Como si se tratara de una película de acción, elementos del Ejército Mexicano tuvieron que huir de la comunidad de Nueva Italia, en el estado de Michoacán. Luego de que supuestos sicarios al servicio del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), liderado por el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, los amenazaran con su gran poder de asalto.

El hecho fue captado en un vídeo de 30 segundos, donde se aprecia a gente armada en varias camionetas; algunos de los presuntos narcotraficantes asoman su cuerpo por el quemacocos de los vehículos y empuñan sus armas contra los vehículos oficiales; otros más, viajan en la caja de dos camionetas de carga sin placas.

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En la grabación que, rápidamente se volvió viral en la red, se puede observar cómo los militares huyen a gran velocidad de la zona para evitar una confrontación que, de haberse suscitado, pudo haber causado la muerte de varios civiles. Por su parte, los supuestos criminales gritaban una y otra vez: “¡Tírale! ¡Tírenle, pu…; ¡váyanse a la ve…”; “a chin… a su madre”.

Según las autoridades, el altercado ocurrió la tarde del pasado martes en la glorieta de Cuatro Caminos, sobre la carretera que traza la ruta de la Autopista 21 y Apatzingán, en Nueva Italia, en el municipio de Múgica, Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades del estado ni tampoco el Gobierno Federal han informado acerca de alguna detención e, inclusive, de algún operativo para capturar a los presuntos incitadores de la violencia.

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Recientemente, la Embajada y Consulados de EE.UU. en México emitieron una alerta de seguridad conjunta advirtiendo a sus connacionales que tomen precauciones al viajar a las ciudades mexicanas de Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco; y Nuevo Nayarit, en Nayarit.

La advertencia se debe al incremento de la violencia en las zonas antes mencionadas. El comunicado destaca que, en dichas demarcaciones, hay una gran presencia de elementos de seguridad del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, luego de que en el mes de abriljueves fueran secuestradas dos elementos castrenses por integrantes del CJNG.

Fuente: Independent en Español.

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En un video aparentemente grabado por un residente de la localidad de San José de Gracia, en el estado occidental de Michoacán, y publicado en las redes sociales, estallaron ráfagas de disparos y el humo cubrió la escena.

La grabación se corta, pero algunos asumieron que todos los hombres, tal vez hasta 17, murieron fusilados.

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La fiscalía de Michoacán afirmó que no puede decir cuántas personas pudieron haber sido asesinadas en ese lugar porque los atacantes habrían limpiado la escena, lavaron la acera y supuestamente se llevaron los cuerpos. En el lugar, los investigadores sólo encontraron casquillos de bala y una bolsa llena con restos de cerebro.

El ataque del domingo ocurrió afuera de un funeral de la madre de un presunto sicario del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Esta organización criminal, una de las más poderosas de México, ha estado librando sangrientas batallas territoriales en Michoacán contra un grupo local rival, los Viagras, también conocido como Cárteles Unidos.

Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, señaló que miembros de un grupo contrario al que estaba en el velorio acudieron al lugar en busca del presunto sicario, a quien las autoridades solo identificaron como Alejandro.

Según López Solís, ese hombre aparentemente murió en el lugar y los demás cuerpos fueron apilados en camionetas y se los llevaron los atacantes. Otros videos publicados en las redes sociales mostraban dos o tres cuerpos arrojados a una camioneta.

El fiscal agregó que el ataque ocurrió a pocas cuadras de la alcaldía, donde estaban de servicio tres policías locales, pero la policía no fue al lugar ni hizo sonar una alarma, y argumentaron que no tenían fuerza suficiente para intervenir.

Autoridades federales indicaron que ya enviaron un equipo para colaborar en las investigaciones, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana en un comunicado.

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La policía local en México a menudo es superada en armamento y en número por los integrantes de las bandas delincuenciales.

No es la primera vez que los cárteles aprovechan los velorios y funerales de familiares de sus contrarios para atacar contra ellos y tampoco es extraño que estos grupos se lleven a los muertos para hacerlos desaparecer.

Jorge Luis Anguiano, el alcalde del municipio en donde está la comunidad de San José de Gracia, indicó que antes del ataque se vio entrar un gran convoy de vehículos desde el vecino estado de Jalisco, sede del cártel del mismo nombre, y los agentes locales no tenían armamento para intervenir.

Fuente: Los Angeles Times.

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Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades.

Los cuerpos se encontraban tendidos en un camino cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico.

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La fiscalía estatal señaló que los cinco hombres tenían heridas de arma blanca en el rostro y cuello, lo que suponía que les habían cortado la garganta.

Los cuerpos también fueron localizados en una zona en donde existen disputas territoriales entre grupos del narcotráfico. En el área también hay actividad de las autodefensas, que en ocasiones están vinculadas al crimen organizado.

Además el martes, las autoridades informaron que los restos óseos encontrados en noviembre en en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, pertenecen a 25 personas distintas.

Buscadores voluntarios encontraron 14 fosas comunes en un matorral que contenían huesos, algunos de ellos calcinados, y cuerpos en descomposición. Los restos estaban tan revueltos que les tomó más de un mes a los investigadores determinar el número de cuerpos.

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Grupos voluntarios de búsqueda, conformados por familiares de personas desaparecidas, encontraron las fosas comunes cerca de una autopista al oeste de Hermosillo, capital del estado.

Sonora ha sido escenario de disputas por las rutas del narcotráfico entre facciones del Cártel de Sinaloa, aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, y un grupo aliado del capo Rafael Caro Quintero.

Fuente: Voz de América.

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El cártel de Jalisco, la banda del narco más fuerte en términos militares en México, ha comenzado a organizar a gente del pueblo para que actúen como escudos humanos contra los militares, que ahora solo tratan de mantener separados a los cárteles rivales.

“Si ellos entran otra vez, ponemos 2.000 personas aquí para pararlos”, dijo Habacuc Solórzano, un agricultor de 39 años que lidera el movimiento civil asociado con el cártel.

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Su declaración, como la mayor parte de lo que sale del lado de Jalisco, no es mera jactancia: ya tenía unos 500 vecinos marchando la semana pasada —luego vadeando un río— para enfrentarse a un escuadrón militar que bloquea un camino de terracería para salir del territorio de Jalisco.

Los habitantes de Aguililla están hartos de la estrategia del Ejército de simplemente separar al cártel de Jalisco de los Viagras, sus rivales que operan en el estado vecino de Michoacán. La política del Ejército permite que los Viagras, más conocidos por secuestrar y extorsionar, coloquen barricadas y retenes que han bloqueado todo el comercio con Aguililla. Los limones y el ganado que salen, o los suministros que llegan, deben pagar un impuesto de guerra a los Viagras.

“¡Preferimos que nos maten ustedes a que nos maten los criminales!”, gritó un manifestante a los soldados durante un tenso enfrentamiento de una hora entre personas que protestaban y una docena de soldados que se resguardaron detrás de una barricada de neumáticos de automóviles. Muchos de los manifestantes llevaban piedras y hondas, pero no las usaban.

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Los residentes quieren que el Ejército luche contra ambos cárteles o al menos deje que las dos organizaciones criminales se enfrenten.

“Que dejen que los cárteles se matan solos”, gritó otro manifestante. ”¡El cártel Jalisco va a topar con todos!”.

Esa opinión está muy extendida. “Lo que necesita este pueblo es que un cártel fuerte entre y tome el control e imponga algún semblanza de calma”, dijo un sacerdote local. “Hasta el momento, todo parece indicar que ese grupo es Jalisco”.

Sobre todo, lo que quieren los residentes es que se quiten los retenes de los Viagras y se vuelva a abrir la carretera. Debido a que ocasionalmente deben transitar por esos caminos cerrados, ninguno de los habitantes quiso dar su nombre por temor a represalias.

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Pero uno lo explicó así a los militares: “La única entrada nacional que tenemos hacia el pueblo de Aguililla está bloqueada y está controlada por un cártel, el cual está a escasos 500 metros de ustedes (el Ejército), y ustedes no están haciendo nada para que se cumpla nuestro derecho de libre tránsito”. Y agregó: “Ustedes no saben lo difícil que es para nosotros tener que estar costeando una guerra que viene a matarnos a nosotros”.

Esa es en realidad una descripción bastante precisa de la política gubernamental: preservar el status quo y hacer que cada cártel permanezca en su territorio.

Pero Jalisco no aceptará al gobierno como árbitro de las divisiones territoriales de los grupos de la droga; el líder local del cártel de Jalisco dice que el Ejército solo está tratando de proteger al más débil de las dos agrupaciones, los Viagras, por razones de corrupción.

Jalisco está en todas partes en Aguililla, desde camionetas y carros blindados caseros con las iniciales del cártel hasta los pequeños trampolines que la organización instaló para los niños en cada pueblo.

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Algunos residentes dicen que los presionan mucho para participar en las protestas, por temor a que les corten el agua o la electricidad si no lo hacen. Otros simplemente están cansados de pagar los impuestos de guerra de los Viagras y de estar aislados del mundo exterior. Una manifestante describió cómo murió su padre a principios de 2020 porque los Viagras no les permitieron llegar al hospital.

Decenas de sicarios del narco usan abiertamente chalecos antibalas estampados con las iniciales “CJNG” (Cártel Jalisco Nueva Generación) en la parte posterior, y en el frente, “FEM” (Fuerzas Especiales de Mencho), una referencia al apodo del líder, Nemesio Oseguera.

Jalisco es el único cártel en México que no oculta lo que es y no juega con la política de las relaciones públicas con la prensa o la moderación.

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“Nosotros somos narcos”, dijo el líder local de Jalisco, quien no dio su nombre. “Que cada quien se dedique a lo suyo”. Y agrega que el problema con los Viagras y otras bandas locales con las que están enfrentados es porque “ellos quieren todo para ellos”.

Jalisco mantiene su considerable ejército funcionando con una importante mezcla de dinero —el cártel tiene mucho proveniente del tráfico de fentanilo y metanfetamina que envía a Estados Unidos— y cocaína, que transporta por aire desde Costa Rica.

Mientras el jefe local se encuentra en un puesto de mando improvisado en la calle, se detiene una camioneta llena de hombres de Jalisco armados con fusiles de asalto AR15. El conductor dice: “Dice el escorpión que necesita mercadería”, y el jefe mete la mano en su propia camioneta y le entrega al copiloto una bolsa de plástico con lo que parece ser un kilogramo de cocaína, aparentemente para “las tropas”.

Fuente: Los Angeles Times.

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Según indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado en un comunicado, el suceso tuvo lugar en Ciudad Cuauhtémoc, 550 kilómetros a norte de Ciudad de México, en una carretera federal.

Además de los nueve colgados se localizó otro cadáver sobre el asfalto. Todos eran hombres.

El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son dos de las organizaciones criminales que se disputan el control de Zacatecas, una región donde la violencia ha crecido considerablemente este 2021 porque es clave en el tránsito de los tráficos ilegales, sobre todo del fentanilo, la droga más letal y lucrativa del momento.

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Según cifras del gobierno federal, en los nueve primeros meses de 2021 se registraron en México más de 25.000 asesinatos una cifra un 3,4% menor que en el mismo periodo del año previo pero que muestra que el nivel de violencia se mantiene más o menos en los mismos niveles desde el inicio de la actual administración en 2018.

Fuente: Los Angeles Times.

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Las amenazas explícitas que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación han lanzado contra la periodista mexicana Azucena Uresti y una serie de medios merecen una condena unánime no solo de la profesión, sino de toda la sociedad mexicana.

El vídeo en el que un narco amenaza a Uresti evidencia hasta qué punto los informadores corren peligro en México, el país más mortífero del mundo para ejercer el periodismo, donde en lo que va de año han muerto ya siete reporteros. Las amenazas también ponen el foco en las autoridades, que llevan años recibiendo críticas por su inacción ante las amenazas y sin poder frenar la descomposición del país a manos del crimen organizado.

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El vídeo, difundido por redes sociales, muestra a un grupo de sicarios hablando en nombre de El Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que avanza sin control por todo el territorio mexicano. Una exaltación de la violencia de quienes se sienten parapetados por un sistema donde prevalece la impunidad y en el que el único lenguaje que pretenden manejar es el de las armas y el terror.

Las imágenes encierran todo lo que un Estado de derecho y el mundo democrático debe condenar y sobre lo que una sociedad debe estar alerta. El ataque contra Uresti y contra grandes medios mexicanos no se puede interpretar como otro más, pues supone un punto de inflexión en un contexto en el que las agresiones y las amenazas contra los periodistas, trabajen donde trabajen, ya son parte de la actualidad del país.

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Es ahora, más que nunca, cuando el Gobierno debe garantizar la seguridad de cuantos se dedican a dar cuenta de lo que ocurre y el pleno derecho a la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que el Estado protegerá a Uresti ante las intolerables amenazas. El problema, no obstante, es mucho más profundo. Está demostrado que los mecanismos de protección a los periodistas son muy débiles, fallidos en gran parte, y que los criminales han conseguido introducirse en todas las capas de las instituciones.

México exige un cambio de paradigma inmediato. Más allá de esa urgencia inaplazable, de poco ayuda que el propio mandatario, desde sus conferencias de prensa matutinas, critique una y otra vez a la prensa con descalificaciones que distan mucho de contribuir a un debate plural y sí a alimentar el rechazo a los informadores. Cualquier cambio al que aspire un Gobierno debe pasar por garantizar una prensa libre. No hay tiempo que perder. México se merece un país en paz y con un periodismo sin amenazas criminales.

Fuente: El País.

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El video encierra todo lo que un Estado de derecho debe repudiar. El líder de una organización criminal que amenaza de muerte a una periodista y desafía el ejercicio libre de la información. Una puesta en escena que es en sí una exaltación de la violencia en uno de los países más mortíferos para la prensa.

Y un mensaje inconcebible que evidencia la inseguridad que sufren los comunicadores o quien se interponga en el camino de esta banda de narcotraficantes. El ataque contra el periodismo lanzado este lunes por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) supone un giro de tuerca en un clima en el que las agresiones y las amenazas contra los medios ya son parte de la rutina.

La escalada ha elevado la presión de organizaciones de derechos humanos y de la profesión sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se comprometa con la protección de los informadores.

Las muestras de apoyo con Azucena Uresti, de Grupo Multimedios, abiertamente amenazada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, capo del cartel, han sido unánimes. Pero la preocupación por este episodio debe interpelar en primer lugar a las autoridades, que llevan años recibiendo críticas por su inacción.

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El trabajo de Uresti y de los periodistas que informan en territorios donde operan mafias dedicadas al narcotráfico como el Estado de Michoacán requiere un plan de seguridad concreto inmediato, prevención y una visión a largo plazo.

Es lo que, en esencia, plantean varios organismos dedicados a la defensa de la libertad de prensa y el llamamiento de algunos de los principales medios mexicanos, que a través de un comunicado conjunto han exigido “salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales” y reclaman al Gobierno una condena sin matices.

Este martes el presidente ha manifestado su solidaridad con Uresti y ha asegurado que ya ha dado instrucciones para que se la atienda.

“Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos”, ha dicho. “No está sola”.

El coordinador de comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez, había prometido antes que el Ejecutivo tomaría “medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados” y ha asegurado que “las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”.

El Gobierno, sin embargo, no ha detallado aún su plan. Mientras tanto, crecen las peticiones para que el Estado actúe con celeridad.

La organización Artículo 19 ha comunicado que está documentando el caso y ha dejado claro que “rechaza las amenazas atribuidas al grupo delictivo CJNG”.

“Exigimos a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades de seguridad pública coordinarse a fin de proteger de forma urgente a los integrantes de los medios así como a Azucena Uresti y a sus familiares. Además, urge a la Fiscalía General de la República investigar de forma diligente y con perspectiva de género las amenazas”,

agrega el organismo, que el año pasado contabilizó 692 agresiones contra la prensa.

En los últimos 14 años, los episodios son casi 5.000.

En absoluto se trata de un fenómeno nuevo, pero la tendencia es muy preocupante porque ha ido en aumento. El Gobierno de López Obrador afronta una nueva guerra del narco, sobre todo el norte del país, pero el Cartel Jalisco Nueva Generación y El Mencho, que ha amenazado también a Televisa, Milenio y El Universal por su cobertura, representan uno de los eslabones criminales más peligrosos para los informadores y para la sociedad mexicana.

“El aumento año con año de la violencia contra la prensa implica un replanteamiento de la exigencia al Estado y de un nivel de intervención que requiere focalizar los esfuerzos hacia aquellos casos que den luz de la mutación en los patrones de agresión y de la identificación de las causas que generan este tipo de agresiones”,

señala el último informe de Artículo 19, que se pregunta.

¿Se trata de ineficiencia institucional o de falta de Estado de Derecho?

Reporteros Sin Fronteras (RSF) constata en su balance anual, que “México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos del mundo para los medios”.

“A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles”,

denuncia la organización.

Hace poco más de un mes, a finales de junio, dos periodistas fueron asesinados en menos de 24 horas en Oaxaca y en el Estado de México. Uno de ellos, Gustavo Sánchez, había sufrido una agresión hace un año. Fue integrado en el Mecanismo de Protección de Periodistas, pero cuando fue baleado no contaba con esquema de seguridad.

Este es solo uno de los casos más recientes. Y a esto se añade un clima de creciente descrédito de los periodistas alentado también por las autoridades.

El espacio bautizado como Las mentiras de la semana durante las conferencias de prensa matutinas del presidente, en el que se señala a los informadores con nombres y apellidos, hizo saltar las alarmas de varios organismos internacionales desde que fue estrenado, el pasado mes de julio. Lo urgente ahora es, incide Reporteros Sin Fronteras, justo lo contrario. Esto es, que el Gobierno se implique en la protección de los comunicadores.

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“El presidente López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, aún no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad”, recuerda el organismo, que además advierte, como ocurre en otros países de América Latina, de que “los numerosos medios de comunicación comunitarios a menudo carecen de frecuencias de difusión legales y son perseguidos de manera regular”.

Este es un problema estructural de los territorios rurales, a menudo los más afectados por las organizaciones de narcotraficantes. Y, coincide la profesión, esta debe ser la prioridad del Gobierno.

Fuente: El País.

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Alejandro llegó a Ciudad de México como tantos otros inmigrantes, huyendo de una realidad que le asfixiaba. Como tantos otros, a su llegada le recibió la cara más violenta de México. Bastaron cuatro horas en el país para reducir su ilusión de una vida mejor a una mucho menos ambiciosa: conservar la vida. Fue víctima de secuestro en el aeropuerto de la capital por aquellos que le habían prometido, justamente, una posibilidad de futuro.

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En menos de lo que se tarda un turista en salir del edificio, el joven venezolano fue raptado y entregado a una pandilla de sicarios miembros de un cartel de drogas. Como pocos con su suerte, a los seis días fue rescatado por la policía de una casa en la que operaban miembros de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. “No quería morir como suelen matar aquí”, dice en entrevista con EL PAÍS. Alejandro no es su nombre verdadero, ese prefiere resguardarlo por miedo a que el cartel vuelva por él.

De Yaracuy a Ciudad de México

La familia de Alejandro contrató el servicio de un grupo de coyotes de Maracaibo que le habían prometido sacarlo de un pequeño pueblo al norte de Venezuela, llevarlo hasta Colombia y subirlo a un avión rumbo a México. Así ocurrió. Hasta la llegada al Aeropuerto Benito Juárez todo corría según habían dispuesto los coyotes.

Con 22 años y rostro aniñado, el joven puso pie en México el pasado viernes 25 de junio, sobre las cinco de la mañana. Pasó el control migratorio a las 7.26, según un registro al que tuvo acceso este periódico. Pero no la libró tan fácil: tras asentar el ingreso, el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) le retuvo “para una segunda revisión” en una sala durante unas dos horas, asegura. “Me retuvieron como dando chance a que llegara la gente que me iba a buscar”. Sobre esa segunda revisión no existe un registro oficial, según han confirmado desde el INM a EL PAÍS.

Pasadas las nueve de la mañana, casi dos horas después de pasar el control migratorio, le dan luz verde para irse.

“Me sueltan, y en la puerta un federal me dice que tengo que entregarle 100 dólares para que me dejen salir del aeropuerto. Le entrego los 100 dólares y ahí me indica que a la salida me están esperando”.

Hasta ese momento, Alejandro pensaba que todo era parte del servicio que había pagado su familia a los coyotes. En la puerta de la Terminal 2 del aeropuerto le esperaba un coche Ford Fusion de color blanco. Un exagente de la Policía Federal, hoy investigado en la causa judicial, le indicó que subiera. “Uno, como es de provincia, y en parte también por los nervios…”. Hace una pausa y retoma: “Me subo y ahí ya me dicen que estoy secuestrado”. Han pasado cuatro horas desde su llegada a México y su pesadilla recién comienza.

Los dos hombres que le llevan están armados. Le piden el dinero que trae encima, su teléfono y los documentos de identidad. Le dejan en una casa de seguridad que tiene supuestamente un cartel de drogas en las afueras de la capital mexicana.

“Allí todo estaba cerrado, las ventanas pintadas para que nadie pueda ver hacia dentro, el jefe de la organización me esperaba, me sentó en un sillón y me mostró todo el armamento que tienen. Te enseñan unos videos y te dicen: ‘Mira cómo hacemos, cortándole la cabeza a personas, ametrallándolas en el piso’. Eso es lo que te dicen que va a pasar”.

Para ese entonces los del coche ya habrán retomado el camino al aeropuerto, a pescar más migrantes.

Entre 1.000 y 2.000 dólares por cabeza

En los seis días que pasó Alejandro en esa casa, la mayor parte del tiempo estuvo encerrado en una habitación donde solo hay un colchón en el piso y un baño. El lugar, según recuerda, es precario, pero tiene tres pisos, un garage y un montón de habitaciones donde encierran a las nuevas víctimas de cada día. “Tenían su armamento, su droga y a las personas secuestradas. El consumo de cocaína era constante”, cuenta. Nadie llega ahí por azar: fueron vendidos al cartel por diferentes grupos de coyotes.

“En este caso, el grupo de venezolanos se encargaba de contactar ala persona por medio de las redes sociales y luego entregarla [en México]. Recibían entre 1.000 y 2.000 dólares por cada uno que entregaban”.

El lado mexicano del negocio era el encargado del “rapto y la negociación”. El joven venezolano llegó a contar ocho mexicanos que participaron en su secuestro.

Tampoco dejaban lugar a equivocaciones. Todos los intermediarios en la línea de acontecimientos que llevaron a Alejandro a aquella casa conocían su rostro, su nombre. Todos tenían su fotografía, sabían cómo iba vestido. “Está completamente arreglado, sabían de dónde venía, en qué vuelo, a qué hora iba a llegar. Están en completa complicidad con la gente del aeropuerto”. Alejandro pasó los seis días escuchando a los presuntos miembros del cartel hablar entre ellos y por teléfono. De esas conversaciones ha aprendido que operan de lunes a viernes, que tienen tres casas de seguridad en la capital, que el mayor centro de operaciones de la red de trata está en Monterrey, donde esa semana tenían unas 40 personas secuestradas.

Por el sitio donde estuvo retenido Alejandro pasaron otros 12 migrantes secuestrados. Todos latinoamericanos que llegaban a México con la ilusión de rehacer su vida en un país nuevo. La mayoría eran mujeres con niños. De algunos ya no volvió a saber.

“Te decían: ‘Te vamos a sacar’. Pero no te decían adónde te llevaban. Las personas que se fueron, se fueron y ya. No sé si están muertas o vivas”.

Las especulaciones alimentadas por las amenazas de los secuestradores eran el peor enemigo en el encierro.

“Te devasta completamente, empiezas a delirar y a pedirle a Dios que haga su voluntad. Si es quitarte la vida, que lo hagan rápido, porque la manera en la que suelen matar es muy cruel”.

Alejandro puede contar minuciosamente lo que pasó esos días porque se mantuvo atento y, sobre todo, tranquilo. Ya tenía experiencia en situaciones críticas. En Venezuela, asegura, había sido perseguido y torturado en varias ocasiones por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por su activismo como dirigente estudiantil.

Vender todo para pagar el rescate

La familia de Alejandro en Venezuela pasó los primeros tres días sin saber nada de él. Había llegado a México y su teléfono había sido desconectado. Unos amigos que residen en la ciudad pasaron horas buscándolo entre las ventanillas de las aerolíneas y las puertas de aterrizaje. Pensaron que lo habían retenido las autoridades migratorias, pero nadie les respondía nada. Se lo había tragado el aeropuerto. A las 48 horas de no tener noticias, el domingo presentaron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía.

El primer contacto que tuvo el padre del joven con los secuestradores fue a través de Whatsapp al tercer día de la llegada. Un supuesto agente de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República le escribió el lunes después de las nueve de la noche un mensaje desde un teléfono con característica del Estado de Morelos.

“Necesito que me regrese usted la llamada por este medio”, decía. En la llamada le comunicaron que no eran policías y que Alejandro había sido secuestrado. Ahí comenzó el vaivén de negociaciones. “Fueron muy rudas”, recuerda el joven. ¿Cuánto se le puede sacar a una familia cuyo hijo ha emigrado por falta de trabajo de un país con una de las mayores crisis económicas de la región?

“Venderé las pertenencias que me quedan”, repetía el padre de Alejandro aquellos días desde Caracas. El negociador en nombre de los secuestradores no tenía más de 25 años, y según les decía a las víctimas, conocía a mucha gente en la ciudad y regentaba dos clubes nocturnos. Por parte del chico secuestrado, negociaba un tío que vive en Estados Unidos, a quien el cartel consideraba que podía sacarle más dinero.

“Las mafias aprovechan para explotar económicamente nuestra diáspora, los venezolanos [captados] deben tener documentos de identidad, ser jóvenes y, lo más importante, gente en EE UU capaz de pagar por ellos”,

dice el padre.

Los secuestradores pidieron primero 14.000 dólares, un monto altísimo para las finanzas de la familia, que ya había gastado sus ahorros en pagar a los coyotes. Finalmente ofrecieron lo que tenían, unos 1.500 dólares que llegaban a juntar.

“Estaré pensando en ustedes”

La última llamada de Ciudad de México a Caracas fue el martes, al quinto día del secuestro.

“Hablé con mi hijo y me dijo: ’Papá, paga lo que tienes para ver si me sueltan. Si no lo hacen y me encuentro con la mala hora, estaré pensando en ustedes”.

El monto que había juntado la familia era muy bajo con respecto al que el supuesto cartel había pedido. Eso le hacía pensar a Alejandro que no sería suficiente.

“Si la familia no paga, te obligan a pagar con trabajo. Todo depende de lo que decida el jefe del cartel, yo tenía que secuestrar personas para ellos o vender droga”.

a mirada se le cae y murmura: “Lo más probable es que me mataran y no quería morir como suelen matar aquí”.

Tras el pago del rescate, los secuestradores cortaron la comunicación por 24 horas. No se sabe nada. El miércoles, un día después del pago, la Fiscalía informa de que Alejandro ha sido rescatado.

“Lo tiene la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”,

confirma un portavoz de la FGR a EL PAÍS.

Junto con él fueron rescatados otros seis migrantes que se encontraban en la casa de seguridad del cartel. Dos venezolanos y cinco ecuatorianos. Tres hombres y cuatro mujeres. Tres de las víctimas eran menores de edad.

Alejandro tiene la sensación de que los secuestradores sabían que la policía vendría ese miércoles. En la mañana habían sacado de la casa todo el armamento y la droga. Cuando los agentes policiales llegaron solo quedaban unos pocos miembros de la pandilla: dos guardias, una señora que cocinaba y una que se encargaba de limpiar el lugar. A todos los secuestrados los habían reunido en la parte de atrás del segundo piso. “Algo estaba pasando, pero no sabíamos qué”, cuenta.

“Cuando llega la policía, [los delincuentes] se empiezan a movilizar, a tratar de contener a la policía. No les dio tiempo a enfrentarse, solamente intentaron sobornarlos con dinero, pero no pudieron”.

En la carpeta de investigación, cuenta el joven, hay fotografías de cada uno de los miembros de la banda, imágenes en el aeropuerto o en los cajeros a los que acudían a retirar el dinero de los rescates. Detalles de los coches y la vestimenta que usaban.

“La Fiscalía ya sabe quiénes son”.

Pero la mayoría de ellos sigue en libertad, asegura. Pese al testimonio de las víctimas, la indagatoria judicial también esquiva el espinoso asunto de la posible implicación del INM en la red. Un portavoz de la FGR ha confirmado que no son parte de la investigación y las autoridades migratorias han asegurado que no tienen constancia de ninguna denuncia contra sus agentes por este tema. La Guardia Nacional, a cargo de la seguridad en el aeropuerto, no ha respondido la solicitud de información de este periódico.

El encuentro con la cara más violenta de México le ha arrebatado a Alejandro las ganas de quedarse en el país.

“Uno trae todas sus esperanzas, sus recursos puestos en este viaje, y es muy devastador”.

Su futuro le depara un proceso judicial en el que tendrá que enfrentar cara a cara a supuestos miembros de un cartel que en el último tiempo ha ganado fama de ser uno de los más sanguinarios. Cada vez que lo piensa, le entra un temor paralizante.

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“Yo sé que mi vida corre peligro. Lo único que quiero ahora es mantenerme con vida”.

Fuente: El País.

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