establecer una relación causal certera; de ahí que la OMS no tiene al glifosato entre la lista de agentes que sí causan cáncer.

El glifosato pertenece al grupo 2A en la clasificación de la OMS, la lista de agentes probablemente carcinógenos. En la lista también están la carne roja, las frituras y las exposiciones a químicos que tiene quien trabaja en una estética.

El glifosato ha sido visto con malos ojos desde que empezaron a surgir las primeras asociaciones con enfermedades, a pesar de que la evidencia científica no esté completa hasta ahora. En su momento, el divulgador de ciencia Mauricio Schwarz dijo que el uso de glifosato sí puede provocar que se le encuentre en alimentos humanos (como aquel caso célebre de Maseca), pero dijo también que no debería sorprender puesto que las proporciones son muy pequeñas y los mecanismos de detección que científicos utilizan hoy en día son cada vez más finos. La ingesta de glifosato está regulada en algunos países. En Estados Unidos el límite de ingesta permitida es de .5 miligramos.

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El glifosato es un pesticida que suele usarse con maíz transgénico que ha sido modificado genéticamente para ser resistente a sus efectos. La combinación tiene como resultado la producción masiva de maíz en ciertas zonas.

México no tiene regulada la ingesta de glifosato y tampoco tiene la capacidad para hacer muestreos probabilísticos a alimentos que utilizan transgénicos para corroborar los niveles de presencia del pesticida. Bajo ese panorama su veto es la opción más conservadora, pero también la más segura dada la falta de evidencia científica y el estatus del glifosato como posible carcinógeno. El tema del maíz transgénico es distinto porque no hay ninguna evidencia que si quiera sugiera que su uso tiene daños directos a la salud, sino que los argumentos en su contra no provienen de la ciencia.

Lo que sigue

De cualquier forma, la decisión en México está tomada. Los permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado y su uso para alimentación humana ya no serán otorgados y los que fueron dados serán revocados. El maíz genéticamente modificado para uso industrial sí se seguirá permitiendo, pero se han puesto en marcha acciones para sustituirle por completo antes del 31 de enero de 2024.

En este mismo período también se podrá usar maíz genéticamente modificado para alimentación animal, siempre y cuando su uso no genere productos destinados a la alimentación humana. Después del 31 de enero de 2024 el maíz transgénico podrá seguirse usando en la cadena de producción de otros productos, como cosméticos, textiles, calzado, papel y otros.

Fuente: Xataka

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Andrés Manuel López Obrador terminó 2021 y ha comenzado este año sumido en una guerra con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tensiones con el organismo no son nuevas y han acompañado la primera mitad del sexenio, pero la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato prevista para abril ha convertido el pulso en un enfrentamiento abierto.

A esta convulsión, sin precedentes en la historia de la autoridad electoral, se suma la presión política ejercida sobre el Banco de México (Banxico). La nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, acaba de asumir el cargo tras un relevo precipitado por el presidente a finales de noviembre. La antigua subsecretaria de Egresos de Hacienda, la primera mujer a la cabeza de la institución, se ocupará de la estabilidad de los precios, pese a su escasa experiencia en la materia, porque así lo quiso el mandatario. Tanto la relación con el INE como con el banco central son especialmente significativas no solo por tratarse de órganos constitucionales autónomos, que operan al margen de los tres poderes del Estado, sino porque marcarán un año clave para el Gobierno.

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Las citas electorales y la economía son determinantes para López Obrador porque de todo ello depende la consolidación de su proyecto, la llamada Cuarta Transformación. Además del referéndum revocatorio, que este miércoles ha reivindicado como un instrumento para “afianzar la democracia”, millones de mexicanos están convocados a las urnas en junio para elegir a los gobernadores de seis Estados y decenas de municipios. Aunque esos comicios no tienen las dimensiones de las elecciones intermedias de 2021 sí son importantes para medir las fuerzas del partido oficialista, Morena, antes de las presidenciales de 2024. Y en todos esos procesos es crucial el trabajo del INE.

El origen del conflicto con el Instituto Electoral ha sido en esta ocasión su negativa a organizar la consulta tras los recortes de presupuesto aprobados por el Parlamento. Finalmente la justicia le ordenó reanudar la coordinación del proceso con el apoyo financiero de Hacienda, aunque en medio han quedado denuncias penales contra varios consejeros del organismos y su presidente, Lorenzo Córdova, y una ruptura de la confianza alimentada por los ataques de Morena y las presiones del Gobierno.

Otro de los organismos que tendrá un papel preponderante este año es Banxico. La economía es uno de los grandes desafíos del Gobierno y, si bien el banco no define las políticas de crecimiento, es el encargado de mantener a raya la inflación, que desde noviembre superó la barrera del 7%.

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El nombramiento de Rodríguez Ceja. que desplazó sorpresivamente a la primera propuesta del presidente, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, sembró las dudas sobre los planes de López Obrador para ese organismo. El mandatario reiteró a finales de año, coincidiendo con la toma de posesión de la gobernadora, que respetará su autonomía, pero no es un secreto que según se criterio la institución debería ocuparse también de las líneas maestras de los paquetes económicos.

La idea de fondo es que así el Gobierno federal pueda obtener préstamos para poner en marcha, por ejemplo, programas sociales. Incidió de nuevo en ello el pasado jueves:

“Una función del banco es control de inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento. Control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero, si no hay crecimiento, tampoco se avanza”.

Herrera su oponía frontalmente a esa opción al considerar que los objetivos de esas funciones chocan entre sí. “Si se quiere que la economía crezca, se puede dar una serie de estímulos que a lo mejor crean cuellos de botella que se traducen en inflación”, explicó a EL PAÍS justo antes de dejar el cargo.

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Esta semana el presidente ha vuelto a cuestionar a los entes públicos a cuenta de una reflexión sobre los ahorros y la “burocracia dorada”, dijo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Es una vergüenza que dinero del presupuesto nada más llegaba al Conacyt y de ahí se transfería a grandes empresas; el Gobierno subsidiaba en lo que llamaban innovación tecnológica a las grandes empresas. ¿Saben cuánto ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90.000 millones de pesos. Por eso podemos aumentar la pensión a los adultos mayores y aumentar las becas. Si no, no podríamos. Entonces, es exactamente lo mismo. No se deja de atender a la gente, pero ya no hay dos, tres, cuatro, cinco organismos haciendo lo mismo”,

afirmó durante una conferencia de prensa matutina antes de volver a meter al Instituto Nacional Electoral (INE) en la ecuación.

“Ahora está lo del INE, por ejemplo, con lo de la consulta. Va a ser muy interesante, y vuelvo a hacer el llamado a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos, cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos? ¿Cuánto ganan los de arriba, cuánto ganan los de abajo, sueldo más bonos, más otras prestaciones? Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos”,

continuó López Obrador.

En México hay nueve organismos autónomos de distinta índole que no dependen ni del Ejecutivo ni de los poderes legislativo y judicial. Las presiones políticas se dan con intensidad variable. Entre esas instituciones se encuentra, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Alejandro Gertz, un hombre en el que el mandatario ha reiterado públicamente su confianza en varias ocasiones.

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Pero también figuran otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que recientemente protagonizó un pulso con el Gobierno por un decreto que blinda los proyectos estratégicos de infraestructuras como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles como asunto de seguridad nacional. El INAI presentó una impugnación para que la transparencia de esas obras no se viera afectada y la Suprema Corte acabó por darle la razón, tumbando parte del acuerdo.

Otro de esos órganos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fundamental para el conocimiento de los datos de interés y la elaboración de políticas públicas, acaba de cambiar su dirección. El pasado 1 de enero asumió las riendas del instituto Graciela Márquez, secretaria de Economía entre 2018 y 2020. Su nombramiento generó malestar en algunos sectores por sus vínculos con el Ejecutivo y el responsable saliente, Julio Santaella, pidió que se aclararan las circunstancias de la decisión. Sin embargo, López Obrador quiso zanjar la polémica sin muchas explicaciones. “Ya está, es Graciela Márquez”, afirmó.

Fuente: El País.

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Con vista a la entrada principal de las instalaciones del CIDE, colocaron una mesa y frente a la silla de en medio se colocó el nombre de la funcionaria.

Integrantes de la Comunidad Estudiantil del CIDE aseveraron que contrario a lo que expuso el Conacyt en un comunicado, ellos no se han negado al diálogo.

«Solamente pedimos un diálogo horizontal, no coartado por el Conacyt»,

expuso un alumno.

Estudiantes amagan con no retirarse hasta que se consiga el diálogo o una cita para ello.

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Los alumnos advierten que si no se cumple con condiciones mínimas, no se liberarán las instalaciones.

En entrevista, Natalia Ortuño, representante estudiantil y alumna de la licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, comentó que la intención no es que en una sola reunión se resuelvan los siete puntos del pliego petitorio, sino que la petición central es que se avance al reconocimiento del estudiantado como actor de incidencia en las decisiones del centro.

«Lo que queremos iniciar es el trámite formal para la institucionalización de dicha asamblea estudiantil dentro de los estatutos del mismo CIDE, es decir; en primer lugar necesitamos que se reconozca como un órgano colegiado, legítima representación del estudiantado para que forme parte de las decisiones que competen al CIDE»,

señaló.

Refirió que las movilizaciones y la toma de los planteles centro y Aguascalientes han implicado de esfuerzo de una corriente estudiantil como nunca antes se había visto en esta institución. Manifestó que el deseo también es liberar al CIDE, pero insistió que esto no ocurrirá si no hay garantías de continuar con el diálogo para resolver las demandas.

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«Como estudiantes se nos ha orillado a emprender las acciones escalonadas que hemos hecho hasta ahora, pero por supuesto que nos duele ver al CIDE cerrado, inoperativo y lleno de conflictos, entonces realmente esperamos que se puedan establecer los acuerdos suficientes para poder liberar las instalaciones eso sería ideal, pero definitivamente no pensamos soltar lo avanzado hasta ahora si es que no se llegan a concretar los acuerdos suficientes»,

dijo.

«Si no se logran estos acuerdos pues la cosa va a seguir, no nos vamos a rendir, pues básicamente estamos en pie de lucha con nuestras exigencias, porque son justas, porque son legítimas. Pues es algo bastante especial porque es la primera vez que la comunidad estudiantil específicamente del Centro de Investigación y Docencia Económicas es capaz de organizarse por un objetivo común de estas magnitudes».

«La coyuntura por la que está atravesando el CIDE nos obligó a reaccionar de manera inmediata y como estudiantado a organizarnos de manera efectiva para poder responder a lo que estaba sucediendo y también a lo que se ha hecho y dicho en nuestra contra, por ejemplo que somos simplemente esponjas ideológicas que responden a lo que piensan y quieren otros profesores y eso no es verdad»,

agregó.

Fuente: Reforma.

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