La Cofepris precisó en un boletín que la empresa Baxter identificó la distribución en México de Endoxan 1g (ciclofosfamida) en presentación 1 vial de 50 mililitros, polvo para solución, con número de lote 2C266E y caducidad en febrero de 2025 y que está destinado “exclusivamente” para comercialización en Centroamérica.

En tanto, citó que Janssen-Cilag informó de que los lotes DDP1255 para el producto Darzalex 400 mg/20 ml, así como EEF2466 y HHT5917 para Darzalex 100 mg/5 ml, no se encuentran en su listado, por lo que se determinó que estos productos son falsos.

Asimismo, informó sobre que el lote MBS2H04 de Darzalex 400 mg/20 ml está destinado solo para el mercado colombiano, mientras que el lote LHS2649 fue desviado de la cadena de suministro original.

Además, la empresa Amgen México identificó la comercialización del producto Vectibix (panitumumab) 100 mg/5 ml, con número de lote 323473, caducidad en abril de 2024; 322580 y 11291 con fecha límite de abril 2023, “de los cuales no reconoce la importación, distribución ni comercialización”.

Ante esta situación, la Cofepris afirmó que estos productos representan un riesgo para la salud, ya que se desconocen sus condiciones de fabricación y almacenamiento, “por lo que su seguridad, calidad y eficacia no están garantizadas”.

Aunado a ello, recomendó que, en caso de contar con alguno de los medicamentos Endoxan, Darzalex y Vectibix con los números de lote mencionados, el paciente acuda a un profesional de la salud para que indique el tratamiento a seguir.

Y exhortó a la población y a personal médico que si identifican estos productos evite adquirirlos y si cuenta con información sobre la posible comercialización realice la denuncia sanitaria correspondiente.

En México, el mercado negro de medicamentos se estima que sumará los 32.000 millones de pesos (1.886 millones de dólares) en 2023, 78 % por encima de los 18.000 millones de pesos (1.061 millones de dólares) que valía en 2019, antes la covid-19, según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó en un comunicado que declaró alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades y, en colaboración con la Secretaría de Gobernación (Segob), «diseña una estrategia para prevenir riesgos y fortalecer acciones de control sanitario a estos productos, los cuales son prioritarios para la autoridad sanitaria federal».

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Cofepris, órgano sanitario mexicano, informó de tres acciones, las cuales son: 

1. Fortalece las acciones de vigilancia sanitaria, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramientos de dispositivos, especialmente aquellos localizados en puntos con mayor riesgo de ser consumidos por personas menores de edad. 
2. Refuerza la capacitación de autoridades sanitarias de las entidades federativas sobre control sanitario de este tipo de productos y los establecimientos que los venden. 
3. Implementa la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria enfocada en promover la vigilancia y los reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras y puntos de venta que comercialicen estos productos.

Recuerda además que «ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo. Como se informó en la primera Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, autoridades federales y estatales ya realizan operativos para asegurar este tipo de productos gracias a la vigilancia y denuncia ciudadana».

Fuente: Punto Mx.

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Aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó desde marzo pasado la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para niños a partir de los 5 años, la Secretaría de Salud federal todavía no incluye a estos menores en su estrategia nacional de vacunación contra el coronavirus. En el portal de la Cofepris se estipula que para este segmento de la población la dosis y composición del biológico será diferente al aprobado para los mayores de 12 años. Hasta ahora, la vacuna se aplica en adolescentes sin importar su estado de salud a partir de los 15 años y en menores de 12 años con padecimientos preexistentes como afecciones cardiacas, pulmonares, neurológicas, entre otras.

El infectólogo Alejandro Macias explica que pese a que la Cofepris es la instancia encargada de emitir las autorizaciones emergentes o definitivas con base en su comité de moléculas nuevas, sin embargo, está recomendación no es vinculante, es decir, no obliga a que el Gobierno tenga que utilizar el biológico.

“En el caso de México, una vacuna se tiene que analizar por un Consejo Nacional de Vacunación y ellos analizan la pertinencia y se le propone a la instancia correspondiente que establecerá también si el costo y los beneficios son los suficientes. Desde luego que hay una tendencia internacional a que se vacunen jóvenes y niños una vez que se alcanzan la vacunación en adultos y, por otro lado, es evidente que no vamos a alcanzar una buena inmunidad de grupo si no los vacunamos”

comenta.

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Andreu Comas, doctor y académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advierte de que México tiene un rezago de más de siete meses en la inmunización infantil en comparación a otros países.

“México no ha comprado más vacunas, ahorita las vacunas que está aplicando son las que le sobraron del año pasado o las que tiene del mecanismo de Covax, pero hoy por hoy, los amparos que se han ganado para inmunizar menores la respuesta es que no hay vacunas”,

comenta el investigador.

El especialista explica que seguramente fue la farmacéutica, en este caso Pfizer, la encargada de iniciar el trámite ante la Cofepris para obtener el aval como uso de emergencia. “Cofepris tiene que cumplir los tiempos y, al final de cuenta, cómo iba a justificar que no lo autorizaba, no tenía motivos para negar la vacuna”, detalla Comas. Sin embargo, aunque la autorización se concretó y publicó en su portal de internet, la difusión fue omisa por parte de las autoridades sanitarias.

Desde el inicio de la pandemia, la vacunación de menores fue un punto de quiebre en la estrategia del Gobierno de López Obrador ante la crisis sanitaria. Las autoridades federales argumentaban que los menores no eran población de riesgo y por ende, no entraban dentro de las prioridades de vacunación. No obstante, las cifras oficiales dan cuenta de alzas de contagios y defunciones de niños y adolescentes en los picos de la pandemia. A la fecha, México acumula 96.966 menores contagiados y 949 defunciones, de acuerdo con las estadísticas.

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Mientras en México este segmento sigue sin ser incluido en el plan nacional de vacunación, otros países como Chile, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay y Estados Unidos ya se encuentran vacunando a niñas y niños, en algunos de ellos desde los 2 años de edad. En el país, Gobiernos como Nuevo León o Coahuila han optado por hacer viajes transfronterizos para vacunar a los menores de 5 a 15 años con el biológico de Pfizer en Estados Unidos, solo de Coahuila se han vacunado 38.000 niños en estas caravanas de vacunación.

Colectivos de padres de familia han hecho hincapié en la necesidad de que se proteja con la vacuna a menores de edad para alcanzar la inmunidad de rebaño y evitar fallecimientos o afectaciones en niños y adolescentes. La Asociación Mexicana de Pediatría, en conjunto con otros organismos, abogó por escrito este lunes por la inmunización de niños de 5 a 11 años, refiriendo que el coronavirus ya es la principal causa de muerte infantil en el país. “Los eventos supuestamente atribuibles a vacunación graves en población pediátrica son poco frecuentes, teniendo un balance positivo en cuanto al riesgo-beneficio para reducir las muertes y hospitalizaciones por covid”, indica el comunicado.

La abogada Alma Franco, una de las madres de familia que presentó un amparo para lograr la inmunización de su hijo, critica la opacidad con la que se ha manejado la información por parte del Gobierno de López Obrador. Para Franco, la resistencia de la Administración a incluir a este grupo de la población en su estrategia inmunización tiene un trasfondo económico. “No sabemos cómo les va a ir a nuestros niños con este virus. Están minimizando las muertes de menores por covid, no sé que le pasa a nuestro presidente”, comenta.

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Durante la conferencia de este martes en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell no dio seña sobre los menores, pero sí celebró que el país registra 10 semanas consecutivas a la baja de contagios, así como el elevado porcentaje de adultos inmunizados: “La cobertura de vacunación se ha quedado en 90% en promedio nacional y en jóvenes, personas menores de edad, de 14 a 17 años, la cobertura es del 54%”, declaró. Casi 86 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis del biológico.

López-Gatell insistió en invitar al público en general para que participen en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, Patria, que desarrolla el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). “Para la persona que participe en el ensayo clínico hay un beneficio directo en que durante todo un año estará en observación médica, recibiendo una serie de evaluaciones que son de importancia adicional a la evaluación de la inmunidad provocada por las vacunas”, dijo.

Para las autoridades sanitarias México es un país en verde, basta con mostrar el mapa de la República y las cifras de contagios y defunciones a la baja. Sin embargo, para los padres de menores de edad, la inmunización de sus hijos es un asunto todavía en el tintero que solo requiere de la voluntad del Gobierno para ponerse en marcha.

Fuente: El País.

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dictaminó procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna Abdalá, un fármaco que “cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia” y que también ha recibido el visto bueno de otros países de la región.

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Hasta ahora las vacunas cubanas no tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud aunque el expediente fue presentado, por lo que su exportación se produce a países cuyas autoridades sanitarias lo autorizan expresamente. Entre ellos están Vietnam, Irán, Venezuela y Nicaragua, también aliados políticos de la isla.

México tiene ya al 89% de su población adulta con un esquema completo de vacunación y y ha iniciado el suministro de dosis de refuerzo a mayores de 60 años, personal sanitario y maestros justo cuando la variante ómicron está multiplicándose rápidamente por todo el mundo.

Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la capital, reconoció el miércoles que desde hace una semana han comenzado a aumentar los contagios después de muchos meses de disminución y por eso dijo que no se celebrarían esta semana el concierto de Año Nuevo y que se cerraría la verbena popular navideña que se instaló en el Zócalo de la capital.

Desde que empezó la pandemia, el país ha registrado 3,9 millones de contagios y casi 299.000 muertes, aunque el número estimado real de fallecimientos vinculados a COVID-19, según cifras oficiales, es cercano a los 450.000.

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Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la capital, reconoció el miércoles que desde hace una semana han comenzado a aumentar los contagios después de muchos meses de disminución y por eso dijo que no se celebrarían esta semana el concierto de Año Nuevo y que se cerraría la verbena popular navideña que se instaló en el Zócalo de la capital.

Desde que empezó la pandemia, el país ha registrado 3,9 millones de contagios y casi 299.000 muertes, aunque el número estimado real de fallecimientos vinculados a COVID-19, según cifras oficiales, es cercano a los 450.000.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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Cada lunes, cientos de cigarros ilegales de contrabando entran a México desde Belice por la aduana de Chetumal, Quintana Roo. Es el único día de la semana que los agentes aduanales son menos «estrictos» en las revisiones de los vehículos que ingresan a nuestro país.

Así inicia la ruta del tráfico de tabaco en México. En la zona libre de Belice, a lo largo de dos kilómetros de tiendas que venden prendas de vestir «piratas», hay al menos cuatro negocios que comercializan tabaco.

Las cajetillas se exhiben por cientos en anaqueles, porque en el país centroamericano su venta es legal.

En la zona libre se oferta la cajetilla entre 4 y 6 pesos por pieza, el precio varía según la marca; la mayoría de los empaques contienen 20 cigarrillos.

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Ingresar a México con tres cajas con diez cajetillas es legal, pero si alguien desea introducir más de dicha cantidad, tiene que contratar los servicios de un pasador, que por 250 pesos, cada lunes, de contrabando, lleva el cargamento a Chetumal o a cualquier parte del país.

«Es un acuerdo que tenemos todos los pasadores, de que sólo una vez a la semana podemos cruzar todo lo que vayamos a cruzar, y lo cruzamos todos juntos solamente, pero, a veces hay el fin de semana, pero tiene que juntarse la cantidad de las camionetas», narró un pasador que fue grabado con cámara oculta por MILENIO.

«Si quiere se lo puedo mandar el lunes en paquetería, yo tengo paqueterías que me apoyan con eso, usted dígame», comentó el pasador.

La mercancía llega a México en cuatro camionetas tipo van: tres vehículos portan placas de Tabasco y uno más de Belice; todos atraviesan la frontera con la complacencia de las autoridades aduanales.

Conseguir un pasador es tarea sencilla, los comerciantes de cigarrillos trabajan en contubernio con ellos, pero también los hay afuera de las tiendas de venta de tabaco, disfrazados de vendedores ambulantes.

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«Yo tengo quién pase las cajas, márcale y ustedes se arreglan en el precio» comentó un comerciante hindú.

Una vez en México, el precio de los cigarrillos se incrementa de 4 a 6 pesos a 15 y 20 pesos.

Las marcas de cigarrillos de contrabando más comunes son: Win, Marble, Brass, Marshal, Fastar, Silver Elephant, Double Diamond y Golden Deer.

Dichas marcas provienen de China, India, Viertnam, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades federales, en Chetumal, los mayores distribuidores de cigarros ilegales son: «Abarrotes el yoyo», ubicada a menos de un kilómetro del cruce fronterizo; «Los tres hermanos»; «Abby»; «Rossy y Abarrotes Yuli».

Pero no sólo la frontera sur con Belice es punto de ingreso de cigarrillos ilegales, también llegan a nuestro país por los puertos de Manzanillo y Veracruz, vía Panamá y por la frontera norte, de acuerdo con autoridades.

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Luego de ingresar a México por Belice, las cajetillas viajan alrededor de mil 317 kilómetros hasta llegar a Tepito, el corazón del contrabando, donde de forma ilegal, se comercializan en puestos que venden exclusivamente tabacos.

Uno de los negocios se ubica en la calle González Ortega, entre Eje 1 Norte y Díaz de León, los otros puestos están sobre las calles Caridad Tepito y Manuel Doblado.

Un estudio publicado por la firma Oxford Económica reveló que la venta de cigarros ilegales que no pagan impuestos dejó un boquete en las finanzas públicas, en 2020, de 13 mil 500 millones de pesos.

Las cajetillas que se venden legalmente en México se ofertan entre 28 y 60 pesos, debido a que el 70 por ciento de su costo es producto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.

La Cofepris advirtió que existen 260 marcas de cigarros ilegales que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores, debido a que se desconoce la calidad de los materiales empleados para su elaboración.

Fuente: Milenio.

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Zulma González pidió como regalo de cumpleaños la vacuna contra la COVID-19. Para la menor, de 12 años, el biológico supone un balón de oxígeno para sobrellevar la diabetes tipo 1 que padece y la pandemia. En plena tercera ola del virus, sus padres presentaron un amparo para conseguir la dosis y a pesar de que un juez federal falló a su favor ni las autoridades estatales ni federales los han buscado para concretar la inmunización. Frente al desdén de las autoridades, Zulma y sus padres han emprendido una campaña en las redes sociales para conseguir el biológico.

“Me siento triste, decepcionada, porque en serio no pensé que iba a costar tanto una vacuna. Me están prohibiendo un derecho, el derecho a la salud y eso no está bien. Y también me siento confundida porque el juez me dijo que sí me puede vacunar, pero la Secretaría de Salud dijo que no. ¿Dónde vamos a acabar si las autoridades no se ponen de acuerdo?”,

cuestiona la menor desde su casa en Xalapa, Veracruz.

Aunque en junio pasado el Gobierno mexicano autorizó la primera vacuna contra la covid-19 para mayores de 12 años, Pfizer, la Administración de López Obrador no contempla la inmunización de los menores. A juzgar por las autoridades sanitarias no son población de riesgo. Ante la negativa institucional, cientos de padres en México han buscado el derecho a que sus hijos sean vacunados en los tribunales. La semana pasada, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existen, al menos, 250 amparos por este motivo, principalmente en Veracruz, Oaxaca, el Estado de México y Ciudad de México. Sin embargo, el mandatario desacreditó estos amparos asegurando que detrás de estos recursos están las empresas farmacéuticas.

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“Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos”, declaró.

Zulma fue uno de los 300 niños que en abril pasado participó en una conferencia remota con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con motivo del Día del Niño. En ese entonces, la menor le preguntó al funcionario sobre el riesgo que corren los enfermos de diabetes si contraen el virus a lo que el funcionario reconoció una vulnerabilidad similar a la de un adulto mayor. Ahora, la menor ha recuperado el momento en un video junto con la resolución del amparo a su favor.

“El Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que Cofepris ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar”,

pidió la menor a través de las redes sociales.

A más de una semana de la publicación del video, Zulma sigue sin recibir la vacuna. “Vivo con mucho miedo de contraer covid grave porque si con síntomas de gripa me ha ido muy mal no me quiero imaginar con covid”, admite la menor. Debido a su enfermedad, ella y su familia han transitado la pandemia en un confinamiento riguroso para esquivar cualquier riesgo de contagio.

“No he podido visitar a mi familia porque cualquiera puede tener el virus. Sí, llegué a un poco de ansiedad unos meses y la combatía comiendo y eso no estaba bien, ha sido un rollo de emociones desde la felicidad hasta la tristeza y el enojo porque no podemos salir”, reconoce.

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El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volvió a defender esta semana el manejo de la pandemia del Ejecutivo respecto a los menores.

“Nos parece completamente legítimo que cada familia quiera ser la primera en ser vacunada, pero no hay que perder de vista que por cada dosis que por acción judicial se desviara hacia un niño, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”,

insistió durante la habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El padre de Zulma, Alejandro González, rechaza con ahínco estas acusaciones y asegura que no desean politizar el problema de salud de su hija como lo quiere hacer ver López Obrador. “No fue nuestra intención confrontar al Gobierno, para nada. Fue una solicitud directa al doctor Gatell, retomando sus palabras, que dijo que ella [Zulma] está en riesgo”, asevera. La norma establece que una vez concedido el amparo las autoridades tenían 24 horas para hacerlo valer, es decir, para inmunizar a la niña. Nunca recibieron la llamada de la contraparte, por el contrario, tras una espera de más de una hora en el edificio de la Secretaría de Salud estatal y una retahíla de excusas, fueron notificados de un recurso de queja presentado por las autoridades que impidió la inmunización. El proceso sigue en tribunales.

González reconoce que a partir de que el video se hizo viral han recibido ofertas privadas para inmunizar a su hija en Estados Unidos, sin embargo, ellos confían en obtener el biológico en México. “Cuando me vacunen voy a estar muy feliz porque se abrirán muchas puertas, voy a visitar a mi abuela, voy a poder ir a clases presenciales, pero sin riesgo de contraer covid grave, ver a todas las personas que no he podido ver, poder salir de mi casa me haría muy feliz, sería algo muy bueno”, asegura con entusiasmo Zulma.

“Llevamos más de 600 niños muertos, ¿qué más quiere el Gobierno?”

A más de 450 kilómetros de distancia, en el Estado de Oaxaca, la abogada y madre, Alma Franco Vargas, tiene más de un mes luchando por obtener una vacuna contra el coronavirus a través también de los tribunales para su hijo Maximiliano Ruiz, de 12 años. Franco Vargas reprocha que el Gobierno recibe miles de biológicos cada semana y tiene almacenadas las dosis mientras los niños siguen sin ser vacunados en el país. “Ya llevamos más de 600 niños muertos, qué más quiere el Gobierno federal, una lista de 1.000 niños para que abran la vacunación”, zanja. México registró hasta el 5 de septiembre 70.063 casos positivos de coronavirus en menores y 685 defunciones infantiles por el virus, según el más reciente reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propagación de la variante Delta y el alza de contagios en su Estado, Oaxaca, fueron el punto de inflexión que llevó a Franco Vargas a presentar el amparo, en agosto pasado. El menor no tiene alguna comorbilidad, no obstante, su madre esgrimió el derecho a la salud que tiene la infancia al presentar el recurso legal.

Como en el caso de familia González García, aunque un juez falló a su favor, a la fecha no ha podido concretar la aplicación de la vacuna para Maximiliano. La respuesta tanto de las autoridades federales y estatales es la misma, que “no están facultados”. Apenas la semana pasada su hijo fue examinado en el hospital pediátrico de Oaxaca, uno de los tantos pasos que se requieren para conseguir la inmunización. “Es frustrante porque cada día que pasa es un día más de riesgo para mi hijo”, denuncia la abogada.

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En su más reciente criterio de vacunación emitido por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 16 de julio el organismo internacional establece que los niños y adolescentes con comorbilidades crónicas graves los colocan en un riesgo significativamente mayor por lo que deben figurar como una población prioritaria en las campañas de vacunación de los países.

El documento de la OMS es uno de los principales fundamentos con los que cientos de padres en el país siguen luchando ante los jueces por la vacuna. Dos países en el mundo ya han abierto la vacunación contra la covid-19 en menores: Estados Unidos a partir de los 12 años con Pfizer y Chile desde los 6 años con la vacuna de Sinovac.

En México, Franco Vargas asegura que hay más amparos de esta índole que los que habló el Ejecutivo. Solo ella está llevando denuncias unitarias y colectivas de 70 niños en el Estado. La abogada reclama que el Gobierno lejos de buscar la protección de la infancia minimizan el peligro que suponen los contagios en este grupo poblacional y descalifican la lucha de los padres.

“Esta lucha la hago por amor a mi hijo, porque mi amor es tan grande que yo prefiero mil veces que él tenga salud”, concluye.

Fuente: El País.

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció este miércoles que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna ha sido autorizada para uso de emergencia.

La vacuna cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia que se necesitan para ser aplicada, apuntó la dependencia en un comunicado.

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“Esta autorización a la vacuna Moderna se suma a las ya otorgadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y más de 65 agencias de regulación sanitaria en el mundo”, añadió.

Moderna informó este mes que su vacuna mantiene una efectividad del 93 por ciento seis meses después de la segunda inyección.

Estudios recientes han encontrado que la vacuna es efectiva contra varias variantes preocupantes, dijo la firma estadounidense, que aseguró que han encontrado que la vacuna tiene un efecto neutralizante contra todas las variantes de coronavirus probadas, incluidas las variantes Beta, Delta y Kappa.

Esta vacuna utiliza la tecnología de ARN mensajero, al igual que la de Pfizer.

La vacuna SPIKEVAX de Moderna es la octava en ser autorizada en México.

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Las demás son las de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin y Janssen.

El pasado 10 de agosto, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que Estados Unidos enviará a México un total de 8 millones de vacunas COVID, de las cuales 3.5 millones de dosis serán de Moderna.

Fuente: El Financiero.

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El pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado una Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre algunos artículos que impiden el consumo, la adquisición de semillas y la plantación y distribución de esta sustancia. Ocho ministros, mayoría calificada, han votado a favor del proyecto y tres en contra.

Ya esos artículos prohibitivos habían sido declarados inconstitucionales en su día, por lo que el Congreso tenía la obligación de eliminarlos o modificarlos, pero no lo ha hecho, a pesar de haber contado con tres prórrogas para ello. Por esa razón se ha recurrido a la declaratoria general de inconstitucionalidad, una figura que solo se ha utilizado en una ocasión anterior.

El presidente de la Suprema Corte ha calificado de “día histórico para las libertades la consolidación del libre desarrollo de la personalidad en el uso recreativo del cannabis”.

Lo aprobado por el pleno insta a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para que los adultos puedan sembrar, cosechar, transportar y consumir cannabis en tanto el Congreso legisle adecuadamente sobre ello. O aunque no lo haga.

Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos (Cofepris) deberá redactar unos lineamientos para la adquisición de semillas y precisar que el consumo de esta droga no puede hacerse afectando a terceros ni en lugares públicos donde el resto de personas no haya dado su autorización.

Así mismo, deben incluirse las salvaguardas de no conducir ni manejar maquinaria ni desarrollar cualquier actividad que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Esos son los efectos que también han sido aprobados en el pleno.

Proceso

Cuando se publique todo esto en el Diario Oficial de la Federación, Salud deberá emitir los permisos a los ciudadanos, que ya no tendrán que presentar un recurso de amparo para ello, como se venía haciendo hasta ahora, lo que ha sido calificado por algunos ministros como discriminatorio para los ciudadanos que no tienen recursos jurídicos.

“Debe quedar muy claro que no se ha modificado el Código Penal, por tanto los delitos siguen vigentes, las personas pueden seguir siendo perseguidas por narcomenudeo”, ha advertido la directora general de México Unido contra la delincuencia, Lisa Sánchez, quienes han impulsado y ganado los cinco juicios por esta causa.

Para ella, lo ocurrido hoy también es histórico, puesto que “es la segunda vez que se ha utilizado en el país la Declaración General de Inconstitucionalidad, congruente con la jurisprudencia anterior”.

Por lo demás, dice, seguimos en el mismo lugar que antes, salvo que ya no será necesario el juicio de amparo para poder cultivar y consumir, sino el permiso de la Cofepris.

“Son los legisladores los que deben determinar la mejor manera de emitir los permisos, las cantidades, los espacios de consumo. Deben legislar sobre eso”, afirma.

Pero el Congreso podría dejar las cosas así, en manos de la Secretaría de Salud, como mandata la Suprema Corte, y no hacer una ley sobre el cannabis. “Crear un mercado legal de la marihuana sigue siendo cosa del Congreso”, añade. La Corte, en este caso, ha actuado como un legislador negativo, saca esos artículos de la norma, pero no puede redactar otros.

El uso recreativo

El uso recreativo de la mariguana en México era una aspiración largo tiempo demandada por parte de determinados colectivos atendiendo al libre desarrollo de la personalidad. La Corte ya se había pronunciado sobre la inexistencia de riesgos colectivos para la salud en el consumo particular de esta sustancia, en una especie de equiparación con el resto de drogas legales, como el alcohol y el tabaco.

Y la sala primera de la Corte manifestó en 2017 la inconstitucionalidad de los artículos que declaraban la prohibición absoluta del consumo de este estupefaciente. El Congreso modificó algunos artículos que abrían paso al uso terapéutico del THC, pero los colectivos entendían que se estaba regulando un mercado, pero no una libertad personal, que era lo que demandaban. Y la protesta continuó con plantones en la calle, frente al Senado, y en los últimos días frente a la Suprema Corte.

El colectivo Plantón420

Esta misma mañana, Plantón420 había pedido a los ministros que votaran sin miedo por la Declaratoria General de Inconstitucional, y así ha sucedido finalmente. Y lo han celebrado, pero con muchas cautelas. Están a la espera de ver cómo se concreta todo, cómo se legisla.

“Nos causa alegría pero estamos atentos a los detalles que aún no se conocen, pero la inconstitucionalidad ya se ha dado, eso es una gran batalla ganada”, ha dicho Hugo Legorreta, uno de los voceros de Plantón420, la organización que está luchando por la libertad del consumo particular.

“Es un día histórico, sí, México se ha pronunciado por una visión de derechos humanos y de garantías para el acceso a varios derechos, como el del libre desarrollo de la personalidad. En ningún otro país ocurre eso, todo los demás han regulado mercados. Ahora falta saber qué harán los diputados, porque ya hemos visto que son expertos en postergar y delegar. Han tenido varias prórrogas y no han legislado”, ha añadido Legorreta.

“En Colombia y Sudáfrica también se han ganado algunas libertades con la intervención de la Corte”, ha añadido Lisa Sánchez.

El colectivo Plantón420 tiene aún demandas insatisfechas, como el libre cultivo y posesión ilimitada cuando sea sin ánimo de lucro y la creación de espacios para compartir con fumadores de tabaco. “Faltan muchas cosas aún, seguimos en la lucha, el plantón instalado frente al Senado no se va a mover de ahí. Ahora, además, los Estados deben ir completando la normativa, señalando espacios de consumo, cantidades, etcétera”, ha señado Legorreta.

La declaración ha sido histórica, pero México tendrá que esperar ahora que se implemente lo ordenado por la Corte, y los permisos serán obligatorios para plantar y consumir con las condiciones que se establezcan.

Fuente: El País.

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