La leña sirve para dejar claro que México llega a la COP26 en Glasgow con retos del siglo XXI, pero también con asuntos no resueltos del siglo XIX. Hablamos de transición energética y asumimos que tiene que ver con el paso de hidrocarburos a renovables, pero todavía tenemos que resolver la colocación del punto final a la leña y el carbón.

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La delegación mexicana que asiste a Escocia a la COP26 llega con muy poco que presumir en materia de combate y mitigación al cambio climático. México es uno de los 15 mayores emisores de gases efecto invernadero y uno de los 12 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. A pesar de esto, es notable la ausencia de un esfuerzo proporcional a nuestra importancia y nuestra vulnerabilidad.

¿Será México capaz de cumplir con sus compromisos en materia de reducción de emisiones? En París, en 2015, nos comprometimos a bajar para el 2030 en 22% los gases de efecto invernadero y en 51% la eliminación de carbono negro. De entonces a la fecha han pasado muchas cosas que han hecho crecer la conciencia de los riesgos asociados al cambio climático: hemos vivido sequías en el norte, inundaciones en las costas, incendios en los bosques y se ha agudizado el estrés hídrico que padecemos.

En sentido contrario, hemos visto cómo desapareció el Fondo para el Cambio Climático y se reduce el presupuesto dedicado a rubros medioambientales. En sentido contrario a las tendencias mundiales, el programa sectorial de energía 2020-2024 apuesta con entusiasmo por los combustibles fósiles. La CFE ha incrementado su consumo de combustóleo y carbón para producir electricidad. Pemex refuerza su apuesta por las energías fósiles. No ha dado un solo paso para convertirse en una empresa relevante en renovables, algo que están haciendo las mayores petroleras del mundo.

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La delegación mexicana en la COP26 en Escocia está encabezada por dos mujeres, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado y la Secretaria de Semarnat, María Luisa Albores. A ellas les tocará dar a conocer la posición oficial de nuestro país. No la tienen fácil porque van con las manos vacías a un evento en el que casi todos los países de referencia estarán anunciando mayores compromisos en materia de reducción de emisiones.

Estados Unidos está de regreso, después de cuatro años de indiferencia y/o hostilidad al tema medioambiental con Trump. China ha dejado de poner pretextos y ahora aspira a ser el líder mundial en economía verde. Europa mantiene y refuerza su compromiso para lograr emisiones cero en el 2050, pero queda claro que hay una resistencia creciente de países como Polonia.

La estrategia del gobierno mexicano en Glasgow se enfocará en evitar que se hable de la política energética actual y en tratar de avivar la discusión sobre los apoyos financieros de los países desarrollados al resto del mundo. Estos recursos permitirían intensificar los esfuerzos de mitigación de los efectos del cambio climático y acelerar la reducción de emisiones. Si hubiera apoyos internacionales, dijo el canciller Ebrard, México podría reducir hasta 36% sus emisiones de gases de efecto invernadero y hasta 75% las de carbono.

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¿Podrá México evitar los cuestionamientos sobre el impacto medioambiental de nuestra política energética… Podrá conseguir recursos internacionales? Se ve complicado, pero con la administración Biden nunca se sabe. Hace una semana, respaldaba Sembrando Vida  y en esta semana da a conocer un documento del Departamento de Energía. En él se advierte sobre el incremento de emisiones de hasta 65% en gases que tendría la reforma eléctrica que México prepara. ¿Crecerá la presión de Estados Unidos sobre México en medio ambiente? ¿Cómo reaccionará AMLO… Podrá el bombero Ebrard con esta nueva encomienda?

Fuente: El Economista.

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La iniciativa de contrarreforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados sería violatoria a los tratados internacionales que tiene México, con lo que de aprobarse provocará pugnas de nivel de arbitraje internacional.

Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética a través de un artículo del tratado comercial entre los tres países (T-MEC) que hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto significa que aun cuando Estados Unidos no forma parte del TIPAT, obtiene los beneficios plenos del blindaje explícito que este acuerdo ofrece para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.

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De hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana.

Kenneth Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México en la administración pasada, y socio de la consultoría AGON, explicó que ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. 

“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”,

explicó Smith a El Economista en su momento. 

Contrarreforma

La iniciativa presidencial presentada el viernes contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de diversos transitorios entre los que destaca que se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelva a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que desaparecen todos los mercados de electricidad para que la estatal sea una empresa integrada nuevamente, desapareciendo las filiales constituidas en la reforma, y que toda la energía que se despache en el país sea comprada por la escuela estatal, con lo que los privados sólo podrán llegar a 46% de la generación (hoy tienen 38%) pero en contratos con la CFE, que además dejará de ser empresa productiva, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser organismos que velen por el derecho al acceso a la energía de toda persona en el país.

El litio, primordial para avanzar hacia el almacenamiento de electricidad, podrá ser explotado únicamente por el Estado, según la propuesta del Ejecutivo.

La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.

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“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE».  

Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, según el texto enviado al Congreso.  

Además, se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad y la generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.  

Para Miriam Grunstein, abogada experta del sector energético, lo más grave es la propuesta de terminar con cualquier permiso o contrato expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque un acto administrativo firmado por un organismo queda sin efectos para convertirse en un elemento de negociación con otro organismo, lo que afecta derechos retroactivos y se tomará como decisión unilateral, violatoria del derecho internacional y que rebasa todo régimen de derecho comercial.

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“Contiene cláusulas indudablemente de expropiación indirecta que consiste en una afectación de derechos, en la privación de los mismos, aunque no sea de bienes e infraestructura, lo que a todas luces es violatorio de los principios de cualquier tratado de libre comercio cuyo espíritu es la expectativa razonable de rentabilidad de todo inversionista extranjero”,

dijo Grunstein. 

En cuanto a la explotación exclusiva del litio por parte del Estado, comentó que hay nacionalización de un mineral sin que se estaticen las concesiones de las minas, que son ocho en el país, lo que a todas luces será también violatorio de derechos adquiridos con antelación.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.  

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.

Fuente: El Economista.

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El tiempo de la estatal noruega Equinor en México será muy corto. La petrolera ha decidido salir del país y dejar los dos bloques que ganó durante la primera ronda de licitaciones petroleras del sexenio pasado.

Apenas en diciembre de 2016 la compañía –que en ese momento llevaba el nombre de Statoil– se adjudicaba dos bloques petroleros en aguas profundas de la Cuenca Salina, en lo que fue la primera licitación de este tipo de activos en el país.

«La apertura en México presenta grandes oportunidades para la industria, por lo que nos complace asegurar una posición temprana. La adjudicación le otorga a Statoil acceso a áreas fronterizas y significativas en las aguas mexicanas. Los bloques han tenido poca actividad exploratoria, y hay incertidumbre con respecto al subsuelo, pero tienen un potencial play-opening”,

decía Tore Løseth, actual vicepresidente ejecutivo de exploración de Equinor, en un comunicado de prensa días después de la licitación.

Pero los planes de la noruega se han modificado y en un cambio de estrategia, que busca priorizar los negocios en energías renovables, México ha quedado fuera. La petrolera estatal ha confirmado a Expansión la salida de sus negocios de petróleo en México.

“Equinor (anteriormente Statoil) ha decidido salir de México e hizo pública esta decisión el 15 de junio. Las autoridades fueron informadas en consecuencia”,

ha dicho un vocero de la petrolera en un correo electrónico.

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La Comisión Nacional de Hidrocarburos, que regula las actividades de exploración y extracción, fue consultada sobre la salida de la compañía europea, pero no ofreció comentarios.

Equinor ganó el área 1 y 3 en la Cuenca Salina en el Golfo de México. La noruega se hizo de ambos contratos, a partes iguales, con la británica BP y la francesa Total.

La petrolera se encuentra en las primeras etapas del proceso de cesión del área 3, que operaba, y continúa evaluando las opciones para deshacerse del área 1, de la que es operadora la inglesa BP. “Comunicaremos nuestra decisión (sobre qué pasará con sus activos) cuando sea apropiado”, ha dicho un portavoz de la compañía.

Ambos contratos tienen una vigencia hasta 2052 y en conjunto Equinor y sus socios han invertido 42 millones de dólares de cerca de 460 millones comprometidos en el programa de inversión, de acuerdo con datos del regulador petrolero. Hasta ahora, los dos campos en los que tiene participación Equinor se encuentran en fase exploratoria, es decir, sin certeza de si serán productivos o no.

Este no es el único movimiento de este tipo que ha hecho la compañía en los últimos meses. Hace unas semanas Equinor y la francesa Total anunciaron su salida de Venezuela, con la venta de la participación (de 30.3% y 9.7%, respectivamente) que tenían en la operadora petrolera Petrocedeño, que produce cerca de 200,000 barriles diarios en la Franja de Orínoco. Las petroleras decidieron vender su participación a la estatal venezolana PDVSA, que ya poseía la mayor parte del capital de la compañía.

De acuerdo con Bloomberg, ambas compañías tomaron la decisión de salir del país debido a las grandes pérdidas que implicaba su participación en la operadora petrolera.

El cambio de estrategia en el que México ya juega

Equinor es una de las empresas que ha liderado la tendencia que en los últimos tiempos han adoptado gran parte de la industria del petróleo y que se basa en abandonar de manera progresiva la extracción de crudo para centrarse en nuevos modelos de negocio, basados en gran parte en energías renovables.

En 2018, la empresa noruega, que en su mayoría pertenece al Estado, anunció un cambio de nombre. Dejaría de llamarse Statoil y se convertiría en Equinor, en pro de reflejar la nueva dirección a la que llevaría su negocio, hacia las energías renovables.

En ese momento el fondo de inversión de Noruega, que se formó a partir de los ingresos que obtuvo la compañía a raíz de su negocio petrolero, recomendó a la petrolera deshacerse de inversiones en activos de petróleo y gas por aproximadamente 37,000 millones de dólares. Y en ese cambio de rumbo, Equinor ha decidido deshacerse de sus activos en México.

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“Hemos lanzado una nueva estrategia que nos ha llevado a revisar y reposicionar nuestra cartera de exploración. Hemos decidido buscar principalmente oportunidades de exploración en cuencas prolíficas priorizadas. El cambio es parte del trabajo para optimizar la cartera internacional de petróleo y gas, con menos países y una mayor presencia en áreas prioritarias seleccionadas. Lamentablemente, México es uno de los países de los que salimos como parte de este re posicionamiento”,

ha dicho un portavoz de la compañía.

La petrolera, de acuerdo con fuentes, continuará con inversiones en activos en petróleo, pero priorizará proyectos en países como Brasil y Canadá.

Fuente: Expansión.

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