La venta ilegal de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se concentra en Ciudad de México y Estado de México, revelaron las principales asociaciones de empresas distribuidoras en el país.

El robo del combustible utilizado en 80% de los hogares mexicanos representa una comercialización ilícita de al menos 60.000 toneladas mensuales, de las cuales, 44.000 se venden en ambas entidades de la Zona Metropolitana, comentó el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, Carlos Serrano, durante una reunión virtual con medios de comunicación.

“En la Ciudad de México y Estado de México, precisamente, es donde está el gran mercado de consumo y está cercano a los puntos de tomas clandestinas que facilitan esa logística”,

declaró.

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El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), Luis Landeros, dijo que han discutido el tema con jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobiernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, además de sus equipos de seguridad, incluso con la Guardia Nacional, pero el problema ha crecido y requiere estrategias específicas para su combate.

Con 25 millones de habitante, la Zona metropolitana del Valle de México consume 251.000 toneladas mensuales de Gas LP aproximadamente, dijo el directivo a Bloomberg Línea durante el evento.

El 94% del robo, fenómeno conocido como ‘huachigas’, ocurre principalmente en las entidades de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México mediante ordeñas ilegales a los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

México registró 2.187 tomas clandestinas de GLP durante 2021, un crecimiento de 1.000% comparado con 2018, después de que comenzó la estrategia contra el robo de gasolina y diésel en ductos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual redujo las tomas clandestinas de combustibles vehiculares en 27%.

Serrano Farrera expresó que el robo de Gas LP significa una pérdida aproximada de MXN$1.100 millones mensuales para las arcas públicas que no pagan impuestos, una cifra en línea con lo que ha reportado desde 2018, a pesar del aumento de tomas clandestinas, pero aclaró que la cantidad que sustraen se ha reducido porque el tiempo de respuesta de las autoridades para cortar el flujo de petrolíferos y clausurarlas es más rápido.

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El gobierno y Pemex crearon una Gas Bienestar, una empresa estatal que busca aliviar la demanda en zonas sin competencia en la Zona Metropolitana inicialmente. Serrano solo dijo que su contribución es positiva para el mercado.

El sector gasolinero estimó que existen entre 5.000 y 8,000 pipas distribuidoras circulan todos los días en la Zona Metropolitana sin registro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero no tiene información de cuántas comercializan el combustible robado.

Con el problema focalizado en el principal mercado de consumo del país, las asociaciones distribuidoras pidieron a las autoridades que se verifiquen los equipos de reparto y haya inspecciones también a las plantas donde rellenan el combustible para verificar que el gas no provenga de puntos clandestinos de relleno, mencionó Landeros.

Fuente: Bloomberg en línea.

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La proliferación de actividades económicas ilícitas en México es el mayor de los riesgos que podría presentarse en un lapso de uno a cinco años, de acuerdo con el panel expertos del más alto nivel consultados por el Foro Económico Global (WEF, por su sigla en inglés).

Se refieren en específico a la proliferación de actividades informales o ilegales que socavan el avance y crecimiento económico, como son falsificación, flujos financieros ilícitos, comercio ilícito, evasión de impuestos, trata de personas y crimen organizado.

Acompañan a México en este riesgo, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Malawi, Malta, Moldavia, Sudáfrica, Túnez y Venezuela. En el caso de México y Perú, este riesgo fue seleccionado con más frecuencia por la mayoría de los expertos consultados por el WEF.

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Al interior del “Global Risk Report 2022”, divulgado por el Foro Económico desde Ginebra, Suiza, incorporaron un radar de Percepciones de riesgo nacional para cada uno de los 124 países revisados.

En el caso de México, identificaron dos riesgos de tipo económico: proliferación de actividades económicas ilícitas y el estancamiento económico prolongado; uno de orden geopolítico: el colapso del Estado; uno más de tipo social (crisis de empleo y medios de subsistencia) y uno de índole tecnológico: la desigualdad digital.

Ordenados en función de la frecuencia con que fueron mencionados por los 12,000 expertos consultados por el WEF, identificaron como el segundo mayor riesgo para México el estancamiento económico prolongado.

Detallaron que este riesgo supone un crecimiento del PIB cercano a cero, o un avance muy lento en la economía durante muchos años.

Identificaron en este factor de riesgo a países como Angola, Argentina, Armenia, Bahrein, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina; Botswana, Brasil, Brunei Darussalam; Camboya,  Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Grecia, Honduras, Hong Kong, Kenya, Latvia, Líbano, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nigeria y Macedonia del Norte.

Colapso del Estado y la institucionalidad

El tercer mayor riesgo para México, ubicado en ese sitio por la frecuencia de menciones de los expertos consultados, es el colapso del Estado.

Se refieren en específico a un deterioro del Estado resultado de un conflicto interno, ruptura del respeto a la legalidad, erosión de instituciones, golpe militar o bien inestabilidad regional.

En este riesgo acompañan a México países como Angola, Argentina, Azerbaiyán, Barbados, Bolivia, Botswana, Camboya, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, El Congo, Costa Rica, República Checa, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Islandia, Laos, Líbano, Mongolia, Panamá, Paraguay, Perú, Eslovaquia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania.

Desempleo y medios de subsistencia

El cuarto mayor riesgo que identificaron los expertos para México es la crisis de empleo y medios de subsistencia.

Tal como lo plantea el WEF, este riesgo responde al deterioro estructural de las perspectivas y/o estándares laborales para la población en edad de trabajar: desempleo, subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles así como la erosión de los derechos de los trabajadores.

Tal como en el caso de México, este es un factor de riesgo para países como Angola, Argentina, Bahrain, Barbados, Bangladesh, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Georgia, Ghana, Honduras, Indonesia e Irán, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Malawi, Malasia, Mauricio, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Serbia y Sierra Leona.

Desigualdad digital

El quinto y último mayor riesgo de México que encontraron los expertos consultados por el WEF es la desigualdad digital.

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Este factor de riesgo es generalizado entre las economías de América Latina y de África Subsahariana.

La desigualdad digital corresponde a la desconexión de las personas. Se refiere al acceso fracturado y/o desigual a las redes y tecnologías digitales críticas, entre países, al interior de ellos. Refleja la capacidad desigual de inversión, falta de habilidades para su desarrollo y aprovechamiento en el capital humano, poder adquisitivo insuficiente, restricciones gubernamentales y diferencias culturales.

Fuente: El Economista.

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