El gobierno del presidente Joe Biden inició el viernes un segundo intento para acabar con un programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas dijo que “Permanecer en México” probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificados” para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.

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El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenó que el programa se reanude “de buena fe”, mientras dejó una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su medida.

El gobierno dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado “Protocolos de protección al migrante”, para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano. México quiere que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.

Algunos de los aliados más reconocidos a favor de la inmigración del gobierno, señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión del viernes demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan.

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Muchos grupos de apoyo basados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa, dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que tengan mejor acceso a asesoría. Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.

Aproximadamente 70.000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara “efectividad mixta”.

Fuente: Independent.

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La administración del presidente Donald Trump discutió en la primavera de 2020 con un alto mando militar y en el Departamento de Seguridad Nacional enviar 250,000 soldados a la frontera con México, según una investigación del New York Times

Eso hubiera significado mandar a más de la mitad de los soldados activos y una sexta parte de las fuerzas armadas estadounidenses, lo que significa el mayor uso del Ejército dentro de Estados Unidos desde la Guerra Civil.

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Stephen Miller, el encargado de llevar la agenda de inmigración de Trump, fue el responsable de insistir al Departamento de Seguridad Nacional en el desarrollo de un plan para analizar la cantidad de tropas que se necesitan para cerrar la frontera sur del país.

Aunque esta idea no se presentó formalmente ante el presidente Trump, sí se llegó a discutir en la Casa Blanca. No fue hasta que el secretario de Defensa, Mark T. Esper, mostró su indignación ante la idea que se le puso fin al plan de Miller.

Durante años Trump insistió en que era necesario enviar más tropas a la frontera sur, sin embargo, los comandantes del Ejército desviaron varias veces su insistencia con el argumento de que las fuerzas armadas estaban al límite.

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También se dio a conocer que después de la muerte de los LeBarón, Trump presionó a sus principales asesores para que enviarán tropas a México para cazar cárteles de la droga. El mandatario buscaba que se realizará un plan similar a los que se hacen en lugares como Afganistán o Pakistán, donde han rastreado y asesinado a terroristas.

Sin embargo, sus asesores le señalaron que para la mayor parte del mundo podría parecer que Estados Unidos cometía un acto de guerra contra su aliado más cercano.

Al final, la administración de Trump optó por una medida que sigue vigente: negar el asilo y cerrar la entrada a Estados Unidos desde México.

Fuente: El Financiero.

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