Se trataba de una concesión para la prestación de servicios mayoristas desde el segmento fijo y que hacía de CFE un actor con posibilidad de competir en el mismo mercado donde participan Telmex, Totalplay, Megacable e Izzi Telecom, y otros operadores privados de escala regional y local.

CFE tenía habilitada una concesión de carácter mayorista y comercial, en la que terceras empresas podían apoyarse para contratar capacidad a CFE y revender esos gigabytes en distintos paquetes de servicios directamente al consumidor final, como pudieran ser telefonía o Internet de banda ancha fija; incluso, para revender productos de video restringido, al que, por ejemplo, Telmex está impedido comercializar por política regulatoria y por su propio título de concesión.

CFE renunció a esa concesión por ordenamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para así poder acceder a la directiva de la empresa público-privada Altán Redes, que a su vez administra la Red Compartida, una red neutra de servicios móviles con mercado de 20 millones de usuarios y atendidos desde el espectro radioeléctrico de los 700 MHz.

La obligación del IFT para CFE obedeció a que este regulador, como autoridad en competencia económica en telecomunicaciones, advirtió riesgos para los mercados minoristas y mayoristas, pues CFE tendría influencia en los negocios mayoristas a través de Altán y en los minoristas por medio de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

La estatal aceptó la condición de tipo estructural impuesta por el IFT y entonces renunció oficialmente a su concesión mayorista de telecomunicaciones el día 19 de febrero, cuando su representante legal acudió al IFT para notificar que CFE aceptaba la obligación.

De esta manera, la CFE ha salido del negocio de los servicios mayoristas fijos de telecomunicaciones, si bien nunca sacó provecho de esa concesión y por tanto su paso por ese sector fue testimonial desde el año 2023 en que obtuvo la concesión, conforme registros en los bancos de información del IFT.

“Comparezco a fin de renunciar al título de concesión, en el entendido de que la presente renuncia revoca cualquier derecho u obligación a partir de la fecha de presentación del presente documento (…) No se afecta el interés público ni se perjudican los derechos de los usuarios o terceros. En el presente acto se ratifica y reitera la petición y voluntad de mi representada de renunciar al título de concesión, por lo que dicha concesión deberá tenerse por terminada y dejar de surtir efectos a partir de la presentación de este documento”, expresó la representación legal de CFE en su escrito de renuncia.

El Registro Público de Concesiones del IFT también ya muestra la renuncia de CFE a su concesión de telecomunicaciones.

El IFT confirmó en la tarde de este miércoles la aceptación de CFE a la renuncia de su concesión mayorista de telecomunicaciones, si bien desde el 4 de marzo pasado la industria baba por hecho que CFE había aceptado el ordenamiento del regulador.

La Comisión Federal de Electricidad tenía como fechas límites entre el 10 y el 15 de febrero para aceptar o negar las condiciones del IFT, si pretendía convertirse en una nueva dueña de la empresa Altán Redes, con el 23.08% de los derechos fideicomisarios de esa compañía.

Para el arranque de marzo, la estatal eléctrica se había hecho con el 48.63% de las acciones de Altán Redes y con el 23.08% de los derechos fideicomisarios de esta empresa.

Hasta este día, el capital social de Altán Redes está compuesto en un 51.37% por el fondo Marapendi Holding y en 48.63% por la CFE. En cuanto a los derechos fideicomisarios, la estatal eléctrica y la banca de desarrollo dan al Estado mexicano el 84.15% del control de Altán, en tanto que Marapendi se hace allí con el 15.8% de los derechos sobre Altán. El Estado, además, está por llegar a contar con entre ocho y diez consejeros en el directorio de once posiciones de Altán. Más claro, el Estado mexicano gobierna en Altán.

Estos datos dan al Estado mexicano el margen suficiente para impactar en la toma de decisiones del directorio de Altán que oferta servicios mayoristas de Internet, que terminan siendo revendidos por otro centenar de marcas comerciales a cerca de 20 millones de consumidores finales en México.

“La CFE presentó ante el IFT su renuncia a la concesión comercial mayorista y lo hizo en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la resolución”, dijo el IFT.

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Dicha propuesta de reforma de los legisladores priistas surge como una medida necesaria y humanitaria para aliviar la carga económica sobre aquellos que ya están luchando por reconstruir sus vidas.

Esto permitirá que las personas afectadas por desastres naturales no tengan que preocuparse por los costos de la electricidad, pues no sólo les brindaría un alivio financiero inmediato, sino que también les permitiría destinar sus recursos limitados a otras necesidades urgentes, como la alimentación, el refugio y la atención médica.

Refiere que, al eximir el pago de electricidad en zonas de desastre, se proporciona un estímulo económico indirecto al permitir que los comercios locales se mantengan operativos y que la actividad económica se reanude lo antes posible.

Advierten que, en los últimos años, los mexicanos hemos sido testigos de varios eventos catastróficos que han dejado comunidades enteras en estado de emergencia.

«Por ejemplo, el terremoto de 2017 en Ciudad de México, que dejó más de 200 personas muertas y miles de edificios dañados, o el huracán Patricia en 2015, considerado el ciclón más fuerte registrado en el hemisferio occidental, son ejemplos contundentes de la vulnerabilidad de México ante los desastres naturales. El más reciente, el paso del huracán Otis el pasado mes de octubre de 2023, que dejó en Acapulco una devastación nunca vista en nuestro país”.

En este contexto, la exención del pago de electricidad en zonas de desastre no sólo sería una medida de ayuda inmediata, sino también una estrategia preventiva para fortalecer la resiliencia del país ante futuros eventos adversos, al garantizar el acceso continuo a la electricidad durante períodos de crisis.

“La exención del pago de electricidad en zonas de desastre representa una medida humanitaria, económica y estratégica que reconoce la importancia crítica de la electricidad en tiempos de crisis y que busca proporcionar un apoyo significativo a aquellos que enfrentan adversidades inimaginables”, considera la iniciativa.

El PRI propone modificar el artículo 105 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para añadir al texto: “las adecuaciones ocasionadas por la condonación del pago de energía eléctrica en los municipios declarados como Zona de Desastre durante los procesos de rehabilitación o reconstrucción no requerirán de la autorización del Consejo de Administración o de alguna dependencia de la Administración Pública Federal”.

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Al menos 12 colonias resultan afectadas ante el corte de suministro de energía eléctrica en cinco pozos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac).

Esta mañana ,Carlos Alberto Molina Joaquín, director jurídico del Sapac, dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía eléctrica de los pozos Revolución 1 y 2, Cuarteles, Amate y Altitud, afectando a cientos de habitantes del municipio; sin embargo, dijo, ya presentaron las denuncias correspondientes ante la autoridad federal. Entre las colonias afectadas se encuentran:

• Jiquilpan
• Buena Vista
• Tezontepec
• Revolución
• Ciudad Chapultepec
• Lomas de Cortés

«El día 17 de este mes de abril, sin previo aviso, la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo la suspensión del servicio de energía eléctrica de los pozos Revolución 1 y 2, Cuarteles, Amate y Altitud, impidiendo con ello el suministro de agua potable a la población, violando con ello uno de los derechos principales de cada ser humano», señaló en conferencia de prensa con medios locales

Asimismo, dijo que el organismo descentralizado interpuso un recurso mercantil ante el Poder Judicial de la Federación, del que obtuvieron una suspensión para que la paraestatal devuelva la energía eléctrica a dichos pozos.

El funcionario señaló que la CFE actuó de manera arbitraria y sin apegarse a su protocolo para corar la energía eléctrica.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado mantiene una deuda histórica con la paraestatal que ronda los 289 millones de pesos generada por administraciones anteriores.

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Para Fitch Ratings, la incertidumbre regulatoria y el incremento en los precios de los combustibles son los factores principales que mantienen una perspectiva “en deterioro” para el sector energético de México.

“La perspectiva del sector energía en México está en deterioro debido a la volatilidad reciente que existe en las principales variables que afectan a las compañías que operan dentro del sector, como los cambios fuertes en los precios de los combustibles y la incertidumbre regulatoria”,

apunta Óscar Álvarez, analista senior de Fitch.

De acuerdo con la Perspectiva de Fitch Ratings 2023: Sector Energía en México, la calificadora de riesgo crediticio considera que el sector requiere políticas que promuevan el desarrollo y la inversión.

Esto, porque hay factores que continúan desalentando la inversión en el sector, entre ellos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el diferimiento en el otorgamiento de permisos para la generación eléctrica a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las consultas para la solución de controversias que enfrenta México con Estados Unidos y Canadá bajo los términos del TMEC.

“Lo anterior pone en riesgo la estabilidad de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, países de donde proviene 39.9% y 10.3%, respectivamente, de la Inversión Extranjera Directa (IED)”,

refiere el análisis.

Destaca que la IED realizada para el subsector económico de energía eléctrica continúa en niveles bajos al cierre de junio de 2022.

El nivel más alto de IED ha sido en 2018 de 4,800 millones de dólares (mdd), pero comenzó a disminuir en 2019 a 1,617 mdd y alcanzó su nivel más bajo en 2021, con solo 584 mdd.

Mientras, en junio de 2022, el nivel de IED en el subsector ya había superado los niveles presentados en 2020 y 2021, Estados Unidos y Canadá representan en conjunto 50.2% de la IED. “Por lo tanto, es importante para México mantener una buena relación comercial con ambos países”.

Fuente: Forbes https://www.forbes.com.mx/perspectiva-para-2023-del-sector-energetico-en-mexico-esta-en-deterioro-fitch/

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Las recetas contra la inflación suelen conllevar efectos secundarios. Los países de medio mundo han elevado a marchas forzadas sus tasas de interés ante la imparable escalada global de los precios. El Banco de México (Banxico) ha sido uno de los más expeditivos con 10 subidas consecutivas en poco más de un año para dejar el listón en el 8.5%, récord histórico. La contrapartida, además de un previsible enfriamiento de la actividad económica, ha sido una crecida de los costes de la deuda: un 30% más que el año pasado, según las previsiones del Gobierno presentadas esta semana en el proyecto de presupuestos para 2023.

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El aumento obligará a tirar de déficit, que crecerá más de medio punto según el mismo proyecto, y así cuadrar las cuentas de uno de los presupuestos más expansivos de los últimos años, con los que Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar el pulso del gasto social después del bache de la pandemia. El propio presidente salió al paso este fin de semana culpando de la coyuntura a los gobiernos anteriores: ”En crisis decidieron salvar, rescatar las pérdidas de los bancos y las pérdidas de las grandes empresas y convirtieron las deudas de ellos en deuda pública”.

Pese al reproche del presidente, en el esbozo de los presupuestos no aparece una subida del monto de la deuda pública, que se mantiene en el límite del 50% del PIB. Lo que crece es el coste financiero de esa deuda. Es decir, los intereses y comisiones que debe pagar el Gobierno federal y las empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para amortiguar el golpe, la secretaría de Hacienda prevé que el déficit suba en 215.000 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2022, hasta llegar un 3.6% del PIB.

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Las estimaciones concretas del comportamiento bursátil de los títulos de deuda son también elocuentes. Las posiciones extranjeras en deuda mexicana a corto plazo —los llamados Cetes— se encarecerán notablemente. En los papeles a 28 días, la tasa subirá casi el doble hasta el 8,9%. Otra indicador es la comparación del peso del coste financiero de la deuda en relación a otras partidas. Este mismo verano, el apartado dedicado al pago de intereses supera al previsto para el gasto público.

El Gobierno pretende precisamente aumentar el techo de gasto para el año que viene. El proyecto de presupuesto presentado este jueves ante la Cámara de Diputados contempla un desembolso total de 8,3 billones de pesos, un 11% más en términos reales que lo aprobado para este año. La política social se llevará casi la mitad, 3,9 billones de pesos, un aumento del 9%. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, definió el paquete como “equilibrado, responsable y realista” durante la presentación. La Cámara de Diputados, donde el Gobierno cuenta con mayoría, debe aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre.

Fuente: El País.

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México tiene 1,015 millones de habitantes sin acceso a la electricidad, de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), enviado al Senado.

La cobertura del servicio eléctrico a la población mexicana significó un crecimiento marginal de 0,13% comparado con la cobertura del 2020, según los datos más recientes de la compañía mexicana hasta el 31 de diciembre del año pasado.

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Las cinco entidades con más habitantes por electrificar son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero, que representan 44% del total, mientras que los estados con menos personas sin energía eléctrica son Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México y Colima.

La cobertura del servicio eléctrico entre los habitantes de México ha incrementado 98,5 a 99,2% entre 2015 a 2021.

Durante 2021, la empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz realizó 3.466 obras de electrificación con una inversión de MXN2.588 millones (más de US$129 millones), las cuales beneficiaron a 2.678 localidades y 349.349 habitantes.

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Las obras incluyen 2.250 kilómetros de líneas de distribución, 9.454 transformadores, 50.000 postes que beneficiaron a 85.273 viviendas.

CFE también informó en el documento que enfrentó 14 fenómenos naturales como huracanes, frentes fríos y tormentas, que afectaron infraestructura eléctrica del país con un promedio de restablecimiento de 1,5 días al 90% de los afectados y 3 días en total.

El total de personas afectadas fue de 5,68 millones de usuarios afectados en 25 estados del país, con un costo aproximado de MXN$545 millones.

“Por el paso de estos fenómenos naturales se dañaron: 42 torres, 3,602 postes y 705 transformadores de distribución, los cuales fueron reemplazados o reparados por los trabajadores de CFE Distribución”,

precisó la empresa estatal.

CFE tiene 46,6 millones de clientes, de los cuales, 41,3 millones son domésticos de bajo consumo, 167.859 de alto consumo y el resto empresariales.

La compañía mexicana obtuvo ganancias por MXN$8.659 millones durante el primer trimestre de 2022.

Fuente: Bloomberg en línea.

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La reforma energética mexicana debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas estadounidenses en “temas difíciles” como contratos y permisos, o de lo contrario no habrá confianza en invertir en la economía mexicana, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En un foro del Consejo Atlántico de Washington, donde estuvo acompañado por el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, el embajador estadounidense dijo entender que México es un país soberano, pero insistió en que la preocupación de Estados Unidos es que el desenlace de la reforma apoye la integración de las cadenas de abasto entre los dos países.

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“Necesitamos trabajar en muchos asuntos difíciles, uno de los cuales tiene que ver con contratos, permisos. Estamos presionando por la resolución de esos asuntos, ojalá haya una resolución porque de otra manera no se puede tener confianza en invertir en México”,

alertó el diplomático de origen mexicano.

Salazar reconoció la apertura del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse con el enviado especial para cambio climático John Kerry, con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm y con él mismo. “Todos hemos expresado nuestras preocupaciones reales. En el mundo del Departamento de Estado le llaman ‘inquietudes’, yo lo llamo temblores”, dijo en español.

Al final de su visita en enero pasado a México, Granholm dijo haber compartido con el presidente mexicano su preocupación sobre el “potencial impacto negativo” de la propuesta de reforma energética en la inversión privada estadounidense en México y en los esfuerzos conjuntos en materia de energías limpias y cambio climático.

En su turno, el embajador Moctezuma dijo creer que el desenlace de la reforma energética garantizará el fortalecimiento de la CFE y también un mercado “abierto, transparente y eficiente”.

Indefinición, un lastre

Por su parte, directivos bancarios advirtieron que la falta de definición en el sector energético está causando un lastre importante en la inversión privada, lo que se está reflejando en el bajo crecimiento.

“Nosotros esperábamos que una parte muy importante de la inversión en México iba a ese sector (eléctrico) y como eso no se está materializando, estamos viendo un lastre importante en el potencial económico de México. Se tiene que corregir y se tienen que clarificar las reglas de cómo y cuándo la gente puede invertir en ese sector”,

señaló Jorge Arce, director general del Grupo Financiero HSBC México.

Consideró que hay poca definición en varios sectores, lo que no sirve a nadie, “esperábamos que gran parte de la inversión privada extranjera y local iba a ir al sector energético, como esto no es posible en este momento, porque hay una falta de definición, y no es algo atractivo para el gobierno que vengan más inversores en ese sector en este momento, eso está causando un lastre importante en la inversión privada y en México, y lo vemos en el poco crecimiento”, explicó el también presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

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En entrevista por separado, Adrián Otero, director general de Scotiabank México, explicó que el sector energético es clave para el crecimiento del país, ya que la actividad productiva requiere luz, gas y petróleo para operar, por lo que urge tener claridad en el sector lo antes posible.

“Hemos estado pendientes y hemos dado seguimiento puntual al tema de la reforma, pero confiamos en que va a haber un diálogo, en que las autoridades lo están revisando a detalle, y sabemos que se van a analizar los impactos que se van a tener”,

indicó.

Consideró que si bien los cambios generan incertidumbre, también para algunos puede ser un momento de oportunidades.

Promover inversiones, pide IP

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la generación de inversiones del sector privado para apoyar la recuperación económica fue el tema central de la reunión que sostuvieron con el canciller Marcelo Ebrard, la subsecretaria Martha Delgado y otros miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desde el CCE reiteramos nuestro compromiso con México para lograr juntos una pronta recuperación económica”,

publicó el CCE en Twitter.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), resaltó la importancia de incluir a las Mipymes en la cadena de suministro de EU, así como el reto de obtener financiamiento competitivo para lograrlo.

Fuente: El Financiero.

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“Encantado de estar en México hasta el 3 de marzo para hablar con el gobierno y el sector privado sobre competitividad económica, comercio, energía y medio ambiente”,

apuntó el funcionario estadounidense en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

En un video que acompañó su mensaje, precisó que su viaje busca “reforzar la relación en una amplia gama de temas, temas como la competitividad norteamericana y las inversiones para aumentar la prosperidad para todos”.

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Fernández destacó que México es uno de los socios más cercanos y más valiosos de Estados Unidos “y nuestra relación con México es esencial para avanzar en una agenda económica positiva para la región”.

Por eso, dijo, se va a reunir con “altos dirigentes” del Gobierno, del sector privado y de la comunidades locales para abordar las “necesidades inmediatas en temas de salud, sostenibilidad financiera, trabajo y protección del medio ambiente”.

El funcionario estadounidense destacó que ambas naciones comparten profundos lazos familiares y culturales.

Fernández se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y otros funcionarios estadounidenses para “dar inicio a una gran semana de exploración de nuevas oportunidades económicas y fortalecimiento de nuestras relaciones” en todo el país, expresó en otro tuit.

“Bienvenido subsecretario Fernández. Él es uno de los muchos destacables miembros de la administración Biden en visitar México. Esperamos sostener productivas reuniones con colegas mexicanos para abordar metas compartidas en energía, economía y medio ambiente”,

dijo en Twitter Salazar.

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Aunque el funcionario estadounidense no hizo referencia al tema, la visita de Fernández se da en medio de la discusión del Congreso mexicano de la polémica reforma eléctrica la cual limitaría a 46 % la participación privada en el sector en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado.

Esta reforma, según algunos analistas y el sector privado, podría producir roces por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y perjudica el impulso de las energías limpias.

Además, el anuncio ocurre días después que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien expresó en Twitter su preocupación por la violencia contra la prensa en México, y a quien el mandatario dijo que estaba “mal informado”.

Fuente: Hola News.

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México tiene puesta toda su atención en lo que sucede en el Senado de los Estados Unidos, y esta vez es por el debate sobre el otorgamiento de estímulos fiscales a los productores de autos eléctricos en suelo estadounidense, y que de aprobarse desatarían una serie de «represalias» por parte del gobierno federal.

La Secretaría de Economía aseguró recientemente que evalúa “ todo tipo de represalias ” en caso de que la medida sea aprobada, precisando que serían “tiros de precisión”.

La Cámara alta estadounidense contempla debatir e incluso aprobar la medida antes de que finalice el año,

¿Qué puede hacer México?

De ser aprobados los estímulos fiscales entrará en vigor hasta el año 2027.

Para Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), la medida que va en contra el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del libre comercio en general.

México puede responder vía la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos, así como establecer límites a la producción o proveeduría de algunas autopartes que se exporten a Estados Unidos, comentó Virginia Ríos, integrante de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana (UP).

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Para México la industria automotriz resulta muy importante, pues representa casi el 4% del producto interno bruto (PIB), además una cuarta parte de las exportaciones mexicanas corresponden a la industria automotriz y es responsable de casi un millón de empleos directos, más los puestos indirectos, coincidieron los especialistas entrevistados.

Aunque existen varias alternativas para México, hay que ser cuidadoso con la respuesta, pues “si ponemos, por ejemplo, barreras no arancelarias, vamos a complicar la operación del T-MEC. Tenemos que actuar buscando resolver el tema”, advirtió Fernando Ruiz.

Agregó que se tiene que pensar en el mediano y largo plazos, con mucho cuidado y mucha habilidad “porque podemos meternos en líos en el que ellos (Estados Unidos) nos saquen otra medida y caer, como con China, en una guerra comercial”, añadió.

Moneda de cambio

Es posible que Estados Unidos quiera condicionar el retiro de esta medida con sus diferentes socios comerciales. “No lo sé, pero podría ser. No lo había pensado, pero siempre puede ser una opción”, dijo el directivo del Comce.

En el caso de México, podría ser utilizado para presionar algunos puntos de la reforma eléctrica, propuesta por el gobierno federal, que busca fortalecer a las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE.

Además, en el país tampoco se dan incentivos para que los consumidores adquieran vehículos eléctricos. Los automóviles ligeros, con capacidad de hasta 10 pasajeros, tienen un límite de 250,000 pesos de deducibilidad. “Ningún vehículo eléctrico en México cuesta 250,000 pesos. Eso desmotiva a adquirir un automóvil eléctrico”, señaló Ríos de la UP.

Buscar alianzas

En el marco del T-MEC, México y Canadá ya externaron su desacuerdo por esta iniciativa. Además, países como Alemania, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, entre otros socios comerciales de Estados Unidos han levantado la voz en la Organización Mundial de Comercio.

México tiene una oportunidad para buscar alianzas con estos países para actuar en bloque “más que tanta represalia porque en algún momento se nos podría voltear el tema”, dijo la profesora de la UP.

“Podrían aliarse para poder hacer llegar esta petición de que actúen en relación a que EU no está cumpliendo con los compromisos que tiene el comercio internacional para fomentarlo; se busca que todo sea cooperación y que todos tengan cierto beneficio, que no se estigmatice a los países con menos recursos”,

agregó Virginia Ríos.

México, el país más débil de los tres socios del T-MEC, podría hacer frente al tema a través de una controversia de derechos humanos, argumentando “la disminución de fuentes de trabajo y de oportunidades para los mexicanos” para evitar la migración ilegal a Estados Unidos, agregó la académica.

Consecuencias

Si México impone aranceles a las exportaciones de autos eléctricos, subrayó Virginia Ríos, quien terminaría pagando los platos rotos serían los consumidores finales por el encarecimiento a los de por sí ya caros vehículos de este tipo, cuando lo que se busca es incentivar la adquisición de este tipo de unidades.

La secretaria Clouthier dijo la semana pasada que descarta que esta medida provoque fugas de capitales.

Ríos, de la UP, comentó que los incentivos fiscales provocarán que las empresas automotrices del sector eléctrico que busquen relocalizarse lo harán en Estados Unidos, no en México; “y creo que sí se va dar también la fuga de capitales”, adelantó.

Aunado a los incentivos, en México, recordó, el gobierno mexicano no ha dado señales de confianza y certidumbre para la llegada de inversiones.

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Aunque es complicado que Estados Unidos de marcha atrás con los incentivos fiscales, hay una posibilidad de que esto ocurra, dijo Fernando Ruiz, del Comce.

La política de subsidios tiene un efecto inflacionario, apuntó: “Subsidios de esa magnitud y gran volumen lo que hacen es que promueven la inflación. Ellos pensaban que la inflación era una burbuja, y no es así”, sostuvo.

Fuente: Expansión.

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El gobierno de Estados Unidos se pronunció acerca de la reforma constitucional que se discutirá en México en el próximo periodo de sesiones del Congreso para devolver el dominio de la industria a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asegurando que el uso de tecnologías más caras y sucias dificultará las metas climáticas compartidas, por lo que sería deseable que su vecino del sur diversifique sus fuentes de generación priorizando el combate al cambio climático y permitiendo que los privados participen puesto que son parte fundamental del desarrollo de este sector.

El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, aseguró en conferencia de prensa que el cambio climático es una prioridad para su gobierno y que espera que también o sea para su vecino estratégico del sur.

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“Hemos sido claros en cuanto a nuestras preocupaciones: promover el uso de tecnologías en muchos casos más sucia y en otros más cara por encima de las tecnologías más baratas renovables dificultará alcanzar las metas climáticas que son prioridades compartidas entre nuestros dos países”, dijo. 

El funcionario reiteró que el combate al cambio climático es prioritario en su gobierno y también tiene conocimiento de que lo es para la administración mexicana. EU y México históricamente han sido grandes emisores. Y aunque Estados Unidos es uno de los principales emisores del mundo, México también contribuye y ha contribuido a buena parte de la contaminación atmosférica, así que esto tiene que ser una prioridad para ambos países, expresó. 

Acerca de la participación del sector privado, que con los cambios a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución no podrá participar en transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica ya que se reservan de nueva cuenta estas actividades a la CFE, mientras que sólo podrá competir en un mercado para venderle el 46% de la generación a la estatal, Ned Price aseguró que su país apoya las inversiones de terceros en este sector.

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Estados Unidos también ha dejado en claro a México que el sector privado tiene un importante papel qué jugar”, refirió. 

Sin embargo, confió en que México cumpla con sus compromisos en materia ambiental, y aseguró que la fuerte relación entre ambas naciones permite a Washington hablar “franca y directamente con nuestras contrapartes en México sobre potenciales áreas de preocupación”.

Cabe recordar que el Congreso discutirá en 2022 la reforma mediante la cual se busca fortalecer a la CFE por encima de los privados en el país, y en la que además el gestor de la red eléctrica, que es el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), volverá a ser parte de la CFE, mientras que los reguladores del sector, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la electricidad y el midstream y downstream de los hidrocarburos,  y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para la exploración y producción de petróleo y gas, se convertirán en reguladores ministeriales, formando de nueva cuenta parte de la Secretaría de Energía y perdiendo la autonomía presupuestaria y de gestión que se les otorgó en la reforma del 2014. 

Para una reforma a la Carta Magna se requiere de mayoría calificada en la votación del legislativo.

Fuente: El Economista.

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