De acuerdo con altos funcionarios de Guatemala, elementos de su ejército se enfrentaron por primera vez al ‘cártel de las cuatro letras’ el pasado 8 de enero, cuando miembros de la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, buscaban cruzar la frontera del país centroamericano.

Así lo confirmó Alex Manolo Tuyuc, comandante de la Brigada de Operaciones para Montaña del Ejército de Guatemala, al diario Milenio.

“Un grupo armado cruzó la frontera y atacaron, nuestra unidad militar reaccionó. Derivado de eso se hicieron dos capturas”, precisó.

De acuerdo con el reporte de los hechos, que aún no han hecho público las autoridades guatemaltecas, la agresión se registró en los límites de lacomunidad Cantón Cheguate ―exterior de México― y el poblado Niquivil ―ubicado en Motozintla, Chipas.

Un soldado que participó en el enfrentamiento reveló al medio ya citado que los hechos derivaron luego de que un grupo de hombres a bordo de un convoy de camionetas comenzaran a dispararles e intentaran ingresar a su territorio. Tras el intercambio de balas, uno de los vehículos quedó inmóvil del lado de Guatemala, por lo que pudieron detener a dos de los presuntos criminales.

Ambos se habrían identificado como mexicanos y reconocieron ser integrantes del CJNG.

Adicionalmente, el ejército guatemalteco indicó que la organización de ‘El Mencho’ tiene al menos dos casas de seguridad cerca de la frontera, aun cuando el gobierno del país vecino desplegó a dos mil militares el pasado mes de octubre para evitar la expansión de este grupo.

Al respecto, surge la duda: ¿Por qué motivo el CJNG tendría interés en ingresar a Guatemala?

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En un video aparentemente grabado por un residente de la localidad de San José de Gracia, en el estado occidental de Michoacán, y publicado en las redes sociales, estallaron ráfagas de disparos y el humo cubrió la escena.

La grabación se corta, pero algunos asumieron que todos los hombres, tal vez hasta 17, murieron fusilados.

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La fiscalía de Michoacán afirmó que no puede decir cuántas personas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar porque los atacantes habrían limpiado la escena, lavaron la acera y supuestamente se llevaron los cuerpos. En el lugar, los investigadores sólo encontraron casquillos de bala y una bolsa llena con restos de cerebro.

El ataque del domingo ocurrió afuera de un funeral de la madre de un presunto sicario del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Esta organización criminal, una de las más poderosas de México, ha estado librando sangrientas batallas territoriales en Michoacán contra un grupo local rival, los Viagras, también conocido como Cárteles Unidos.

Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, señaló que miembros de un grupo contrario al que estaba en el velorio acudieron al lugar en busca del presunto sicario, a quien las autoridades solo identificaron como Alejandro.

Según López Solís, ese hombre aparentemente murió en el lugar y los demás cuerpos fueron apilados en camionetas y se los llevaron los atacantes. Otros videos publicados en las redes sociales mostraban dos o tres cuerpos arrojados a una camioneta.

El fiscal agregó que el ataque ocurrió a pocas cuadras de la alcaldía, donde estaban de servicio tres policías locales, pero la policía no fue al lugar ni hizo sonar una alarma, y argumentaron que no tenían fuerza suficiente para intervenir.

Autoridades federales indicaron que ya enviaron un equipo para colaborar en las investigaciones, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana en un comunicado.

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La policía local en México a menudo es superada en armamento y en número por los integrantes de las bandas delincuenciales.

No es la primera vez que los cárteles aprovechan los velorios y funerales de familiares de sus contrarios para atacar contra ellos y tampoco es extraño que estos grupos se lleven a los muertos para hacerlos desaparecer.

Jorge Luis Anguiano, el alcalde del municipio en donde está la comunidad de San José de Gracia, indicó que antes del ataque se vio entrar un gran convoy de vehículos desde el vecino estado de Jalisco, sede del cártel del mismo nombre, y los agentes locales no tenían armamento para intervenir.

Fuente: Los Angeles Times.

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Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades.

Los cuerpos se encontraban tendidos en un camino cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico.

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La fiscalía estatal señaló que los cinco hombres tenían heridas de arma blanca en el rostro y cuello, lo que suponía que les habían cortado la garganta.

Los cuerpos también fueron localizados en una zona en donde existen disputas territoriales entre grupos del narcotráfico. En el área también hay actividad de las autodefensas, que en ocasiones están vinculadas al crimen organizado.

Además el martes, las autoridades informaron que los restos óseos encontrados en noviembre en en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, pertenecen a 25 personas distintas.

Buscadores voluntarios encontraron 14 fosas comunes en un matorral que contenían huesos, algunos de ellos calcinados, y cuerpos en descomposición. Los restos estaban tan revueltos que les tomó más de un mes a los investigadores determinar el número de cuerpos.

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Grupos voluntarios de búsqueda, conformados por familiares de personas desaparecidas, encontraron las fosas comunes cerca de una autopista al oeste de Hermosillo, capital del estado.

Sonora ha sido escenario de disputas por las rutas del narcotráfico entre facciones del Cártel de Sinaloa, aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, y un grupo aliado del capo Rafael Caro Quintero.

Fuente: Voz de América.

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Según indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en un comunicado, el suceso tuvo lugar en Ciudad Cuauhtémoc, 550 kilómetros a norte de Ciudad de México, en una carretera federal.

Además de los nueve colgados se localizó otro cadáver sobre el asfalto. Todos eran hombres.

El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son dos de las organizaciones criminales que se disputan el control de Zacatecas, una región donde la violencia ha crecido considerablemente este 2021 porque es clave en el tránsito de los tráficos ilegales, sobre todo del fentanilo, la droga más letal y lucrativa del momento.

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Según cifras del gobierno federal, en los nueve primeros meses de 2021 se registraron en México más de 25.000 asesinatos una cifra un 3,4% menor que en el mismo periodo del año previo pero que muestra que el nivel de violencia se mantiene más o menos en los mismos niveles desde el inicio de la actual administración en 2018.

Fuente: Los Angeles Times.

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La administración del presidente Donald Trump discutió en la primavera de 2020 con un alto mando militar y en el Departamento de Seguridad Nacional enviar 250,000 soldados a la frontera con México, según una investigación del New York Times

Eso hubiera significado mandar a más de la mitad de los soldados activos y una sexta parte de las fuerzas armadas estadounidenses, lo que significa el mayor uso del Ejército dentro de Estados Unidos desde la Guerra Civil.

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Stephen Miller, el encargado de llevar la agenda de inmigración de Trump, fue el responsable de insistir al Departamento de Seguridad Nacional en el desarrollo de un plan para analizar la cantidad de tropas que se necesitan para cerrar la frontera sur del país.

Aunque esta idea no se presentó formalmente ante el presidente Trump, sí se llegó a discutir en la Casa Blanca. No fue hasta que el secretario de Defensa, Mark T. Esper, mostró su indignación ante la idea que se le puso fin al plan de Miller.

Durante años Trump insistió en que era necesario enviar más tropas a la frontera sur, sin embargo, los comandantes del Ejército desviaron varias veces su insistencia con el argumento de que las fuerzas armadas estaban al límite.

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También se dio a conocer que después de la muerte de los LeBarón, Trump presionó a sus principales asesores para que enviarán tropas a México para cazar cárteles de la droga. El mandatario buscaba que se realizará un plan similar a los que se hacen en lugares como Afganistán o Pakistán, donde han rastreado y asesinado a terroristas.

Sin embargo, sus asesores le señalaron que para la mayor parte del mundo podría parecer que Estados Unidos cometía un acto de guerra contra su aliado más cercano.

Al final, la administración de Trump optó por una medida que sigue vigente: negar el asilo y cerrar la entrada a Estados Unidos desde México.

Fuente: El Financiero.

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En Sinaloa, la tierra donde gobierna el Cartel de Sinaloa, el 30 de junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un tono indolente y casi sarcástico, reiteró las supuestas bondades de su política de «abrazos no balazos” hacia los carteles de la droga en México. Mientras, éstos aumentan día a día su violencia dejando una estela de miles de víctimas en todo el país.

«Cuando dije abrazos no balazos hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia, es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”,

dijo el Presidente en el territorio de Ismael «El Mayo” Zambada el jefe del Cártel de Sinaloa, dos días antes de la consulta popular a la que él mismo convocó para enjuiciar a ex presidentes por actos de contubernio u omisión, como ahora hace él.

«Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”,

añadió el mandatario con descarnada demagogia.

La realidad es que los programas sociales de AMLO para contrarrestar la pobreza, que según él son la causa de la inseguridad, han fracasado. Según la información dada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una institución del propio gobierno, aunque en 2020 aumentaron las dádivas gubernamentales- repartidas en un contexto de opacidad- éstas en concreto no compensan la disminución de ingresos de las familias ni evitaron el aumento de pobres en México a causa del COVID-19.

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Más allá de los programas sociales, en la estrategia de la política de «abrazos no balazos” está incluida la negociación con los carteles de la droga de la llamada pax mafiosa o paz narca, como se reveló en esta columna en el mes de junio pasado.

A la par que el gobierno hace esas negociaciones, el partido político de AMLO, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), gobierna en más territorios dominados por el narco.

Mientras el Presidente dice en el discurso que «el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, los carteles de la droga en México se frotan las manos ante la política de «abrazos” que les permite incursionar en  un nuevo y muy jugoso negocio: el aumento de producción del fentanilo para su consumo en México.

El fentanilo y similares es el peligroso opioide sintético que aumenta la adicción y ha provocado en Estados Unidos una epidemia que ha causado en los últimos tres años decenas de miles de muertos por sobredosis. Tan solo 2019 causó la muerte de más de 36 mil personas.

De acuerdo con información obtenida por fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y México, está aumentando la venta local de esta droga sintética.

Si el gobierno de AMLO continúa con su política de total tolerancia hacia los carteles de la droga, en el mediano plazo México, además de la crisis de violencia e impunidad, podría enfrentar una epidemia como la de EU.

La crisis que viene

El Departamento de Estado de EU ha comenzado a detectar con alarma el aumento de la producción y consumo del opioide sintético en México.

De acuerdo con información obtenida de fuentes del Departamento de Estado de EU y confirmada directamente por informantes de la Guardia Nacional de México, el aumento de producción de esta droga sintética y su bajo costo de elaboración, han hecho que los carteles ya no solo dediquen el fentanilo y similares al consumo foráneo, sino que han comenzado a distribuirlo en México mezclándolo con todo tipo de drogas.

La información obtenida asegura que en México se vende mariguana, heroína, cocaína y metanfetaminas, mezclada con opioides sintéticos, en la gran mayoría de casos sin conocimiento del consumidor.

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Aunque las áreas de inteligencia y combate al narcotráfico en México tienen también esta información, hasta ahora el gobierno de AMLO no ha implementado alguna acción preventiva o advertencia a la sociedad mexicana.

Si ni siquiera existen campañas nacionales masivas contra el consumo de drogas en general, menos existen sobre el riesgo que conlleva consumir cualquier tipo de droga mezclada con fentanilo u otro opioide sintético.

El riesgo para la población aumenta luego de que en junio pasado la Suprema Corte de Justicia dio los últimos pasos para la legalización de la siembra, recolección, transportación y distribución de la mariguana para uso lúdico personal. Muchos ven a la marihuana como una droga blanda ‘inofensiva’, pero desconocen que ahora en el mercado para consumo nacional, los carteles están mezclando ésta con opioides sintéticos. Los usuarios no sólo pueden volverse más adictos, sino que corren el riesgo de morir.

Los carteles de la droga mexicanos utilizan el fentanilo y similares porque hacen su negocio criminal más redituable. Al mezclarlo con una droga matriz puede compensar la falta de calidad y pureza, la hace más potente. Genera mayor adicción en el usuario, y como su producción es menos costosa, aumenta las ganancias económicas al multiplicar su volumen.

La más mínima variación en el gramaje de fentanilo y similares al momento de mezclarlo con otra droga puede causar depresión respiratoria y un paro cardíaco fulminante.

El diagnóstico

Aunque el gobierno federal encabezado por AMLO ha frenado todos los acuerdos de cooperación en materia antidrogas con el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Plan Mérida, ese país aún mantiene cooperación con gobiernos estatales en materia de capacitación a sus diversos cuerpos de seguridad.

Esto les ha permitido detectar el aumento del fentanilo en el mercado de consumo nacional y la falta de entrenamiento por parte de las autoridades para hacer los operativos de decomiso y destrucción, y para salvar la vida de las personas intoxicadas o recuperar los cuerpos de las personas muertas por sobredosis de este químico.

Si bien desde 2018 comenzó a haber indicios en México del consumo doméstico de fentanilo en la frontera norte, ahora, gracias al intercambio de información con autoridades locales, el gobierno de EU tiene detectado la existencia de laboratorios clandestinos de producción y consumo local en: Sonora, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Morelos, Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua, y que diversas drogas mezcladas con fentanilo están circulando ya en el mercado nacional.

Tuve acceso a uno de los documentos que forman parte del entrenamiento que distintas fuerzas del orden de EU están dando a las policías locales.

En dicha presentación se advierte que «Grupos delictivos han encontrado un mercado nuevo en la producción de fentanilo con ganancias que superan a la venta de drogas tradicionales como cocaína, metanfetamina, marihuana o heroína”.

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Se afirma que el fentanilo y similares es indetectable para los consumidores de drogas tradicionales. Para las propias autoridades también, porque no tiene ningún olor o característica particular que permita identificarlo.

«Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína”,

se afirma en el documento.

El efecto en el consumidor es demoledor: «El fentanilo se une a los receptores del cerebro que controlan las emociones y el dolor (superdepresivo/ superadictivo). Produce un estado de euforia y relajación y los efectos pueden incluir: nausea, vomito, confusión, somnolencia y depresión”.

Se afirma que el uso del fentanilo por parte de los carteles de la droga es doblemente más peligroso que otras drogas porque «la dosis letal de fentanilo es de 2 miligramos para un adulto de 100 kilogramos”.

Las propias características del fentanilo y similares hacen que los operativos del  gobierno para desmantelar los laboratorios clandestinos en donde se produce, sean más peligrosos. Y se afirma que en México ya ha habido casos de oficiales intoxicados, e incluso que han muerto al estar en contacto con la sustancia, por no tener las precauciones debidas.

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Se recomienda que en cada operativo se actúe como si hubiera presencia de fentanilo para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales. Advierten del tipo de equipo especializado que debe ser usado para evitar poner en riesgo la vida de los oficiales, el cual otrora era proporcionado a través del Plan Mérida.

En el documento del Departamento de Justicia de EU se afirma que en diciembre 2018 en la Ciudad de México se decomisó un taller donde fabricaron tabletas de fentanilo M-30 con una maquina industrial con la capacidad de producción de miles de tabletas  por hora. Era solo el inicio.

En 2019 se encontró otro laboratorio en Monterrey, Nuevo León. En la Ciudad de México se encontró en un vehículo 32 kilos de Clorhidrato de Monohidrato, precursor para producir el fentanilo.

Y en el documento al que se tuvo acceso se muestran diversas fotografías de diferentes decomisos de opiáceos sintéticos realizados por la recién creada Guardia Nacional de AMLO, incluso en 2020.

La producción y comercialización aumentó aún más con la crisis del COVID-19.

Entre más abrazos, más negocios

Durante su gira a finales de julio en Sinaloa, AMLO aseguró que en México la producción de cultivos de amapola y mariguana está disminuyendo drásticamente y que el fentanilo no se produce en México sino que viene de otros países. Pero la realidad aplasta la demagogia.

Hace apenas unas semanas, la Oficina Contra la Droga y el Delito de la ONU informó que México es actualmente es el tercer país con mayor superficie de cultivo del mundo, dedicada a la producción de la amapola, de la cual se extrae el opio.

Aseguró que, junto con Afganistán y Myanmar, México controla el 96 por ciento de la producción de todo el planeta.

Y el documento del Departamento de Estado de USA al que tuve acceso muestra que aunque en 2017 México comenzó a restringir la importación de «fenetil”, en 2020 han llegado al país otros precursores como: 4-Anilinopiperidina (4-AP), anhídrido propiónico y cloruro de propionilo, entre otros. Estos son nuevos pre-precursores de fentanilo que permiten que este sí produzca en territorio nacional tanto para consumo interno como externo.

Durante los últimos 20 años está probado en México que la fórmula de complicidad, permisividad y complacencia por parte del gobierno hacia los carteles de la droga, no más dóciles, sino los hace más violentos. No genera menos muertos ni desaparecidos.

Lo único que causan los «abrazos” de AMLO en las organizaciones criminales es la multiplicación de sus negocios y sus víctimas.

Fuente: Deutsche Welle.

La entrada AMLO abraza a los narcos, y ellos envenenan con fentanilo a México se publicó primero en México 24 siete.

En el escritorio de su clínica en la ciudad de Culiacán, la doctora Rafaela Martinez Terrazas tiene una pila de solicitudes de clientes potenciales: mujeres que quieren cirugía plástica. La mayoría de ellas busca hacerse procedimientos asociados con lo que se conoce como ‘narcoestética‘.

«Una cintura más pequeña y definida… Caderas más anchas con glúteos más grandes… Y si hablamos de senos, generalmente son grandes»,

dice Martínez.

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A una mujer con esta silueta hiper feminizada y exagerada se la conoce a menudo en México como la buchona, especialmente si le gustan los artículos llamativos y de diseño y tiene un amante narco.

«La edad promedio de mis pacientes es de entre 30 y 40 años. Pero con mucha frecuencia vienen mujeres mucho más jóvenes, incluso menores de 18 años»,

explica la médica.

«Compiten entre sí, a ver quién tiene el mejor cuerpo o la cintura más pequeña».

Las mujeres y las adolescentes pueden venir para una consulta con sus madres o amigas. Otras llegan con un hombre o solas.

«Muchas veces vienen con un novio que paga por la cirugía. Y tengo varios caballeros que me llaman y me dicen: ‘Oiga, doctora, le voy a enviar a una chica para que la opere'».

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«Un hombre me llamó y me dijo: ‘Va a llegar fulanita. Me la pela. Y lo hace así como ya sabe que me gusta. No le vaya a hacer caso a ella, que para eso le pagué'»,

dice Martínez.

«Pues arréglate con ella», le respondí, «porque dentro del quirófano, la paciente toma las decisiones».

Fuente: BBC.

La entrada México: cómo la ‘narcoestética’ está cambiando el cuerpo de las mujeres de Sinaloa se publicó primero en México 24 siete.

La Asociación Industrial del Comercio de Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) respondieron a la demanda interpuesta por el Gobierno de México en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos.

A raíz de la denuncia, los fabricantes señalaron en un comunicado que estas acusaciones no tienen fundamento, ya que es el propio gobierno el responsable del ‘crecimiento’ del crimen organizado y la corrupción en las aduanas fronterizas.

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“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México”. señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y asesor jurídico de la NSSF.

Añadió que “son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”.

Tanto la NSSF y la NRA acusaron que estas armas no pueden proceder de sus organizaciones y pidieron al gobierno de México dejar de buscar un ‘chivo expiatorio’ y llevar los cárteles ante la justicia.

El comunicado responde a la demanda presentada por el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos.

Cabe señalar que, en 2017, el periodista español David Beriain, infiltrado en el Cartel de Sinaloa, detalló cómo se realiza el envío de droga de México a Estados Unidos a cambio de recibir armas para el narcotráfico.

En el reportaje Clandestino, Berlain revela cómo las armas llegan desde Estados Unidos a nuestro país, en donde son modificadas y se les borra los números de serie.

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Ante ello, la Asociación Nacional de Rifles indicó que también podría haber demandas de México en contra del Departamento de Justicia del expresidente Barack Obama y Eric Holder, fiscal y responsable de esa dependencia.

Por último, los organismos indicaron que, según un informe de Amnistía Internacional, algunas armas incautadas de origen chino por lo que no tienen complicidad alguna.

Fuente: El Financiero.

La entrada Que México no se haga ‘guaje’ en su responsabilidad: fabricantes de armas de EU se publicó primero en México 24 siete.

Alejandro llegó a Ciudad de México como tantos otros inmigrantes, huyendo de una realidad que le asfixiaba. Como tantos otros, a su llegada le recibió la cara más violenta de México. Bastaron cuatro horas en el país para reducir su ilusión de una vida mejor a una mucho menos ambiciosa: conservar la vida. Fue víctima de secuestro en el aeropuerto de la capital por aquellos que le habían prometido, justamente, una posibilidad de futuro.

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En menos de lo que se tarda un turista en salir del edificio, el joven venezolano fue raptado y entregado a una pandilla de sicarios miembros de un cartel de drogas. Como pocos con su suerte, a los seis días fue rescatado por la policía de una casa en la que operaban miembros de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. “No quería morir como suelen matar aquí”, dice en entrevista con EL PAÍS. Alejandro no es su nombre verdadero, ese prefiere resguardarlo por miedo a que el cartel vuelva por él.

De Yaracuy a Ciudad de México

La familia de Alejandro contrató el servicio de un grupo de coyotes de Maracaibo que le habían prometido sacarlo de un pequeño pueblo al norte de Venezuela, llevarlo hasta Colombia y subirlo a un avión rumbo a México. Así ocurrió. Hasta la llegada al Aeropuerto Benito Juárez todo corría según habían dispuesto los coyotes.

Con 22 años y rostro aniñado, el joven puso pie en México el pasado viernes 25 de junio, sobre las cinco de la mañana. Pasó el control migratorio a las 7.26, según un registro al que tuvo acceso este periódico. Pero no la libró tan fácil: tras asentar el ingreso, el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) le retuvo “para una segunda revisión” en una sala durante unas dos horas, asegura. “Me retuvieron como dando chance a que llegara la gente que me iba a buscar”. Sobre esa segunda revisión no existe un registro oficial, según han confirmado desde el INM a EL PAÍS.

Pasadas las nueve de la mañana, casi dos horas después de pasar el control migratorio, le dan luz verde para irse.

“Me sueltan, y en la puerta un federal me dice que tengo que entregarle 100 dólares para que me dejen salir del aeropuerto. Le entrego los 100 dólares y ahí me indica que a la salida me están esperando”.

Hasta ese momento, Alejandro pensaba que todo era parte del servicio que había pagado su familia a los coyotes. En la puerta de la Terminal 2 del aeropuerto le esperaba un coche Ford Fusion de color blanco. Un exagente de la Policía Federal, hoy investigado en la causa judicial, le indicó que subiera. “Uno, como es de provincia, y en parte también por los nervios…”. Hace una pausa y retoma: “Me subo y ahí ya me dicen que estoy secuestrado”. Han pasado cuatro horas desde su llegada a México y su pesadilla recién comienza.

Los dos hombres que le llevan están armados. Le piden el dinero que trae encima, su teléfono y los documentos de identidad. Le dejan en una casa de seguridad que tiene supuestamente un cartel de drogas en las afueras de la capital mexicana.

“Allí todo estaba cerrado, las ventanas pintadas para que nadie pueda ver hacia dentro, el jefe de la organización me esperaba, me sentó en un sillón y me mostró todo el armamento que tienen. Te enseñan unos videos y te dicen: ‘Mira cómo hacemos, cortándole la cabeza a personas, ametrallándolas en el piso’. Eso es lo que te dicen que va a pasar”.

Para ese entonces los del coche ya habrán retomado el camino al aeropuerto, a pescar más migrantes.

Entre 1.000 y 2.000 dólares por cabeza

En los seis días que pasó Alejandro en esa casa, la mayor parte del tiempo estuvo encerrado en una habitación donde solo hay un colchón en el piso y un baño. El lugar, según recuerda, es precario, pero tiene tres pisos, un garage y un montón de habitaciones donde encierran a las nuevas víctimas de cada día. “Tenían su armamento, su droga y a las personas secuestradas. El consumo de cocaína era constante”, cuenta. Nadie llega ahí por azar: fueron vendidos al cartel por diferentes grupos de coyotes.

“En este caso, el grupo de venezolanos se encargaba de contactar ala persona por medio de las redes sociales y luego entregarla [en México]. Recibían entre 1.000 y 2.000 dólares por cada uno que entregaban”.

El lado mexicano del negocio era el encargado del “rapto y la negociación”. El joven venezolano llegó a contar ocho mexicanos que participaron en su secuestro.

Tampoco dejaban lugar a equivocaciones. Todos los intermediarios en la línea de acontecimientos que llevaron a Alejandro a aquella casa conocían su rostro, su nombre. Todos tenían su fotografía, sabían cómo iba vestido. “Está completamente arreglado, sabían de dónde venía, en qué vuelo, a qué hora iba a llegar. Están en completa complicidad con la gente del aeropuerto”. Alejandro pasó los seis días escuchando a los presuntos miembros del cartel hablar entre ellos y por teléfono. De esas conversaciones ha aprendido que operan de lunes a viernes, que tienen tres casas de seguridad en la capital, que el mayor centro de operaciones de la red de trata está en Monterrey, donde esa semana tenían unas 40 personas secuestradas.

Por el sitio donde estuvo retenido Alejandro pasaron otros 12 migrantes secuestrados. Todos latinoamericanos que llegaban a México con la ilusión de rehacer su vida en un país nuevo. La mayoría eran mujeres con niños. De algunos ya no volvió a saber.

“Te decían: ‘Te vamos a sacar’. Pero no te decían adónde te llevaban. Las personas que se fueron, se fueron y ya. No sé si están muertas o vivas”.

Las especulaciones alimentadas por las amenazas de los secuestradores eran el peor enemigo en el encierro.

“Te devasta completamente, empiezas a delirar y a pedirle a Dios que haga su voluntad. Si es quitarte la vida, que lo hagan rápido, porque la manera en la que suelen matar es muy cruel”.

Alejandro puede contar minuciosamente lo que pasó esos días porque se mantuvo atento y, sobre todo, tranquilo. Ya tenía experiencia en situaciones críticas. En Venezuela, asegura, había sido perseguido y torturado en varias ocasiones por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por su activismo como dirigente estudiantil.

Vender todo para pagar el rescate

La familia de Alejandro en Venezuela pasó los primeros tres días sin saber nada de él. Había llegado a México y su teléfono había sido desconectado. Unos amigos que residen en la ciudad pasaron horas buscándolo entre las ventanillas de las aerolíneas y las puertas de aterrizaje. Pensaron que lo habían retenido las autoridades migratorias, pero nadie les respondía nada. Se lo había tragado el aeropuerto. A las 48 horas de no tener noticias, el domingo presentaron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía.

El primer contacto que tuvo el padre del joven con los secuestradores fue a través de Whatsapp al tercer día de la llegada. Un supuesto agente de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República le escribió el lunes después de las nueve de la noche un mensaje desde un teléfono con característica del Estado de Morelos.

“Necesito que me regrese usted la llamada por este medio”, decía. En la llamada le comunicaron que no eran policías y que Alejandro había sido secuestrado. Ahí comenzó el vaivén de negociaciones. “Fueron muy rudas”, recuerda el joven. ¿Cuánto se le puede sacar a una familia cuyo hijo ha emigrado por falta de trabajo de un país con una de las mayores crisis económicas de la región?

“Venderé las pertenencias que me quedan”, repetía el padre de Alejandro aquellos días desde Caracas. El negociador en nombre de los secuestradores no tenía más de 25 años, y según les decía a las víctimas, conocía a mucha gente en la ciudad y regentaba dos clubes nocturnos. Por parte del chico secuestrado, negociaba un tío que vive en Estados Unidos, a quien el cartel consideraba que podía sacarle más dinero.

“Las mafias aprovechan para explotar económicamente nuestra diáspora, los venezolanos [captados] deben tener documentos de identidad, ser jóvenes y, lo más importante, gente en EE UU capaz de pagar por ellos”,

dice el padre.

Los secuestradores pidieron primero 14.000 dólares, un monto altísimo para las finanzas de la familia, que ya había gastado sus ahorros en pagar a los coyotes. Finalmente ofrecieron lo que tenían, unos 1.500 dólares que llegaban a juntar.

“Estaré pensando en ustedes”

La última llamada de Ciudad de México a Caracas fue el martes, al quinto día del secuestro.

“Hablé con mi hijo y me dijo: ’Papá, paga lo que tienes para ver si me sueltan. Si no lo hacen y me encuentro con la mala hora, estaré pensando en ustedes”.

El monto que había juntado la familia era muy bajo con respecto al que el supuesto cartel había pedido. Eso le hacía pensar a Alejandro que no sería suficiente.

“Si la familia no paga, te obligan a pagar con trabajo. Todo depende de lo que decida el jefe del cartel, yo tenía que secuestrar personas para ellos o vender droga”.

a mirada se le cae y murmura: “Lo más probable es que me mataran y no quería morir como suelen matar aquí”.

Tras el pago del rescate, los secuestradores cortaron la comunicación por 24 horas. No se sabe nada. El miércoles, un día después del pago, la Fiscalía informa de que Alejandro ha sido rescatado.

“Lo tiene la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”,

confirma un portavoz de la FGR a EL PAÍS.

Junto con él fueron rescatados otros seis migrantes que se encontraban en la casa de seguridad del cartel. Dos venezolanos y cinco ecuatorianos. Tres hombres y cuatro mujeres. Tres de las víctimas eran menores de edad.

Alejandro tiene la sensación de que los secuestradores sabían que la policía vendría ese miércoles. En la mañana habían sacado de la casa todo el armamento y la droga. Cuando los agentes policiales llegaron solo quedaban unos pocos miembros de la pandilla: dos guardias, una señora que cocinaba y una que se encargaba de limpiar el lugar. A todos los secuestrados los habían reunido en la parte de atrás del segundo piso. “Algo estaba pasando, pero no sabíamos qué”, cuenta.

“Cuando llega la policía, [los delincuentes] se empiezan a movilizar, a tratar de contener a la policía. No les dio tiempo a enfrentarse, solamente intentaron sobornarlos con dinero, pero no pudieron”.

En la carpeta de investigación, cuenta el joven, hay fotografías de cada uno de los miembros de la banda, imágenes en el aeropuerto o en los cajeros a los que acudían a retirar el dinero de los rescates. Detalles de los coches y la vestimenta que usaban.

“La Fiscalía ya sabe quiénes son”.

Pero la mayoría de ellos sigue en libertad, asegura. Pese al testimonio de las víctimas, la indagatoria judicial también esquiva el espinoso asunto de la posible implicación del INM en la red. Un portavoz de la FGR ha confirmado que no son parte de la investigación y las autoridades migratorias han asegurado que no tienen constancia de ninguna denuncia contra sus agentes por este tema. La Guardia Nacional, a cargo de la seguridad en el aeropuerto, no ha respondido la solicitud de información de este periódico.

El encuentro con la cara más violenta de México le ha arrebatado a Alejandro las ganas de quedarse en el país.

“Uno trae todas sus esperanzas, sus recursos puestos en este viaje, y es muy devastador”.

Su futuro le depara un proceso judicial en el que tendrá que enfrentar cara a cara a supuestos miembros de un cartel que en el último tiempo ha ganado fama de ser uno de los más sanguinarios. Cada vez que lo piensa, le entra un temor paralizante.

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“Yo sé que mi vida corre peligro. Lo único que quiero ahora es mantenerme con vida”.

Fuente: El País.

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Una frase repetida mil veces no siempre se convierte en una verdad. Especialmente si la realidad se muestra tan rotunda, como los dos hombres crucificados, las masacres y colgados de puentes estas semanas en Zacatecas, la cacería de inocentes en Tamaulipas y el regreso de los peores tiempos de Tijuana (Baja California). Pero antes en Guanajuato, en Michoacán o en Guerrero.

La lista de Estados con episodios de extrema violencia, controlados de facto por el crimen organizado y sus guerras intestinas cuestionan la estrategia de combate al narcotráfico por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, sobre todo, refutan de manera tajante la máxima de su discurso: “El país está en paz”.

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Cuando López Obrador tomó el poder en 2018 prometió acabar con la guerra contra el narcotráfico que había sembrado de cadáveres el territorio nacional, una etapa oscura de ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre los cárteles de la droga que no solo no frenó al narco, sino que aumentó la cifra de sangre.

Su eslogan de campaña, “Abrazos y no balazos”, prometía un modelo diferente por el que la población no pagara con su vida. No obstante, el presidente enfrenta una de las épocas más violentas de la historia del país.

Casi 100 muertos al día es el saldo que soporta México, más grave incluso que en algunos de los peores años de la guerra contra el narco. Las escenas de terror observadas hace una semana muestran que aunque el mandato oficial es evitar el enfrentamiento del Ejército y los criminales, los ciudadanos continúan muriendo.

Casi 15 años después de que el entonces presidente Felipe Calderón impulsara una cruzada nacional contra el crimen organizado, los cárteles y sus herederos siguen utilizando sistemáticamente el terror para someter a la población. La violencia como herramienta de poder. Y un país adaptado en lo general a altos niveles de estrés postraumático, según los expertos.

Los cárteles más poderosos

Los dos cárteles más poderosos del país, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, tienen presencia en todo el territorio nacional a través de enviados o de bandas aliadas. Su capacidad de fuerza es tal que no solo se han infiltrado o tienen a sueldo funcionarios en diferentes puestos de la Administración, según la agencia antidrogas estadounidense (la DEA), sino que incluso, como el caso de Jalisco, se ha atrevido a atentar contra el jefe de Gobierno de la capital, Omar García-Harfuch.

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La era de los grandes capos de los noventa terminó tras la guerra y la persecución de sus cabecillas desmembró un sistema por el que pequeñas mafias locales son también capaces de los actos más atroces en sus municipios: el Gobierno de Texas pidió en abril considerar a los cárteles mexicanos dentro de la lista de organizaciones terroristas. La impunidad roza el 90%.

Crisis en el centro del país

La cifra de sangre se ha mantenido en una tendencia constante desde la llegada de López Obrador. Los homicidios no se han disparado, pues desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto se soportaban esas cifras de violencia récord y la Administración obradorista celebra una cierta contención, pero la situación es crítica en algunos Estados.

Guanajuato, por ejemplo, cuenta con más de 15.000 homicidios desde enero de 2018 hasta junio de este año, una entidad reconocida como tradicionalmente próspera y segura. Eso es, alrededor de 12 homicidios al día, en una población de seis millones de habitantes. “Hay algunos Estados donde la situación ya era preocupante y se ha agravado: como el caso de Aguililla [Michoacán] y municipios aledaños; o el caso de Tamaulipas con los eventos recientes. Pero hay dos focos importantes que se han disparado con el Gobierno de López Obrador: Zacatecas y San Luis Potosí”, cuenta el experto en seguridad Eduardo Guerrero.

Zacatecas se ha convertido desde hace dos semanas en el epicentro de una violencia que no cesa. En Fresnillo fueron colgados de un puente dos policías estatales del Estado vecino, San Luis Potosí, que habían sido reportados como desaparecidos.

Un enfrentamiento entre presuntos miembros del cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, continuaron su batalla por el control territorial hasta el municipio de Valparaíso, donde en un enfrentamiento más propio de guerra civil murieron acribilladas más de 18 personas. Algunos medios locales contaron hasta 35 cadáveres regados entre coches en llamas en la sierra. Y esta semana, la entidad registraba un nuevo rostro del terror: nueve ejecutados, dos de ellos crucificados, empalados a una cruz, espalda con espalda.

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El lunes 20 de junio, la localidad fronteriza de Reynosa amaneció desierta y muda. Sus habitantes soportaron ese fin de semana lo que en la macabra jerga del narco —incorporada ya al habla común— se conoce como “calentar la plaza”.

Un grupo de hombres armados dispararon sobre una avenida al azar y mataron a 14 personas, además de dos mujeres que fueron secuestradas y amordazadas en el maletero de una de las tres camionetas que utilizaron ese día. En menos de dos horas acribillaron a una familia completa, trabajadores, estudiantes y vecinos con el único fin de utilizar la violencia y a la población como moneda de cambio para ejercer el control sobre la localidad. Calentar la plaza para echar a sus enemigos: el plan del narco que consiste en sembrar el caos mediante prácticas terroristas para llamar la atención del Ejército y debilitar a la banda rival que era dueña del lugar.

El objetivo de los criminales de Reynosa —de los cuales al menos siete de los presuntos responsables han sido detenidos—, era arrebatarle el control del puente fronterizo Pharr a la banda de Los Metros (aliada con el poderoso Cartel Jalisco). Para ello, Los Escorpiones y Los Ciclones (escisiones del antiguo Cartel del Golfo) se aliaron y en apenas dos horas sembraron el caos en uno de los pasos clave hacia Estados Unidos.

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Para algunos expertos, como el politólogo y director del centro de investigación Noria especializado en temas de violencia, Romain Le Cour, episodios como el de Reynosa o como los municipios sitiados de Michoacán y Zacatecas, son una muestra de cómo en México se utiliza la violencia como herramienta de control. “Usar la violencia en México es muy barato en términos de consecuencias jurídicas. Se utiliza para regular la vida local, para imponer reglas. Cuando la utiliza el Ejército es con el mismo fin: cuando abate, asesina, manda un mensaje a los que están en frente. Y dice: el patrón soy yo”, señala Le Cour. “Lo que pasa es que el Estado no es nunca ausente, siempre está. Pero el tema es que con él siempre pueden negociar, a través del empleo de más violencia como amenaza o de corrupción. Pero cuando quiere frenarlo, lo hace”, añade.

La estrategia: “Dejar hacer”

“Cuando hablamos de guerra del narco creemos que hay dos bandos. Pero no es así”, apunta por su parte el periodista y experto en el Ejército mexicano Juan Veledíaz. “El primer objetivo de los cárteles siempre es controlar las policías y las fiscalías. Su control y extensión territorial consiste especialmente en ese punto clave”. Y señala un evento importante que retrató la estrategia contra el crimen que marcó el Gobierno de López Obrador: el Culiacanazo.

El fallido operativo militar para detener a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio, en la capital de Sinaloa en octubre de 2019, mostró, según coinciden algunos expertos, lo que se ha observado después en los planes del Gobierno frente al narco. “Aquello exhibió una falta de conocimiento del terreno y que no hay una estrategia, que lo de ‘abrazos y no balazos’ es totalmente hueco, naif. Y es perverso porque te revela el dejar hacer”, apunta Veledíaz.

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Sobre ese punto, agrega Guerrero: “López Obrador estableció una línea de no confrontación directa con el narco, porque esa había sido una constante tanto con Calderón como con Peña Nieto. Entonces ordenó vigilar las zonas, pero eludir el conflicto. Y efectivamente, los indicadores muestran un descenso de masacres con la participación del Ejército. Pero el costo ha sido enorme: se han dejado a la merced del crimen una cantidad de territorios. Esto a la larga generará más violencia, porque habrá más competencia”.

Un factor clave en esta semana negra ha estado relacionado con el cambio de Gobierno en algunos Estados y la debilidad de los gobernadores en otros, como por ejemplo, Tamaulipas. “Aprovechan para hacer más golpes porque la posibilidad de que esto quede impune es muy alta. Muchas veces los grupos ambicionan un espacio, un territorio para vender o guardar droga o extorsionar, pero no lo hacen porque el Gobierno está tras ellos. Pero si lo ven débil, ellos inmediatamente realizan tareas de alto riesgo, como lo que sucedió en Reynosa”, cuenta. El 6 de junio se renovaron 15 cargos a gobernador y aunque Tamaulipas no se encuentra entre ellos, su gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, está en la mira de la Fiscalía General por presuntos nexos con el narco y lavado de dinero.

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López Obrador ha concentrado su esfuerzo para poner fin a la violencia en dos direcciones: un plan a largo plazo enfocado en la labor social, en la educación y mejores oportunidades para los jóvenes, carne de cañón para el crimen organizado; y otro, en el despliegue de su cuerpo estrella, la Guardia Nacional, formado por militares y policías federales, coordinado por la Secretaría de la Defensa, pero que todavía no ha logrado implementarse completamente por cuestiones jurídicas y conflictos de competencias entre diferentes administraciones.

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La guerra que desde la tarima presidencial se niega, tiene además otras víctimas. Los ciudadanos asediados por los enfrentamientos entre cárteles ante la inacción de las autoridades deben adaptar su vida a unos niveles altos de violencia. En algunos municipios, como Reynosa, hay habitantes que no han conocido la paz y que revisan los grupos de WhatsApp o Facebook para saber si es seguro salir a la calle. Que el fin de semana del 18 de junio permanecieron enclaustrados por miedo a ser ejecutados por una bala perdida, que se asumen como una moneda de cambio perversa en el control de la plaza.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctora en Psicología y Antropología social Cecilia López Pozos, que ha estudiado las consecuencias psicosociales de la violencia en la zona del Altiplano mexicano. Advierte de los efectos para las comunidades expuestas a estos niveles de estrés. “El tipo de violencia es la continuación de un código perverso en relación con el tipo de muerte. El modo de morir de los narcos o enemigos es un código terrorífico, y este código básicamente tiene un objetivo: por un lado, el control social; y por otro lado, someter a un miedo sistemático a toda la población”, señala.

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La investigadora ha detectado “un repliegue social”, resultado de la persistencia prolongada de altos niveles de violencia. “Se ha perdido la confianza. Es una de las peores consecuencias. Se rompe la comunidad, hay una fractura social en la credibilidad entre todos nosotros”, explica. Además, la población llega a adaptarse a un modo de vivir que “nada tiene que ver con la condición humana”. Y concluye: “Estamos viviendo un trauma colectivo”.

La ley del más fuerte se ha apoderado de Zacatecas y Tamaulipas como antes sucediera en Chihuahua, Baja California, Guerrero, Michoacán, Guanajuato. El saldo final de muertes a nivel nacional puede que concluya con un estancamiento, pues la cifra de 100 asesinatos al día es lo suficientemente alta. Desde la tarima presidencial se celebrará una “contención de la violencia”, como se ha hecho en los últimos meses. Pero los pueblos en llamas, la cacería de inocentes, la exhibición pública del terror con colgados de puentes y el último episodio reciente, dos crucificados en Zacatecas, alerta inevitablemente al Gobierno y al país de que más allá de los datos, la pesadilla continúa.

Fuente: El País.

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