Mientras que se preparan, en su pueblo, para despedir al octavo periodista mexicano asesinado en lo que va del año, muchos de sus colegas protestan en Morelia —en el occidente del país—, y le reclaman al presidente más protección y que los crímenes no queden impunes.

“El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias”,

dijo el miércoles el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay indignación… hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos”, agregó y advirtió ante el mandatario: “les van a faltar balas, somos muchos”.

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En tanto, en el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían “Gobierno pacifista no mata periodistas” y “Prensa, no disparen”.

Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos el martes en su domicilio de Zitácuaro, un mes y medio después de que mataran a otro compañero del mismo medio, Roberto Toledo, mientras se preparaba para hacer una entrevista.

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Por su parte, López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia, le envió sus condolencias a la familia de Linares y repitió que en su gobierno no hay impunidad, pero volvió a hablar de las “mentiras” de los medios y de periodistas “mercenarios”.

“No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos”, afirmó. Además, “el finado no aceptó la protección” oficial.

Linares, sin embargo, había denunciado amenazas y tras la muerte de su compañero el 31 de enero le dijo a The Associated Press que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia.

“Las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas”, aseguró el miércoles en un comunicado el colectivo “Ni Uno Más Michoacán”, que también denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda su profesionalidad y desestimaron las amenazas contra Monitor Michoacán, un medio que, entre otras cosas, denuncia casos de corrupción.

“En México la protección surte efecto tres días y luego se les olvida”, se lamentó Magdalena Alonso, propietaria del Noticiero al Aire Zitácuaro, localidad de donde era Linares.

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México es el país más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés). “Los matan en zonas de guerra, los matan en áreas donde políticos y criminales están coludidos”, dijo su representante en México, Jan-Albert Hootsen, en referencia a dos periodistas que fueron asesinados también el martes en Ucrania.

“En un mundo donde la desinformación y la manipulación de cada narrativa es un objetivo brutalmente perseguido por quienes tienen el poder y están dispuestos a usar la violencia letal, los periodistas son considerados objetivos legítimos y la impunidad es la herramienta más poderosa para silenciarlos”,

denunció Hootsen.

El presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera dijo que en ningún asesinato había involucrados servidores públicos, sino que son crímenes cometidas por bandas de delincuentes.

Fuente: Dallas News.

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Al confirmar que 252 comunicadores han sido asesinados de 2006 a la fecha (55 de ellos en el actual sexenio), el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, urgió a reformar el artículo 73 constitucional para expedir la ley general en la materia y fortalecer la protección a dichos grupos.

“Con esa reforma ya podríamos generar una postura institucional esta misma semana, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y trabajar en conjunto para que, en el segundo periodo ordinario de sesiones, a más tardar en septiembre, ya podamos presentar una iniciativa de ley general”,

señaló.

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En reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la referida comisión en el Palacio de San Lázaro, el funcionario precisó que los años con mayor número de asesinatos contra periodistas fue 2012, con 23, seguido de 2010, 2018 y 2020, con 20 cada uno de esos años.

Detalló que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101 asesinatos contra periodistas; en la administración de Enrique Peña Nieto, 96, y en la de Andrés Manuel López Obrador, 55.

“De los 252 asesinatos que tenemos documentados de 2006 a la fecha, hablamos de 220 periodistas hombres y 32 mujeres”,

dijo.

Irazoque informó que al día de hoy mil 559 personas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección, lo que representa un aumento de 95 por ciento con respecto a las 798 que se encontraban registradas al comienzo de la actual administración.

Del total, 515 son periodistas (140 mujeres y 375 hombres), y mil 44 defensores de derechos humanos (565 mujeres y 479 hombres).

El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señaló los elementos centrales de la ley general, como la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esa materia y la creación de un sistema nacional de prevención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

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“Hay que decirlo con todas sus letras: el mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y la claridad de los demás órdenes de gobierno, la situación no se va a revertir y es allá adonde tenemos que apuntar”,

dijo.

Admitió que el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen.

Fuente: Milenio.

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El asesinato de un periodista en el estado de Michoacán conmocionó nuevamente a México y al mundo. El reportero Roberto Toledo fue baleado el último lunes (31.01.) por tres sujetos en el estacionamiento del edificio de la redacción del portal Monitor Michoacán donde trabajaba. Con él, ya son cuatro los comunicadores asesinados en el país en las primeras cuatro semanas de 2022.

Días antes, la organización Artículo 19, que defiende la libertad periodística en el mundo, contabilizaba 148 periodistas mexicanos asesinados desde el 2000 hasta la fecha. 28 de esos crímenes ocurrieron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018. DW habló con Paula Saucedo, oficial del programa Protección y Defensa de la oficina mexicana de Artículo 19, que, además del reciente asesinato, ha seguido los casos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

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DW: Señora Saucedo, el director del portal Monitor de Michoacán ha declarado que su medio ya venía recibiendo amenazas. ¿Por qué exactamente y quién se podría haber incomodado con el trabajo de Toledo?

Paula Salcedo: Lo que sabemos hasta el momento es que, por lo menos, desde el 27 de enero el equipo recibía amenazas. Fue justo tras publicar un video en la página de Monitor de Michoacán, que cubría principalmente algunos casos de detenciones arbitrarias y extorsión que habría realizado la Policía Municipal en Zitácuaro. Roberto Toledo colaboraba de distintas formas en el medio, saliendo a reportear o tomando fotografías. Pero es muy importante mencionar que las amenazas iban contra todo el medio. Por eso es esencial que en las investigaciones se incluya la labor informativa del medio, no importando de qué manera colaboraba Roberto Toledo.

Ante las amenazas, ¿sabe usted si el periodista o sus colegas estaban tomando algunas medidas de seguridad?

Al parecer había entre ellos un cierto tipo de monitoreo y el mismo 27 de enero querían contactar al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación. Pero, desafortunadamente, no lo hicieron antes del lunes, cuando asesinaron al periodista. Ahora ya están en contacto con las autoridades. Sin embargo, justo en este punto, hay un problema del Mecanismo, al que le falta un enfoque más preventivo, porque muchas veces para recibir protección se tiene que haber recibido una agresión.

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¿Qué significa para México el asesinato del periodista Toledo, el cuarto en apenas un mes?

Hoy en día ser periodista en México significa muchos riesgos y se ejerce en un contexto bastante hostil. En Artículo 19 registramos que cada 14 horas un periodista es atacado por ejercer su labor. Existe una estigmatización contra el periodismo, principalmente llevada a cabo por el presidente y otros servidores públicos, además de la precarización en la que se ejerce la labor. Por todo esto, el periodismo en México está bajo asedio y amenaza constante. Y cuando la prensa de un país está en esa situación, la democracia de ese país también está en juego o es una democracia simulada. No se puede hablar de democracia sin una prensa libre.

La Fiscalía de Michoacán informó que ya realiza investigaciones para determinar si el homicidio de Toledo está relacionado con su actividad periodística o con el despacho de abogados en el que también colaboraba. ¿Cree usted que, de cierto modo, se minimiza el caso emitiendo pronunciamientos prematuros?

Una de las principales cosas que establece el protocolo homologado para investigar crímenes contra la libertad de expresión es que se tiene que respetar la línea de investigación. Para eso es muy importante que las autoridades se abstengan de emitir juicios sobre los casos hasta que las líneas de investigación no estén agotadas. Porque si desde un comienzo se está delimitando, restringiendo o ignorando la labor informativa del medio, difícilmente van a llegar a conclusiones robustas.

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Precisamente algo parecido ocurrió tras el asesinato del periodista Margarito Martínez, el 17 de enero en Tijuana, sobre el cual las autoridades comunicaron que, según los primeros datos, podría tratarse de problemas personales entre vecinos…

Estas declaraciones pueden estigmatizar al periodista y desvirtúan la investigación. De esta forma re victimizan y sacan conclusiones sin siquiera haber pasado muchas veces 24 horas de los crímenes. Siendo honestos, ojalá así de rápido avanzaran las investigaciones en México, pero eso no ocurre.

Teniendo en cuenta experiencias parecidas en los últimos meses, ¿por qué las autoridades mexicanas no ofrecen ayuda rápida cuando un periodista alerta que está siendo amenazado?

Como dije, las autoridades no tienen un enfoque preventivo. Además, hay una gran burocratización dentro de los Mecanismos, como de otras instancias estatales, para brindar protección. Muchas veces, cuando se conjuga la necesidad de los medios de sacar varias notas y más fuentes de ingresos, debido a la precarización de los medios, es difícil para muchos periodistas cumplir con los requisitos que solicitan las autoridades para que se les brinde protección. El Estado está obligado a proteger no solo a la prensa, sino a cualquier persona en territorio mexicano.

Precisamente, el actor que más agrede a la prensa en México es el Estado y sus funcionarios públicos. Entre un 40 y 45 por ciento, en promedio anual, de las agresiones a comunicadores están directamente vinculadas a servidores públicos. Y la mayoría de los periodistas que son atacados cubren temas de corrupción y política, como en el caso de Toledo, Maldonado, Martínez y Gamboa.

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¿Qué seguridad da estar inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas, como lo estaba Lourdes Maldonado? Ella, incluso, le llegó a decir cara a cara al presidente López Obrador «Temo por mi vida”.

El Mecanismo de por sí es necesario, pero es insuficiente. Por ejemplo, este no tiene las facultades que tienen las fiscalías. Y la impunidad, justamente, permite la reproducción de esta violencia. Atacar a un periodista en México es muy barato. No hay garantías de que no vuelva a ocurrir, no hay reparación al daño y no hay acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, difícilmente los mecanismos van a poder implementar todas las cuestiones necesarias para prevenir la violencia, cuando hay otras autoridades de los tres niveles de gobierno que no están actuando.

Además de abstenerse de estigmatizar a la prensa y rechazar públicamente estos crímenes, las autoridades tienen que fortalecer los mecanismos de forma financiera y técnica. Sin olvidarse de las fiscalías, donde, por ejemplo, no hay capacidades forenses porque están saturados.

Fuente: DW.

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Solo han pasado unos días desde que comenzó el 2022 y dos periodistas ya han sido asesinados en México. El director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado el 10 de enero en el Puerto de Veracruz, y este lunes por la mañana, el fotógrafo Margarito Martínez recibía varios disparos en la puerta de su vivienda en Tijuana. Ellos son el nuevo rostro de la violencia que sufren los periodistas en el país, que es el más letal del mundo para la prensa. En 2021, nueve reporteros murieron de forma violenta.

Unas horas más tarde de que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) confirmara la muerte de José Luis Gamboa en Veracruz, en la otra punta del país, el grupo Cadena despedía a su reportero gráfico Margarito Martínez en Baja California. Las asociaciones de periodistas han exigido a las fiscalías investigar si los crímenes fueron a causa de su trabajo.

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Vestía pantalón de mezclilla y camisa color café cuando encontraron en el suelo el cuerpo de José Luis Gamboa en una calle del fraccionamiento Floresta, al sur del Puerto de Veracruz, según han informado medios locales. Gamboa provenía de una reputada familia de periodistas en Veracruz. Su padre, Apolonio Gamboa, fue fundador del diario La Noticia, del que José Luis fue director; su hermano Polo también era un distinguido comunicador en el Estado.

El reportero había fundado en 2003 una página de noticias semanales llamada El Regional del Norte o Inforegio, en la que colgaba artículos de información política y de sucesos. Además, era muy activo en su cuenta de Twitter y subía editoriales en vídeo a YouTube. En estos tres medios, Gamboa compartía las supuestas conexiones entre el crimen organizado y las élites políticas de Veracruz: “La tragedia de México es que lo que está sometiendo al país por municipios es el narcotráfico, a la inversa de combatirlo, toda la estructura de poderes gubernamentales está vinculada en una gran asociación delictuosa”.

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Sus señalamientos eran directos y llegaban hasta el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus familiares, todos ligados a las alcaldías de distintos municipios del Estado. “El Puerto de Veracruz tiene 35 años bajo el dominio del crimen internacional. El CJNG opera en la zona portuaria, donde se vinculan familias de poder político entre ellos los Yunes”, escribió el periodista, que insistía una y otra vez en sus artículos en que Veracruz se había convertido en la puerta de entrada del fentanilo a Estados Unidos.

Aunque la CEAPP ha confirmado que no había denuncias previas de amenazas al reportero, Gamboa era consciente del peligro de sus afirmaciones: “Desde el momento que la prensa mexicana exhibe o señala vínculos de actores políticos o empresariales con el narcotráfico, la autoridad debe proceder a la investigación, y sucede a la inversa el Estado y sus instituciones investigan y persiguen al periodista, si es que antes no lo matan”.

Balazos en la puerta de la vivienda de Margarito Esquivel

Esta mañana, alrededor de las 12.45 horas, el fotógrafo Margarito Esquivel salía de su casa en Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada. Allí fue abatido con arma de fuego. El reportero gráfico, de 49 años, estaba especializado en sucesos y noticias policiales. Trabajaba para el Grupo Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba con medios internacionales como la BBC.

“Información revelada por testigos señalan que uno de los vecinos de Martínez Esquivel, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, identificado solo con el nombre de Juan, fue quien disparó a Margarito Martínez”, 

apunta el semanario donde laboraba el fotógrafo.

Según los testigos, los dos hombres tenían una disputa por la propiedad de unos terrenos. “Lo cual, señala la autoridad en la primera línea de investigación, sería el móvil del asesinato. El identificado como sospechoso, Juan, huyó del lugar con rumbo desconocido”, publica el medio.

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México es el país más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ, explicaba a EL PAÍS que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos:

“La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

La organización, que lleva desde 1992 un conteo global de estos ataques, registró hasta final del 2021 138 asesinatos en México. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, computa cifras todavía más altas: 145 desde 2000.

Fuente: El País.

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