Tras recibir una denuncia anónima el 9 de abril de este año, la ministra presidente de la Suprema Corte y del CJF, Norma Piña Hernández, ordenó investigar los hechos descritos en la carpeta de investigación J/108/2024.

La denuncia acusa que Zaldívar vulneró, entre 2019 y 2022 cuando fue ministro presidente de la Suprema Corte, la independencia de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, al ejercer presión sobre jueces con la promesa de beneficios políticos, económicos.

En la carpeta de investigación se precisan los nombres de decenas de jueces que presuntamente fueron presionados por Arturo Zaldívar a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades

Administrativas y la Contraloría del Poder Judicial.

También se cuestiona que con la intención de implementar políticas anti nepotismo, Zaldívar colocó a sus piezas estratégicas para controlar los asuntos más importantes. Todo esto para “conseguir resoluciones acorde a sus fines” a cambio de beneficios políticos.

El ministro en retiro es señalado de utilizar al Instituto Federal de Defensoría Pública y al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de manera imparcial.

Otra acusación contra Arturo Zaldívar es la de haberse confabulado con el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, “para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales”.

El pasado 21 de febrero, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando Zaldívar era presidente de la Corte, hablaba con el ministro para respetuosamente intervenir en ciertos casos.

“(Cuando) estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’. Si viene mal la averiguación, porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9:00 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11:00, y con ese hecho podía dictar la libertad”, dijo en esa ocasión.

Un día después, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar negó que violara la independencia del Poder Judicial. “Yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los cuatro años que fui presidente, nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro”.

Otro de los señalados es Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión, por presionar a jueces y magistrados para resolver casos a favor del Ejecutivo Federal.

Según la denuncia, la Presidencia de la República ejerció presión en el Poder Judicial en casos como la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la cancelación del de Texcoco, el Tren Maya, el caso de Emilio Lozoya, de extradiciones, así como en temas relacionados al Infonavit, a las telecomunicaciones, con medios de comunicación, entre otros.

Alpízar Salazar también es acusado de desvío de recursos públicos, violencia sexual y de género y de extorsionar a jueces y magistrados

La investigación incluye a Edgar Manuel Bonilla del Ángel como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles por delincuencia organizada institucional; y a Netzaí Sandoval Ballesteros, durante su gestión como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, por corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido de su cargo.

Según la denuncia, Arturo Zaldívar presionó casos como el de Rosario Robles, a cargo del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Otro ejemplo es el del juez de distrito Iván Aarón Zeferín Hernández que participó en asuntos como Cruz Azul, familia Jenkins, el fraude a Infonavit, la Estafa Maestra

Al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, que llevó los casos de de Lozoya, Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle, entre otros, se le señala de dictar resoluciones apegadas “a las instrucciones del exministro”.

Un caso más es el del magistrado Fernando Córdova del Valle, quien “resolvió como se le indicó los casos Gómez Mont y de Segalmex” y a cambio recibió beneficios económicos, precisa la acusación.

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Por medio de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sinaloa prohibió el ingreso a México de camarón de granja proveniente de Ecuador. 

Esto, porque constituye una práctica comercial desleal que afecta la economía de los productores mexicanos, y sobre todo, pone en peligro la vida de los consumidores, así como la alta probabilidad de afectación y degradación del medio ambiente nacional. 

Fue el juez José Francisco Pérez Mier quien concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 564/2023 promovido por la Confederación de Organizaciones Acuícolas en el estado de Sinaloa, A.C.

Pérez Mier determinó que los precios del camarón que ingresa ilegalmente de Ecuador y de otros países centroamericanos están muy por debajo del de los productores nacionales a la venta al público.

El juez explica, en la medida cautelar emitida, que el contrabando de camarón causa una alteración grave en el mercado nacional al colocar a las granjas acuícolas mexicanas en un riesgo inminente de quiebra. Además, el ingreso masivo ilegal de ese producto, potencializa las probabilidades de que las granjas de México se vean contaminadas de enfermedades inexistentes, tales como el Síndrome de Taura, la Mancha Blanca e incluso muerte temprana.

Y es que integrantes de la Confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, A.C.promovieron el juicio de amparo con incidente de suspensión contra actos de las secretarías de Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; de la Defensa Nacional, y Marina; contra el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional, por permitir el ingreso del crustáceo al país de manera ilegal. 

Los productores mexicanos generan, por lo menos, el 40% del camarón de granja que se produce en el territorio nacional, empleando a 16 mil personas de manera directa, y 80 mil de forma indirecta. 

La Confederación exigió prevenir daños irreparables a la seguridad nacional; a la soberanía alimentaria; al medio ambiente; a la sanidad de las granjas de camarón mexicano, así como a la salud de la población.

El juez Francisco Pérez Mier determinó que las autoridades deberán iniciar, de inmediato,el procedimiento de verificación de origen del crustáceo, así como certificar cada una de las granjas de las que se importe de manera legal el producto, a fin de que proporcionen su contabilidad y capacidad de producción, con la finalidad de evitar la triangulación de camarón ecuatoriano a nuestro país, entre otras cosas. 

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